La inclusión en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 de una revalorización de las pensiones según la inflación media interanual del año 2022, que se prevé sea, décima arriba o abajo, del 8,5%, ha levantado una ola de críticas contra esa medida entre la patronal, la derecha –no demasiado estridentes dada la cercanía electoral-, el Banco de España y un gran número de operadores y tertulianos, incluyendo parte de los considerados “progresistas”, que pretenden que la pérdida en el poder adquisitivo de las pensiones continuase el próximo año a través de una semicongelación de las pensiones a través del llamado “Pacto de Rentas”, que tendría también la función de contener los salarios. Para ello no dudan en utilizar cínicamente la situación de precariedad de la juventud para deslegitimar las reivindicaciones del movimiento pensionista, tal como ha explicado Jesús Soubies, militante del movimiento pensionista de Euskalherria. Que el gobierno español haya mantenido la revalorización en el 8,5%, conforme por otra parte a una ley aprobada en diciembre de 2021, se debe en buena parte no solo a la cifra de la personas pensionistas sino también a la persistencia de las movilizaciones del movimiento pensionista, especialmente en Euskalherria.
La propuesta más elaborada contra el aumento del 8,5% corresponde a economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), cuyos patronos financiadores son grandes empresas bancarias, aseguradoras, energéticas y de telecomunicaciones y cuyos análisis van en la lógica del capitalismo neoliberal. El documento de FEDEA, tiene por objeto limitar drásticamente el coste de la revalorización –que según ellos se reduciría en 4.752 millones de euros- mediante la sustitución del 8,5% por aumentos diferenciados según la cuantía de la pensión: del 11% para las pensiones inferiores a 800 euros/mes; aumentos comprendidos entre el 11% y el 2,5% para las pensiones de cuantía comprendida entre 800 y 1400 euros/mes; y el 2,5% para todas las pensiones que superen los 1.400 euros/mes, cuantía sobre la que señalan que es idéntica que la del aumento salarial de las y los empleados públicos –lo que no es del todo cierto ya que a éstos se les va a aplicar un 1,5% más- y que, según nuestros cálculos en base a los cuadros obrantes en el documento de FEDEA afectarían a 2.748.825 pensiones. A otras 1.530.959 pensiones, las de cuantía comprendida entre 1000 y 1400 euros, se les aplicaría un aumento inferior al 8,5%. El porcentaje de las pensiones afectadas por la reducción inferior al 8,5% es mucho más elevado en Comunidades Autónomas cuyas pensiones medias son más altas que la media estatal, como las dos de Euskalherria, Madrid, Asturias, Aragón y Catalunya.
El aumento del 11% a las pensiones inferiores a 800 euros y entre el 10,3% y el 8,9% a las de entre 800 y 1000 euros, les llevan a autocalificar a su propuesta como “más justa para los más vulnerables y para los jóvenes”. Sin embargo, ese aumento superior al 8,5% conduce a pensiones mínimas muy alejadas de la reivindicación del movimiento pensionista de 1080, que tiene una sólida base en la Carta Social Europea tal como es interpretada por el Comité Europeo de Derechos Sociales. Ni siquiera tiene en cuenta la Recomendación 5ª del Pacto de Toledo de noviembre de 2020 que propone la mejora de las pensiones mínimas, propuesta que no ha sido objeto de tratamiento en la Ley 21/2021 y de la que no se conoce ningún documento del gobierno para la segunda fase de la reforma de las pensiones. Este atraso es más grave aún porque en los años 2020 y 2021 el aumento de las pensiones mínimas ha sido el mismo que el general fue idéntico y en 2022 ha sido de solo medio punto más que el aumento general (3% frente al 2,5%), lo que ha dado lugar a un aumento de la distancia entre el salario mínimo y la pensión mínima cuya relación está muy alejada de la reivindicación del movimiento pensionista de que la cuantía de la pensión mínima sea el 90% del salario mínimo, que a su vez debe alcanzar el 60% del salario medio según la Carta Social Europea.
La propuesta de FEDEA obvia la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones desde el 2011. Una parte de la misma se debe a las congelaciones y semicongelaciones debidas a la sustitución de la normativa en vigor sobre revalorización de las pensiones hasta el 2013 por acuerdos anuales de los Presupuestos Generales del Estado y otra parte a la entrada en vigor de la Ley 23/2013 que, en la práctica, limitaba las revalorizaciones a un 0,25%. Como resultado de estas medidas las pensiones perdieron un porcentaje algo superior al 4% entre el 2011 y el 2020, algo menor para las pensiones mínimas. Con la entrada en vigor de la Ley 21/2021, el conjunto de las pensiones ha perdido el 3,8% de poder adquisitivo en el 2021, por la diferencia entre la inflación del 6,4% y el aumento inicial del 0,9% más la “paguilla” del 1,6% percibida en enero del 2022 y se prevé una pérdida del 6% en el 2022 (diferencia entre el 2,5% de aumento y la prevista inflación del 8,5% en el 2022).
Así pues, la pérdida resultante de la aplicación de las propuestas de FEDEA no sería algo excepcional, para solo un año, sino que se sumaría a la caída del poder adquisitivo de las pensiones de aproximadamente el 14%. Por ello la eventual ganancia en el poder adquisitivo por el aumento del 8,5% en el 2023, en relación con una tasa de inflación estimada en el 5,9% por el Banco de España, estaría muy lejana de esa pérdida entre el 2011 y el 2022. Más aún cuando ese 8,5% se aplicará sobre una base que sin “paguilla” está falseada.
Por todo ello constituye un impagable ejercicio de cinismo la afirmación de los autores del documento, “Nadie pone en duda que el sistema de pensiones debe evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo” y que su propuesta está ligada a la situación excepcional de alta inflación, por cuanto que no es que pongan en duda ese objetivo sino que lo combaten de forma entusiasta. Es muy llamativo que los defensores del estado de derecho y de la necesidad de respetar la ley cuando se trata de restringir las libertades democráticas insistan en dejar de aplicar la ley 21/2021 que se acaba de aprobar. A la caída en el poder adquisitivo de la totalidad de las pensiones hay que añadir el deterioro de las nuevas pensiones en los últimos años que, debido las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y a la caída salarial de los últimos años, han dejado de crecer en la cuantía en que lo venían haciendo y frecuentemente incluso se reducen en relación con las de años anteriores, tal como se muestra en las estadísticas de la Seguridad Social. También omiten de forma interesada que si los salarios y el nivel de empleo en el Estado Español se acercara a las medias de la U.E. (que utilizan como ejemplo sin ningún rubor, cuando les interesa) estaríamos hablando de que la caja de la Seguridad Social sería superavitaria.
En contra de un relato según el cual están sufriendo la desaceleración económica, las grandes empresas y también gran parte de las pequeñas y medias están logrando aumentar sus precios más allá del aumento de los costes y así conseguir enormes beneficios. Especialmente entre las empresas del Ibex 35 que aumentaron sus beneficios de forma record en 2021, han conseguido continuar esa tendencia en el primer semestre del 2022. Sólo las seis empresas del sector bancario cotizadas en bolsa han aumentado sus beneficios en el 32% en los nueve primeros meses del año, lo que equivale a más de 16.000 millones de euros, cifra muy superior a la resultante de la revalorización de las pensiones en el 8,5%. A pesar de ello empresas como Iberdrola anuncian recursos judiciales contra el aumento temporal de los impuestos aplicables a las empresas energéticas y bancarias en compensación con sus enormes beneficios durante la crisis y otras como Repsol amenazan con trasladar sus inversiones a Estados Unidos.
CEOE: contra el aumento de los salarios y de las bases máximas de cotización
La misma patronal que se niega a mantener el poder adquisitivo de los salarios y aplica en la revisión de los convenios colectivos un aumento medio del 2,6% y deja a una parte importante de trabajadores y trabajadoras sin convenio y, en muchos casos con aumento cero de los salarios, ocupando uno de los últimos lugares de la Unión Europea en esta materia (la media de aumento ha sido del 4,1% en el 2022), se opone al aumento en el 8,6% de las bases máximas de cotización previsto en el proyecto de PGE. Estas empresas son las más afectadas por el aumento citado de las bases máximas, que por otra parte es inferior a lo que ha declarado el Ministro Escrivá para el destope relativo de las mismas a fin de aumentar los recursos de la Seguridad Social, es decir acercándolas en términos reales desde la actual cuantía de 49.672,8 euros/año a una cifra aproximada del 30% superior. Según Escrivá esas bases aumentarían, a partir del 2024, en el porcentaje de la revalorización de las pensiones más otro porcentaje adicional. A pesar de que en el proyecto de PGE para el 2023 se omite ese porcentaje adicional, el presidente de la CEOE ha calificado de “impresentable” el aumento del 8,6% en la base máxima.
En esa negativa no juega solo el aumento de los costes salariales sino también la voluntad de abrir el espacio de las pensiones privadas y así debilitar el sistema público de reparto, a pesar de las pérdidas que están sufriendo los planes de pensiones y las EPSVs. El gobierno español no solo limita la cuantía del destope, lo que seguirá dejando sin cotizar a una parte de los salarios más altos, sino que demora extraordinariamente la finalización de ese proceso, hasta 30 años según algunas declaraciones. Deberá confirmarse en la segunda fase de la reforma de las pensiones si el gobierno español está dispuesto a imponer esta medida a una patronal que se opondrá frontalmente.
19 de noviembre: movilización general por los derechos sociales y las pensiones
Para hacer frente a esta realidad, las organizaciones y plataformas del movimiento pensionista de todos los pueblos y comunidades del Estado español acordaron, en la masiva y combativa manifestación que tuvo lugar en Madrid el pasado 15 de octubre, convocar manifestaciones el próximo 19 de noviembre, para las que se tratará de conseguir la participación de los movimientos sociales, en exigencia de todos los derechos sociales y en relación con las pensiones, entre otros elementos, para la recuperación del poder adquisitivo perdido y por la inmediata dignificación de las pensiones mínimas.
17/11/2022
Patxi Fernández, Mikel de la Fuente y Txomin Lorca, miembros del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB).
