Las dos primeras semanas de junio acaban de poner fin a seis meses de enfrentamiento entre Macron y su gobierno, por un lado, y las clases trabajadoras, el movimiento sindical, el conjunto de los movimientos sociales y la izquierda política, por otro. Victoria pírrica es seguramente el término que mejor describe la situación de Macron al final de este periodo. Habrá logrado imponer su reforma reaccionaria, al tiempo que se habrá aislado reduciendo aún más su base social y superando este episodio únicamente gracias al apoyo de Les Républicains (LR, derecha tradicional), tanto en la Asamblea Nacional como en el Senado. Puede presumir de haber elevado la edad de jubilación a 64 años, pero hasta ahora ha sido incapaz de superar las dos crisis que atraviesa: una crisis parlamentaria, ya que su debilidad en la Asamblea y su inexistencia en el Senado sólo se han hecho más evidentes hoy en día, con una mayor dependencia de la LR y de la Rassemblement national (RN, extrema derecha) para aprobar sus proyectos de ley; una crisis de legitimidad y de base social, ya que Macron y sus partidarios siguen estando desautorizados en el país, ya sea sobre la cuestión de las jubilaciones o sobre el conjunto de la política del gobierno.
Por otra parte, para el movimiento social, el balance es necesariamente más matizado. La decimocuarta jornada de movilización del 6 de junio, casi dos meses después de la promulgación de la ley, se saldó con 250 manifestaciones. Con una media de dos tercios menos de manifestantes que el 1 de mayo, fue el número más bajo de manifestantes -281.000 según la policía y 900.000 según la CGT - desde el inicio del movimiento. Pero incluso este pequeño número refleja el persistente rechazo a esta ley y la determinación de luchar contra las reformas del gobierno. Además, las últimas encuestas siguen mostrando a una gran mayoría que rechaza la jubilación a los 64 años y apoya el movimiento, a pesar de que una amplísima mayoría seguía pensando que Macron lograría aprobar su ley. La Intersindical había convocado esta jornada el 6 de junio porque el 8 de junio la Asamblea debía votar un proyecto de ley presentado por el grupo independiente LIOT, que pretendía votar la vuelta a la edad de jubilación a los 62 años. El gobierno hizo todo lo posible para que los diputados utilizaran las bazas de la Constitución (en este caso el artículo 40) para impedir que se celebrara la votación, invocando su inadmisibilidad. Una vez más, fue el apoyo del grupo LR el que hizo posible, en un hecho sin precedentes, que un proyecto de ley propuesto por la oposición fuera enterrado alegando "falta de financiación para la medida", a pesar de que la Comisión de Derecho de la Asamblea ya lo había considerado admisible... Por tanto, el acto final no tuvo lugar. Está claro que Macron no quería que la única votación real de los diputados sobre las pensiones desde enero fuera un voto de rechazo a su ley. Incluso sin ningún impacto –porque la mayoría reaccionaria del Senado habría bloqueado esta iniciativa– la exhibición era insoportable para Macron y su gobierno.
La última reunión de la Intersindical nacional, en la noche del 15 de junio, reafirmó su unidad, su oposición a la reforma de las pensiones y su compromiso de actuar sobre otras cuestiones a partir del otoño, si bien no formuló una reivindicación social común frente al gobierno o la patronal ni, de cara a los cientos de miles de asalariados y militantes del movimiento que se han movilizado desde principios de enero, un llamamiento concreto para preparar en otoño una nueva movilización.
Así pues, de cara a los próximos meses, tanto el movimiento sindical, coo el movimiento social, la NUPES y la izquierda radical tienen que hacer frente a sus responsabilidades, dado que el gobierno pretende acelerar su política de ataques sociales y democráticos y, paradójicamente, Marine Le Pen está en alza en las encuestas de opinión, ¡para gran regocijo de la mayoría de los editorialistas que ven a la izquierda en minoría!
Esta situación plantea algunas cuestiones importantes: En primer lugar, ¿cómo puede un movimiento social crear la fuerza suficiente para bloquear un ataque contra las clases trabajadoras? Desde este punto de vista, los resultados de los últimos 6 meses son obviamente contradictorios. El movimiento fue muy fuerte, con la gran mayoría de la y los asalariados unidos y con un apoyo abrumador de la opinión pública en general. La Intersindical, que tuvo que trabajar sobre la base del consenso para preservar la unidad, siguió la pauta de las grandes jornadas de movilización (14 jornadas de movilización de enero a junio), con el objetivo de ejercer la presión suficiente sobre el gobierno y de las y los diputados electos, librando una batalla de opinión bajo el supuesto de que el aislamiento de Macron y a Borne en el país les obligaría a dar marcha atrás. Pero estos últimos sabían que disponían de las necesarias herramientas institucionales para hacerle diferente, a pesar de su posición minoritaria en la Asamblea. Si había alguna pequeña esperanza de que los votos de la Asamblea bloquearan a Macron, era la crisis de la derecha republicana (la LR), dividida entre su deseo de afirmar su oposición a Macron y su orientación fundamentalmente neoliberal, de acuerdo con este proyecto de ley reaccionario. La propia candidata de la LR a las elecciones presidenciales de 2022 (Valérie Pécresse) había hecho campaña a favor del aumento de la edad de jubilación a 65 años. Así pues, en el frente institucional, el movimiento social se topó con una mayoría de diputados reaccionarios, aunque la RN mantuviera una postura de rechazo a la ley. De ahí que el movimiento no podía depositar la mayor parte de sus esperanzas en estas crisis en el seno de la derecha y en los objetivos parlamentarios.
La alternativa defendida por Solidaires a esta orientación planteada por la Intersindical, a partir de enero y, menos claramente, por la CGT, era la perspectiva de desarrollar las huelgas, de impulsar la huelga renovable, de "paralizar el país", contando no sólo con una batalla en el seno de la opinión pública, sino con una presión directa sobre la patronal mediante el bloqueo de la vida económica. Hubo quien pensó que el movimiento podía caminar sobre dos piernas, con algunos sectores que se pusieran en huelga renovable y otros participando esencialmente en las grandes jornadas de huelga. Esta ambigüedad no ayudó al movimiento. No era fácil conseguir que una gran parte de los sectores se sumaran a la huelga renovable. Y no tanto por razones económicas: mucha gente que no hizo huelga renovable, estuvo en huelga durante unos cuantos días entre enero y junio.
La cuestión fundamental fue que en ningún momento la Intersindical dio como objetivo, como señal a todas las y los asalariados, iniciar conjuntamente una huelga continuada, aunque fuera de dos o, incluso, durante una semana. Por lo tanto, no dio confianza para actuar conjuntamente en esta dirección, y las jornadas semanales de huelgas y manifestaciones se convirtieron rápidamente en contradictorias con iniciar huelgas renovables (en un sector u otro). En los últimos meses, en el sector privado, en empresas con salarios bajos y sindicalmente no muy fuertes, hemos asistido a huelgas duras que han durado varias semanas, y la mayoría de las veces sin un frente sindical común. Pero la determinación procedía del sentimiento compartido por las y los huelguistas de estas empresas de que podían ganar bloqueando las empresas, imponiendo su fuerza, con todos empujando en la misma dirección.
Pocos sectores tienen fuerza por sí solos para bloquear la vida económica del país, pero la suma de varios centenares de empresas podía haber dado una fuerza colectiva, crear una relación de fuerzas y una nueva situación política de confrontación que habría permitido rechazar el proyecto de ley. Todo el mundo intuyó que estábamos cerca de crear una situación así el 7 de marzo con la frase deliberadamente ambigua utilizada por la Intersindical de "paralizar el país", unida al llamamiento de 7 federaciones de la CGT a ir a una huelga renovable y al llamamiento de Solidaires en el mismo sentido.
Platearse iniciar una huelga renovable al mismo tiempo y en el mayor número posible de empresas no era ciertamente una tarea fácil, y las consecuencias de todos los ataques que diezman la fuerza del movimiento sindical, así como las divisiones sindicales en muchas empresas, pesaban mucho en este sentido. Pero esta perspectiva, aunque no hubiera sido fácil aplicarla, era evidentemente la más realista frente a un gobierno cada vez más crispado sobre esta ley por su debilidad política. Hay que alejarse de las imágenes estereotipadas que plantean la existencia de millones de trabajadores y trabajadoras dispuestas a luchar amordazados que son obstaculizados por las burocracias sindicales. No hay que olvidar que la debilidad de las asambleas generales en las empresas contrastaba con la masividad de las manifestaciones.
Hoy se ha pasado página y habrá muchos debates sobre el resultado, sobre todo en el seno de la CGT, Solidaires y la FSU, sindicatos en cuyo seno se plantearon tanto la exigencia de una huelga renovable como la necesidad de mantener el frente intersindical unido. El movimiento sindical puede enorgullecerse de haber ocupado un espacio social y político importante en el país, de haber mejorado claramente su índice de confianza entre las y los asalariados y de haber registrado 100.000 nuevas afiliaciones desde enero de 2023, en particular entre las personas asalariadas del sector privado en las pequeñas empresas.
Pero es necesario que ir más allá, porque el compromiso de la Intersindical de mantener su posición y abrirse a otras cuestiones, tal y como se recoge en la declaración del 15 de junio, no será suficiente. Después de la movilización de junio, el movimiento social sigue vivo, y las fuerzas que se centraron en la cuestión de la edad de jubilación siguen activas y presentes, pero han perdido su punto de convergencia común.
La cuestión central sigue siendo la de construir una ofensiva de las clases trabajadoras para bloquear los ataques sociales reaccionarios que, como el de las pensiones, empeoran las condiciones de vida; construir un frente que plantee las reivindicaciones sociales urgentes, sin titubeos a la hora de plantear la distribución de la riqueza, cuestionando las reglas capitalistas impuestas en las empresas y en el conjunto de la sociedad. Construir este frente no será posible tomando solo como referencia a una Intersindical nacional de todas las confederaciones, varias de las cuales abrazan y han abrazado políticas liberales. Si bien las direcciones de la CFDT, la CFTC y la CGC se han opuesto claramente al retraso de la edad de jubilación a los 64 años, a menudo han aceptado los imperativos dictados por la patronal o el gobierno, como ocurrió el pasado mes de febrero en torno al acuerdo nacional interprofesional "sobre el reparto del valor añadido", que, en un contexto de gran inflación, ignoró totalmente la cuestión de los aumentos salariales y de los mínimos por rama, y se centró en cambio en los mecanismos de primas, reparto de beneficios y planes de ahorro.
Por otra parte, se han ganado varios conflictos salariales, aunque en el caso de la empresa textil Vertbaudet la CFTC y la CGC firmaron en marzo un acuerdo de mínimos NAO (negociaciones anuales obligatorias), por el que se concedía un aumento de 0 euros y dos primas por un total de 765 euros netos. La huelga de la plantilla, que duró más de dos meses y fue apoyada y publicitada por la CGT, y en particular por su nueva secretaria general Sophie Binet, se tradujo en aumentos salariales reales de entre 90 y 140 euros netos y la transformación de 30 contratos precarios en contratos indefinidos.
Así pues, crear una nueva dinámica de movilización y construir una confrontación social con el gobierno significará construir unidades basadas lo más posible en reivindicaciones urgentes, y tratar de aglutinar el frente sindical más amplio posible a través de la movilización. Esto significa también promover vínculos y coordinación con las asociaciones del movimiento social que defienden y se movilizan en torno a reivindicaciones de urgencia, como los ataques al medio ambiente, los derechos de la mujer, la vivienda, la discriminación y los ataques racistas; es decir, mantener y ampliar el clima social creado en los últimos seis meses dándole el objetivo de movilizarse en torno a todas las cuestiones sociales urgentes. Esto es importante, porque si bien la fuerza de la movilización popular de los últimos seis meses se ha basado en la cólera social y en los incesantes ataques sufridos, a menudo sólo los militantes de la CGT, de Solidaires y de la FSU establecían regularmente el vínculo con otras reivindicaciones sociales urgentes, insistiendo en un reparto diferente de la riqueza cuestionando los beneficios capitalistas y sus exenciones fiscales.
Macron y su gobierno siguen avanzando y, para salir de su aislamiento e ir más allá de la cuestión de las pensiones, intentan desviar la cólera social contra el gobierno y la patronal apuntando a las y los inmigrantes y a las personas más vulnerables; polarizando la sociedad en temas en los que los macronistas pueden establecer alianzas con LR y RN, sin temer una parálisis parlamentaria.
Macron, Borne y Darmanin se han embarcado en una guerra social contra las clases trabajadoras en varios frentes, como la seguridad social y la vivienda, normalmente con un frente reaccionario de diputados de Ensemble (macronistas), LR y RN. Tal es el caso de la escabrosa ley Kasbarian-Bergé sobre la vivienda, que constituye una auténtica declaración de guerra contra personas inquilinas en situación precaria, haciendo añicos la escasa protección existente en caso de impago del alquiler y permitiendo acelerar los desahucios. Y ello a pesar de que la cuestión social más acuciante sea el acceso de las clases trabajadoras a la vivienda social. Han puesto en pie un mecanismo terrible. Por un lado, la subida constante de los tipos hipotecarios y la caída del poder adquisitivo de las familias de la clase trabajadora han frenado la tendencia que permitía, a quienes podían permitírselo en años anteriores, comprar una vivienda o pasar de la vivienda social al sector privado, más caro. Al mismo tiempo, la construcción de viviendas sociales (HLM) en 2021/2022 fue un 25% inferior a las 250.000 previstas oficialmente y, en gran medida, insuficiente. De hecho, 2,3 millones de familias esperan una vivienda social, y en Francia hay al menos 300.000 personas sin hogar y 4,1 millones de personas alojadas de forma inadecuada. Así pues, ante un problema social de primer orden, el gobierno opta por golpear a las personas inquilinas y criminalizar a las sin techo. Esta alianza de la derecha y la extrema derecha no sólo ha votado a favor de una ley desastrosa que afectará, sobre todo, a las familias monoparentales y, por tanto, a las mujeres, sino que también ha votado a favor del derecho de los propietarios a aumentar los alquileres un 3,5% en 2023, después del aumento del 3,5% votado en 2022, cuando la NUPES proponía una congelación de los alquileres. A pesar de presentarse como una oposición popular, el RN siempre cae del lado de las clases propietarias.
Asimismo, en los últimos días, el gobierno ha decretado una reducción de la cobertura de la seguridad social para los tratamientos dentales del 70% al 60%. Al mismo tiempo, el gobierno criminaliza a las clases trabajadoras en su caza del fraude a la seguridad social: "abuso de las bajas por enfermedad, prestaciones injustificadas" (con un evidente trasfondo racista dirigido contra las personas de nacionalidad magrebí) y "abuso" del régimen Aide Médicale d'Etat, que beneficia a las y los inmigrantes ilegales y representa el 0,5% del gasto sanitario público. Tanto RN como el gobierno han puesto en el punto de mira a las personas inmigrantes, legales e ilegales, y las evasiones fiscales de la clase trabajadora, a pesar de que la evasión fiscal de las empresas (por no hablar de su optimización legal) se sitúa entre 80.000 y 100.000 millones de euros al año y que el fraude a la Seguridad Social por parte de las empresas entre 20.000 y 25.000 millones de euros; también se da un fraude equivalente en las declaraciones fraudulentas del IVA. En la misma línea, y para no dejar solos a RN y LR en la complacencia con el electorado reaccionario, Gérald Darmanin quiere aprobar dentro de unos meses una nueva ley antiinmigración (la 30ª desde 1980...).
Esta trayectoria reaccionaria va de la mano del desarrollo de una política autoritaria y represiva por parte del Estado, que amplía su arsenal represivo con nuevas restricciones a los derechos de manifestación y reunión. Las últimas protestas ecologistas, tras las que se produjeron contrala mega embalses de Sainte Soline, tuvieron lugar contra el enlace ferroviario de alta velocidad Lyon-Turín el fin de semana del 17 y 18 de junio. Más de 5.000 personas se reunieron en el valle de Maurienne, en Saboya. El titánico proyecto de 30.000 millones de euros prevé duplicar el túnel de Fréjus, artificializar 1.000 hectáreas de tierras de cultivo e imponer un drenaje anual de 60 a 135 millones de m3. Aunque la manifestación debía reunir a cientos de activistas de Suiza e Italia, el gobierno utilizó el arsenal de las leyes antiterroristas para bloquear el acceso de 7 autobuses de activistas ecologistas italianos mediante una IAT (prohibición administrativa de entrada), un acto arbitrario del ministro del Interior que elude cualquier control judicial y ni siquiera tiene que justificarse. Está claro que el Gobierno quiere cortar las piernas a la red de luchas sociales en torno al movimiento por el clima, cuyo impulso, combatividad e impacto en la juventud han crecido al calor de la movilización contra la reforma de las pensiones. La absurda amenaza esgrimida por Darmanin de disolver Soulèvements de la Terre (que agrupa a la Confédération paysanne, ATTAC, Union syndicale Solidaires y Alternatiba) ilustra el temor del gobierno al espacio político que ocupa este movimiento.
El movimiento contra la reforma de las pensiones ha sido el movimiento social más potente y movilizador desde 2010. Ha tenido una profundidad sin precedentes, sobre todo en las pequeñas ciudades y en las zonas rurales, a menudo dejadas de lado por las movilizaciones sociales anteriores, pero ya muy activas durante el movimiento de los Chalecos amarillos en 2018. Un movimiento motivado por el ataque frontal a las clases trabajadoras que representa el aplazamiento de la edad de jubilación a los 64 años, que tendrá como efecto concreto precarizar a las y los asalariados próximos a la edad de jubilación y reducir aún más sus pensiones, en particular para los que han trabajado en empleos penosos.
Pero más allá de eso, ha sido el malestar social de la vida cotidiana lo que ha consolidado esta movilización de forma tan profunda y duradera: el sufrimiento en el trabajo, lo arduo y largo del transporte, las deplorables condiciones de vivienda y el deterioro de las viviendas sociales, los bajos salarios y el incremento del coste de la vida agravado por la pandemia y la inflación, la imposibilidad de prever la atención sanitaria, las dificultades de la vida cotidiana ante los claros recortes en los servicios públicos locales, la proliferación de servicios en línea que dificultan hasta los más pequeños trámites administrativos.
A esto se añaden, para las familias, los costes cada vez más elevados del cuidado de las personas mayores, el coste desorbitado de las EPHAD (residencias de ancianos), a menudo en condiciones lamentables, y la dificultad de asentar y emplear a la gente joven. Así pues, se trataba una cuestión social, una cuestión social global y, por tanto, una cuestión política relativa al lugar y a la defensa de los intereses de las clases trabajadoras lo que planteaba, expresaba y a menudo retransmitía este movimiento. El reto era, y sigue siendo, dar visibilidad política y sustancia a esta cuestión de clase, trazando una alternativa política basada en la lucha contra estos ataques sociales y, por tanto, por opciones alternativas, anticapitalistas, basadas en la satisfacción de las necesidades sociales.
Nos llama la atención el fervor con el que los ideólogos capitalistas se han puesto a trabajar a toda máquina en las últimas semanas para combatir e incluso aplastar cualquier atisbo de desviació" de la doxa neoliberal oficial. La NUPES es atacada a diario como irracional, incompetente, servil al izquierdismo y al islamismo y carente de credibilidad económica. El TINA (There Is No Alternative, no hay alternativa) acariciado por Reagan y Thatcher en los años ochenta ocupa ahora un lugar predominante, sobre todo entre los portavoces del macronismo y las y los editorialistas de los medios de comunicación generalistas, la mayoría de los cuales son propiedad de unos cuantos multimillonarios capitalistas. Las reacciones son a veces epidérmicas. Tal fue el caso tras las palabras de la directora Justine Triet, después de ganar la Palma de Oro en el último festival de Cannes 2023. Se atrevió a pronunciar un discurso denunciando "la forma escandalosa en que el gobierno ha negado las protestas contra la reforma de las pensiones". Siguió denunciando "la mercantilización de la cultura que defiende el gobierno neoliberal". Aunque todos los sindicatos profesionales compartieron y apoyaron este discurso, fue espectacular ver la rapidez y la violencia de las reacciones hostiles procedentes del gobierno y de los thurifers del neoliberalismo. Era tanto más importante intentar desacreditar su discurso cuanto que el prestigio del festival de Cannes es uno de los vectores culturales en los que se supone que la élite intelectual comparte el discurso de la clase dominante. Es evidente que el fantasma del festival de Cannes de 1968 aún estaba fresco en la mente de algunos.
Más sorprendentes fueron las reacciones a un informe redactado por la inspectora de finanzas Selma Mahfouz y el economista Jean Pisani Ferry, uno de los mentores del joven Macron. Este informe sobre la financiación de la transición ecológica, viniendo de un economista liberal, se atrevía a mencionar, dada la urgencia y la magnitud de la financiación necesaria, la puesta en marcha de un "impuesto excepcional para el 10% de los franceses más ricos", un impuesto único correspondiente al importe del 5% de sus activos financieros. Esto permitiría recaudar 150.000 millones de euros de una sola vez. Atentar contra los hogares ricos que poseen la mitad de la riqueza neta total (inmobiliaria y financiera) es a todas luces intolerable. Sólo a los "izquierdistas" de la NUPES se les podían ocurrir semejantes propuestas. Traicionados así por uno de los suyos, Bruno Lemaire [ministro de Economía] y Elisabeth Borne rechazaron de inmediato y con vehemencia esta hipótesis, por considerarla contraria a toda la política del gobierno de reducción de la presión fiscal.
Estos dos ejemplos son indicativos de la determinación del gobierno de afirmar que sólo hay una respuesta posible a los problemas financieros y sociales.
Esta voluntad pasa por el esfuerzo en desacreditar no sólo el discurso anticapitalista, sino incluso el discurso antiliberal que han esgrimido en las calles en los últimos meses una parte del movimiento sindical, la NUPES y la izquierda radical. En particular, para ello es importante desacreditar a la NUPES echándole en cara no ser capaces de representar una alternativa a las políticas neoliberales, e incluso de ser una opción más peligrosa que el RN. Desde este punto de vista, los editorialistas de los grandes medios de comunicación han seguido en gran medida la consigna de "vapulear a la NUPES" y evitar que esta alianza política parezca creíble en las próximas elecciones. En otro orden de cosas, los nostálgicos de la izquierda socialdemócrata tocan una musiquilla destinada a desacreditar a La France Insoumise (LFI) y a los izquierdistas de Europe Ecologie Les Verts, centrándose en las cuestiones de sociedad (incluidos los movimientos LGBTQ+, climáticos, feministas y antirracistas) en detrimento de las serias preocupaciones cotidianas que se supone que son las de las clases trabajadoras. Y, sin embargo, dentro de las clases trabajadoras, el sufrimiento cotidiano es aún mayor cuando se es mujer, a menudo con los salarios más bajos y madre soltera, a menudo sometida a la violencia, el acoso y la discriminación en el trabajo; cuando se pertenece a una generación poscolonial, sometida a la discriminación cotidiana, a la relegación espacial, al racismo de Estado y a la violencia policial. Estas cuestiones sociales no son preocupaciones externas a las clases trabajadoras, sino parte integrante de los problemas cotidianos de millones de hombres y mujeres. Lo mismo ocurre con las preocupaciones medioambientales, que también reflejan una urgencia sentida principalmente por las clases trabajadoras.
Pero la cuestión de una expresión política basada en las necesidades sociales, global, que esboce una alternativa a las políticas liberales, es efectivamente el punto débil de la situación actual. Es cierto que los medios de comunicación desacreditan a diario a la izquierda antiliberal, la NUPES, y que esta tiene dificultades para hacer oír una voz coherente más allá de la caricatura de la que es objeto. También es cierto que los círculos gubernamentales y sus partidarios han optado claramente por desdemonizar al RN, tratándolo como una oposición seria y responsable, opuesta a los "peligrosos ecoterroristas e islamoizquierdistas de la LFI". A pesar de todas sus limitaciones, la NUPES es la única que rechaza a las políticas liberales. Evidentemente, no es el caso de quienes quieren resucitar los restos de socialdemocracia. Pero obviamente tampoco es el caso del RN que, como Georgia Meloni, está totalmente entregado a estas políticas neoliberales, siguiendo a Macron en muchas de sus leyes reaccionarias, sólo que añadiendo el veneno de más discriminación racista.
Por tanto, el principal peligro para los defensores del sistema es la posible aparición de una fuerza que tienda puentes entre las reivindicaciones sociales y una alternativa política. Desde este punto de vista, Francia se encuentra en una posición especial en Europa, ya que, por el momento, la fuerza del último movimiento social y la presencia de la NUPES sitúan al país en una situación opuesta a la de otros lugares, con una izquierda que mantiene una fuerza electoral significativa, predominantemente antiliberal. En consecuencia, se ha hecho todo lo posible para que la RN aparezca en los medios de comunicación y en las encuestas de opinión como la única ganadora de los últimos meses (aunque en realidad, según las últimas encuestas, la NUPES avanzaría y obtendría una mayoría relativa en caso de elecciones anticipadas).
Desgraciadamente, este crecimiento y las dificultades de la izquierda no son sólo un reflejo de las maniobras de los medios de comunicación. Es evidente que existe un déficit que se arrastra desde el otoño y ha sido ampliamente analizado: la incapacidad para crear un frente común, unido, sindical, social y político. Incluso la NUPES, en lugar de preocuparse por sus responsabilidades en tal situación, se niega a cualquier estructura militante conjunta en las ciudades y regiones; la LFI se resiste a cualquier idea de organización y funcionamiento democrático interno, y no toma ninguna iniciativa fuera de la Asamblea Nacional para organizar encuentros comunes a escala local o nacional. De hecho, en lugar de buscar una expresión común en la actualidad, cada componente de la NUPES, aparte de la LFI, parece estar preocupado principalmente por tener una expresión propia en las próximas elecciones europeas.
Esta situación ha dado lugar a críticas en el seno de la LFI y a un llamamiento conjunto a la unidad por parte de los dirigentes de las organizaciones juveniles de la NUPES en varios foros. En cualquier caso, tras el movimiento social al que hemos asistido estos seis últimos meses, los dirigentes de la NUPES parecen incapaces de tomar iniciativas de propuestas sociales y políticas comunes para hacer frente a Macron, para ir más allá de los límites de su acuerdo electoral. En el seno de la izquierda radical, varios centenares de militantes del NPA, de Ensemble, del movimiento feminista, de los sindicatos, de los ecologistas, de los antirracistas y de las asociaciones acaban de convocar un proceso de encuentros locales y regionales con vistas a la celebración de un foro social a principios de julio "para construir una nueva fuerza democrática y pluralista".
En definitiva, construir un frente unido, sindical, social y político va a tener que ser la tarea del momento, para hacer creíble una alternativa política que luche contra las políticas liberales. El programa de esta alternativa está muy presente en las reivindicaciones de las corrientes sindicales combativas, en particular en la CGT, Solidaires y la FSU, y en las asociaciones militantes del movimiento social. La LFI y las NUPES fueron los portavoces de muchas de estas reivindicaciones en las últimas elecciones. Pero de lo que se trata ahora es de construir un crisol militante común, capaz de organizar, debatir y sentar las bases de las movilizaciones que hay que construir.
18/06/2023
Traducción: viento sur
