Pacto de asilo y migración: un paso más en la necropolítica europea

Introducción

El comienzo de 2024 retrata un cuadro sombrío para las políticas migratorias en Europa. El Mediterráneo sigue siendo un camino mortífero para las miles de personas que toman la vía marítima para llegar a las costas europeas, mientras que el Canal de la Mancha sigue siendo un pasaje mortal para llegar al Reino Unido. Asimismo, el Atlántico es atravesado diariamente por personas candidatas a la migración y el asilo que toman la vía marítima que separa África de Canarias (España). El 10 de abril de 2024, la Unión Europea, cómplice de este macabro balance, dio un nuevo paso hacia una “necropolítica”. La adopción del nuevo pacto sobre migración y asilo/1 por los veintisiete países de la Unión, opera una selección brutal entre las personas que serán salvadas y las que serán condenadas. Tras la votación de las y los eurodiputados y la aprobación del Consejo de la UE, el texto entrará en vigor en 2026. Este pacto refuerza una política centrada en las fronteras, erigiendo barreras contra la llamada inmigración “irregular”, aumentando la probabilidad de intensificar los peligros que enfrentan los recién llegados/2 a lo largo de su viaje. El texto prevé un endurecimiento del control a la llegada a la UE, así como un sistema de solidaridad entre los Estados miembros para la acogida de los solicitantes de asilo, manteniendo al mismo tiempo el sistema de Dublín/3. Este llamado “control de los flujos migratorios” alimenta los fantasmas sobre una inmigración percibida como una amenaza para la integridad y la seguridad de los países europeos, ofreciendo un terreno fértil a las políticas racistas procedentes de la extrema derecha. A medida que se acercan las elecciones europeas (junio de 2024), la adopción del pacto representa un punto de inflexión estratégico para las y los votantes, antes de posicionarse en las urnas sobre la dirección a dar a su continente con respecto a la cuestión migratoria.

La necropolítica se refiere al ensayo “Necropolitics” escrito por Achille Mbembe. El uso de este término avanza la hipótesis de que la expresión última de la soberanía, es decir, la capacidad de un Estado para gobernar y su control absoluto sobre los asuntos internos y externos, se encuentra en el poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir. A menudo basada en categorías raciales, étnicas o sociales, la necropolítica designa cómo el uso de la violencia es una herramienta de gobernanza en la que algunas poblaciones están sujetas a condiciones que hacen que sus vidas sean precarias o sacrificadas, mientras que otras son privilegiadas y protegidas.

Fracaso de la política europea de acogida

Desde los amplios movimientos de población desencadenados en 2014-2015 por la guerra civil en Siria, los países europeos han optado por movilizar la retórica de la “crisis migratoria”/4. Con la adopción del Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, cuyas negociaciones comenzaron en septiembre de 2020, la UE se erige como gran regulador de la llamada migración “irregular”. Esta situación, por el contrario, se ha caracterizado en gran medida no como una crisis migratoria, sino más bien como una crisis de acogida en Europa/5. En una serie de condenas rotundas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH) ha multiplicado las severas reprimendas contra los Estados miembros por sus prácticas inhumanas contra las y los recién llegados en busca de protección internacional. Tratamientos degradantes/6, encierros en centros de detención/7, fracasos patentes para garantizar una protección adecuada a las personas solicitantes de asilo/8; el CEDH subraya el persistente desconcierto al que se enfrentan las personas recién llegadas a suelo europeo y la falta de aplicación del derecho internacional. A medida que el trágico balance empeora, con miles de personas desaparecidas en el Mediterráneo en 2023/9, la gestión de las políticas migratorias de la UE ha sido objeto de numerosas amonestaciones. El último informe de la Red de observación de la violencia en la frontera/10 pone de relieve muchas pruebas de la implicación o complicidad de Frontex/11 en la falta de socorro a las personas en peligro en el mar. También podríamos citar el ejemplo cargado de sentido de Fabrice Leggeri, ex director de Frontex hoy número 3 en la lista del Rassemblement National (extrema derecha) en Francia. Esta multiplicación de hechos revela la falta de respuesta institucional a las condiciones inhumanas de la acogida en Europa. El balance macabro exige una revisión urgente de la forma en que Europa trata a quienes buscan refugio, seguridad, prosperidad social y económica en sus costas.

Presentado como una muralla ante el fracaso de la política de Dublín, el nuevo Pacto incluye principalmente nuevas legislaciones destinadas a establecer un mecanismo para hacer frente a “las afluencias masivas y a las llegadas irregulares de nacionales de terceros países a un Estado miembro”/12. Concretamente, el Pacto establece un sistema de evaluación rápida de las solicitudes de asilo, con un “procedimiento en la frontera” obligatorio, destinado a determinar la validez de las solicitudes/13. El pacto tiene como objetivo facilitar el regreso de quienes se consideren no aptos para recibir protección internacional. La base de datos Eurodac, que se basa en la identificación de las huellas dactilares de las personas recién llegadas para determinar si una persona ya ha sido registrada en otro Estado miembro de la UE, según lo dispuesto en el Reglamento de Dublín, se utilizará ahora para nuevos fines. Eurodac permitirá el intercambio de datos biométricos entre las autoridades encargadas del mantenimiento del orden, facilitando la identificación de la llamada migración “irregular” y justificando entonces medidas de detención o exclusión/14. La reforma prevé la reducción de la edad de toma de datos de 14 a 6 años, la posibilidad de utilizar la fuerza como medida de último recurso para obligar a las personas a dar sus datos biométricos, la posibilidad de detener a los niños para la toma de estos datos/15. Este nuevo giro profundiza la política migratoria europea basada no en la acogida sino en la criminalización de las personas en movimiento/16.

¿Un pacto para más solidaridad y más compartir responsabilidades? En el texto, el uso de la noción de “solidaridad” entre Estados miembros tiene un significado especial. En lugar de promover la asistencia en el Mediterráneo o la cooperación a favor de la ayuda, la acogida y la justicia social, esta “solidaridad” parece más bien orientada hacia un planteamiento colectivo contra la inmigración. Se trata de colectivizar los mecanismos de vigilancia fronteriza, el fortalecimiento de las infraestructuras de gestión fronteriza (construcción de muros, instalación de videovigilancia, colocación de alambradas) dentro de la UE/17. Finalmente, en una dinámica de “compartir responsabilidades”, el pacto autoriza las contribuciones financieras a proyectos de limitación de la inmigración en terceros países. Esto se traduce en un mayor acuerdo con estados fronterizos, como Túnez, Egipto o Turquía, que aceptan desempeñar el papel de guardias fronterizos a cambio de grandes sumas de dinero/18. Por ejemplo, desde 2018, Italia ya ha enviado una transferencia de competencia a la Guardia Costera en Libia, en la que esta última tiene la obligación de designar un puerto seguro para los barcos naufragados. Sin embargo, la expresión “infierno libio” se ha hecho tristemente célebre para evocar las condiciones “seguras” en las que se encuentran las personas en el exilio: violación, tortura, detención, esclavitud.../19. Sophie Beau, directora de SOS MEDITERRANÉE Francia, cuenta cómo la Guardia Costera libia disparó contra el barco humanitario Ocean Viking destinado a rescatar a las y los náufragos. Además, el último acuerdo firmado en mayo de 2024 entre la UE y el Líbano prevé, a cambio de miles de millones de euros, medidas para frenar la salida de las y los exiliados sirios hacia Europa/20. La adopción del Pacto demuestra claramente una solidaridad contra la “amenaza migratoria”: juntos contra la inmigración irregular.

La UE ha reiterado recientemente su Memorando de Acuerdo con Túnez a través del desembolso de un apoyo financiero por valor de 150 millones de euros/21. Este compromiso se basa en 5 pilares, uno de los cuales se refiere a la Migración y la Movilidad para una “gestión eficaz de las fronteras, el desarrollo de un sistema de identificación y retorno de los migrantes irregulares ya presentes en Túnez a sus países de origen”/22. Túnez anunció haber interceptado a 21.545 personas migrantes en el momento de su intento de cruzar el Mediterráneo hacia Italia desde sus costas, entre enero y abril de 2024/23. Al mismo tiempo, varias encuestas internacionales ponen de manifiesto el apoyo financiero de Europa a las operaciones clandestinas en los países del norte de África/24. Se trata de detener a las personas de camino a Europa en Marruecos, Mauritania y Túnez. Las autoridades tienen la misión, con el dinero de la UE, de detener a estas personas para trasladarlas a zonas desérticas o remotas para evitar que vengan a solicitar asilo a las puertas de Europa. Allí, son abandonadas sin ninguna ayuda, agua o comida, exponiéndolas así a riesgos de secuestro, extorsión, tortura, violencia sexual y, en los peores casos, muerte/25. Otras son llevadas a zonas fronterizas donde, según los testimonios, son vendidas por las autoridades a traficantes de personas y a bandas que les torturan para obtener un rescate. Las investigaciones han revelado que Europa financia a sabiendas y en algunos casos participa directamente en detenciones y expulsiones sistemáticas basadas en criterios racistas dirigidos a comunidades negras en estos tres países del norte de África/26. Estas investigaciones revelan no sólo que este sistema de desplazamientos masivos y abusos se conoce en Bruselas desde hace años, sino que también está respaldado por el dinero, los vehículos, los equipos, la inteligencia y las fuerzas de seguridad proporcionadas por la UE y los países europeos/27.

Frontex es la agencia europea de guarda de fronteras y guardacostas. Creada en 2004, es responsable de coordinar y ejecutar las operaciones de gestión de fronteras en los Estados miembros de la UE. Oficialmente, los principales objetivos de Frontex son reforzar la seguridad de las fronteras exteriores de la UE, facilitar los flujos de inmigración legales y fluidos y prevenir la inmigración irregular. Sin embargo, la agencia es objeto de muchas críticas. Trabajando en estrecha colaboración con las agencias de fronteras nacionales, las autoridades de control y gestión de fronteras de la UE han sido acusadas regularmente de maltrato, puesta en peligro y negligencia hacia las personas en apuros. Ver: CADTM.

¿Decidir quién puede entrar o decidir a quién regularizar?

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, declara que “son los europeos los que decidirán quién viene a la UE y quién puede quedarse, no los contrabandistas”/28. La elección de determinar quién puede cruzar las puertas de la UE y las personas a las que se les niega el acceso se deriva de una decisión política, de una gestión que se puede calificar de necropolítica. La consecuencia de quien ve su acceso denegado, conduce a una consecuencia radical: la muerte. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2024, de las 11.889 llegadas a Grecia ese año, el 48,8% proviene de Afganistán, el 13,8% de Siria, mientras que menos del 5% proviene de países como Eritrea, Palestina, Yemen, Sudán, Etiopía, entre otros/29. Todos estos países tienen en común hacer frente a una situación de crisis: guerra civil, inestabilidad política significativa, conflictos o crisis humanitarias, lo que provoca movimientos de personas en busca de mejores condiciones sociales y económicas. Utilizar el poder político para dictar quién podrá entrar y a quién se le negará el acceso subyace a una lógica política centrada en gran medida en criterios desiguales. La mayoría de las personas que cruzan las fronteras europeas de forma irregular provienen de países anteriormente colonizados. La historia colonial de estos países ha moldeado en gran medida las dinámicas de dependencia respecto a los antiguos países imperialistas. Esta relación ha beneficiado en gran medida al enriquecimiento de las naciones del norte, especialmente Europa. Hoy en día, el sistema global de relaciones económicas internacionales mantiene una nueva forma de dominación, con nuevas expresiones de imperialismo. La deuda, en particular, sigue siendo un instrumento de dominio del Sur por el Norte. Permite, a través de instituciones como el FMI o el Banco Mundial, perpetuar un sistema de dominación económica a cambio de préstamos para pagar antiguas deudas. Así, la inestabilidad política y la falta de estructuras sociales para garantizar la seguridad y los medios de subsistencia de una gran parte de la población en muchos países del Sur, conducen a importantes movimientos de población/30.

En el marco de la necropolítica, la UE ejerce su autoridad adoptando políticas que discriminan a los individuos en función de sus orígenes. Esta tendencia es especialmente visible en el Nuevo Pacto, en el que las decisiones sobre la admisión o el despido de las y los recién llegados están influenciadas por su nacionalidad o región de origen. En la práctica, esto se traduce en políticas migratorias europeas racistas que favorecen a los nacionales de países considerados económica o políticamente estables, mientras que los de las regiones en crisis se ven primero como inmigración “irregular”. Además, obligados a seguir el proceso de asilo cada vez más complejo de los países europeos, estos últimos se enfrentan a obstáculos administrativos para acceder a su solicitud de protección/31, garantizada por el derecho internacional. Recientemente varios Estados europeos han adoptado nuevas legislaciones nacionales que violan el acceso a una política de acogida digna, como es el caso en Francia con la adopción de la ley de asilo y migración en diciembre de 2023/32. En Europa, millones de personas provienen del exilio. En la década de 1970, Europa y en particular las antiguas potencias coloniales como Francia y el Reino Unido organizaron la llegada masiva de personas de las antiguas colonias para acoger una mano de obra barata para reconstruir los países de la posguerra. La utilización de mano de obra procedente en gran parte de países anteriormente colonizados representa materialmente la explotación y el dominio de una parte de esta población. Mientras Frantz Fanon, en su libro “Los condenados de la Tierra”, trata principalmente del colonialismo y los efectos psicológicos de la opresión sobre los pueblos colonizados, Achille Mbembe retoma su fórmula para hablar hoy de los “condenados del mar” que, si bien buscan refugio, en realidad encuentran el hambre en Europa. Hoy en día, las políticas de austeridad han debilitado las esperanzas de una vida digna en Europa. Frente a las sucesivas crisis económicas atravesadas por los países europeos en los últimos treinta años, la inmigración se designa como en parte responsable de una política social costosa/33. En respuesta, la nueva gestión política migratoria ha tenido un gran impacto en el derecho de asilo en los Estados, lo que ha provocado el aumento de nacionalismos cada vez más centrados en la noción de fronteras como murallas contra la inseguridad y el “maremoto” que representaría la inmigración irregular/34.

Sin embargo, las personas en situación irregular siguen desempeñando un papel importante en nuestras economías europeas. Por ejemplo, la transición ecológica, que prevé la adopción de vehículos sin carbono para 2030, refuerza en gran medida la explotación de personas indocumentadas. Hungría aspira el papel de principal productor de baterías para vehículos eléctricos/35. Para ello, facilita la llegada de personas en situación de migración no regularizadas para garantizar la producción de estas baterías/36. Mientras Giorgia Meloni coopera con las autoridades tunecinas para reforzar los controles en la frontera marítima para evitar que los recién llegados lleguen a las costas italianas/37, los grandes agricultores del sur de Italia siguen beneficiándose de una mano de obra barata en el sector agrícola/38. La línea que separa a Europa del resto del mundo, principalmente de los países del Sur, a menudo se denomina Europa Fortaleza. Bajo el pretexto de la “gestión de la crisis migratoria”, la UE opta por una regulación que parece satisfacer las fluctuantes exigencias del mercado mundial/39. Este pacto, centrado más en la gestión de las consecuencias que en el establecimiento de respuestas estructurales destinadas a reducir el número de muertes en las fronteras, caracteriza las políticas migratorias actuales y sus lógicas racistas y necropolíticas. Con una economía globalizada centrada en la sobreexplotación, las amplias cadenas que nos alimentan ahora determinan el derecho o no a la movilidad/40. En este contexto, la cuestión de las fronteras se vuelve crucial. La necropolítica europea se inscribe en una lógica mercantil en la que la Europa fortaleza mantiene la mano de obra fuera de la UE o en Europa en condiciones deplorables.

Conclusión

Se impone una constatación: el Nuevo Pacto sobre Asilo e Inmigración marca un punto de inflexión, consolidando un enfoque centrado en las fronteras y reforzando los obstáculos a las llegadas calificadas de “irregulares”. Mientras la UE pretende ejercer un control sobre los flujos migratorios para garantizar la seguridad e integridad de sus miembros, este pacto revela una orientación mortífera, en la que la selección de las y los recién llegados está dictada por criterios en gran medida heredados de un sistema colonial. Los fundamentos de esta política se desarrollan en un contexto económico globalizado, en el que las desigualdades entre las y los trabajadores de las grandes potencias económicas y las y los de la periferia definen la dinámica de las cadenas de valor mundiales. La Europa fortaleza emerge así como un símbolo de esta gestión selectiva de la mano de obra, favoreciendo a las personas nacionales de países considerados política o económicamente estables (que a menudo son personas blancas), al tiempo que excluye o margina a quienes provienen las de regiones en conflicto o en crisis (que a menudo son personas racializadas). Detrás de esta fachada de regulación se esconde una realidad más sombría. Las políticas migratorias actuales a menudo resultan ser respuestas superficiales, centradas en las angustias racistas de una parte de la población agitadas por los partidos de extrema derecha en vez de en las causas profundas de la migración, especialmente en la proximidad de las elecciones europeas de junio de 2024. Esta retórica centrada en el miedo es en gran medida creada y explotada por los partidos de extrema derecha, en su beneficio. En un clima en el que la extrema derecha avanza muy rápidamente, es crucial volver a centrar el debate sobre el desarme de las fronteras y la acogida de las personas en exilio. Esto requiere sobre todo reconocer la humanidad de los individuos que chocarán con las realidades del nuevo Pacto, en el que los ángulos agudos de las políticas migratorias amenazan su dignidad y su vida.

Traducción: Alberto Nadal Fernández

Notas