La intensidad de la DANA no justifica la severidad de la tragedia

No es normal que en un país occidental muera tanta gente por una tormenta de un tipo de no es raro en nuestras tierras. Hemos vivido muchas gotas frías. ¿Qué ha pasado en este caso? Para contestar esta pregunta es importante diferenciar entre las causas de esta DANA (la intensidad del fenómeno meteorológico) y las causas de la tragedia (la severidad de las consecuencias). Las consecuencias no solo dependen de la intensidad de la perturbación; la situación social y las decisiones políticas también influyen, y mucho. Es decir, la catástrofe que se está viviendo en Valencia no solo depende de la intensidad de la DANA, sino especialmente de la prevención previa y de la gestión durante y después de la tormenta.

Una DANA especialmente agresiva

DANAs tenemos casi cada año, pero ciertamente esta ha sido especialmente intensa y agresiva. El mar hace varios meses que está a una temperatura inusualmente elevada, cosa que implica más evaporación y, por lo tanto, una acumulación de vapor de agua más grande en la atmósfera. Además, el aire caliente retiene más vapor de agua que el frío y estamos en un otoño muy cálido. Esta carga más grande de vapor de agua incrementa la probabilidad de que descargue de golpe y genere una DANA extrema. En consecuencia, el cambio climático incrementa la frecuencia y la intensidad de estas tormentas. Además, el hecho de haber desecado las zonas húmedas de la costa y sustituido los ecosistemas naturales por infraestructuras de cemento, hace que aumente la temperatura y disminuya la humedad de las brisas marinas de verano, cosa que reduce las tormentas estivales en las montañas litorales. Esto facilita la acumulación de vapor de agua durante el verano. Todos estos factores condicionan la intensidad de la DANA, pero no la severidad de las consecuencias.

Una tragedia colosal

Las consecuencias de una DANA, como de cualquier otra perturbación en sistemas sociales, dependen de factores socioeconómicos y políticos. En Valencia y alrededores, el planeamiento urbano parece estar más orientado a obtener beneficios económicos que a ser resiliente ante perturbaciones como tormentas extremas y riadas, a pesar de que estas no son nada raras en nuestra historia. A menudo se construye muy cerca de ríos, riachuelos y ramblas, sin dejar espacios abiertos con vegetación para amortiguar las riadas; hay muchas construcciones en zonas declaradas inundables; y no son raras las construcciones transversales (carreteras y autovías) que limitan el paso del agua. Además, en esta catástrofe ha sido especialmente relevante la falta de una alerta oficial, contundente y a tiempo, a la población por parte de la administración competente (en este caso, la Generalitat Valenciana). Los meteorólogos predijeron unos días antes de que se acercaba una DANA especialmente extrema. El lunes 28 la Universitat de València (que tiene un comité de emergencias propio) decide cancelar toda actividad para el martes. El martes 29 por la mañana (el día fatídico), tanto la AEMET como la Confederación Hidrográfica del Júcar alertan del peligro de tormentas extremas y de acumulación alarmante de agua en lo alto de las cuencas. Aparentemente, el responsable de la emergencia de la Generalitat Valenciana hizo caso omiso a los avisos y no dio una alerta oficial hasta que ya era demasiada tarde (a las 20 h). Cuando ya llovía intensamente en las comarcas del interior y los caudales crecían alarmantemente, no se alertó los que vivían aguas abajo, donde casi no llovía y continuaban con su vida normal. Mucha gente recibió la alerta cuando estaba ya atrapada por la inundación. Aquel día se tenían que haber cerrado las escuelas y limitado las actividades laborales. Ahora vemos el resultado de no escuchar a los especialistas.

Como tantas veces, el limitante no es la ciencia ni la tecnología, sino las decisiones humanas y la gestión de la información. Falta una ordenación del territorio pensando en el riesgo de inundaciones, que es probablemente el riesgo más importante de la zona mediterránea; la cartografía de zonas inundables ya hace tiempo que está disponible. La gestión durante la DANA no fue correcta, la prevención civil y el sistema de alertas no funcionaron. La gestión de los días de después también deja mucho que desear; en muchos lugares la ayuda está tardando muchísimo y la gente se siente desamparada; no se aceptó la colaboración de diferentes brigadas que ofrecían ayuda, tanto valencianas como de fuera (estatales e internacionales); los voluntarios, que han dado una lección de solidaridad, se han sentido engañados por la administración; algunos políticos han mostrado muy poca empatía con los damnificados; y se sospecha que no se está actualizando la cifra de víctimas. El pueblo valenciano está indignado.

¿Aprenderemos la lección?

Quizás no podemos evitar una DANA, pero sí que podemos evitar una tragedia. Técnicamente, estamos preparados para evitar o al menos reducir las catástrofes de esta magnitud; políticamente parece que no. Se tendrán que depurar responsabilidades y detectar las posibles negligencias. Se tendrá que evaluar si realmente fue una buena idea suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias. Los representantes del estado en emergencias y protección civil fallaron; también es importante hacer autocrítica sobre nuestro comportamiento personal ante la información disponible. Y lo mejor que podemos hacer ahora es aprender de los errores, que es la manera como maduran las sociedades. Esta tragedia tiene que fortalecer a la sociedad valenciana y prepararla por las próximas DANAs, que seguro que vendrán. El reto es que la próxima, aunque sea más intensa, no tenga consecuencias en la población, o que tenga las mínimas posibles.

Entre las acciones que se tendrían que mejorar podríamos destacar: 1) Implementar políticas efectivas para reducir el cambio climático; 2) Restaurar, en lo posible, las zonas húmedas y la vegetación litoral, evitando la expansión de zonas urbanas e industriales en la costa, e incrementando las zonas verdes y el arbolado en las áreas urbanas de Valencia y alrededores; 3) Realizar una planificación manteniendo y respetando los drenajes naturales y la cartografía de zonas inundables, y reducir la densidad de población en estas zonas; 4) Tener una unidad de emergencias altamente especializada y muy coordinada, capaz de generar alertas localizadas y con capacidad de reacción rápida, y que sea lo más independiente posible del poder político; 5) Dar a conocer a la gente que vive (o que quiere comprar inmuebles) en zonas clasificadas como inundables el riesgo que tienen que asumir; educar la población a entender y reaccionar ante los riesgos, incluyendo cursos, talleres y simulacros a las personas que viven en zonas inundables.

Para todo esto se necesita una voluntad de cambio, de dejar atrás las dinámicas del siglo XX y ponerse a la altura de los acontecimientos del siglo XXI. ¿Estamos dispuestos?

Juli G. Pausas es investigador en el Centro de Investigaciones sobre Desertifica­ción (CIDE), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Univer­sitat de València – Generalitat Valenciana.