La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria convoca el próximo 30 de enero huelga general en las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra bajo la consigna “pensiones, salarios y vida digna”. La plataforma agrupa a los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE, Etxalde e Hiru, así como movimientos sociales impulsados por organizaciones juveniles, feministas, ecologistas o de pensionistas. A esta huelga también se adhiere el sindicato CNT. Todas estas organizaciones sindicales y movimientos sociales agrupan y representan a por lo menos 200.000 militantes en Euskal Herria.
Publicamos, a continuación, dos artículos que explican el sentido, la dinámica y el proceso de esta Huelga General. Este párrafo introductorio corresponde al primero de ambos.
1. Hacia la huelga general del 30 de Enero
Jon Las Heras y Lluís Rodríguez Algans.
La convocatoria de huelga se anunció el pasado 23 de octubre de 2019, es decir mucho antes que estuviera conformado ningún gobierno en el Estado, ni tan solo celebradas las últimas elecciones. Por lo tanto, la huelga debe entenderse en clave ofensiva, pues va más allá de las dinámicas de las anteriores huelgas generales en el Estado que solo buscaban aplacar reformas neoliberales. Esta vez, la tenacidad del movimiento de pensionistas ha sido el motor de la mayoría sindical y militancia social vasca, uniendo las diferentes reivindicaciones bajo un marco común determinado: impulsar un cambio de política económica para la redistribución de renta y riqueza, así como una defensa firme de la igualdad de género y sostenibilidad de las condiciones de trabajo y vida. Quizás sea el hecho de que esta huelga no espera a que los gobiernos de turno decidan cuál es el rumbo que nuestra sociedad debe seguir lo que ha generado mayor crispación y rechazo entre ciertos actores sociales. Entender el programa y su trascendencia es necesario para disipar cualquier duda al respecto.
¿Qué se defiende con la huelga general?
Las reivindicaciones tienen como objetivo configurar un marco vasco de relaciones laborales y de protección social más garantista, en tanto en cuanto es en este territorio donde los movimientos reivindicativos nacen y al cual buscan establecer una serie de políticas transformadoras concretas.
Las reivindicaciones principales en el ámbito laboral se centran en: (i) conseguir un salario mínimo de 1.200 euros mensuales; (ii) rebajar la jornada laboral máxima a las 35 horas semanales y elevar la mínima a 20 horas en contratos parciales; (iii) garantizar la subrogación en el empleo subcontratado; (iv) reducir la precariedad a través de medidas reales contra la brecha salarial, la salud laboral o los contratos temporales; y (v) reformar el Estatuto de Trabajadores para garantizar la ultra-actividad indefinida de los convenios y la prioridad aplicativa territorial sobre los estatales, permitiendo solo mejorar las condiciones en los ámbitos inferiores. Todas estas reivindicaciones van dirigidas tanto a las patronales Confebask y CEN, como a los gobiernos vasco, de Navarra y del Estado en tanto pueden aplicarlo en sus propios ámbitos de gestión.
La Carta de Derechos Sociales también trata los problemas relacionados con las pensiones y las políticas de redistribución de la riqueza. En relación a las pensiones, por ahora de competencia estatal, se plantea: (i) volver a la edad de jubilación de 65 años; (ii) tomar los últimos 15 años para el cálculo, previo a la reforma de 2011; (iii) subirlas al menos con el IPC anualmente; y (iv) establecer una pensión mínima de 1.080 euros, pudiendo los gobiernos vasco y de navarra complementar las pensiones mínimas cuando sea necesario. Para estos gobiernos concretamente se dirigen las reivindicaciones en torno a las rentas de garantía y cobertura universal de las personas en situación de dependencia, pidiendo que la RGI y RG: (i) se sitúen en el 100% del SMI; (ii) con un aumento del 50% del SMI para el caso de las unidades convencionales de dos personas y de un 50% adicional para las de 3 o más componentes.
Todas estas reivindicaciones lo han sido también de la izquierda parlamentaria vasca en los últimos años, objetivos tanto para el sector privado, como para el sector público y subcontratado, mientras las patronales y gobiernos vasco, navarro o español se han opuesto sistemáticamente a ellas. Una aplicación de todas estas medidas, no solamente supondría una mejora importante en las condiciones de trabajo y vida de las personas trabajadoras y pensionistas en los territorios dónde se convoca la huelga, sino que también establecen unos objetivos de lucha de referencia a corto plazo imprescindibles para otros territorios del estado. El objetivo pues, no es dividir, sino aunar fuerzas bajo marcos de referencia comunes más ambiciosos.
Defender salarios dignos, en sentido amplio, es imprescindible para reconocer socialmente el trabajo de las personas, si no, un trabajo mal pagado reproduce la precariedad laboral y abandona a muchas personas al ostracismo y esclavitud por unos pocos euros.
Así, las organizaciones convocantes presentan sus reivindicaciones a los diferentes gobiernos en función de las diferentes competencias que poseen sobre el territorio para influir directamente en ellas. La única forma de gobierno contra el cual esta movilización no ha concretado ninguna reivindicación ha sido la Unión Europea. Además, en cuanto a las partes destinatarias, la movilización interpela directamente a las patronales Confebask y CEN para la firma de un Acuerdo Interprofesional de materias concretas con aplicación obligatoria, a diferencia de los acuerdos derivados del diálogo social para la negociación colectiva que no lo son, y que supla la imposibilidad legislativa vasca en el sector privado en cuatro puntos importantes: (i) salario mínimo de 1.200 euros, (ii) jornada de 35 horas y mínima de 20 horas a tiempo parcial, (iii) derecho de subrogación para el personal de las subcontratas y (iv) medidas concretas para acabar con la brecha salarial que sufren las mujeres.
Renovación sindical a través de la huelga general
La huelga general no solamente plantea elementos novedosos, de renovación sindical en los contenidos reivindicados con la incorporación y la defensa de los salarios en todas sus dimensiones incluidas las pensiones, sino también con la incorporación al proceso organizativo de movimientos pensionistas, feministas y juveniles, profundizando dicha alianza impulsada en las anteriores seis huelgas generales convocadas en contexto de crisis económica del ciclo 2009-2013, las huelgas feministas de 2018 y 2019 o la reciente huelga del sector del metal de Bizkaia en 2019. El ciclo de huelgas generales post-crisis abierto por las huelgas feministas y en defensa del clima, trasciende la división sindicatos / movimientos sociales profundizando la alianza entre las diferentes organizaciones y sensibilidades, crucial a la hora de establecer movimientos contra-hegemónicos con implante social. Por ejemplo, para esta huelga general se han creado más de 170 comités de huelga en pueblos y ciudades del país, cómo en los barrios de las principales capitales – Bilbo, Gasteiz, Donosti e Iruña – y en los principales pueblos y ciudades de las comarcas, con el objetivo de realizar los preparativos para la jornada de huelga y difundir la misma por todo el territorio. De la misma manera, las organizaciones sindicales han realizado sucesivas reuniones con sus militancias para impulsar la huelga, llegando a adherirse a la misma más de 1.500 empresas y administraciones.
Es importante subrayar que esta huelga general ha recibido múltiples apoyos de organizaciones sindicales y sociales fuera del ámbito vasco de convocatoria, generando a su vez una dinámica de oportunidad de trabajo sindical en común y movilización de apoyo a las reivindicaciones planteadas en Euskal Herria.
Es el caso de Catalunya dónde los sindicatos CGT, CNT, Solidaridad Obrera, COS, IAC y Cobas que agrupan decenas de miles de militantes, han llamado a iniciar un ciclo de lucha en común empezando con el apoyo a esta huelga general, promoviendo diferentes acciones y manifestaciones en varias ciudades catalanas. También en otras ciudades del estado se han convocado concentraciones y manifestaciones de apoyo con participación del movimiento de pensionistas, como en Pais Valencià -València- (Intersindical, CGT, CNT), Galicia (CIG), Aragón -Zaragoza- (OSTA, CGT, CNT), Asturies -Oviedo y Gijón- (CSI, CGT, SUATEA, CNT), Andalucía -Sevilla, Granada, Málaga- (SAT, CGT, CNT, USTEA, Cobas y partidos de izquierdas) o Madrid (Plataformas de pensionistas, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, Cobas y partidos de izquierdas). Además, alrededor de 200 militantes sindicales de diferentes organizaciones de todo el estado han firmado un manifiesto promovido por la plataforma “Sindicalistas de Izquierda” en apoyo a esta huelga general.
Esta convocatoria de huelga general ha generado una dura oposición por parte del poder económico y político vascos, aunque también por parte de organizaciones que supuestamente defienden los objetivos y plataforma reivindicativa planteada. Esta huelga general marca una línea de acción diferenciada entre, por una parte, un sindicalismo de contrapoder con la capacidad de transformación necesaria en los contextos actuales y, por otra parte, otro sindicalismo de concertación y dialogo social subyugado a la política sistémica. La diferencia entre una política económica del trabajo frente a la política económica del capital.
Jon Las Heras es profesor de Economía Industrial en la UPV/EHU
Lluís Rodríguez Algans es economista y consultor en materia de trabajo y política económica
2. La huelga general como punto de partida
Ixone Rekalde
Hay 1.000 motivos para ir a la huelga el 30 de enero. Nos lo recuerdan todos los lunes los pensionistas reclamando unas pensiones mínimas de 1.080 y haciendo valer el “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”
Ya ha echado a andar el gobierno de coalición progresista en España. Nunca sabremos los miles de horas de negociaciones, llamadas, presiones, chantaje, concesiones que se han dado para llegar a investir a Sánchez como presidente del Gobierno de España. Pero sí podemos afirmar con bastante convicción que el apoyo del PNV en forma de sí, en Euskadi no ha salido gratis y ha traído la aprobación de los presupuestos vascos en forma de abstención por parte de Podemos. Presupuestos tan neoliberales como los del año pasado, como afirmó el consejero Azpiazu cuando dijo que son calcados a los del año pasado. Presupuestos a los que tan firmemente en contra se posicionó Podemos hace ahora un año escaso. En un juego de palabras, Azpiazu tildó a los presupuestos como “capital” para Euskadi. Sabemos que serán muy beneficiosos para el capital, y muy antisociales para la ciudadanía.
Aprobación de presupuestos que por una parte ha roto la unidad de la coalición Elkarrekin Podemos (los dos parlamentarios de Ezker Anitza votaron la devolución de los presupuestos) y por otra ha traído el pase al extremo centro y la orfandad a ese movimiento ciudadano que vino a ser “la herramienta del cambio” en España pero también en Euskadi. Aprobación de los presupuestos que no hicieron más que confirmar la deriva gobernista en la que había tomado tanto la dirección de Podemos en Madrid como la dirección de Podemos en Euskadi, direcciones que desde Antikapitalistak decidimos abandonar al no compartir políticas ni organizaciones internas del partido.
Un gobierno progresista soportado por el PNV a las militantes de izquierda alternativa en Euskal Herria nos genera total desconfianza. De sobra conocemos cuál es la prioridad de las políticas que impulsa el PNV desde el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales (en coalición con el partido socialista de Euskadi), que como certeramente apuntaba el consejero Azpiazu, es el capital. No es una derecha reaccionaria, pero sí es una derecha que en términos económico situamos en el neoliberalismo. En el Parlamento de España afea el comportamiento reaccionario y neocon de PP y C"s, pero en Europa vota junto a estas dos fuerzas políticas más del 90% de leyes económicas. Y en el Parlamento español también. La orientación de la política fiscal del PNV siempre gira entorno a la competitividad con otros territorios mediante rebajas de impuestos a las empresas en el territorio de la CAV. El PNV tiene el impuesto de sociedades más bajo de todo el Estado, 4 puntos por debajo de la media de España. El PNV baraja una reforma fiscal donde se suprimiría el impuesto del Patrimonio, el de Sucesiones y traería una rebaja importante en el IRPF para rentas altas. Estas medidas fiscales no nos salen gratis a las clases populares de Euskadi. Vendrán de la mano de recortes en prestaciones sociales, como educación, sanidad o la renta de garantía de ingresos (RGI) entre otros. En el nuevo gobierno de coalición progresista, el PNV será el garante de que no se toquen leyes económicas contrarias a los poderes económicos.
No obstante, más allá de pataletas sobreactuadas y la verborrea descontrolada de la ultraderecha, lo cierto es que los poderes del Estado se muestran impasibles y tranquilos ante el nuevo gobierno. El PSOE ha armado un gobierno para paz y gloria de los poderes económicos. El PSOE no va a tocar un mísero artículo de la Constitución, ni el 155, ni el 135, ni qué decir ningún artículo que cuestione la unidad de España, o no va a derogar ninguna reforma laboral, más allá de retocar algún artículo muy polémico. Quizá “deroguen” la reforma laboral de Rajoy, la del 2012, pero quedaría en papel mojado si la nueva reforma resulta en un retoque de artículos polémicos de la del 2012.
En definitiva, lo cierto es que el nuevo gobierno no inquieta a las élites, más allá de provocar pronunciamientos muy medidos, como puede ser la reciente advertencia de la CEOE advirtiendo que “la derogación de la reforma laboral” no es posible, o alertando de lo “nocivo que es una subida del SMI a 1200€ para la competitividad del país”.
Sin embargo, creemos que un gobierno de coalición progresista soportado por fuerzas independentistas en forma de abstención, es mucha mejor opción que el trifachito, que este no es ni será ninguna opción. No estamos ni estaremos en el “cuanto peor mejor”. Un gobierno de coalición no es nuestra opción política, lo hemos expresado numerosas ocasiones en público, hubiéramos apostado por una apoyo externo y una oposición responsable y firme de izquierdas. En esta nueva etapa, que no me atrevo a llamar ciclo, la izquierda alternativa deberá tener la suficiente inteligencia política como emocional y no caer en la crítica sectaria y destructiva que resulte estéril y autorreferencial. Seremos críticos con esta nueva etapa de coaliciones, pactos y aprobación de presupuestos, pero sabremos valorar medidas políticas que mejoren la vida de la ciudadanía. Aunque repetimos, con inteligencia tendremos que criticar aquellas medidas que mejoren “la vida de la gente” pero escondan otras medidas de calado que “empeoren la vida de la gente”.
Lo que desde las izquierdas alternativas no nos podemos permitir es un escenario de paz social ni para las élites vascas ni para las españolas.
Hay 1.000 motivos para ir a la huelga el 30 de enero. Nos lo recuerdan todos los lunes los pensionistas reclamando unas pensiones mínimas de 1.080 y haciendo valer el “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”. Nos lo recuerdan desde el movimiento feminista, reclamando poner la vida en el centro frente al capitalismo, a la violencia, la desigualdad, la precariedad, la división sexual del trabajo, el heteropatriarcado y sus opresiones. Nos lo recuerdan los movimientos y sindicatos de estudiantes y juveniles, cuando nos alertan del negro futuro que les ofrece este sistema, la precariedad laboral, la uberización de las relaciones laborales, cuando denuncian este sistema educativo que educa en valores de apuntalamiento del sistema capitalista. Nos lo recuerdan los movimientos ecologistas denunciando este sistema extractivista y ecocida y nos alertan de que el capitalismo verde no es ninguna alternativa ecosostenible. Nos lo recuerdan los colectivos de defensa de los derechos de las personas migrantes, denunciando la necropolítica de nuestras instituciones y el racismo institucional. Nos lo recuerdan los colectivos de defensa de derechos tan básicos como la RGI o el derecho a la vivienda. Nos lo recuerdan todas esas miles de trabajadoras en lucha por una condiciones dignas de trabajo, como las trabajadoras de las residencias, las trabajadoras de la limpieza, las trabajadoras de los hoteles, las y los trabajadores del metal de Bizkaia, los trabajadores de la Naval, las y los trabajadores de Navarpluma, los trabajadores de la huerta de Peralta, Novaltia, … y un larguísimo etcétera. Sólo la lucha paga y nos sobran los motivos.
Pero que el 30 de enero no sea la culminación de unas movilizaciones previas. Que no sea un día marcado en rojo en nuestro calendario. Que no sea el colofón a unas semanas previas de construcción de la huelga en forma de grandes movilizaciones. El 30 de enero tiene que ser un punto de partida, una oportunidad para generar lazos, tejer alianzas entre distintas luchas. Que sea una oportunidad para pasar de la guerra de posiciones a la guerra del movimiento. Puede resultar muy manido, después del “si se puede”, “el poder de la gente” y de más significantes muy vacuos, pero es hora de volver a ocupar las calles. En una construcción lenta del movimiento donde vayamos tejiendo relaciones y redes interseccionales, interterritoriales, uniendo luchas. Un rearme de la clase trabajadora que no deje a nadie atrás.
Ixone Rekalde es militante de Antikapitalistak
https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/la-huelga-general-como-punto-de-partida
