Más de 2.300.000 personas de Catalunya han desobedecido la prohibición del Tribunal Constitucional decretada a instancias del gobierno Rajoy, han hecho caso omiso de las amenazas del ministro de Justicia y la fiscalía, y han acudido a votar de forma masiva, pacífica, emocionada y alegre el día 9 de noviembre. Hay que recordar que el Constitucional había acordado “suspender los actos impugnados [por el gobierno]…así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella”; y que la fiscalía había ordenado, el día 8, la identificación de los responsables de la apertura de los locales públicos donde se iba a efectuar la votación. La multitud que, pese a todo, acudió a votar el 9N ha vuelto a poner en la agenda política el viejo lema que frente a la ley injusta existe el derecho a desobedecer. Y al llevarlo a la práctica de una forma tan masiva, han sentado un precedente que va a tener consecuencias que irán mucho más allá de la coyuntura actual, de su objetivo inicial (la reclamación del derecho a decidir sobre la independencia de Catalunya) y del ámbito territorial del Estado español. Este es el principal significado del 9N.

La votación ha sido también una gran victoria de los defensores del derecho de Catalunya a decidir y de los partidarios de la independencia. Hasta el momento se habían expresado en grandes movilizaciones, como la manifestación del 11S del 2012, la cadena humana del 2013 o la gran V del 2014, pero se discutía el número de participantes. Ahora se han contado los que han votado en el curso de esta acción masiva de desobediencia civil y han sido muchos más.

Las cifras no se pueden tomar como la expresión de la voluntad del pueblo de Catalunya ante la doble pregunta de las papeletas, cosa que sí habría permitido el referéndum denegado por el gobierno Rajoy o la consulta aprobada por la Generalitat el 27 de septiembre y suspendida por el Tribunal Constitucional (el 9N original). Pero las cifras del nuevo 9N, del llamado “proceso de participación ciudadana”, son muy relevantes y van a tener un enorme peso en la evolución de la situación política. Una sencilla comparación con las del referéndum del Estatut del 2006, la norma legal actualmente vigente (con los importantes recortes efectuados por el Constitucional en 2010), lo pone de manifiesto.

En el referéndum del Estatut de junio del 2006 participaron 2.618.078 personas y el 9N 2.305.290. Los votos Sí del Estatut de 2006 fueron 1.899.897 y los votos Sí-Sí del 9N 1.861.753. En el 2006 el referéndum fue completamente legal, las principales fuerzas políticas llamaron a participar, incluso las partidarias del No, que recogieron 533.742 votos. En cambio el 9N se ha realizado pese a la prohibición del Tribunal Constitucional, las amenazas del gobierno Rajoy, con los partidarios del No (PP y Ciutadans) llamando al boicot y con el PSC opuesto a la votación. Aun así los votos del 9N favorables a la independencia son prácticamente los mismos que los favorables al Estatut del 2006 antes de ser recortado severamente por el Constitucional.

Es imposible disimular el vuelco político acontecido. Aún a falta de un referéndum que lo certifique, pero con mucha más evidencia que todas las encuestas realizadas, parece razonable opinar que la independencia podría ser la opción mayoritaria entre el pueblo de Catalunya. Y que negar empecinadamente este referéndum es sólo para evitar que esta opinión razonable pueda llegar a ser una evidencia pública y obligara a poner en cuestión la Constitución del 78.

El desarrollo del proceso hacia el 9N ha confirmado de nuevo que el movimiento por la independencia, liderado por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, es la parte más numerosa, más dinámica y con mayor capacidad de movilización del movimiento más amplio por el derecho a decidir, cuya expresión institucional es el Pacte Nacional pel Dret a Decidir (PNDD), que agrupa a más de 3000 entidades. Como he explicado en anteriores artículos, el éxito del 9N no se puede entender sin la enorme movilización impulsada por la ANC y Omnium. Estas entidades han salido muy reforzadas tras el 9N y van a seguir siendo un factor clave en la evolución de la situación.

En el terreno, menos decisivo aunque importante, de los líderes políticos ha habido un perdedor y un ganador. El perdedor ha sido claramente Mariano Rajoy. Y el vencedor, al menos provisionalmente, Artur Mas. La razón fundamental es que el segundo conoce perfectamente Catalunya y el movimiento que se ha originado allí, mientras que el presidente del gobierno español sigue sin entender ninguna de las dos cosas.

Tras la prohibición del Tribunal Constitucional el ministro de Justicia Rafael Catalá declaró, el 6 de noviembre, que los tribunales no actuarían contra la consulta si la Generalitat no se implicaba como institución y no cedía los colegios públicos para la votación. Entonces creció el temor de que Artur Mas aprovechara la invitación para echarse de nuevo para atrás. La reunión del PNDD del 7 de noviembre acabó con acuerdo, pero con ambigüedad: el gobierno asumía la responsabilidad, pero dejando el protagonismo a los voluntarios y a las instituciones del PNDD, que podrían encargarse, por ejemplo, de anunciar los datos de participación. Pero Mas había comprendido que la gente acudiría igualmente a votar en masa el 9N y que el gobierno central dudaba, Y fue adquiriendo mayor protagonismo. El 9N al mediodía, ante las diligencias de la fiscalía para conocer los responsables de la apertura de los locales públicos, Artur Mas declaró “el responsable soy yo y mi gobierno”. Y por la noche, los resultados no fueron anunciados por la vicepresidenta Joana Ortega, como estaba previsto, sino por el propio Artur Mas. Quería capitalizar el triunfo para intentar marcar los ritmos del post 9N.

En contraste Rajoy ha parecido superado por la situación y está siendo criticado por su propio partido. Primero ninguneó el nuevo 9N, después lo impugno ante el Constitucional y cuando fue suspendido pareció confiar en que Mas cedería de nuevo. Al no ser así, azuzó a la fiscalía, pero sin atreverse (con buen criterio) a llegar hasta el final. Ahora parece que está empujando de nuevo a una actuación de la fiscalía, presionado por los sectores del PP que piden venganza. Rajoy está asediado por muchos problemas, la respuesta del 9N lo ha puesto en evidencia y se siente cuestionado. Por eso es peligroso.

En los próximos días existe la posibilidad de una ofensiva represiva que busque enjuiciar a Mas, a algunos miembros de su gobierno (Rigau, Espadaler, Ortega,…), o incluso a más personas. Sean quienes sean los encausados, el verdadero objetivo del Estado será el movimiento que se ha expresado el 9N. Si esta amenaza se concreta es seguro que habrá una respuesta masiva de los movimientos y la sociedad civil en Catalunya. La incógnita es si el 9N habrá sido un estímulo para el aumento de la solidaridad de las gentes de los pueblos del Estado español.

10/11/ 2014.

(Visited 47 times, 1 visits today)