Manifestaciones gigantescas en todas las ciudades de Rumanía han obligado al gobierno a rendirse. La tarde del sábado 4 de febrero, el Primer ministro anunciaba la derogación del escandaloso decreto que había hecho salir a la calle al pueblo rumano, de forma cada vez más numerosa desde el 11 de enero pasado.

De vuelta al poder en diciembre de 2016 tras haber sido expulsado de él un año antes como consecuencia de un terrible incendio que había provocado 64 muertos en una discoteca en la que las normas de seguridad no eran respetadas, el Partido Socialdemócrata quería aprobar sin discusión, por decreto, una reducción de las penas en el código penal para los delitos ligados a la corrupción. Un pequeño arreglo que habría permitido, entre otras cosas, blanquear al principal dirigente de ese partido, Liviu Dragnea. Condenado anteriormente a dos años de prisión con aplicación de la libertad condicional por fraude electoral, está siendo procesado desde el 31 de enero por un asunto de empleos ficticios en el que están en juego 180 000 lei, un poco menos de 40 000 euros y por tanto muy lejos de los 900 000 de los Fillon franceses… El decreto prevé oportunamente un umbral mínimo de 200 000 lei por debajo del cual los políticos podía hacer sus pequeños chanchullos sin ser inquietados por la justicia…

Pero su plan ha fracasado: las y los rumanos han entrado en liza, furiosos por ser una vez más engañados y humillados, saliendo a la calle por centenares de miles. El gobierno esperaba que la cosa se calmara tras la derogación del decreto, pero las manifestaciones se han intensificado. Y ahora recurre a denunciar un supuesto complot y unos supuestos ataques a la democracia, reivindicándose de su victoria en las legislativas… ¡en las que el 60 % de la población se abstuvo!

Hace decenios que la corrupción es una plaga en Rumanía, uno de los países más pobres de Europa, bajo cualquier régimen (monarquía, dictadura fascista, dictadura estalinista y “democracia” neoliberal). Hay que decir que el país es un Eldorado para las multinacionales, en particular las francesas: Renault (17 000 personas asalariadas), Engie (ex GDF-Suez 4 000 asalariadas), Airbus, Areva, AXA… Los salarios son muy bajos -el salario mínimo bruto está en 320 euros, cuando el coste de la vida es casi tan elevado como en Francia-, la mano de obra cualificada y una ley aún más reaccionaria que la ley del trabajo francesa ha sido adoptada en 2011. ¡Esos son los motivos que explican el buen trato dispensado a los poderes actuales!

Hebdo L"Anticapitaliste - 370 (09/02/2017)

https://npa2009.org/actualite/international/roumanie-raz-de-maree-populaire-contre-la-corruption

Traducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR

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