Acaban de presentarse las estadísticas de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia sobre condiciones laborales en 2022. De acuerdo con Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, “los empleados domésticos barren, limpian con aspiradora, lavan y enceran, cuidan del ajuar doméstico, compran suministros domésticos, preparan alimentos, sirven comidas y realizan otra serie de tareas domésticas”. Mira por dónde, no menciona la única tarea que justifica su contratación en el 100% del trabajo interno y el 47% del externo: el cuidado de personas.
Los datos de la estadística sobre incumplimiento de la legalidad en materia de jornada, descansos, salarios y restantes condiciones más o menos se repiten todos los años y, precisamente, tienen que ver con eso que no se encara. Muchas familias contratan sabedoras de que es posible saltarse la legalidad sin consecuencias, porque si tuvieran que cumplirla no les sería posible. Pero explicar las malas condiciones en el empleo de hogar con un relato sobre empleadores que se niegan a reconocer derechos, no sirve. Demasiado simplista. En la asesoría de la que salen nuestros datos, la contratación de empleo de hogar pasa, de ser una libre opción de quien no quiere emplear su tiempo en tareas domésticas, a la solución para atender a la persona que no puede valerse por sí misma. La gente que contrata empleo interno tiene descendientes que viven lejos, o no los tiene, o familiares que no les pueden o quieren cuidar, y a veces, lo que no quieren es gastar los ahorros de la persona dependiente pagando una residencia. Las personas atendidas viven la perspectiva del ingreso como una amenaza; probablemente no les falta razón dada la rigidez del sistema de atención, su frecuente lejanía del que fue su domicilio habitual y otros problemas. La prestación de estancia nocturna de la Ley de Dependencia de 2006, que permitiría mantener el uso de la vivienda durante el día, no se ha hecho efectiva.
En 2022, atender en casa a una persona necesitada de vigilancia continua costaba 1166,67€ por las primeras cuarenta horas y 7,82€ por cada hora de exceso. Las 60 horas semanales, jornada máxima legal de una trabajadora, con alta en la Seguridad Social tenían un presupuesto mensual de 2238,88€. Esa jornada no cubre toda la atención diurna de alguien a quien haya que proporcionar alimento, medicación, auxilio para la movilidad… Para resolver ese entuerto existe la figura del trabajo interno, que en la ley del empleo de hogar se dejó con un perfil deliberadamente ambiguo, de tal manera que jornada laboral y estancia en la casa en la que se duerme se confunden, permitiendo a algunos tribunales llegar a atribuir una jornada de 40 horas a quien convive con una persona que por su situación no podría vivir sola. Siguiendo con la legalidad, hay derecho a 36 horas de descanso el fin de semana, con lo que el presupuesto de la sustitución durante, pongamos, 26 horas (despreciando la estancia nocturna, como hace la ley) incrementaría el costo en otros 935€, con lo que la cuenta final serían 3.174€ mensuales. En 2023, aplicando el 8% de incremento, el costo sería de 3.427,92€.
Los cálculos anteriores no son vida real. La gente interna está a disposición de la parte empleadora bastante más de las 60 horas pero el sector está excluido de cualquier mecanismo para medir la jornada; los salarios son entre un 50 y un 30% inferiores a lo que debieran, y la existencia de personas migradas en situación irregular proporciona mano de obra sin seguridad social, abaratando así el gasto (en el ejemplo propuesto, la rebaja es de 572€ al mes). La contratación de una recién llegada puede suponer un ahorro muy superior en términos de salario y exceso de jornada, dado que normalmente resistirá en la casa el tiempo necesario para obtener la oferta de trabajo que le permita regularizarse.
El “mejor en casa” como principio para atender las situaciones de dependencia se apoya en un sistema de cuidados con el empleo de hogar sin derechos como pieza imprescindible. Su proclamación reivindicándolo como una actividad esencial debería ir acompañada de una reflexión sobre si cabe que se desarrolle en condiciones dignas en el actual marco de familias unipersonales y servicios alternativos insuficientes. El alargamiento de la esperanza de vida en las condiciones en las que se suele dar, lejos de presentarse como un triunfo de la sociedad debería ser un motivo de seria preocupación, dado que las necesidades que se generan no están ni de lejos resueltas, ni tan siquiera previstas.
La Administración maltrata a las trabajadoras del sector sobre la base de tener en cuenta la particularidad de sus empleadores solo para lo que les perjudica a ellas: no obligación de llevar un control horario, falta de inspecciones en el centro de trabajo, o pago de indemnizaciones más bajas que las del Estatuto de los Trabajadores en la mayoría de los casos.
En esta etapa en la que la Administración está imponiendo a coces la relación por vía electrónica, las trabajadoras de hogar están sufriendo especialmente. El sistema de seguridad social no osaría obligar a toda la clase trabajadora a obtener el pago de sus bajas médicas mediante solicitud electrónica o con una cita presencial cuyo logro a día de hoy es una auténtica agonía. La gente de relaciones laborales ordinarias cobra la baja en la nómina de la empresa, pero en atención a la peculiaridad del empleador de hogar, es la propia trabajadora la que tiene que solicitar el pago de su baja a la Seguridad Social. Quienes la solicitan por internet son las que tienen suficiente arraigo como para tener una vivienda propia, ordenador y familiares jóvenes que las puedan ayudar. Algunas, pagan una gestoría. Otras, se quedan sin cobrar.
El tema daría para mucho, pero solo añadiré algo de actualidad: tanto la parte empleadora como la trabajadora no saben a día de hoy, dos de marzo, cómo debe quedar el salario del trabajo a tiempo parcial a partir de enero de 2023. Se debe a que el Ministerio del que es titular José Luis Escrivá, economista y auditor fiscal (vaya, que no es el ministro de la poesía sino el de los cálculos numéricos) no ha encontrado todavía momento para publicar las tablas actualizadas de cotización del sector, de las que se derivaría el cálculo del salario exacto a percibir con efectos, como decía, al pasado 1 de enero.
Sobre la prestación de desempleo, el asunto está así: las trabajadoras nunca pudieron cotizar para el desempleo hasta que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de febrero declaró discriminatoria la exclusión del sector del derecho a esa prestación. Pero este cambio forzado, tan aplaudido por tantos y tantas, se ha realizado de una manera que perpetúa la discriminación anterior.
Ahora se les está exigiendo un año de cotización previa para poder empezar a cobrar la prestación de desempleo, por lo que la injusticia histórica se mantiene. Durante estos meses, hemos constatado que en las oficinas del SEPE se actúa para que no lleguen a presentar las solicitudes, con el objetivo probable de evitar denegaciones por escrito. Parecen estar teniendo éxito con el “no merece la pena que Ud. lo pida, por el momento no tiene derecho”. No es como si le salieran con esa respuesta a una persona de la construcción o el metal, hecha a la idea de que el Derecho Social se creó para protegerle. Las trabajadoras de hogar y cuidados de las que tenemos noticia se dieron la vuelta sin solicitar el paro y, como toda la vida, se lanzaron a la búsqueda de un nuevo empleo en las condiciones que fuesen.
Hay algo mucho más importante: para recibir el subsidio de mayores de 52 años hace falta haber cotizado 6 años para el desempleo a lo largo de la vida laboral. Por tanto, el subsidio podrá generarse en hogar a partir de octubre de 2028, salvo que consigamos que el pasado de discriminación no se repita en el futuro.
Cuando una persona queda en paro, su empresa envía al SEPE un documento por vía electrónica con los datos necesarios para que se le calcule la prestación de desempleo. Esta nueva obligación, tal como está diseñada a día de hoy exige una ayuda profesional que el SEPE no proporciona a los empleadores de hogar, que como bien se sabe no son empresas acostumbradas al papeleo, y menos al electrónico. Por ahora, el SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo, parte del Gobierno sensible a la brecha de género en todos los terrenos, no ha anunciado que vaya a establecer un cauce adecuado para que la trabajadora de esta relación laboral especial no tenga más problemas que el resto.
Isabel Otxoa es activista de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH-ELE)
