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[“La ley más garantista de Europa” acabará probablemente en el Tribunal Constitucional. Se trata de la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética y el 5 de mayo de 2016 finaliza el plazo para presentar recurso de inconstitucionalidad contra ella. Hay pocas probabilidades de que el PP renuncie a ello, pero se va a encontrar con una importante movilización social en contra y el gobierno de Carles Puigdemont tendrá que afrontar una prueba de fuego: demostrar si sus promesas de ejercer la soberanía se traducen en actos cuando se trata de defender los intereses populares.

Para situar en su contexto la entrevista a Carlos Macías que publicamos a continuación hay que recordar una serie de hechos. El pasado 29 de julio el parlamento catalán aprobó por unanimidad la ley 24/2015 como culminación de la ILP que habían impulsado la PAH, la Alianza contra la pobreza Energética (APE) y el Observatorio Desc mediante la recogida de 150 000 firmas. La proximidad de las elecciones catalanas (27S) y españolas (20D) aconsejó al gobierno Rajoy no presentar el recurso de inconstitucionalidad en el plazo previsto (antes del 6 de noviembre), sino convocar la comisión bilateral Estado-Generalitat para tratar el tema y así ampliar el plazo hasta el 5 de mayo de 2016.

Pero este plazo se acerca y Rajoy, al frente de un gobierno en funciones, no está en mejores condiciones. Mientras tanto el Parlament de Catalunya, en su resolución del 9N de 2016, aprobó un anexo de “medidas que deberá aplicar el futuro gobierno, destinadas a blindar derechos fundamentales afectados por instituciones del Estado español”: la primera de estas medidas se refiere a la pobreza energética, la segunda a la vivienda, y las dos exigen el desarrollo de las medidas contempladas en la ley 24/2015.

Ante la lentitud del nuevo gobierno, las entidades promotoras de la ley 24/2015 enviaron una carta abierta al president Carles Puigdemont en la que le pedían “voluntad, determinación y coraje político para aplicarla” y una serie de medidas concretas como: desarrollo del reglamento de segunda oportunidad para las familias endeudadas, movilizar las viviendas vacías en manos de bancos y grandes propietarios para cederlas a familias sin vivienda, firmar los convenios con las compañías suministradoras de agua, luz y electricidad, poner en marcha las sanciones previstas para los que incumplen la ley y dotar de un presupuesto suficiente a la nueva ley. Martí Caussa.]

Carlos Macías es uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la ciudad de Barcelona. Su entidad ve cómo diariamente el número de desahucios crece en la ciudad, a pesar de tener, desde el pasado julio, “la ley más garantista de Europa en derecho a la vivienda”. En esta entrevista, Macías habla de esta paradoja, de la relación que tienen con Ada Colau, ahora alcaldesa, antes miembro de la PAH, y de cuáles son sus planes de futuro.

Andreu Barnils: Quería saber los datos de desahucios en Barcelona

Carlos Macías: Los desahucios no paran de crecer. Si cogemos los datos del CGPJ, que son los únicos oficiales, desde el 2007 hasta el tercer trimestre del 2015, último dato que tenemos, los desahucios no han parado de crecer en Barcelona, en Catalunya y en España. El cambio es que actualmente más de la mitad de los desahucios son por impago de alquiler. Y cada vez más, de gente que tiene trabajo precario.

¿Más de la mitad de los desahucios son por alquiler? ¿Y quién desahucia?

Los datos no los tengo. Pero la realidad que he visto no es la de una abuela que tiene un segundo piso y echa a los inquilinos. No. Yo he visto grandes propietarios, inmobiliarias, que acumulan 200 pisos, o 2.000. Estos son los que desahucian. No es la abuela, no.

¿Cuánta gente os viene a las asambleas de bienvenida?

Entre 70 personas y 100 cada semana. Más de la mitad, casos nuevos. No ha bajado, no. Pasa que en estos últimos años la presión mediática se ha centrado en los políticos. En los partidos, en las elecciones municipales, estatales y autonómicas. Pero cada día hay desahucios y cortes de suministros. Cada día.

¿El Ayuntamiento de Barcelona ya tiene el censo de pisos vacíos?

Lo ha empezado. No se ha terminado.

Es fuerte que no haya censo oficial de pisos vacíos en Barcelona.

Está el del Instituto de Estatística español, que hace un informe cada diez años. El último, de 2011, decía que en Barcelona había 81.000 pisos vacíos. Desde la administración se decía que los datos no eran ciertos. Pero no hacen nada para demostrar si es verdad o no. Cuando tengamos el censo podremos abordar la realidad con hechos y no con suposiciones.

La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, me dijo que ella había acabado con los desahucios de los bancos. ¿Por qué unos alcaldes pueden y otros no?

Una cosa es parar todos los desahucios de los bancos y otra todos los desahucios. Estos matices son importantes. Es como cuando Manuela Carmena dijo en agosto que en Madrid habían parado todos los desahucios; hombre, en agosto no hay desahucios porque los juzgados cierran. Debemos tener cuidado. Y más cuando la realidad diaria, en ciudades como Barcelona –no sé el caso de Badalona– es que más del 60% de los desahucios son por alquiler. Y no todos estos son de los bancos. Hay bancos, pero también inmobiliarias, u otras.

¿Los ayuntamientos pueden parar desahucios?

Los ayuntamientos no tienen una herramienta para pararlos legalmente. Ahora, con la ley 24/2015, sí tienen un instrumento porque, en caso de que el tenedor transgreda la ley y desahucie, le podrán poner una sanción de 90.000 euros.

Cierto. Desde julio Cataluña tiene una nueva ley sobre desahucios.

Sí. Aquí ha habido un cambio de marco: la ILP de la vivienda, que nosotros y otras, impulsamos, y que fue aprobada por unanimidad del Parlamento de Catalunya en julio pasado. Es la ley 24/2015. Este cambio normativo, si se aplicara en su totalidad, pondría fin a los desahucios, a las deudas de por vida, castigaría la vivienda vacía y garantizaría que no hay cortes de suministros. Tenemos un nuevo telón de fondo, que es la nueva ley. Y que permite sanciones.

¿Se ha puesto alguna sanción desde el Ayuntamiento de Barcelona?

Que tengamos constancia, no.

Supongo que en la PAH de Barcelona estáis en una situación delicada. Colau es la alcaldesa pero también una antigua colega.

Nosotros tenemos muy claro que la PAH nació apartidista y es apartidista. Por un motivo muy sencillo. Para poder poner las propuestas encima de la mesa a cualquier partido, y poder presionar a cualquier gobierno. Y con Ada Colau, exactamente igual. Ahora, sí que es verdad que nos conocemos, y al principio es extraño. Cuando a quien le presentas un problema es un alcalde que ha sido un compañero… Pero cuando hemos creído que el ayuntamiento iba demasiado lento, lo hemos dicho públicamente. Como la carta que hicimos. Y a la inversa, cuando hace cosas bien hechas, las aplaudimos.

En la carta, ¿qué pedíais?

Que en Barcelona se acelerara la maquinaria de la administración. La realidad diaria es que tenemos una nueva ley y no paramos de tener desahucios. Se tiene que adaptar todo el funcionamiento del ayuntamiento a la ley 24/2015. Y por ahora se ha conseguido. No se hacía y ahora se hace. Lo valoramos. También quiero decir que el ayuntamiento de Ada Colau tiene una unidad que se persona en los desahucios. Esta unidad hace prevención y, si puede, evita el desahucio. Y si no, al menos puede dar una respuesta desde servicios sociales. Esto, que es muy sencillo, lo podrían hacer todos los ayuntamientos. Y, finalmente, un hecho diferencial: por primera vez desde la administración no se criminaliza la ocupación. No se presupone que todo el mundo es malo.

¿No es un peligro tener una ILP aprobada, y a Ada Colau en el ayuntamiento? Puede ser que os vayáis relajando.

La crisis nos lo ha demostrado: desde la calle tenemos que estar siempre activos y vigilantes. Aprobar una ley no quiere decir que nos retiremos a casa. Sería bastante ingenuo. Como he dicho, ahora toca presionar para que la ley se aplique. Y las leyes sólo se aplican si hay presión. La clase política, del color que sea, nos ha demostrado durante los últimos tiempos que es incapaz de dar respuesta. En septiembre, con la Generalitat, empezamos a hacer cursos y guías para 1 000 funcionarios municipales, para que nadie ponga excusas para no aplicarla. Ya hemos enviado una carta al presidente Puigdemont. De aquí a dos semanas tenemos reunión con la Generalitat, y queremos arrancar compromisos concretos sobre la aplicación de la ley al cien por cien.

Esta nueva ley sobre desahucios, ¿por qué sólo se ha aprobado en Cataluña?

De hecho, se intentó primero en Murcia. Pero ni siquiera les dejaron recoger firmas. Cogimos el relevo aquí. Aquí estamos muy implantados en el territorio, lideramos la ILP y la aprobamos en forma de ley. Queríamos que se creara el efecto dominó en el resto del estado. En noviembre fue presentada en trece parlamentos del estado, que se encuentran en trámites muy iniciales. Ellos, en lugar de hacer una ILP, han cogido la ley 24/2015 y han dicho que quieren que se legisle así. Y pronto vamos a Alemania para explicarla, porque quieren ver si la pueden aplicar. Hoy en día es la ley más garantista para proteger el derecho a la vivienda de toda Europa.

Perdone la ignorancia. Contra esta ley, ¿el estado no ha presentado recurso?

La ley está plenamente vigente. Lo que ocurre es que el PP, que en Cataluña votó que sí, desde Madrid vio que era un cambio de paradigma. Que sus amigos, la banca y las suministradoras de luz y otras, tendrán que asumir responsabilidades, no como hasta ahora. Y que tienen que asumir costes. Querían interponer un recurso, pero como había elecciones, no se atrevieron. Por cobardes. Por eso quieren una comisión bilateral. Y ahora tienen más tiempo para poner el recurso. Hasta mayo. La comisión bilateral de momento le ha dicho a la Generalitat que hay una posible inconstitucionalidad en los artículos que precisamente recortan los privilegios de la banca. Y quiero añadir otra cosa: el decreto de pobreza energética sí que está suspendido por el TC, pero la ley 24/2015 es mucho más garantista que el decreto de pobreza. Y esta herramienta la tenemos vigente.

Con la ley en la mano, ¿los ayuntamientos podrían obligar, por lo tanto, a que nadie se quedara sin agua y sin gas?

Los ayuntamientos y la Generalitat. Los dos.

¿Y no lo hacen cumplir?

No íntegramente, no.

¿Quiere añadir alguna cosa?

Al final, tenemos la ley más garantista de Europa. No sólo en 13 parlamentos nos la quieren copiar, sino que desde Europa miran esta ley como un modelo a seguir. Hay un cambio de paradigma: basta de usar recursos públicos para hinchar los beneficios de las grandes empresas, de la banca y de las suministradoras. Ahora la ley dice que tienen que asumir su parte de responsabilidad en un negocio de primera necesidad. De interés general. Ahora aquí hace falta voluntad política. De todos los ayuntamientos y de la Generalitat. Tenemos una oportunidad de oro de revertir la situación y que Cataluña sea un ejemplo en la conquista de derechos. Y esto se hace aplicando esta ley. Con esta ley Cataluña es un territorio libre de desahucios, de deudas para toda la vida, de cortes de suministros y de fondos buitres. De hecho, Moodys me parece que era, el otro día decía que esta ley hacía que los fondos de inversión se alejaran de Cataluña para especular con la vivienda.

Y ¿por qué cree que no se aplica?

No diría que no se aplica, pero no íntegramente.

Y ¿por qué no?

Podemos entender que las leyes no se aplican de hoy para mañana. Pero siete meses después, ya no hay excusas. Hay un punto de voluntad política. Ayuntamientos como el Barcelona y algunos otros tienen suficientes recursos. La Generalitat también tiene que ayudar a los ayuntamientos más pequeños, que tienen toda la voluntad pero no los recursos. Y, finalmente, atacamos los intereses que atacamos. Quiero decir que fácil, no es.

9/02/2016

http://www.vilaweb.cat/noticies/carlos-macias-els-desnonaments-a-barcelona-no-han-deixat-de-creixer/

Traducción: VIENTO SUR

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