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Tribuna VIENTO SUR
¿(Auto)Reforma constitucional o derecho a decidir?
09/04/2014 | Jaime Pastor

El desarrollo de la sesión del 8 de abril en el Parlamento español ha vuelto a poner en evidencia la ceguera voluntaria de los dirigentes de los dos grandes partidos ante el creciente apoyo que encuentra en Catalunya la reclamación de una consulta sobre su futuro político. Lo único que han podido ofrecer, tímidamente el PP y más abiertamente el PSOE, es la propuesta de una reforma constitucional como alternativa al derecho a decidir. Un falso camino en el que ni ellos mismos creen, conscientes de que difícilmente se podrían limitar a abordar la modificación del “modelo territorial” a la vista de las diversas grietas abiertas dentro de un régimen en crisis profunda. La experiencia de la “Transición”, cada vez más desmitificada, ha sido ya suficiente para creer en otra que no sería sino su caricatura, al servicio simplemente del lavado de cara de una elite corrupta que se resiste a desaparecer del escenario.

Ni siquiera se ha podido escuchar de Rajoy, Rubalcaba o Alonso una sola mención a la puerta abierta que la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 25 de marzo ofrece cuando llama al “diálogo” para abordar los problemas “derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico” y reconoce que el derecho a decidir “expresa una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución”. Por mucho que hayan querido desmarcarse de la “democracia militante” que critica ese Tribunal, es esa concepción autoritaria y de trágico recuerdo la que emplean los líderes de esos partidos para proclamar cínicamente el blindaje de una Constitución que, como se lo recordaron representantes catalanes y vascos, no tuvieron reparo alguno en modificar a toda prisa en uno de sus artículos, el 135, para una nueva cesión de soberanía ante la “dictadura de los mercados”.

Lo mismo cabe decir de la oferta de modelo federal de Rubalcaba, siempre con el referente alemán y con miedo a hablar de plurinacionalidad para no asustar a sus aliados del PP y a muchos de sus propios “barones” en la defensa de la “unidad de España”. Una política a la que, por desgracia, se ha subordinado un PSC a la deriva, contradiciendo lo que prometieron en su programa electoral.

Si a todo esto sumamos una Rosa Díez, a la cabeza de una UPyD aspirante a ser futura bisagra entre PP y PSOE, blandiendo la bandera del nacionalismo español más beligerante en la negativa al diálogo y en la demonización del soberanismo y el independentismo catalán, pocas dudas caben de que con esas fuerzas políticas no será posible llegar a un acuerdo en torno a una vía legal para el reconocimiento del derecho a la consulta. Ni su concepción de la “democracia” –reducida, por mucho que la maticen luego, a la obediencia a la “sagrada” Constitución-, ni su interés en querer seguir cohesionando a una parte de su electorado frente a un “enemigo común” –los otros nacionalismos-, ni, en fin, su falta de voluntad política se lo permiten.

Su táctica de reducir el aumento del independentismo al mero agravio fiscal o a la “hispanofobia” tampoco pareció muy eficaz. En efecto, pese a sus esfuerzos, especialmente por parte de la líder de UPyD, ni el “España nos roba” ni la reivindicación de las esencias catalanas salieron en los discursos de la delegación del Parlament. Más bien vimos lo contrario: no faltó por parte de ésta una invitación a los pueblos de España a tender puentes y a, en el caso de crear un nuevo Estado en el futuro, buscar nuevas formas de cooperación como buenos vecinos; también fue oportuna la denuncia, sobre todo desde ICV-EUiA, del doble rasero de los principales partidos de ámbito estatal a la hora de ceder soberanía a los de arriba y, en cambio, negarse a hacerlo a la ciudadanía y a Catalunya en la defensa de sus derechos frente a los recortes y a la recentralización en marcha. Las intervenciones de PNV, Amaiur, BNG o Compromís a favor de la reivindicación catalana sirvieron, por encima de las diferencias, para avisarles de los nuevos desafíos con que se pueden encontrar en el futuro quienes, con su miedo a la democracia, están actuando como “separadores” de esa España de la que tan apasionadamente se reclaman. No sorprende, por eso, que alguien recordara en el debate al poeta Joan Maragall y su Oda en medio de la gran crisis de 1898, en la que acababa con un “Adéu, Espanya!”.

Sólo quedaron como “argumentos” la reiterada declaración de que el derecho de autodeterminación no existe en ninguna Constitución y la amenaza del desastre económico fuera de la Unión Europea. Con el primero siguen resistiéndose a reconocer que los precedentes de Quebec y Kosovo y, ahora, de Escocia han acabado conduciendo a su reconocimiento legal como “derecho-remedio” una vez agotadas todas las vías de acomodo dentro del Estado del que forman parte. Eso es lo que ocurre precisamente con Catalunya tras la frustrada experiencia de la reforma del Estatut y, ahora, el rechazo parlamentario a la propuesta de transferencia de la competencia para convocar un referéndum consultivo. Con el segundo tratan de ocultar algo cada vez más evidente: que hoy el austericidio que impera en la Unión Europea se está convirtiendo en una pesadilla para los pueblos del sur de la eurozona y que tanto España como Catalunya deberán replantearse, más pronto o más tarde, su obediencia fiel a los dictados de la troika y de sus gobiernos si quieren salir de su empobrecimiento creciente, como bien denunciaron los convocantes de las Marchas de la Dignidad.

Bloqueada ahora esta primera vía legal, quedan otras ya previstas por la Generalitat, entre ellas una nueva ley de consultas populares del Parlament catalán y, si ésta fuera también recurrida, la declaración unilateral de independencia tras unas elecciones anticipadas. Con todo, lo importante es que no son Artur Mas ni CiU, ni siquiera ERC quienes marcan el guión sino todo un movimiento social transversal el que está detrás de esta demanda con su propia agenda. Es ese nuevo actor colectivo y plural el que está abriendo una brecha en la lucha contra este régimen que deberíamos saber aprovechar desde fuera de Catalunya para profundizar sus grietas. El llamamiento de las Marchas de la Dignidad, que culminaron en Madrid el pasado 22 de marzo con una de las manifestaciones más masivas que hemos conocido durante nuestra historia reciente, y a pesar de la criminalización sufrida posteriormente, significó un paso adelante en ese sentido: exigiendo no sólo el “no pago de la deuda, ni un recorte más, fuera los gobiernos de la troika, pan, trabajo y techo para todos y todas” sino también el derecho de los pueblos a “ejercer su soberanía” y su “derecho a decidir”, nos ofrecen un programa de acción común que deberíamos acompañar de una agenda que tuviera también, por qué no, en el próximo 9 de noviembre, fecha anunciada para la consulta en Catalunya) una ocasión para “golpear juntos” a este gobierno y a este régimen.

8/04/2014

Jaime Pastor es editor de VIENTO SUR





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