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Metal de la CAPV
La ultractividad en el centro de las movilizaciones
25/06/2013 | Josu Egireun

El próximo día 7 de julio es una fecha clave para el futuro de la negociación colectiva y va a marcar un punto de inflexión importante en el devenir del sindicalismo y la clase obrera. Es la fecha de aplicación prevista en la última reforma laboral (decretada por el Gobierno de Rajoy en febrero del 2012 y aprobada por el Parlamento el 7 de julio de ese año/1) del PP de uno de sus aspectos a más agresivos: limitar la ultractividad de los convenios, que hasta ahora era indefinida, a un año.

¿Qué es la ultractividad? La ultractividad es la aplicación de las condiciones laborales pactadas en un convenio hasta la firma de un nuevo convenio o por un tiempo indeterminado si no se concluye la negociación una vez denunciado y terminada su vigencia.

Por lo tanto lo que hace la reforma laboral es obligar a renovar los convenios pendientes en el plazo límite de un año bajo la amenaza de que las condiciones laborales del convenio anterior queden anuladas y sustituidas bien por las condiciones mínimas establecidas por el Estatuto de los Trabajadores o por el convenio estatal del sector, bastante por debajo de los convenios provinciales o de empresa.

El 7 de julio (San Fermín, para más inri) vence ese plazo para un gran abanico de convenios: según UGT, en marzo de 2013 quedaban por renovar 3.000 convenios que afectan a 5,4 millones de trabajadoras y trabajadoras a nivel estatal y en la Comunidad Autónoma del País Vasco están pendiente de su renovación más de 750 convenios, que afectan al 70% de la clase trabajadora.

El fin de la ultractividad indefinida, junto al arbitraje obligatorio en caso de bloqueo de las negociaciones, constituye una verdadera espada de Damocles tanto sobre las condiciones laborales como para un derecho básico como es el de la negociación colectiva.

Aún se desconoce cuál va a ser la actitud de la patronal a partir de esa fecha. Por una parte, porque se encuentra divida tanto sobre la interpretación de la Ley como sobre su aplicación y, por otra parte, porque la CEOE y CEPYME firmaron un acuerdo con CCOO y UGT, sin que se sepa realmente qué recorrido vaya a tener el mismo. Un acuerdo que también trata de encontrar el Consejero de Empleo y Políticas sociales del Gobierno Vasco entre las organizaciones patronales vascas y los sindicatos pero que por el momento no ha sido posible y que probablemente se traduzca en un Decreto-Ley sobre la aplicación de la reforma en la CAPV.

El acuerdo alcanzado el pasado 23 de mayo entre CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, más allá de la lírica -declaración de intenciones de ampliar las negociaciones a partir del 7 de julio- constituyen todo un arsenal en manos de la patronal. La aceptación por los sindicatos (punto séptimo del acuerdo) que "para la resolución de las situaciones de bloqueo de las negociaciones las partes negociadoras deberán acudir a los sistemas de solución extrajudicial de conflictos establecidos en el ámbito del Estado o de carácter autonómico", hace que a cambio de renunciar a aplicar el criterio de la ultractividad el próximo día 7, se acepte el otro hueso duro de la reforma del PP: el arbitraje obligatorio.

Este es justamente uno de los puntos que ha bloqueado la negociación a tres bandas en la Comunidad Autónoma del País Vasco porque la patronal no quiere ceder en algo que para ella es vital ("con todo lo que nos ha costado sacar adelante esta reforma, ahora no vamos a vaciarla de contenido", afirman).

Así pues, el único recurso para tratar de impedir la aplicación de la reforma a partir del día 7 es la movilización para generar una relación de fuerzas más favorable ante la patronal. En la CAPV y en el sector del metal (donde los tres convenios sectoriales provinciales están vencidos/2), la iniciativa de la movilización llegó de la mano de LAB, con una propuesta de huelga sectorial en Gipuzkoa para el 24 de mayo, a la que se sumaron progresivamente el resto de fuerzas sindicales. No obstante hay que llamar la atención sobre la actitud de algunas secciones sindicales de ELA que, en algunas empresas que ya tenían firmado su convenio (p.e., CAF), llamó a votar en contra de secundar la convocatoria.

La huelga tuvo un gran respaldo y marcó su continuidad con otras dos jornadas más en Gipuzkoa (17 y 19 de junio) y su extensión a las privincias de Araba y Bizkaia para el día 21. Esta convocatoria sólo la realizaron LAB, CC OO, UGT y ESK. ELA no la secundó. No obstante, como dato positivo de estel día 21 es que determinadas secciones sindicales de ELA secundaron la movilización a pesar de la decisión de su sindicato. La próxima cita en el calendario de movilizaciones es para el 4 de julio.

En esta ocasión, la buena novedad ha siado la incorporación al llamamietno de CC OO y UGT de Euskadi. Una actitud que, en la práctica, supone un mentís al acuerdo de sus confederaciones a nivel estatal, aunque habrá que estar atentos a su evolución y, sobre todo, a las maniobras del Gobierno Vasco por tratar de llegar a un acuerdo, a la que estos dos sindicatos son bastante proclives.

La mala noticia en esta ocasión viene de la mano de ELA, tanto por el no apoyar la convocatoria del resto de sindicatos como por su posición de desvincular las empresas con convenio propio de las dinámicas sectoriales y pensar que la línea de defensa hay que centrarla a nivel de empresa.

El primer criterio les llevó a realizar una propuesta de semana de huelga en el metal de la CAPV solamente dirigida "a las empresas (…) que se encuentren en negociación" con el añadido de que "las empresas que en el proceso previo a la huelga o durante la misma vayan cerrando acuerdos no serían llamadas a la huelga". Un criterio que constituye una ruptura de un principio básico del sindicalismo como es el de la solidaridad de clase frente a la patronal, más cuando lo que está en juego es la continuidad de los convenios provinciales.

El segundo, tuvo su réplica en el manifiesto consensuado entre los cuatro sindicatos convocantes de la huelga el día 21 "el debilitamiento de los convenios provinciales conducirá, tarde o temprano, al debilitamiento de los convenios de empresa".

No está claro cómo va a evolucionar la aplicación de este apartado de la reforma laboral a partir del día 7. Ni siquiera la patronal lo tiene claro. Su objetivo es tanto evitar que su aplicación se convierta en un campo de minas que alimente una contestación social generalizada (de ahí, el acuerdo con CCOO y UGT a nivel estatal) como ganar tiempo para utilizar instrumentos como el del "arbitraje obligatorio" para imponer una rebaja sustancial de las condiciones laborales que, en definitiva, es de lo que se trata.

Por eso, acuerdos como el firmado por estos sindicatos son como la soga que sostiene al ahorcado: la patronal sólo acepta seguir negociando los convenios más allá del día 7 sin renunciar a la ultractividad impuesta por la reforma y, a cambio, obtiene de los sindicatos la aceptación del arbitraje obligatorio (en litigio en el Constitucional, porque no está claro que su imposición por Ley sea constitucional) y la paz social.

23/06/2013

Josu Egireun

Notas

1/ ver http://www.esk-sindikatua.org/publicaciones-argitalpenak/pdf/esk-sindikatua-arian-122-2-2012.pdf

2/ Que abarca a 110.000 de los 300.000 trabajadores y trabajadoras de la CAPV que pueden verse afectados por el fin de la ultractividad el 7 de julio





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