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Reino Unido
El Gobierno británico, implicado en prácticas de tortura
13/11/2012 | Ian Cobain

Cuando EE UU y sus aliados lanzaron la guerra en Afganistán en 2001, era inevitable que un pequeño número de los que capturaran en el campo de batalla fueran ciudadanos británicos. Desde hacía más de una década, los servicios secretos sabían que musulmanes británicos habían estado viajando a Pakistán y Afganistán en lo que se consideraba una especie de turismo yihadista que no suponía ningún peligro para el Reino Unido. Todo esto cambió el 11 de Septiembre.

Entre los musulmanes británicos capturados tras los atentados había un hombre llamado Jamal al Harith. Nacido con el nombre de Ronald Fiddler en Manchester en 1966, Harith se convirtió al islam siendo veinteañero y estuvo viajando por el mundo musulmán antes de ir a parar a Afganistán. Después del 11 de Septiembre había sido encarcelado por los talibán, que sospechaban de que era un espía británico. En algún momento él y varios otros prisioneros tuvieron que compartir su amplia celda con un caballo que había ofendido a un líder local de los talibán de una manera que no quedó clara. Un periodista británico descubrió a Harith languideciendo en la prisión en enero de 2002 y alertó a diplomáticos británicos en Kabul, pensando que estos lo repatriarían. Sin embargo, lo que hicieron fue entregarlo a las fuerzas de EE UU, que lo llevaron directamente a un centro de interrogatorio en Kandahar.

Harith pasó después dos años en Guantánamo, donde le patearon, pincharon, apalearon, inmovilizaron en posiciones dolorosas, sometieron a temperaturas extremas y privaron del sueño. Le hicieron pasar sed y le dieron de comer alimentos de 10 o 12 años de antigüedad. En una ocasión, dice, le encadenaron y golpearon duramente por rechazar una inyección. Calcula que le interrogaron unas 80 veces, habitualmente agentes estadounidenses, pero en ocasiones también oficiales de los servicios secretos británicos. Nueve meses después de ser puesto en libertad, Harith emitió una declaración en la que dijo que seguía sufriendo dolores por los golpes recibidos antes de los interrogatorios. “La ironía es que cuando al principio me dijeron en Afganistán que estaría bajo la custodia de los estadounidenses, sentí alivio. Pensé que recibiría un trato correcto y me devolverían a casa sin más demora.

Una serie de documentos del Ministerio de Defensa de EE UU publicados unos años después demostraron que, al igual que otros hombres que fueron detenidos y llevados a Guantánamo, Harith estuvo allí no porque lo consideraran peligroso, sino porque la información que poseía podía resultar útil. La ficha de Harith indica que lo llevaron a Guantánamo “porque se esperaba que tuviera conocimiento del trato que daban los talibán a los prisioneros y de sus técnicas de interrogatorio”. Dieciocho meses después, las autoridades del campo se convencieron de que no tenía conexión alguna con los talibán o Al Qaeda, pero se negaron a ponerle en libertad porque “todavía no se ha completado su historial” y porque diplomáticos británicos que lo habían visto en Kandahar lo encontraron “chulesco y evasivo”.

En total fueron nueve ciudadanos británicos los que acabaron con sus huesos en la cárcel de alta seguridad de Guantánamo, junto con al menos otros nueve antiguos residentes en el Reino Unido. Todos ellos estuvieron encarcelados durante años y desde el momento de su llegada fueron golpeados, amenazados y privados del sueño. Todos fueron interrogados por oficiales del MI5 y también del MI6. Cuando Harith recobró finalmente la libertad, junto con tres hombres de West Midlands llamados los “tres de Tipton”, un hombre del Ministerio británico de Asuntos Exteriores, llamado Martin, les estaba esperando cuando subieron al avión con destino al Reino Unido. “¿Pueden asegurarme”, les preguntó, “que dirán que han sido tratados correctamente?

El jefe de Martin, el ministro Jack Straw, estaba especialmente preocupado ante la posibilidad de que el público se enterara de hasta qué punto el Gobierno británico estaba implicado en la tortura de sus propios ciudadanos en Guantánamo. En diciembre de 2005, la verdad sobre la complicidad británica en la entrega y tortura de prisioneros todavía era un secreto oficial tan bien guardado que Jack Straw se atrevió a tranquilizar a diputados de la comisión de asuntos exteriores del Parlamento con respecto a las acusaciones que empezaban a aparecer en los medios. “A menos que nos pongamos todos a creer en teorías de la conspiración” les dijo, “y a pensar que los representantes gubernamentales están mintiendo, que yo estoy mintiendo, que detrás de todo esto hay una especie de aparato secreto confabulado con ciertas fuerzas oscuras de EE UU… las acusaciones de que el Reino Unido se ha visto implicado en las entregas son lisa y llanamente una mentira.

Dos días después del 11 de Septiembre, durante una reunión de los principales asesores del presidente Bush, el jefe de la lucha antiterrorista, Cofer Black, declaró que los enemigos del país debían acabar con “moscas cruzando por sus ojos”. A diferencia de sus aliados –el Reino Unido, Francia, España e Israel–, EE UU tenía muy poca experiencia con graves atentados terroristas en su propio territorio. Bush preguntó a su Ministerio de Defensa y descubrió que este no contaba con ningún plan de respuesta elaborado y convincente. La CIA, por otro lado, tenía una cosa en su arsenal: el programa de entregas. Desde 1987, la CIA había estado capturando sigilosamente a terroristas en el extranjero y “entregándolos” a EE UU para ser juzgados, sin seguir los procedimientos legales de extradición. En 1995, el presidente Bill Clinton –al parecer con el pleno consentimiento de su vicepresidente, Al Gore– aceptó que una serie de terroristsas pudieran ser trasladados a un país tercero, inclusive países de los que se sabía que practicaban la tortura, en un procedimiento que acabó siendo conocido por el nombre de “entregas extraordinarias”.

Cinco días después del 11 de Septiembre, Black había preparado planes de respuesta de la CIA. Se trataba de ampliar anormemente el programa de entregas, con la detención de cientos de sospechosos de pertenecer a Al Qaeda y su traslado a escondidas a 80 países diferentes. La agencia decidiría a quién habría que matar y quién debía ser mantenido en vida en una red de cárceles clandestinas, fuera de EE UU, donde serían sometidos a tormentos sistemáticos hasta que hubieran revelado todos sus secretos. La noche antes de que Bush firmara los planes, Black y unos cuantos altos cargos más de la CIA acudieron a la embajada británica en Washington, donde expusieron a altos directivos de los servicios secretos del Reino Unido qué tenían previsto hacer. Al término de la presentación de Black, que duró tres horas, su homólogo del MI6, Mark Allen, comentó secamente que escuchar todo aquello le “helaba la sangre”. Allen también manifiestó su preocupación de que una vez EE UU hubiera “machacado Afganistán”, Al Qaeda se dispersara por todo el sur de Asia y Oriente Medio y desestabilizara regiones enteras. Uno de los representantes de la CIA en la reunión, Tyler Drumheller, observó que aunque los británicos daban la sensación de estar tranquilos, “saltaba a la vista que estaban preocupados, y no sin razón”. Según un relato, Black incluso dijo en broma que un día tal vez todos ellos tuvieran que comparecer ante un tribunal. Poco después, Allen volvió a Londres, donde Tony Blair y Jack Straw esperaban conocer los planes de EE UU. El aliado más cercano de la CIA estaba al tanto: los británicos no podrían alegar jamás honestamente que no sabían qué estaba a punto de suceder.

A finales de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución n.º 1.373, que llamaba a los Estados miembros a ayudar a EE UU y a ayudarse entre sí para eliminar el terrorismo internacional. El 2 de octubre, los países miembros de la OTAN se reunieron en la sede central de la organización en Bruselas y decidieron invocar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, según el cual el ataque a uno de los miembros debe considerarse un ataque a todos ellos. En una segunda reunión, celebrada dos días después, los representantes de EE UU formularon una serie de peticiones concretas, que fueron todas aceptadas. Ocho de dichas propuestas se han publicado desde entonces, y contemplan un mayor intercambio de informaciones secretas, la adopción de “las medidas necesarias para incrementar la seguridad” y el otorgamiento de permisos de sobrevuelo en blanco a los aviones militares de EE UU y otros aliados implicados en operaciones antiterroristas. La OTAN ha admitido que se aprobaron algunas peticiones más, pero todas ellas permanecen en secreto.

A lo largo de los años siguientes fueron entregados muchos hombres, no solo de las zonas de guerra en Afganistán e Irak, sino también de Kenia, Pakistán, Indonesia, Somalia, Bosnia, Croacia, Albania, Gambia, Zambia, Tailandia y EE UU. El Gobierno estadounidense estaba llevando a cabo un programa de secuestros a escala mundial sobre la base del plan de Black y los acuerdos adoptados en la reunión de la OTAN. Algunos prisioneros fueron enviados a países de Oriente Medio, como Jordania y Siria, o a Afganistán y Usbekistán, y un número indeterminado ingresaron en prisiones secretas que administraba la CIA en Tailandia, Polonia, Lituania y Rumanía. Dondequiera que fueran a parar, una cosa tenían en común: iban a ser torturados.

A la chita callando, el Reino Unido prestó apoyo logístico al programa de entregas, con lo que los Gulfstream V y otros aviones de la CIA empezaron a frecuentar aeropuertos británicos en su ruta hacia las prisiones secretas de la agencia. En cuatro años, un avión de 26 plazas operado por la CIA hizo escala en aeropuertos del Reino Unido por lo menos en 210 ocasiones. Docenas de aviones privados alquilados por la agencia también visitaron Gran Bretaña regularmente. Las autoridades estadounidenses también pidieron permiso al Reino Unido para construir una gran prisión en Diego García, una isla británico del océano Índico donde hay una base militar de EE UU. Sin embargo, el proyecto se abandonó, más por razones logísticas que jurídicas, pero Diego García siguió utilizándose como aeropuerto de escala para los vuelos de entregas, y altos cargos de las Naciones Unidas creen que una serie de prisioneros fueron retenidos e interrogados allí en 2002 y 2003.

De todos modos, el Reino Unido no se limitará a prestar un mero apoyo logístico al programa de entregas, sino que participará en el mismo con entusiasmo. Según mis investigaciones, no sería la primera vez que se implica en la tortura de sus propios ciudadanos. En 2005, cuando estaba yo investigando sobre el apoyo del Reino Unido al programa de entregas de EE UU, me llamaron la atención dos palabras de la reseña de un libro. El artículo se refería a un centro de detención de tiempos de guerra del que nunca había oído hablar: la London Cage (la jaula londinense). Un viejo libro me condujo a unos recortes de prensa amarillentos en la Biblioteca Nacional, que a su vez me pusieron sobre la pista de un puñado de expedientes desclasificados del Archivo Nacional en Kew. Mediante solicitudes amparadas en la libertad de información conseguí que el Gobierno me entregara, aunque a regañadientes, más expedientes, y así empecé a enterarme de más cosas sobre el centro de tortura que los militares británicos mantuvieron durante toda la década de 1940, de forma totalmente secreta, en una hilera de casas victorianas de uno de los barrios más exclusivos de Londres. En el transcurso de la guerra, miles de alemanes fueron golpeados, privados del sueño y forzados a adoptar posturas incómodas durante días seguidos. Muchos de los primeros internados en el centro de detención no eran alemanes, sino fascistas británicos. El interrogatorio de ciudadanos británicos concluyó en noviembre de 1940, pero el centro siguió funcionando hasta tres años después de terminada la guerra.

Los expedientes del Archivo Nacional también contenían un par de vagas referencias a otro centro de detención que habían mantenido los británicos durante la guerra fría, esta vez en el pueblo de Bad Nenndorf, cerca de Hannover, en Alemania. Allí, la muerte de internos no era un secreto. En los expedientes había más pistas sobre otras instalaciones de este tipo, no solo en la Alemania de posguerra, sino también en el norte de África, Oriente Medio y otros lugares. Parece que durante todo el periodo de posguerra hubo una red de prisiones secretas, no declaradas a la Cruz Roja, donde retuvieron y martirizaron sistemáticamente a hombres sospechosos de ser una amenaza para el Estado. ¿Qué decir de hechos más recientes?

¿Por qué el ejército británico en Irlanda del Norte recurrió sin más a la tortura desde el primer día en que entró en vigor el decreto de internamiento sin juicio en agosto de 1971, y cómo llegó a desarrollar los métodos de interrogatorio –las llamadas cinco técnicas– que utilizaron? ¿Por qué mucho después de que los disturbios en Irlanda del Norte dejaron de parecerse a una guerra civil los interrogatorios coercitivos seguían siendo un elemento central de la estrategia antiterrorista del Reino Unido, utilizado para obtener confesiones de cientos de paramilitares sospechosos que seguidamente pudieron ser condenados por tribunales sin jurado? También estaban las antiguas colonias británicas. A comienzos del siglo XXI, un grupo de combatientes mau-mau ya entrados en años presentaron demandas contra el Gobierno británico, alegando que habían sido torturados sistemáticamente en campos de prisioneros en Kenia en la década de 1950. El Gobierno se opuso a la demanda en todas las instancias, y a comienzos de octubre, cuando por fin los demandantes obtuvieron vía libre para proceder contra al Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que iba a recurrir, pese a haber admitido que las acusaciones eran totalmente ciertas.

Nada de esto cuadra con la reputación del Reino Unido como un país que está orgulloso de su apego al juego limpio y su respeto del Estado de derecho. ¿De verdad los británicos evitan la tortura aunque solo sea porque es típicamente británico hacerlo? Por entonces me las ingenié para reunirme con una persona que sabe algunas cosas sobre la fontanería del Estado secreto del Reino Unido y que de vez en cuando ma he ayudado en mis pesquisas. Me reuní con este hombre –llamémosle James– en un bar cerca de la estación de Liverpool Street. Después de examinar unos instantes a la pareja que estaba sentada a la mesa de al lado, formuló dos preguntas que iban mucho más lejos de lo que yo me había propuesto preguntarle: “¿Crees que es posible que el Gobierno británico tenga una política secreta de tortura que pretende que no llegue a oídos de nadie? En caso afirmativo, ¿crees que es posible que la responsabilidad sobre esta política resida en lo más alto?

Volvamos a Londres en 2001: los ministros del Gobierno y sus asesores de los servicios secretos no se decidían sobre qué hacer con los jóvenes musulmanes británicos que estaban siendo interrogados en Kandahar y en un segundo centro que habían establecido las fuerzas estadounidenses en la báse aérea de Bagram, al norte de Kabul. Una idea era traerlos al Reino Unido y procesarlos, tal vez acusándoles de traición. El MI5 preguntó al Departamento del Fiscal de la Corona si podía “entrevistar” primero a los prisioneros y le contestaron que sí, pues ello no impediría cualquier enjuiciamiento posterior. En Washington, mientras tanto, miembros del gabinete de guerra de Bush habían decidido que el programa de entregas ampliado haría que la mayoría de los prisioneros fueran interrogados por militares de EE UU en vez de los servicios secretos extranjeros. Necesitaban un lugar para llevar a cabo esos interrogatorios y optaron por situar el “Camp X-Ray” en la base naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba. El 6 de enero de 2002 aterrizaron los primeros ingenieros militares y contratistas de EE UU en Guantánamo para iniciar la construcción. Tres días después, abogados del Ministerio de Justicia de EE UU redactaron un memorando que concluía que las convenciones de Ginebra no eran aplicables a los combatientes de Al Qaeda o talibán.

Veinticuatro horas después de la redacción de este memorando, el 10 de enero, ministros británicos pusieron en duda la conveniencia de llevar a juicio a los musulmanes británicos capturados en Afganistán. La abogacía del Estado había advertido de que esas personas no parecían haber cometido ningún delito de acuerdo con las leyes británicas y los ministros estaban preocupados de que el Gobierno estadounidense se pusiera furioso si las trasladaban al Reino Unido para que los jueces las pusieran en libertad. Además, los interrogatorios policiales en el Reino Unido no serían tan efectivos como los que se llevaran a cabo en el extranjero. Así que los ministros decidieron, en palabras de un memorando secreto del Ministerio de Asuntos Exteriores, que su “opción preferida” era la entrega de ciudadanos británicos a Guantánamo.

Los acontecimientos se precipitaron. Aquel mismo día, Straw envió un telegrama cifrado a las embajadas británicas en Washington y en todo Oriente Medio ordenando que no se planteara ninguna objeción al traslado de ciudadanos británicos a Guantánamo, pues esta era “le mejor vía para alcanzar nuestros objetivos antiterroristas”. Añadió, sin embargo, que su salida de Afganistán se demorara lo suficiente para que pudieran ser interrogados por un “equipos especializado” del MI5. El primer equipo de agentes del MI5 había llegado a Afganistán el día anterior, uniéndose a un grupo de oficiales del MI6 que estaban en el país desde finales de 2001. El primer interrogatorio tuvo lugar en Bagram justo cuando Straw estaba enviando su telegrama. Había allí más de 80 prisioneros, en su mayoría combatientes afganos y árabes, y un puñado de británicos, y saltaba a la vista que estaban siendo maltratados. Algunos prisioneros estaban encadenados de pie en las celdas y encapuchados. Otros estaban siendo golpeados. Uno de los oficiales alertó a sus superiores de que el primer prisionero al que interrogó había sido maltratado por militares estadounidenses antes de comenzar la sesión, y la queja fue transmitida rápidamente a Londres.

Al día siguiente, tanto el MI6 como el MI5 remitieron instrucciones escritas a todos sus agentes destacados en Afganistán. Estas dos páginas de instrucciones habían sido redactadas con anterioridad para anticiparse a este tipo de quejas y estaban formuladas con sumo cuidado. Con respecto al trato de los prisioneros, la guía declaraba que “debido a que no se hallan bajo nuestra custodia o control, la ley no le obliga [a usted] a intervenir para impedirlo. Dicho esto, el compromiso del Gobierno de Su Majestad con los derechos humanos implica hacer entender a los estadounidenses que nosotros no podemos particiar en este tipo de malos tratos ni los aprobamos.” Y continuaba: “Es importante que usted no se involucre en ninguna actividad que suponga un trato inhumano o degradante de los prisioneros.” Por tanto, los agentes del MI5 y del MI6 debían evitar que se considerara que aprobaban la tortura y sin duda no debían torturar ellos mismos a ningún prisionero. Sin embargo, y esto es importante, podían seguir interrogando a personas que sabían que habían sido torturadas. La puerta que se podría haber cerrado ante el uso de la tortura permaneció un poquito abierta, y a lo largo de los años sucesivos se colarían tranquilamente por esa rendija toda clase de horrores.

Por lo menos dos afganos murieron durante los interrogatorios en Bagram después de haber permanecido varios días colgados del techo de sus celdas y haber sido golpeados en las piernas. Las autopsias demostraron que sus heridas eran tan graves que en caso de sobrevivir tendrían que haberles amputado las piernas. Se han formulado acusaciones de que oficiales británicos de los servicios secretos fueron testigos de los malos tratos en Bagram e incluso participaron activamente en ellos. Shaker Aamer, un saudí que había vivido en Londres antes de viajar a Afganistán, ha entregado a sus abogados una declaración en que afirma que oficiales británicos de los servicios secretos estaban presentes cuando era apaleado por estadounidenses, que le golpeaban la cabeza contra la pared. Moazzam Begg, de Birmingham, dice que no solo habló con oficiales británicos de los servicios secretos en Bagram, sino también con soldados birtánicos que estuvieron en la base.

El 14 de enero de 2002, cuatro días después de que Straw enviara su telegrama secreto sobre las entregas, un alto cargo adjunto al Ministerio de la Presidencia remitió un memorando de seis páginas a David Manning, asesor de política exterior de Tony Blair, en el que mencionaba a tres ciudadanos británicos detenidos en Afganistán y señalaba que “posiblemente estén siendo torturados” en una cárcel de Kabul. Blair fue informado a más tardar el 18 de enero. El primer ministro escribió de su puño y letra un comentario en el margen de un memorando del Ministerio de Asuntos Exteriores: “La cuestión es saber cómo les están tratando. Aunque yo al principio no me creía las acusaciones de tortura, hemos de dejar claro a los estadounidenses que cualquier acto de este tipo sería totalmente inaceptable.” Blair añadió una curiosa orden a sus oficiales: no empeñarse en acabar con la tortura, sino “aclarar muy rápidamente que no se está practicando”.

A pesar de que el primer ministro estaba informado del posible uso de la tortura, el Reino Unido siguió participando activamente en el programa de entregas. Todos menos dos ciudadanos y residentes británicos que acabaron en Guantánamo fueron enviados allí después de que Blair escribiera su nota. Unos documentos divulgados posteriormente ante un tribunal demostraron que después de que un ciudadano británico sospechoso de terrorismo, Martin Mubanga, fuera detenido en Zambia, Blair o alguien muy próximo a él en Downing Street intervino para asegurarse de que no pudiera evitar la entrega a Guantánamo. Mubanga negó estar implicado en actividades terroristas. Sin embargo, su entrega se justificó en una nota enviada por Eliza Manningham-Buller, del MI5, a John Gieve, secretario permanente del Ministerio del Interior (Home Office), que también se hizo pública ante un tribunal: “Nos encontramos… ante la perspectiva… de que vuelva al Reino Unido un ciudadano británico que nos causa una honda preocupación, a quien tal vez resulte difícil llevar a juicio y cuya puesta en libertad daría lugar a una reacción sumamente hostil por parte de EE UU.

Los agentes del MI5 y del MI6 llevaron a cabo un centenar de interrogatorios en Guantánamo entre comienzos de 2002 y finales de 2004. Incluso cuando no estaban presentes en la sala, las informaciones que aportaron fueron en ocasiones cruciales en los interrogatorios de prisioneros relacionados con el Reino Unido, como fue el caso de Binyam Mohamed, un etíope de 23 años de edad que había estado viviendo en Londres. En un procedimiento civil que tuvo lugar a este respecto ante los tribunales británicos fueron emergiendo poco a poco algunos detalles sobre lo ocurrido con Mohamed. Fue un caso de libro de texto de complicidad con la tortura que dio lugar a que el MI5 tuviera que enfrentarse a una investigación penal por primera vez en su historia.

En abril de 2002, Abu Zubaydah, un militante saudí sospechoso de ser un miembro importante de Al Qaeda, fue entrevistado por agentes del FBI. Les habló de dos hombres que tenían la misión de llevar a cabo una operación casi tan ambiciosa como los atentados del 11 de Septiembre: la detonación de un dispositivo de dispersión radiológica, o “bomba sucia”, en una ciudad de EE UU. Uno de los dos hombres se llamaba “Binyamin Mohamed”, quien había sido detenido en Karachi cuando pretendía tomar un avión con destino a Londres, provisto de un pasaporte falso. Mohamed niega ser un terrorista y, a pesar de tener motivos claros para considerarle sospechoso, las autoridades de EE UU reconocerían más tarde que el plan de la bomba sucia nunca fue más allá de alguna búsqueda rudimentaria en Internet. Mohamed fue entregado para someterlo a un interrogatorio brutal. Los pakistaníes y los estadounidenses se enteraron pronto de que había estado viviendo en Londres antes de viajar a Afganistán, y tanto el MI5 como la sección especial de Scotland Yard comenzaron a interrogar a sus amigos y conocidos en el oeste de Londres. El mes siguiente, la CIA permitió a los británicos interrogar a Mohamed.

Cuando el tribunal descubrió que el MI5 y el MI6 sabían perfectamente, antes enviar al oficial británico a interrogarle, que Mohamed había sido torturado, el Gobierno británico intentó convencer a los jueces de que omitieran este hecho en su sentencia pública. David Miliband, entonces ministro de Asuntos Exteriores, insistió particularmente en preservar el principio de control en relación con los servicios secretos, según el cual los materiales facilitados por un país a otro no podían divulgarse sin el conesentimiento del país de origen. Amparándose en este principio, señaló que el público no debería conocer seis párrafos clave de una sentencia del tribunal que reveleba que el MI5 sabía que Mohamed había sido “sometido intencionadamente a la privación continua del sueño” y que los efectos de la misma fueron “observados detenidamente”; que le dijeron a Mohamed que podían hacerle desaparecer; y que los interrogatorios y malos tratos le estaban causando una “tensión psíquica significativa y sufrimiento”.

Aunque el oficial británico no dijo ante el tribunal que sabía que Mohamed había sido torturado, dejó escapar un hecho intrigante. Explicó que trabajaba en una sección del MI5 denominada “sección de gestión de agentes relacionados con el terrorismo internacional”, es decir, el departamento responsable normalmente de interrogar a sospechosos de terrorismo. Los oficiales del MI5 que estaban interrogando a personas que eran sospechosas de pertenecer a Al Qaeda –hombres que estaban siendo torturados en Afganistán, Pakistán, Guantánamo y otros lugares de todo el mundo– trataban por lo visto de reclutar a las víctimas de la tortura como agentes dobles. Mohamed fue trasladado a una prisión secreta cerca de Rabat, en Marruecos, donde los interrogadores le golpeaban durante horas y le sometían a ruidos ensordecedores durante días. Una vez al mes, dice, sus torturadores utilizaban bisturíes para aplicarle incisiones poco profundas, pero de varios centímetros de longitud, en el pecho y los genitales. Le acusaron de ser un terrorista experimentado de Al Qaeda. Mohamed cuenta que dijo todo lo que pensaba que sus captores querían escuchar y firmó una declaración sobre el complot de la bomba sucia.

Estaba claro que los interrogatorios de Mohamed se nutrían, en parte, de informaciones facilitadas por el Reino Unido. En el juicio posterior se descubriría que los informes sobre lo que dijo Mohamed bajo tortura también fueron enviados a Londres. Los abogados de los servicios de seguridad admitieron que el MI5 sabía que Mohamed no se encontraba bajo la custodia de EE UU en ese periodo, pero negaron repetidamente que supieran que se hallaba en Marruecos. No obstante, una serie de documentos divulgados durante el juicio demostraron que el oficial británico visitó el centro de tortura marroquí en tres ocasiones en el periodo en que Mohamed estaba siendo torturado. Después de la última visita, el MI5 envió a la CIA una lista de 70 preguntas que quería que le formularan a Mohamed.

La tortura de Mohamed en Marruecos duró 18 meses, hasta que vino un grupo de estadounidenses enmascarados para llevárselo. Uno de ellos fotografió sus genitales para dejar constancia de que habían sido mutilados cuando estuvo en Marruecos, no bajo custodia estadounidense. Esta vez le trasladaron a Afganistán. Durante cinco meses permaneció en una celda oscurecida de una prisión cercana a Kabul. Dice que estuvo encadenado, le pusieron música estridente y le interrogaron agentes estadounidenses. Después lo trasladaron en avión a Guantánamo, donde dice que le sometieron a humillaciones y abusos durante los siguientes cuatro años y medio. Mohamed llegó a ser una de las víctimas más conocidas de la entrega y tortura después del 11 de septiembre y uno de los ejemplos más sangrantes de la complicidad británica con los crímenes de EE UU. Pero no fue ni mucho menos el único ni tampoco el último.

Dos meses después de las elecciones generales de mayo de 2010, presionado por sus socios de coalición liberal-demócratas, y por algunos de sus propios diputados, David Cameron anunció la apertura de una investigación dirigida por un juez sobre la implicación del Reino Unido en la tortura y las entregas. En julio de 2010 fue nombrado el hombre elegido para dirigir la investigación, Peter Gibson, un juez retirado. Cabe la posibilidad de que el MI5 y el MI6 hayan influido en esta elección; en todo caso, mejor opción no podían esperar: durante los cuatro años anteriores a su nombramiento, Gibson desempeñó el cargo de comisario para los sevicios secretos. Los abogados de Mohamed han declarado que Gibson debería comparecer ante la comisión de investigación como testigo en vez de presidirla.

En julio de 2011, la mayoría de grupos de derechos humanos internacionales y británicos, entre ellos Amnistía Internacional, declararon que boicotearían la investigación. El mes siguiente, los abogados defensores de las víctimas de las operaciones de tortura británicas anunciaron que tampoco ellos querían tener nada que ver con ella. Seis meses más tarde, el Gobierno tiró la toalla y comunicó que daba por concluida la investigación a cargo de Gibson. En su lugar, el Gobierno de coalición impulsó planes encaminados a cambiar la ley de manera que impidiera que en los tribunales se airearan en el futuro las pruebas de complicidad con la tortura. Publicó un “libro verde” en el que proponía que había que asegurar mejor la confidencialidad en los tribunales y juzgados y que se abolieran las doctrinas jurídicas en que se habían basado los abogados de Mohamed. Parecía que la complicidad británica con las prácticas de tortura debía seguir siendo un pequeño secreto sucio.

19/10/2012

http://www.guardian.co.uk/law/2012/oct/19/torture-uk-britain-blood-government

Extracto adaptado del libro “Cruel Britannia: A Secret History Of Torture”, de Ian Cobain, Portobello Books. Publicado originalmente en el diario The Guardian.

Traducciòn: VIENTO SUR





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