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Dos Manifiestos sobre el derecho de Catalunya a decidir
Entre el No en ningún caso y el No, pero…
07/11/2012 | Jaime Pastor

La publicación reciente de dos manifiestos -uno en El País y otro en El Mundo- que pretenden responder al desafío planteado en Catalunya en torno al derecho a decidir y a la independencia revela, aun reconociendo las diferencias entre ambos, la persistencia en las elites políticas y culturales del Estado español del imaginario construido a partir de la Transición política y hoy, afortunadamente, cada vez más cuestionado por las nuevas generaciones.

Esto es más evidente en el documento que aparece en El Mundo, en donde se expresa la lealtad a la Constitución del 78 de manera prácticamente incondicional (“fue, escriben, uno de los hechos más felices de nuestra historia”), no se reconoce la existencia de un sentimiento nacional en Catalunya y, en cambio, se reivindica “el Estado y la nación españoles, obra del pasado, del presente y el futuro de un pueblo que quiere permanecer unido”. Pero también es patente en el difundido a través de El País, medio de referencia dominante entre las gentes que se consideran del “centro-izquierda”, como también critica Vicenç Navarro (“Respuesta al manifiesto federalista de los trescientos”, 6/11/12, http://www.vnavarro/?p=8050).

La convocatoria de unas elecciones plebiscitarias por parte de Artur Mas con el claro propósito de desviar así la atención sobre los recortes sociales que lleva aplicando desde hace tiempo echando la culpa a “Madrid” y explotando agravios comparativos discutibles en el sistema de financiación debe ser criticada. El problema está en que difícilmente puede uno dar credibilidad a quienes eso hacen cuando entre los firmantes de estos manifiestos se encuentran personas –me limito a mencionar a Carlos Solchaga- que han jugado un papel pionero en la adopción de políticas neoliberales en todo el Estado y en fomentar la cultura del “pelotazo”, o que se mantuvieron en silencio frente a la campaña que se desencadenó contra el Estatut catalán.

Una vez aclarado esto, y centrándonos principalmente en el manifiesto aparecido en El País, lo que podemos observar es una visión simplificadora de la realidad catalana, justamente criticada también por Vicenç Navarro en el artículo ya citado. Fundamentalmente, reduciendo el “independentismo” al proyecto de Mas cuando sólo después de la manifestación multitudinaria de la Diada, aquél decidió cabalgar el tigre de una corriente de opinión que afecta a muy distintas capas sociales y que ha ido creciendo a partir, sobre todo, de los recortes que el PP y PSOE impusieron al Estatut en el Parlamento español y, luego continuó el Tribunal Constitucional, todo ello en medio de una campaña muy beligerante del nacionalismo español. El agravamiento de la crisis sistémica ha contribuido a la extensión de ese movimiento a nuevos sectores sociales, incluso al partido de Mas, pero fue la constatación del portazo constitucional al reconocimiento en condiciones de igualdad de la nación catalana en relación con la española el motivo principal de ese salto del soberanismo a la reivindicación de la independencia por parte de amplias capas del pueblo catalán.

Todo esto no es tenido en cuenta en el documento en cuestión hasta el punto que llegan a sostener que “la afirmación de que España perpetró agresiones contra Cataluña es una desgraciada manipulación del pasado”. Habría que ver qué entienden por “agresiones” pero, sin irnos muy lejos, la sola mención a lo ocurrido con el Estatut bastaría. A esto es a lo que se refería recientemente Josep Ramoneda (“El malentendido”, El País, 4/11/12) cuando llamaba la atención sobre el hecho de que como máximo se considera a Catalunya “una parte de España, no una entidad por sí misma, pegada a ella por naturaleza y no por voluntad propia. Una idea organicista del Estado que hace imposible el diálogo de tú a tú”. Tampoco parece aceptable que se diga que “el programa de construcción nacional incentiva a los independentistas” (¿a cuáles se refieren?) “a rechazar la toma en consideración de la propuestas de entendimiento y a silenciar o relegar a todos aquellos ciudadanos catalanes que no suscriban ese programa de secesión”.

Con todo, lo más preocupante está en que reivindican el “modelo” de la Transición -“La transición de la dictadura a la democracia se hizo de la ley a la ley pasando por la ley”- y lamentan que ahora los independentistas “se proponen violentar la ley democrática, hecha por todos y para todos, con el propósito de alumbrar una ley nueva”. O sea, se convierte en “virtud” de la Transición haber partido de la legalidad franquista para la conformación de un régimen que, como estamos viendo en materias como la “memoria histórica”, sigue sin hacer el ajuste de cuentas con la dictadura y con el nacionalismo español esencialista que se blinda en la Constitución. Es más, ésta se encuentra hoy más cuestionada por amplios sectores de la ciudadanía tras la reforma del artículo 135 adoptada con alevosía por los dos grandes partidos en pleno verano de 2011 en nombre de la “regla de oro” del déficit impuesta por la eurozona.

En este manifiesto se llega a decir: “Ni España ni la Constitución de 1978 ni el Estatut de 2006 niegan a los ciudadanos de Cataluña ejercer el derecho a decidir” asimilando esto último a las citas electorales. ¿Acaso es lo mismo votar en unas elecciones a partidos que pronunciarse sobre las relaciones entre pueblos en un referéndum? Aquí nos encontramos con una confusión interesada que pretende hacernos olvidar que el derecho a la autodeterminación no cabe en esta Constitución –algo que se pudo comprobar en 1978 con el rechazo a la enmienda presentada por el diputado Letamendía-, como luego hemos podido comprobar con la negativa del Parlamento español a debatir el llamado “Plan Ibarretxe” y su voluntad de someter a referéndum una Propuesta de Estatuto Político para constituirse como “Comunidad vasca libremente asociada al estado español”.

Dicho todo esto, cabe reconocer que al menos asumen el “compromiso irrenunciable” de, en caso de que el sentimiento mayoritario en Catalunya fuera “contrario de modo irreductible y permanente al mantenimiento de las instituciones que entre todos nos dimos (…), a tomarlo en consideración para encontrar una solución apropiada y respetuosa”. Pero, ¿cómo conocer ese sentimiento mayoritario sin la consulta que se propone y que ha sido la causa directa de todos los manifiestos promovidos contra la posibilidad de convocarla? Su opción, no obstante, está formulada con claridad aunque sin concreción suficiente: “la búsqueda de un mejor encaje institucional para Cataluña, de una financiación más justa y de una federalización del deteriorado Estado de las autonomías”. ¿Acaso el proyecto de Estatut no era un intento frustrado de “federalización”? ¿A qué tipo de federalismo se refieren entonces: al alemán, al belga, al canadiense? ¿A un federalismo mononacional o a otro efectivamente plurinacional libremente construido desde las partes en condiciones de igualdad y a la vez respetando las diferencias? ¿Cómo plantearían esto? ¿A través de una reforma constitucional –que ni siquiera se menciona- o/y mediante referendos previos en aquellas Comunidades, como la catalana o la vasca, que soliciten previamente decidir si entran o no en ese “modelo”? ¿Por qué no han incluido, por ejemplo, la propuesta hecha por uno de sus firmantes, Francisco Rubio Llorente (“Un referéndum para Cataluña”, El País, 8/10/12), de que el futuro Parlamento catalán pueda presentar una proposición de ley orgánica al Parlamento español para que autorice ese referéndum y los dos principales partidos de ámbito estatal se comprometan a aprobarla? Preguntas que convendría que aclararan en próximos escritos.

7/10/2012

Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED y miembro de la redacción de VIENTO SUR





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