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Olvidos
Democratización, protesta y represión en España
04/10/2011 | Óscar Martín García

Aparte de algunos actos locales hoy en día monopolizados por la izquierda abertzale, la afición onomástica de autoridades y medios ha devenido en olvido a la hora de conmemorar el 35 aniversario de la muerte de cinco trabajadores durante el desalojo policial de una asamblea obrera en la vitoriana iglesia de San Francisco el 3 de marzo de 1976. Dicho omisión quizás se deba a que tan luctuoso acontecimiento casa mal con dos de los tópicos sobre los que se viene reconstruyendo una memoria canónica de la transición hecha a medida de los herederos del franquismo que controlaron dicho proceso. Por una parte, los sucesos de aquel “miércoles de ceniza sangriento” en la capital alavesa no encajan con la crónica rosa que - para maquillar el pasado político de quienes abandonaron la nave franquista en pleno naufragio- oculta la violencia desplegada por la dictadura durante su agónico final. Por otra, contrastan con la interesada imagen de una clase trabajadora complacida con las migajas del “milagro económico”, receptora pasiva y agradecida de una democracia concedida graciosamente por el rey.

Ambos sobreentendidos nacen de la insistente tendencia a establecer el inicio de la transición en la fecha del 20 de noviembre de 1975. Así, al recalcar que la dictadura murió el mismo día que su titular, se pretende erigir una especie de “cordón sanitario cronológico” que separe a la monarquía juancarlista de sus orígenes franquistas y que identifique su imagen con la recuperación de las libertades. Por eso, se ha pasado por alto que durante los siete primeros meses que siguieron a la marcha del dictador, sus herederos - con el rey Juan Carlos al frente de la jefatura del Estado- poco avanzaron en el desmantelamiento del régimen. En verdad, el periodo transcurrido entre enero y julio de 1976 se caracterizó por el tibio aperturismo político, la intensa conflictividad social y la violencia policial. Más que impulsar una verdadera democratización, el primer gobierno de la monarquía se afanó por perpetuar el franquismo sin Franco, pero sus anhelos de supervivencia tropezaron con una desafiante presión social.

Poco después de que una gigantesca losa de granito sellase la tumba del Valle de los Caídos, una imponente ola de conflictos laborales recorrió el país de punta a punta. A lo largo de 1976 el número de horas laborales perdidas en España multiplicó la media de la CEE, donde la huelga no era un derecho fuertemente perseguido. Durante estos álgidos meses, la única respuesta del gobierno del monarca a la constante alteración de la “paz franquista” fue la represión dirigida por Fraga, provocando sucesos tan cruentos como los mencionados en Vitoria. No en vano este fue el año de mayor actividad del tan viejo como temido Tribunal de Orden Público (TOP), con más de 5.000 casos abiertos y casi 10.000 personas investigadas. Al mismo tiempo Amnistía Internacional reiniciaba su “campaña contra la tortura en España” y el pistolerismo ultraderechista campaba a sus anchas entre la tolerancia y el acicate oficial, como se puso de manifiesto con los tristes hechos de Montejurra.

Bajo tan esmerado despliegue coercitivo desde arriba, pocas fueron las opciones para la ruptura democrática, que además no obtuvo el apoyo social e internacional necesarios. Pero conviene recordar que, a pesar de la violencia empleada por el poder, la movilización popular forzó la caída del primer gobierno de la monarquía, desbarató su proyecto pseudo democrático y marcó la agenda política del nuevo ejecutivo de Adolfo Suárez. Al final, la democratización siguió la senda reformista patrocinada por quienes poseyeron los aparatos de control del Estado. No obstante, el caso español de los años setenta demuestra la estrecha relación entre la contestación social y el impulso de los cambios políticos. Un ejemplo que no deberíamos echar en el olvido.

Óscar Martín García es investigador en el Instituto de Historia CSIC





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