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Bolivia
¿Adonde va la Bolivia de Morales? Una revolución a debate.
22/07/2011 | Hevé Do Alto

Los conflictos sociales, que antes eran sinónimo de resistencia a las reformas neoliberales, apenas han cesado desde que Evo Morales llegó al poder en 2005. La tendencia es incluso más bien al alza, habiéndose alcanzado un nivel récord en 2010 ¡con 811 conflictos contabilizados! La cifra sorprende: ¿no se trataba de un gobierno popular, atento a las reivindicaciones de los movimientos sociales?

No olvidamos que el primer mandato de Morales (2006-2010) se caracterizó por una larga confrontación que enfrentó el gobierno con la oligarquía de Santa Cruz y la derecha en general, principalmente sobre el tema de la nueva Constitución: a las movilizaciones de la oposición, que intentaba bloquear la adopción de un texto que podía poner en cuestión sus privilegios, respondieron las marchas campesinas encargadas de asegurar la celebración en condiciones adecuadas de las sesiones de la Asamblea. Hoy sin embargo, se trata claramente de una franja del movimiento popular, cercana a Morales en el pasado, la que vuelve a ocupar la calle contra "su" presidente. Desde la promulgación del nuevo texto constitucional, el 7 de febrero de 2009, la cuestión social vuelve a salir a la superficie.

Como ilustración de los nuevos perfiles de la contestación social en Bolivia, un movimiento a favor de una subida de los salarios dio lugar, en abril, a una movilización significativa bajo la égida de la Central Obrera Boliviana (COB). Estas reivindicaciones no son sin embargo nuevas. Ya habían sido defendidas por sindicatos como los de educación y salud, pero eran relativamente marginales. Hasta hace poco estas organizaciones recorrían las calles de La Paz o de Cochabamba en defensa de los servicios públicos pero sin contar, a veces, con la aprobación de la mayoría de la dirección de la COB.

El eco positivo encontrado por el movimiento lanzado por la COB, el 6 de abril, para una subida de los salarios del 15%, muestra que la desconfianza de los sectores populares hacia esos sindicalistas, tachados de "radicales" en el pasado, ha desaparecido: la movilización ha sido nacional y numerosas organizaciones sociales como las federaciones indígenas (CONAMAQ, CIDOB) le han dado públicamente su apoyo.

El movimiento social dividido

Los sindicatos campesinos siguen siendo mayoritariamente partidarios del Movimiento hacia el Socialismo (MAS), el partido de Morales, pero hay confusión en el movimiento social. Las organizaciones populares habían parecido unidas a lo largo de todo el primer mandato de Morales (2006-2010), tanto para defender juntas la constitución como para hacer frente a la agresividad de una oposición dispuesta a entregarse a la política de lo peor, pero ahora algunas de ellas están en conflicto abierto., Los enseñantes que ejercen en el campo (maestros rurales), eran antes miembros del MAS, pero los que participaron en la huelga de la COB han sido objeto de una represión organizada por los sindicalistas campesinos partidarios del gobierno: el 16 del pasado abril, en Cochabamba, la federación local daba la orden a sus afiliados de excluir a los profesores huelguistas de su comunidad en un plazo de 48 horas.

Los sectores populares favorables al MAS no han hecho sino tomar el relevo de la criminalización de la protesta social iniciada desde las más altas instancias del estado: ya a mediados de febrero, el vicepresidente Álvaro García acusaba a los dirigentes trotskistas de los sindicatos de la educación y de la salud de constituir "la vanguardia política de la derecha (…), la extrema derecha camuflada". El 8 de mayo pasado, el presidente Morales, a su vez, juzgaba que la COB era "un instrumento del neoliberalismo" debido a sus reivindicaciones "irracionales".

Un desarrollo económico condicionado

Estos ataques contra el reciente movimiento ignoran sin embargo que, si éste ha gozado de una inhabitual popularidad, es porque la población boliviana ha hecho frente a una inflación récord del 11% bajo la era Morales –y del 18,5% si solo se tienen en cuenta los productos de primera necesidad. Esta inflación galopante tiene sus orígenes en el anuncio hecho por el gobierno de acabar, vía un decreto conocido como el gasolinazo, con la subvención al diesel actualmente en vigor. Bajo la presión de la calle, la medida fue finalmente retirada el 31 de diciembre, pero el sector agro-industrial se ha aprovechado de ella para especular con los precios de los alimentos. Morales, inicialmente contrario a toda compensación para los salarios, ha accedido finalmente, el 18 de abril, a una "pequeña subida" del 11% al término de una agria negociación con la COB.

Se puede apostar que este movimiento no se quedará sin futuro pues, más allá de las condiciones de vida cada vez más difíciles, la política energética del gobierno es claramente el objetivo del fuego graneado, tanto de las organizaciones sociales como de los expertos que critican la nacionalización de los hidrocarburos emprendida por el gobierno desde el 1 de mayo de 2006. En efecto, aunque el gasolinazo fue presentado como una medida necesaria para regular el mercado negro, este decreto tenía sobre todo por objetivo apenas disimulado estimular de nuevo el sector de los hidrocarburos, precisamente cuando las multinacionales eran sospechosas de haber abandonado toda prospección y provocado de hecho una revisión a la baja de las reservas de gas estimadas en el país. Visto desde este ángulo, el fin de la subvención del diesel constituía un verdadero llamamiento a estas firmas, ofreciéndoles un marco de nuevo favorable a la inversión, después de una nacionalización moderada que se resumió en lo esencial en una renegociación de los contratos que las ligaban al estado, ilustrada por la fórmula "Queremos socios, no patrones", muy querida por Morales.

Si la medida estrella del primer mandato del exdirigente sindical permitió llenar las cajas del estado tras veinte años de neoliberalismo sin freno, y financiar con ello una serie de políticas sociales de impacto inmediato, el sector sigue en gran medida bajo el control de las compañías extranjeras, que han constituido un freno a todo avance serio para la industrialización del gas y no han dejado de actuar, en la práctica, casi como "patronos" en Bolivia.

Brasil es un símbolo de esta política. Su empresa nacional Petrobras se convirtió en la primera operadora del sector de los hidrocarburos en Bolivia en los años 1990 (el 63% de las reservas bolivianas se encuentran bajo su control actualmente) y ha obtenido del gobierno Morales que sea mantenida la exportación de gas boliviano "a precio solidario" y con un volumen fijo y garantizado por contrato desde 1996. Como consecuencia Bolivia continúa alimentando al vecino brasileño (por ejemplo, el 80% de las necesidades del estado de Sao Paolo, el corazón de la industria brasileña) por un precio sistemáticamente por debajo de las medias del mercado mundial (de menos de un dólar en 1992 a 4,3 dólares el millón de metros cúbicos actualmente). Cruel ironía ver a Bolivia, donde las conexiones domiciliarias no existen y donde las bombonas de gas faltan de vez en cuando, "solidarizarse" con el desarrollo de Brasil…

La consecuencia práctica de esta situación es que, lejos de toda perspectiva de industrialización, el gobierno ha concentrado lo esencial de sus esfuerzos hacia el respeto de los compromisos tomados por sus predecesores, perpetuando así una política económica fundada en la exportación de los recursos naturales, nefasta tanto para el desarrollo como para el respeto del medio ambiente. Lo que da motivos para preguntarse sobre la posibilidad de llevar a cabo una política "desarrollista" siguiendo las reglas de un juego en gran medida definido por grupos capitalistas y países vecinos que actúan en la región como "subimperialismos".

¿Una oportunidad para la emergencia de una izquierda crítica?

La reivindicación de una "verdadera nacionalización" de los hidrocarburos podría hoy constituir una bandera política alrededor de la cual estructurar una izquierda portadora de una crítica anticapitalista; una izquierda que, a la vez que haga bloque con el gobierno cuando éste ataque a los privilegios de las élites económicas, sea igualmente capaz de proponer una vía alternativa tanto frente a las renuncias del ejecutivo, como frente a la burocratización rápida de la nueva élite política que ha acompañado a Morales al poder.

Una tal perspectiva no tiene sin embargo nada de evidente. La "vieja izquierda", dividida entre el oportunismo de las corrientes comunistas y el sectarismo de las organizaciones trotskistas, no parece haber acabado la travesía del desierto emprendida en los años 1980. A pesar de su visibilidad mediática, la COB es, en parte, paradójicamente prisionera de su propio cuerpo militante, esencialmente compuesto de asalariados, cuyas preocupaciones siguen siendo distintas de las categorías mayoritarias en el seno de la población, como los trabajadores de la economía informal, los campesinos y los indígenas.

En este contexto los abandonos en el seno del MAS, que se multiplican tanto entre los intelectuales como entre ciertos dirigentes, no contribuyen a la emergencia de una izquierda anticapitalista. La tarea de los militantes de izquierdas en Bolivia se parece a un peligroso ejercicio de equilibrista: sin desesperar de que la movilización actual pueda constituir el punto de partida de una renovación de la izquierda debe, en primer lugar, imponer a Morales y al proceso actual un indispensable "golpe de timón" hacia la izquierda.

5/07/2011


Traducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR.





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