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Bolivia
Debates tras la crisis del “gasolinazo”
04/01/2011 | Raúl Prada, Pablo Stefanoni. Guillermo Almeyra

Perspectivas del proceso boliviano
Pablo Stefanoni

Dicen que las crisis son oportunidades y aunque la frase es bastante
trillada no deja de tener una buena dosis de verdad. Por eso, una visión
optimista del frustrado gasolinazo podría llevarnos a pensar que es
posible discutir, finalmente, el modelo económico que queremos que
acompañe el proceso de cambio político y social. Hasta ahora, han
convivido varias visiones, que casi no han discutido ni dialogado entre
sí; más bien han tratado de imponerse de facto, generando un no
despreciable enredo ideológico, especialmente respecto al modelo de
desarrollo y el horizonte económico.
Una visión –la hegemónica– propone un Estado fuerte acompañado de
políticas macroeconómicas “prudentes”, incluyendo el control de la
inflación mediante la apreciación del boliviano respecto al dólar. Esas
políticas, sin bien garantizaron la estabilidad fueron insuficientes
para avanzar en un modelo productivo más consistente. Una especie de
capitalismo de Estado que no se anima a serlo por completo. Y, como se
vio ahora, incluye ajustes que no son socialmente sostenibles y son
económicamente discutibles. La línea del capitalismo de Estado más audaz
parece haber quedado excluida con la salida de Andrés Soliz Rada del
Gabinete (y sus críticas no suelen ser respondidas desde el gobierno).
Una línea más retórica/catártica que efectiva se expresa en otros
espacios (cumbres y contracumbres del clima, reuniones de movimientos
sociales, seminarios de la vicepresidencia, cursos de formación, etc.):
propone un horizonte utópico poscapitalista y comunitario, apoyándose en
el pluralismo que sanciona la nueva Constitución y las supuestas
cosmovisiones de los pueblos y naciones indígenas. Incluso algunos
funcionarios son desarrollistas, "pachamámicos" y "prudentes" al mismo
tiempo. Así, mientras somos ultrarradicales en Cancún, la ministra
Antonia Rodríguez admite estar negociando la legalización de los
transgénicos y las minas y chaqueos hacen estragos ambientales.
La incidencia culturalista en las políticas públicas tiende a cero, pero
tiene un efecto nocivo: al incidir en la formación de cuadros lleva las
discusiones a un terreno estéril y deja la economía en manos de los
técnicos. Como varios de sus exponentes (como Raúl Prada) niegan
cualquier autonomía de la economía, ello conduce a discutir “grandes
cuestiones” filosófico políticas, y no cuestiones tan prosaicas como la
inflación, la producción petrolera, la baja productividad agraria en
occidente, la pobreza y la igualdad social. Otros compañeros son hoy
entusiastas de la "filosofía de la vida" que daría respuestas a todas
las preguntas. Así, se pierde la perspectiva de que cualquiera de estos
problemas tiene respuestas progresistas y ajustadoras, y que a menudo
economía y sentido común no van de la mano.
Los neoliberales lograron imponer la idea de que las economías son como
las casas (se gasta lo que se tiene) pero ya Keynes mostró que las cosas
son más complicadas. Lo mínimo que deberíamos hacer es un balance de
los países periféricos que lograron dar el salto industrial para sacar
lecciones de lo que podríamos hacer y lo que deberíamos evitar. En
segundo lugar discutir honestamente si queremos un modelo no
desarrollista (con las consecuencias sobre el consumo que ello
implicaría) o un nuevo desarrollismo con conciencia ecológica. Esta
segunda posición se expresa -sin mucha problematización- en las
declaraciones del viceministro Wilfredo Chávez: “Hay que hacer obras
para que el país progrese, pero también hay que cuidar a la Madre
Tierra, lo ideal es el equilibrio”. Una posición muy sensata pero que
–sin ninguna duda- no tiene nada de particularmente revolucionario en
términos de concepción del desarrollo o la naturaleza. ¿Cómo vamos a
lograr la soberanía alimentaria y energética? En ambos casos, estamos en
problemas. ¿Es posible construir un modelo de desarrollo económico que
no sea sólo “capitalista atenuado” sino basado en una progresiva
desmercantilización de la vida?
La crisis del gasolinazo dejó en evidencia que las bases de este proceso
están lejos de la visión idealizada del bloque comunitarista: entre
otros, sectores populares informales, microempresarios que no cumplen
con los derechos laborales, contrabandistas, cocaleros que derivan parte
de su producción al narcotráfico (Evo mismo lo reconoció)… y es con
esos “sujetos” que vamos a cambiar Bolivia. Supongo que no caeremos en
la “decepción” que el Partido Comunista alemán dijo sentir por su pueblo
cuando la rebelión de 1953. A lo que Bertolt Brecht respondió que el
Partido cambie de pueblo.

http://www.paginasiete.bo/

La confusión diletante
Raúl Prada Alcoreza

La pregunta con la que deberíamos comenzar es quién perdió con la crisis del “gasolinazo” y la consecuente resistencia popular al decreto 748, terminando con su conclusión, la abrogación del decreto. Lo que queda claro, por lo menos para las organizaciones sociales intervinientes en la movilización contra el decreto, es que lo que ha sido derrotado es precisamente el realismo político, el pragmatismo, la tendencia al capitalismo de Estado, ahora descubierto en su hibridación y mezcla con la herencia de procedimientos y razonamientos del periodo neoliberal. ¿Quién ha ganado? Otra vez el pueblo, la asonada popular, la movilización social, que ganó las calles para rechazar que el peso del problema de la subvención y de la necesidad de incrementar las reservas y la producción de gasolina, diesel y productos energéticos fósiles, recaiga sobre la magra economía y los cuerpos de los más pobres. Ha ganado la movilización que reclama la consulta al pueblo, por lo tanto la participación social en las decisiones políticas, sobre todo en las estratégicas y en las que afectan a la magra economía popular. Este balance puede ser entendido por todos los que se han visto afectados por la medida; sin embargo, parece que hay por ahí desentendidos o, en su caso, despistados, que no quieren comprender lo que ha pasado. En algunos, se puede entender, pues han sido los arquitectos de la medida, pero en otros, es más difícil, pues quieren aprovechar semejante ocasión evidente de crisis política para llevar agua a su molino. Este molino es como el molino de Van Gogh; el refrán dice el molino ya no está pero el viento sigue todavía.

Pablo Stefanoni no termina de entender que su delirante mapa de discusión en Bolivia no es real, es sólo una ficción, una hipótesis indemostrable de un investigador desubicado. No hay debate entre pachamámicos y modérnicos, entre culturalistas y realistas. No hay tal cosa, salvo en la cabeza diletante del responsable de la diatriba. El debate de fondo es sobre la aplicación de la Constitución Política del Estado, que exige la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Hay quienes creen, desde la perspectiva del realismo político, que debemos mantenernos en las fronteras del Estado-nación, haciendo algunas concesiones pluralistas, y hay otros que creemos que la descolonización, que es el eje transversal interpretativo fundamental de la Constitución, requiere acabar con el Estado-nación, por ser herencia colonial, en su forma liberal y moderna, para fundar el Estado plurinacional. A su vez esto requiere de transformaciones institucionales, políticas, económicas, sociales y culturales. Construir los tres modelos constitucionales, el modelo de Estado, plurinacional; el modelo territorial, pluralismo autonómico; y el modelo económico, economía plural encaminada hacia la economía social y comunitaria.

La pregunta es entonces: ¿por qué se desconoce esta discusión? Este debate, este dilema del proceso de transformaciones y de cambios. La primera respuesta que tengo es que no se asume el desafío de la Constitución, se lo elude, se opta ir por las ramas, inventándose discusiones ficticias y delirantes. La segunda respuesta que tengo, es que no se es honesto, pues no se ventila claramente la posición que se tiene, se oculta la defensa de una posición discutida e identificada por las organizaciones y movimientos sociales, esta posición es la opción por el burocratismo, el elitismo de las decisiones, el monopolio grupal de la gestión política, en la perspectiva de la retoma del proyecto del capitalismo de Estado, del nacionalismo, desconociendo las tareas de descolonización y la emergencia proliferante de la condición plurinacional, de la condición comunitaria y de la condición autonómica del Estado. Se esconde entonces esta actitud contraria a la perspectiva abierta por los movimientos sociales y por el proceso constituyente, se oculta una posición contraria al proceso descolonizador, en definitiva, contra-revolucionaria.

Otra pregunta que tengo es: ¿Para quién trabaja el diablo en este caso? Para quién se opera. No creo que sea gratuita la diatriba. Se busca ostensiblemente deformar esquemáticamente estigmatizando las posiciones que se critica, sin tomar en cuenta para nada las argumentaciones vertidas, las expresiones expuestas, los escritos difundidos. Se los ignora y se persigue como hacer contra-información, propaganda oficial por posiciones consideradas dominantes, llamadas incorrectamente hegemónicas. No, no estamos en un debate honesto, correcto, académico, político, estamos ante una manipulación artera de la contradicción política real. Para comenzar la discusión se debe ventilar claramente la posición que se tiene, se debe responder a las siguientes preguntas: ¿Estamos por la aplicación de la Constitución? ¿Creemos posible la fundación del estado plurinacional comunitario y autonómico? ¿Consideramos viable la democracia participativa, el ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria? Apoyamos la participación social y el control social tal como está en la Constitución?

Raúl Prada, intelectual del grupo Comuna, ex viceministro.

Razones, intenciones y métodos

Guillermo Almeyra

El
precio de la gasolina, el gasoil y el gas para los vehículos es en Bolivia casi
un tercio menor que en los países vecinos. Por supuesto, ya que siempre ha
existido en Bolivia el contrabando hormiga, el combustible boliviano pasaba
ilegalmente a Chile, Perú y Brasil, a expensas de las finanzas estatales. El
gobierno de La Paz decidió entonces acabar con ese contrabando poniendo los
precios de los combustibles al nivel de los países vecinos. El precio será el
mejor aduanero, declaró el vicepresidente Álvaro García Linera, en una
brevísima conferencia de prensa en la que anunció aumentos que van de 73 a 83
por ciento, nada menos que en vísperas del fin de año y cuando Evo Morales
estaba en Venezuela en misión solidaria con los afectados por las inundaciones.

La motivación de esta medida económica es justa ya que el contrabando lleva a
bolsillos privados fondos que podrían servir al Estado para el desarrollo o el
combate a la pobreza. Pero no basta con tener razón: es necesario también tener
en cuenta la necesidad política de aislar a quienes hasta ahora se beneficiaban
con el contrabando y de compensar a los que pagarán el aumento bajo la forma de
nuevas tarifas de transporte, de aumentos en los fletes que repercutirán
inevitablemente sobre los precios de los productos de primera necesidad o sobre
los insumos para la producción de campesinos y artesanos. Poner los precios al
nivel de los países vecinos sin colocar previamente los salarios en la misma
condición equivale, en cualquier país, a rebajar los ingresos y provocar una
fuerte protesta social.

Pues eso es lo que sucedió. De inmediato, el transporte público se paralizó y
diversos sindicatos cuyas direcciones critican al gobierno por la izquierda o
por la ultraizquierda apoyaron la huelga de los transportistas y lanzaron una
campaña por aumentos de salarios. La torpeza con que fue preparada y anunciada
la drástica medida de aumentos en los combustibles, sin una campaña previa de
explicación sobre su necesidad y sin acompañarla con medidas compensatorias,
agravó la relación del gobierno con vastos sectores urbanos o semiurbanos, que
ya había aparecido en las recientes elecciones en las que el partido
gubernamental, el MAS, a pesar de su triunfo, casi pierde en El Alto y fue
derrotado en La Paz y en bastiones como Achacachi. Ahora bien, esa burguesía
pequeña, indígena o mestiza, y las clases medias pobres son, precisamente, el
sujeto político con el cual el vicepresidente ve la constitución de un bloque
social con eje en los campesinos indígenas para construir un tipo de
capitalismo popular.

Evo Morales volvió de inmediato a Bolivia. Dio subsidios a los productores de
trigo y otros cereales para compensar el aumento de los insumos y de los
fletes, concedió un aumento general de salarios de 20 por ciento, declaró que
si él fuese sindicalista y no presidente habría reaccionado como lo hicieron
los transportistas y la Central Obrera Boliviana (desautorizando así de paso
las acusaciones a los huelguistas de tener motivaciones políticas
reaccionarias). Pero el daño ya está hecho. El autoritarismo, el decisionismo
verticalista y burocrático que se reflejaron en la forma en que se trató de
imponer este aumento de los combustibles, asestaron un duro golpe al prestigio
del gobierno en las ciudades y podrían dar nuevo aliento a una oposición que
vivía en abierta crisis.

Es cierto que los indígenas y campesinos no tienen auto, pero pagan el
transporte de lo que venden y consumen. Y sobre todo esperan que se les
consulte, se les escuche, se les tenga en cuenta.

La inoportunidad de la medida –con Evo dando ayuda a Venezuela mientras se
rebajaban los ingresos de los bolivianos–, la brutalidad de la misma, la
despreocupación por cómo la vería la gente común, son indicios preocupantes
porque demuestran que los dirigentes más importantes del gobierno no son
enteramente capaces de leer la crítica implícita en los resultados de las
elecciones pasadas o las explícitas de muchos que, apoyando fuertemente el
proceso de cambio, buscan corregir errores en el mismo o previenen sobe lo que
consideran que podría ser peligroso. El mal ejemplo decisionista de Cuba, que
presenta a la población decisiones ya adoptadas sin discusión alguna, o el
verticalismo venezolano son particularmente dañinos en Bolivia, que tiene una
sociedad mucho más plural, regionalismos, tradiciones muy vivas de rechazo
popular de las medidas estatales, la mayor politización del continente y, no
por casualidad, las expresiones más avanzadas de la cultura política insurgente
de América Latina, con las tesis de Pulacayo que cimentaron el pacto
minero-estudiantil; con los aportes de René Zavaleta Mercado sobre las
experiencias bolivianas de doble poder, y con los actuales del grupo Comuna,
del cual forma parte destacada el propio vicepresidente García Linera.

El gobierno no es el Estado, pues éste está construido en Bolivia sobre la base
de los movimientos sociales y de la participación indígena y campesina
organizada. El prestigio de Evo Morales no es transferible a otros ni permite
hacer cualquier cosa, en primer lugar, porque fue conquistado en años muy
decisivos, pero recientes, en disputa con otros líderes de la Confederación
Campesina y, en el campo indígena, con el regionalismo aymara excluyente de
Felipe Quispe, y debe ser reconquistado día a día dadas las diferencias que
existen en el sector popular, donde el gobierno enfrenta ahora la oposición de
sectores de izquierda que antes eran sus aliados, como el Movimiento Sin Miedo
que controla la alcaldía de La Paz. La visión tecnocrática del Ministerio de
Hacienda, preocupado por hacer cuadrar las cuentas sin fijarse en todo lo demás
y la visión industrialista-desarrollista, que refuerza el papel de los técnicos
y del decisionismo gubernamental, están detrás de este traspié político. Evo lo
podrá superar, pero tendrá que tener en cuenta la advertencia de sus bases de
apoyo.

http://www.jornada.unam.mx/2011/01/02/index.php?section=opinion&article=015a1pol





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