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Tribuna viento sur
Pensiones y reformas laborales: inconsistencias en el acuerdo PSOE-UP
23/11/2019 | Mikel de la Fuente

Este artículo comenta las referencias al empleo y las pensiones contenidas en el preacuerdo suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un “gobierno progresista de coalición”, teniendo en cuenta no solo las referencias a estos temas sino también la práctica pasada y presente del PSOE. Llama la atención que ambos partidos basen las consultas a sus militantes en un acuerdo de tan escasa concreción y ambigüedad y que, previsiblemente, va a permitir al PSOE imponer sus puntos de vistas en las cuestiones clave.

Las propuestas sobre el empleo

En el apartado 1 del preacuerdo se asocia la creación del empleo con la consolidación del crecimiento, lo que además de ser contradictorio con la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica justa, del apartado 3, no prevé que la creación de empleo también se debe realizar en situaciones de recesión y de decrecimiento productivo. ¿Cómo? Mediante la reducción del tiempo de trabajo y la garantía del empleo, para lo que el Estado debe convertirse en empleador en último término y garantizar un empleo decente a quienes lo pidan mediante la creación de empleo en el sector público, como explica Michel Husson. También se fija el objetivo de combatir la precariedad y garantizar el empleo digno, estable y de calidad, pero sin relacionarlo con ninguna medida sobre las últimas reformas laborales.

Estas últimas, tanto la del PSOE de 2010 (Ley 35/2010, de 17 de septiembre) como la del PP de 2012 (Ley 3/2012, de 6 de julio), al debilitar la posición de lxs trabajadorxs, priorizar los convenios de empresa en relación con los sectoriales, reducir las indemnizaciones de despido y aumentar las facultades empresariales en la organización del trabajo, han contribuido a una importante reducción de los salarios, que se sigue dando a pesar de la recuperación económica. El aumento del salario mínimo, aunque merezca una valoración positiva, no basta para contrarrestar la caída salarial, más aún si el aumento del año 2019 no se prolonga con otros nuevos similares.

En esta materia, la posición del PSOE no permite el optimismo, ya que para el combate contra la precariedad no solo no proponen la derogación de su reforma de 2010, que inició la vía flexibilizadora pro-patronal, sino que durante el tiempo que han ejercido el gobierno han incumplido su compromiso de derogar la del PP. Se han limitado a anunciar -sin cumplir- la anulación de los elementos más regresivos de la misma y a prometer un nuevo Estatuto de los Trabajadores, del que no han concretado que derechos introduciría. La nula voluntad del PSOE de mejorar sustancialmente la regulación laboral se muestra, una vez más, con las declaraciones más recientes de la Ministra de Economía, Nadia Calviño, negando que la indemnización por despido de 20 días por año sea “particularmente baja” en relación con el entorno; afirmación que es claramente falsa por cuanto que los 20 días se aplican sobre salarios inferiores a la media de la mayoría de los Estados de la Unión Europea y, en muchos casos, sobre duraciones muy reducidas por la temporalidad y escasa duración de los contratos.

Las propuestas sobre pensiones

En el apartado 2 del acuerdo citado se incluye el “Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida”. La inclusión del objetivo de la sostenibilidad se presta a legítimas sospechas, debido a que es un término que se viene utilizando de forma señalada en los informes sobre pensiones de la Comisión Europea para alcanzar el equilibrio financiero entre ingresos y gastos, no mediante el incremento de los ingresos, sino mediante la reducción de los gastos a través de recortes en la cuantía y acceso a las pensiones. Uno de los elementos a los que asigna la tarea de reducir las pensiones, en este caso las pensiones iniciales de jubilación, incorpora en su nombre la palabreja: es el llamado Factor de Sostenibilidad, que tiene la función de rebajar la cuantía de las pensiones iniciales a medida que aumente la esperanza de vida media.

Las movilizaciones sostenidas de las personas pensionistas, especialmente en Euskale Herria, están dando lugar a que entre algunas fundacionesneoliberales (p. ej. Fedea) estén reorientando sus propuestas de reducción de las pensiones públicas de reparto y abrir el espacio a las privadas de capitalización, pasando a aceptar, a regañadientes, la revalorización conforme al IPC, al menos para una parte de las pensiones. Además, piensan que siempre será posible suspenderla cuando “haga falta”.

La nueva orientación insiste más bien en el recorte de las pensiones iniciales, tarea que ya está en marcha con las reformas aprobadas -como veremos a continuación-, pero que debiera profundizarse con nuevas medidas, entre ellas un factor de sostenibilidad (sea el que está en suspenso o uno nuevo), que pudiera basarse no en la esperanza de vida sino en el crecimiento económico (como, por ejemplo, en Suecia, que reduce las pensiones cuando el crecimiento del PIB sea inferior al 1,6%).

El PSOE sintoniza con esa orientación, como se mostró en el discurso de investidura de julio del 2019, cuando Pedro Sánchez se pronunció a favor, no de la derogación del factor de sostenibilidad, sino de su “reformulación” en el marco del Pacto de Toledo. Otra variante es la del Banco de España cuando propone que el aumento de la esperanza media de vida vaya acompañada de un aumento de la edad de jubilación, enlazando con propuestas de organizaciones patronales de aumentarla a los 70 o incluso 75 años (CEOE y Círculo de Empresarios, respectivamente).

El PSOE ha reiterado en las últimas campañas electorales su compromiso de derogar la reforma de las pensiones del PP de 2013 (Ley 23/2013, de 23 de diciembre), que incluye la revalorización del 0,25% y el Factor de Sostenibilidad, pero no ha dicho nada sobre la reforma de 2011 (ley 27/2011, de 1 de agosto), bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, que además de aumentar la edad de jubilación, programó una reducción sostenida de las pensiones iniciales mediante fórmulas tales como, entre otras muchas, el aumento del período de cálculo y del período de cotización necesario para alcanzar una tasa del 100%. El objetivo de “garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres”, a través de la lucha por “…la igualdad retributiva…”, no incluye la superación de la brecha de pensiones que se concreta en que las pensiones de las mujeres son inferiores a las de los hombres en más de un 35%, brecha mucho más elevada que la salarial. A esa brecha han contribuido, además de los menores salarios y carreras profesionales con más interrupciones, varias de las medidas de la reforma de 2011. Su erradicación exige medidas que he analizado aquí.

En uno de los colectivos que sufre más intensamente la discriminación laboral y de protección social, las trabajadoras de hogar, el gobierno del PSOE ha mantenido una legislación que contribuye, además de otros derechos restringidos en muchas materias laborales y de protección social, a mantener pensiones de miseria. Por si fuera poco, la práctica administrativa de la Tesorería de la Seguridad Social, dependiente del gobierno, ha reforzado más esa política a través de una práctica ilegal de mantener cotizaciones por debajo del nuevo salario mínimo, tal como ha explicado con detalle Isabel Otxoa.

El aumento del gasto en pensiones de estos últimos años se debe al aumento del número de pensionistas y a la mayor cuantía de las pensiones nuevas en relación con las que causan baja por fallecimiento. Sin embargo, desde el año 2015 la cuantía de las pensiones nuevas de jubilación e incapacidad permanente está siendo inferior a la de los años anteriores, rompiendo así una trayectoria ininterrumpida de aumento anual de las pensiones medias. Las causas de ello se deben a los bajos salarios y los recortes provenientes de la reforma del 2011, cuyos efectos son más intensos con el paso del tiempo y que el PSOE quiere mantener, posición facilitada por haber sido firmada por Comisiones Obreras y UGT.

En el preacuerdo no se hace ninguna referencia al aumento de los recursos necesarios para hacer frente al aumento del gasto derivado del acceso a la pensión en los próximos años de las generaciones más numerosas del baby-boom y de las mejoras reclamadas por el movimiento de pensionistas en materia de aumento de las pensiones mínimas y otras. Un acto de justicia sería devolver al sistema de pensiones los excesos de las cotizaciones sociales sobre el gasto de la seguridad social entre 1980 y 1995 y que se destinaron a financiar servicios públicos universales, como la sanidad, que debieran haber ido a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Un estudio de Comisiones Obreras de 2018 estimó el importe actualizado de esas diferencias en 516.104 millones de euros, que deberían ser reintegrados a la caja de la seguridad social, que de ese modo podría hacer frente al aumento del gasto. Ello exigiría dedicar a ese reembolso recursos anuales en los Presupuestos Generales del Estado, lo que choca con el preacuerdo cuando asume el “equilibrio presupuestario” impuesto por la Unión Europea. En las declaraciones de Pedro Sánchez se fija ese límite para tranquilizar a los poderes económicos, sin por supuesto cuestionar la prioridad al pago de la deuda pública que dispone el art. 135 de la Constitución. Se deja en la absoluta ambigüedad el alcance que va a tener la “reforma fiscal justa y progresiva”, para disponer de los recursos necesarios para ese objetivo de mejora y garantía de las pensiones y otros elementos de la política contra la pobreza y la desigualdad. De momento, los antecedentes en esta materia son también negativos, como por ejemplo el incumplimiento del prometido impuesto a la banca para compensar los 65 mil millones del rescate bancario.

Así pues, del contenido del preacuerdo se desprende la muy escasa capacidad que puede tener la gestión gubernamental para cambiar la dura realidad en la que vive una parte creciente de la población trabajadora y pensionista; y muestra la inanidad de las declaraciones de Pablo Iglesias cuando en su carta a los militantes para explicar el acuerdo con el PSOE dice que “el objetivo con el que nacimos [fue]: mejorar la vida de la gente desde el Gobierno de nuestro país”, recordando el esfuerzo de los militantes, no en las movilizaciones sino en “defender a Podemos”. Y también cuando en varias entrevistas ha insistido sobre los grandes cambios que se pueden realizar desde los gobiernos para la mayoría y lo poco que puede hacer el movimiento social.

Los precedentes internacionales niegan esas afirmaciones. Ahí está el ejemplo de las enormes movilizaciones en Chile que han arrancado el compromiso de anulación de la Constitución pinochetista, que como señaló la CUT (principal organización sindical) antes de las elecciones presidenciales de 2010, con la priorización de la propiedad privada en relación con otros derechos sociales, impide el traspaso hacia el Estado de los fondos de las pensiones privadas. Esta exigencia de republificación de las pensiones privadas ha sido una de las reivindicaciones de las actuales movilizaciones. En el Estado español, el movimiento pensionista, que con sus movilizaciones tenaces y sostenidas ha logrado dejar en suspenso las medidas de la reforma del 2013 y que no cesa en la exigencia de medidas no solo para lxs actuales pensionistas sino para las y los trabajadores y futuros pensionistas, es una muestra de la capacidad de los movimientos sociales que se dan los medios para ello para lograr conquistas, aunque ya se sabe que en el capitalismo neoliberal las conquistas, para no ser eliminadas, deben ser defendidas y ampliadas de forma permanente. Como se corea en las manifestaciones, “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”. Añadiría que no solo las pensiones sino todos los derechos sociales y democráticos.

23/11/2019

Mikel de la Fuente, forma parte de la redacción de viento sur







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