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Líbano
El pueblo quiere la caída del régimen
31/10/2019 | Joseph Daher

[Publicamos este artículo, escrito antes de conocer la noticia de que, tras trece días de manifestaciones, el primer ministro Saad Hariri ha presentado su dimisión al presidente Michel Aoun el 29 de octubre, aunque permanecerá en el poder hasta que se nombre uno nuevo en un proceso, con múltiples negociaciones en una situación política incierta, que puede durar meses. Ahora bien, las raíces de la protesta son profundas y una muestra de ello es que las reformas anunciadas por el ahora dimitido Hariri no calmaron la furia popular. Queda por ver la decisión que adopte el presidente libanés: si nombrar un nuevo primer ministro o convocar elecciones anticipadas como se exige por el movimiento. Un movimiento que el domingo pasado logró toda una gesta: conectar el norte con el sur del país mediante una cadena humana de 170 km.].

Líbano conoce desde hace una semana uno de los mayores movimientos de contestación popular de los últimos decenios. El objetivo es claro: un sistema político y económico que empobrece a la mayoría y enriquece a una pequeña minoría.

Líbano está sacudido por un movimiento masivo de protesta popular, más importante que cualquier otro que el país haya conocido en decenios. Las manifestaciones han estallado tras el anuncio del gobierno de nuevos impuestos, en particular sobre las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. En un contexto político de austeridad y de una crisis socioeconómica cada vez más grave, las y los trabajadores y más en general las clases populares se han manifestado para afirmar su hartazgo ante esta situación.

Contra la injusticia social y el confesionalismo

Las y los manifestantes se han movilizado en las calles por todo el país para denunciar los fundamentos mismos del sistema político y económico. A sus ojos, todos los partidos confesionales de la clase dirigente son responsables del deterioro de sus condiciones socioeconómicas.

A finales del primer decenio de los años 2000 la economía política de Líbano estaba marcada por los resultados muy polarizados de las reformas neoliberales. En 2008 se estimaba que el 28% de la población vivía en la pobreza con 4 dólares, incluso menos, al día. Las rentas de los hogares más pobres se habían estancado o bajado entre un 25% y un 30% entre 2010 y 2016. El nivel del paro era igualmente elevado, pues solo un tercio de la población en edad de trabajar disponía de un empleo. Entre las personas de menos de 35 años el paro superaba el 35%. Entre el 40% y el 50% de las y los residentes libaneses no tenían acceso al fondo de la Seguridad Social nacional o a cualquier otra ayuda social pública. Las y los trabajadores temporales extranjeros, cuyo número estaba estimado en un millón, no tenían ninguna protección social. Según un estudio de la Administración Central de la Estadística, la mitad de las y los jornaleros y más de una tercera parte de las y los agricultores del país vivían bajo el umbral de la pobreza.

Las desigualdades seguían siendo considerables: en 2004 y 2005, el 20% más rico había recibido el 43,55% de la renta nacional mientras que el 20% más pobre solo había recibido el 7,07%. Entre 2005 y 2014 el 10% más rico había percibido, como media, el 56% de la renta nacional generada durante ese período. El 1 % más acomodado, es decir, un poco más de 37.000 personas, había captado el 23% de las rentas, mientras que el 50% más pobre, es decir más de un millón y medio de personas, se repartía la mitad de las rentas del 1% más rico.

Esta situación política y económica de Líbano ha desencadenado numerosas manifestaciones estos últimos años: a comienzos de 2011, al comienzo de los procesos revolucionarios en la región, el movimiento por el derrocamiento del sistema confesional; entre 2011 y 2014 numerosas manifestaciones y huelgas debido a las condiciones de trabajo, salarios y otros elementos en relación con la situación de las y los asalariados; y en el verano de 2015, el movimiento popular ¡Apestáis!, que comenzó en el marco de una crisis de la gestión de los residuos urbanos para poner en cuestión el sistema confesional y burgués en su conjunto.

Pero la amplitud y la profundidad de las manifestaciones populares actuales superan de lejos las precedentes. Las manifestaciones han estallado no solo en la capital, Beirut, sino en todo el país: Trípoli, Nabatiyeh, Tiro, Baalbeck, Zouk, Saida y otras. El domingo 20 de octubre, alrededor de 1,2 millones de personas se han concentrado en Beirut, y un poco más de 2 millones de personas se han manifestado por todo el país, en un país de 6 millones de habitantes.

Un movimiento anclado en las clases populares

La composición social del movimiento le distingue igualmente de los movimientos de protesta precedentes: está mucho más anclado en el seno de la clase asalariada y popular que las manifestaciones de 2011 y 2015, en las que las clases medias tenían un papel más importante. Como escribía la militante y universitaria libanesa Rima Majed: “Las movilizaciones de estos últimos días han mostrado la emergencia de una nueva alianza de clase basada en las y los parados, subempleados, las clases populares y las clases medias contra la oligarquía en el poder. Es un gran avance”.

Las enormes manifestaciones organizadas en la ciudad de Trípoli, en el norte del país, y en sus alrededores, dan cuenta de esta realidad. Las familias del Norte tienen cuatro veces más posibilidades de ser pobres que las de Beirut. El Norte, que tiene el 20,7% de la población libanesa, concentra el 46% de la población en situación de extrema pobreza y el 38% de la población pobre. La atención sanitaria es inferior a la media nacional, mientras las tasas de abandono escolar, el paro y el analfabetismo femenino son de las más elevadas del país. Desde los años 1990 no ha habido ningún proyecto de desarrollo a gran escala.

Sin embargo, las manifestaciones de Trípoli han sido calificadas como carnaval de la revolución, con una atmósfera de fiesta y DJs en la plaza principal de la ciudad ante decenas de miles de manifestantes. El jueves 24 de octubre, representantes de sindicatos profesionales médicos, ingenieros y abogados, han publicado una declaración común en la que han declarado apoyar el movimiento de protesta popular de la ciudad.

Otro aspecto importante del movimiento popular es su carácter no confesional. Los llamamientos y los mensajes de solidaridad entre las regiones y entre las diferentes confesiones religiosas se han multiplicado desde el comienzo de las manifestaciones, por ejemplo entre los barrios de Bab al-Tabbaneh en Trípoli (mayoría alauita) y Jabal Mohsen (mayoría sunita), donde los conflictos armados han sido numerosos estos últimos años; y entre Trípoli, de mayoría de población sunita, y las ciudades del Sur de mayoría chiíta como Nabatiyeh y Tiro. Las y los manifestantes no denuncian solo las políticas económicas neoliberales y la corrupción, sino todo el régimen confesional y burgués. Como dice una de las consignas del movimiento popular: “Todo el mundo quiere decir todo el mundo”.

Los llamamientos de las y los manifestantes a huelgas generales se han multiplicado desde el comienzo de la contestación popular, seguidos en ciertos sectores en los que las y los asalariados se han puesto en huelga. Las y los manifestantes han bloqueado también carreteras para impedir toda actividad económica y ciertas administraciones públicas y privadas han permanecido cerradas, en particular escuelas, universidades, grandes compañías y bancos.

En el momento de escribir estas líneas el presidente Michel Aoun se había declarado dispuesto a emprender un diálogo con las y los manifestantes para “ayudar a salvar al país del hundimiento” y ha sugerido una remodelación ministerial.

Por su parte, el secretario general de Hezbolá, Hassan Nasralá, ha declarado que el movimiento de contestación no es ya “un movimiento popular espontáneo”, sino que estaría financiado por elementos extranjeros y dirigido por ciertas formaciones políticas que intentaban sacar provecho de él. Ha rechazado igualmente la dimisión del gobierno, una de las principales reivindicaciones de las y los manifestantes, y acusado al movimiento de contestación de llevar el país al caos. Tras el discurso de Nasralá, el movimiento de Hezbolá ha movilizado a su base popular en las regiones de mayoría chiíta en una demostración de fuerza y para dar su apoyo a las posiciones del partido.

Lo anterior no ha detenido la determinación del movimiento popular, que prosigue. El sábado 26 de octubre la movilización del sábado de las plazas públicas, como había sido titulada en las redes sociales, ha atraído a centenares de miles de personas, que se han manifestado en el conjunto del territorio.

La respuesta de la clase dirigente

La representación política en Líbano está organizada siguiendo líneas confesionales comenzando por los más altos escalones del Estado. El Presidente debe ser maronita cristiano, el Primer Ministro sunita y el Presidente de la Cámara de Diputados chiíta. El sistema confesional libanés (como el confesionalismo de forma general) es uno de los principales instrumentos utilizados por los partidos dominantes en el poder para reforzar su control sobre las clases populares, a fin de mantenerlas subordinadas a sus dirigentes confesionales.

En el pasado, las élites dirigentes han sido capaces de poner fin o de aplastar movimientos de contestación popular mediante la represión o jugando con las divisiones confesionales. Esta vez, los partidos confesionales en el poder han reaccionado planteando reformas y sobre todo mediante la represión e intentando desacreditar a las y los manifestantes.

Tras las primeras manifestaciones, el gobierno ha anulado algunos de los impuestos propuestos. Mientras las movilizaciones continuaban extendiéndose y desarrollándose, el primer ministro Saad Hariri ha dado un ultimátum de 72 horas a su propio gobierno para apoyar sus planteamientos de reformas. Ha anunciado luego su plan presupuestario para 2020: ningún nuevo impuesto, reducción simbólica a la mitad de los salarios de ministros y legisladores, medidas de reducción de los costes como la fusión o la supresión de ciertas instituciones públicas y la privatización del sector de la electricidad.

Estas medidas, apoyadas por todos los principales partidos confesionales y burgueses, no mejorarán la vida de las clases populares. Se trata en gran parte de la satisfacción de las exigencias del Banco Mundial, del FMI y del acuerdo del CEDRE (Conferencia Económica para el Desarrollo por Reformas y con las Empresas), que Líbano firmó en París en abril de 2018. A cambio de 11.000 millones de dólares de préstamos, el gobierno libanés aceptó crear asociaciones público-privadas, reducir el nivel de la deuda y promulgar medidas de austeridad.

En estas circunstancias, el Grupo Internacional de Apoyo a Líbano (Francia, Alemania, Italia, Rusia, reino Unido, Estados Unidos, China, Unión Europea, Naciones Unidas y Liga Árabe) ha expresado su apoyo a estas reformas. Estos Estados e instituciones no quieren que otro gobierno de la región sea contestado o derrocado por un movimiento de protesta masivo.

Además de esta serie de reformas, los partidos confesionales en el poder han lanzado una serie de ataques tanto verbales (acusando a ciertos sectores del movimiento de ser infiltrados o de representar a una quinta columna que sirve a intereses extranjeros) como físicos (una represión severa contra las y los manifestantes). Amnistía Internacional ha condenado a las fuerzas de seguridad del país por sus ataques violentos contra manifestaciones pacíficas en Beirut: han lanzado enormes cantidades de gas lacrimógeno sobre la multitud, perseguido a manifestantes amenazándoles con armas de fuego, golpeado a la gente. En la ciudad de Nabatiyeh, en el sur del país, ha habido manifestantes agredidos por partidarios y empleados municipales de Amal y de Hezbolá, dos partidos políticos chiítas. En Beirut, ha habido también manifestantes agredidos por partidarios de Hezbolá, mientras que otros miembros de partidos confesionales han atacado a manifestantes por haber denunciado a sus jefes respectivos (zaim).

Las fuerzas de seguridad y el ejército han intentado igualmente despejar por la fuerza algunas carreteras y autopistas bloqueadas por las y los manifestantes, hiriendo y deteniendo a algunas personas en estas operaciones.

En total, centenares de manifestantes, hombres y mujeres, han sido heridos y seis han sido asesinados desde el comienzo de las manifestaciones. Sin olvidar los centenares de arrestos.

Esperanzas y desafíos

A la vez que continúa desarrollándose y adquiriendo intensidad, el movimiento de protesta popular libanés hace frente a desafíos organizativos considerables si desea realizar objetivos democráticos y progresistas. El principal es la falta de instituciones populares capaces de expresar las reivindicaciones, de organizar a las y los manifestantes a través de las diferencias geográficas y confesionales, y de ganar frente a los elementos más conservadores, que demandan ya un gobierno tecnocrático o un régimen militar.

La debilidad de las instituciones de la clase obrera es un problema desde hace mucho. Los partidos confesionales han contribuido activamente a debilitar al movimiento sindical desde los años 1990, formando federaciones y sindicatos distintos en un cierto número de sectores a fin de obtener un poder significativo en el seno de la Confederación General de Trabajadores Libaneses (CGTL). En consecuencia, la CGTL no ha sido capaz de movilizar a las y los trabajadores a pesar de la intensificación de las políticas neoliberales. Están completamente ausentes del movimiento de protesta actual.

El Comité de Coordinación Sindical (CCS), principal actor de las manifestaciones sindicales entre 2011 y 2014, ha sido derrotado por métodos similares. En la elección del CCS en enero de 2015, los partidos confesionales y burgueses se unieron contra la sindicalista combativa Hanna Gharib, que no logró obtener más que el apoyo de las y los independientes y del Partido Comunista libanés. Desde la elección, la CCS ha perdido su influencia y su actividad sindical.

De lo que las y los trabajadores tienen necesidad es de un movimiento sindical democrático e independiente, autónomo en relación a los partidos políticos confesionales y que incorpore igualmente a las y los trabajadores extranjeros. Estructuras alternativas de representación y de organización son absolutamente esenciales para desafiar la dominación de los partidos confesionales y burgueses en el poder.

Hay, sin embargo, signos esperanzadores. Organizaciones feministas y estudiantiles han tomado parte en las manifestaciones y han intervenido de forma coordinada por todo el país. Las mujeres en particular han participado masivamente en las movilizaciones, con las feministas haciendo presión para promover los derechos de las mujeres y la igualdad en el seno del movimiento.

Contra la élite dirigente

Las reivindicaciones del movimiento de protesta popular en favor de la justicia social y de la redistribución económica no pueden ser disociadas de su oposición al sistema político confesional, que garantiza los privilegios de las y los ricos y poderosos. Los partidos confesionales dominantes y las diferentes fracciones de la burguesía han utilizado los procesos de privatización, las políticas neoliberales y el control de los ministerios para construir y desarrollar sus redes de control, nepotismo y corrupción, mientras la mayoría de la población, libanesa y extranjera, sufría la pobreza y la ausencia de dignidad.

Movilizándose de forma masiva por todo el país, las y los manifestantes libaneses han hecho entrar al país en la dinámica de los procesos revolucionarios regionales que comenzaron en 2010 y prosiguen aún hoy, como se ve en Sudán, Argelia o Irak. Su demanda es ambiciosa y carente de ambigüedades: El pueblo quiere la caída del régimen.

28/10/2019

https://npa2009.org/actualite/international/liban-le-peuple-veut-la-chute-du-regime

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur





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