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Catalunya. Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 459/2019
Ni Rebelión ni Sedición. La metamorfosis del ejercicio de los derechos de manifestación y reunión en delito
16/10/2019 | Guillermo Portilla Contreras

La STS 459/2019, de 14 de octubre, condena por el delito de sedición partiendo de una afirmación que es falsa: la existencia generalizada de violencia física o compulsiva en las concentraciones del 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017. Por el contrario, lo que se ha demostrado en todas las sesiones de este juicio es que las movilizaciones, manifestaciones y concentraciones realizadas fueron pacíficas. Las diversas declaraciones testificales de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad han corroborado que las conductas “agresivas” fueron excepcionales, reducidas más a supuestos de resistencia pasiva. Lo que más sorprende es que, ante esas agresiones declaradas, no se practicaran detenciones por delito de atentado a la autoridad (arts. 550, 551): el art. 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga al policía a detener cuando estime la concurrencia de indicios racionales de delito y en casos de flagrante delito. Un comportamiento policial omisivo que sería, además, constitutivo de un delito, como expresa el Código penal cuando castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, deje intencionadamente de promover la persecución de delitos (art. 408). Una de dos: o no se cometieron los actos violentos mencionados o los funcionarios incumplieron su deber.

En suma, los funcionarios que estuvieron presentes admitieron ante el Tribunal que la mayoría de los ciudadanos mantuvieron un comportamiento pacífico, unos sentados con las manos entrelazadas, otros de pie con las manos en alto, todos cantando. Y, de otro lado, que la violencia fue residual lo acredita, además, el escaso número de detenciones practicadas por los delitos que, dicen, contemplaron: -atentados, resistencia, desobediencia, falta de respeto y consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones (art. 556)-, y las mínimas identificaciones realizadas por infracciones administrativas (sobre todo, falta de consideración a la autoridad prevista en el art. 37.4 LOPSC).

El Tribunal argumenta que “ante la actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a las entradas de los centros, los agentes de Polícía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista”. En primer lugar, hay que aclarar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quebrantaron el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 27 de septiembre de 2017, y la Instrucción nº 6/2017, de la Fiscalía Superior de Cataluña, de 26 de septiembre, dirigida al Mayor de los Mossos d’Esquadra, contraviniendo los criterios de adecuación, congruencia y oportunidad y la recomendación del auto sobre la actuación policial en ese contexto: requisar urnas, papeletas, ordenadores, “siempre que no se alterara la normal convivencia de unos ciudadanos”que ejercitaban un derecho fundamental a concentrarse. Tampoco cumplieron con la labor subsidiaria de auxilio judicial a los Mossos. De hecho, puede afirmarse que la única violencia del 1 de octubre fue la ejecutada por los funcionarios policiales excediéndose en el cumplimiento del deber.

El Tribunal Supremo, aun admitiendo la existencia de violencia, desecha que la misma tuviera el potencial necesario para lograr que el Estado claudicase y lograr así el fin último de la independencia. En ese sentido, la lectura que de los hechos hace el Tribunal difiere, en parte, de la tesis que defendió la Fiscalía. Ésta pretendía que se sancionaran las concentraciones ciudadanas como un delito de rebelión del art. 472 CP. Interpretaba que, desde el inicio, los procesados, con el objetivo final de lograr la independencia de Cataluña y la secesión del Estado Central, se plantearon el uso de la violencia a través de la actuación tumultuaria de miles de ciudadanos, instigados por los procesados y ejecutado por la actuación tumultuaria de miles de ciudadanos que se concentraron y reunieron en diferentes locales, ante la pasividad de los Mossos d´Esquadra.

Frente a esta tesis de la Fiscalía, la sentencia confirma que el plan diseñado no pasaba por la secesión unilateral. Su verdadera finalidad era lograr pactar con el Gobierno español un futuro sufragio con todas las garantías. Descartado de ese modo el delito de rebelión, el Tribunal se centra en la existencia del delito de sedición.

El delito de sedición del artículo 544 del Código penal exige un alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las Leyes o de cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales.

¿Realmente se impidió el cumplimiento de la ley y el ejercicio de las funciones los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017?

El Tribunal argumenta que en la concentración del 20 de septiembre no se estableció un perímetro de seguridad, sólo había como acceso un estrecho pasillo humano, y que no era un cordón controlado policialmente sino formado por los propios voluntarios de la entidad convocante: ¿ a cuántas manifestaciones habrán acudido sus señorías? Además, se afirma que la movilización impidió que la Guardia Civil pudiera introducir en el edificio a los detenidos, que se cumpliera la orden judicial con plena normalidad. Sin embargo, como reconoce la propia sentencia, Jordi Sánchez no imposibilitó a los agentes de la Guardia civil que introdujeran a los detenidos, ni les bloqueó el acceso a sus vehículos. Es más, se llega a admitir que durante la noche mantuvo “una actitud más colaboradora con los agentes”. De otra parte, a la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, no se le negó la salida, se le ofrecieron diversas alternativas para que pudiera abandonar el lugar con seguridad, ofertas que declinó aceptando únicamente ser infiltrada entre los espectadores que abandonaban el teatro del inmueble colindante. Que no se facilitara la labor policial no significa que se le impidiera cumplir la ley o el ejercicio de sus funciones: obstaculizar no significa impedir.

En consecuencia, tampoco se dan los elementos típicos del delito de sedición. El ejercicio del derecho a una concentración multitudinaria y pacífica en ningún momento paralizó el cumplimiento de la ley o impidió el ejercicio de las funciones.

¿Cuál es el verdadero problema? Que el Tribunal no respeta el derecho de manifestación y reunión; que transforma, como en el franquismo, las movilizaciones en ilícitos. Lo que las convierte en delictivas es estar ligadas a la finalidad independentista, ese el criterio por el que el Tribunal considera que no responden a los límites constitucionales del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. La sentencia refleja el miedo a concentraciones multitudinarias que no generan violencia física pero que sí forjan, a su juicio, un clima de hostilidad, un ambiente coactivo e intimidatorio que impidió el ejercicio de las funciones policiales y el cumplimiento de la resolución judicial.

En conclusión, los condenados no han inducido o alentado un alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley o las resoluciones judiciales. Lo que sí hicieron, y por eso se les sanciona, es incitar al ejercicio de derechos: los derechos de manifestación y reunión.

Un autor franquista decía que la sedición no militar es un fantasma que cruza por el código penal común, parecía que sin dejar huella hasta que ha aparecido la sentencia 459/2019, 14 de octubre de 2019.

Desde el Código penal de 1995, los delitos de rebelión y sedición ya no son delitos contra el Orden Público ni contra la Seguridad Interior del Estado. Ambas figuras se separan: la rebelión pasa a ser un delito contra la Constitución (con una finalidad política); la sedición ya no tiene relación con la rebelión. Se convierte simplemente en un delito contra el Orden Público. Muy cercano al delito de resistencia, la sedición no es más que resistencia colectiva pero con una pena de hasta 15 años.

Por otra parte, recuérdese que el artículo 36.4 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad ciudadana, sanciona –administrativamente con multa– la misma conducta de la sedición delictiva: art. 36. 4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.

¿Cómo distinguir entonces el delito de sedición de la infracción administrativa del 36.4?: ¿multa o 15 años de cárcel para un mismo comportamiento?

Si la sedición ya no es una modalidad atenuada de una rebelión armada y violenta sino un delito autónomo contra el orden público, sólo debe sancionarse cuando se empleen medios violentos para impedir el ejercicio de las leyes o de las funciones públicas. Sólo así puede distinguirse de la infracción administrativa (art. 36.4).

Asimismo, es necesario adecuar la pena -hoy absolutamente desproporcionada- de este delito al resto de infracciones contra el Orden público. Las penas por el delito de sedición, sin violencia en personas o cosas, son superiores a los delitos de atentados; resistencia; desobediencia; desórdenes públicos mediante actos violentos; tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos; organizaciones y grupos criminales.Únicamente pueden equipararse, en algún caso, con los delitos de organizaciones y grupos terroristas y algunos delitos de terrorismo.

Finalmente, en el Derecho Comparado no existe un precepto semejante al de sedición. Lo que se sancionan son supuestos de resistencia colectiva violenta. Alemania: reforma en 2017, acciones violentas contra personas o cosas; amenazas a personas; violencia colectiva poniendo en peligro la seguridad pública. Francia: La sedición es una forma agravada de rebelión. Es la resistencia violenta opuesta por un particular a un oficial o agente de la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Bélgica: Resistencia con violencia; el delito de sedición interpretado como atentados contra la forma de Gobierno, Rey y familia real. Italia: Violencia y resistencia colectiva frente a un funcionario. Mientras que las manifestaciones sediciosas son simplemente contravenciones.

Guillermo Portilla Contreras es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén. Fue uno de los promotores del Manifiesto “La banalización de los delitos de rebelión y sedición”, suscrito por más de 300 juristas, hecho público en noviembre de 2018.





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