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EE UU
Inquina sostenida contra la inmigración latina: consecuencias fatales para menores y familias
23/09/2019 | Bernard P. Dreyer

El 3 de agosto de 2019, un supremacista blanco armado con una AK-47 abrió fuego contra las personas que estaban comprando en un supermercado Walmart de El Paso (Texas), matando a 22 de ellas, incluido un menor de 15 años de edad, y dejando heridas a muchas más, entre ellas a dos menores de 9 y 2 años de edad. Padres y abuelos murieron protegiendo con el cuerpo a hijos y nietos. Que los latinos eran los objetivos declarados del pistolero estaba claro por el lugar que eligió, por los testimonios de las supervivientes y por su propia confesión. Minutos antes de la masacre había publicado en las redes una diatriba de 2.300 palabras contra la inmigración, refiriéndose a la “invasión hispánica” y expresando el temor a que la población blanca se vea “reemplazada” por “forasteros.”

El atentado fue el más mortífero contra la población latina en la historia reciente de EE UU. Se produjo varios años después de que el presidente Donald Trump y sus medios se pusieran a demonizar a los mexicanos y latinos (tachándolos de narcotraficantes, criminales, asesinos, violadores y animales) y calificando la llegada de familias solicitantes de asilo de una invasión de gente que venía a reemplazarnos, una lenguaje del que se hizo eco el asesino de El Paso. El gobierno de EE UU también organizó agresiones sostenidas contra estas familias mediante políticas y medidas del Departamento de Seguridad Interior (DHS) y de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS-ORR) y órdenes ejecutivas del presidente.

El año pasado, por primera vez en casi una década, murieron niños y niñas bajo la custodia del DHS y del DHHS. Seis menores centroamericanos (de 2½ a 16 años de edad) murieron entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, en su mayoría en dependencias del servicio de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP). Una niña de 19 meses murió en agosto de 2018, poco después de abandonar el Centro de Detención Familiar de Dilley en Texas; en mi calidad de expresidente de la Academia Americana de Pediatría, examiné su historial médico y puedo atestiguar que a pesar de las súplicas de la madre, ningún médico la visitó. Una vez dada de alta sin una evaluación médica apropiada, al llegar horas después a su destino estaba gravemente enferma y murió al cabo de unas semanas.

Todos estamos al tanto de la horrible política de tolerancia cero del gobierno, que ha amparado que niños y niñas fueran arrancados de los brazos de sus progenitores. También hemos oído hablar de las deplorables condiciones de detención en los centros del CBP, donde los menores no reciben suficientes alimentos, permanecen sentados durante días en pañales sucios, duermen sobre suelos de hormigón con luces permanentemente encendidas, están expuestos a infecciones en lugares cerrados sin medidas de higiene ni atención médica suficiente, y son víctimas de abusos físicos y sexuales 1/. Pero toda una serie de medidas administrativas causan todavía más daños a las niñas y niños inmigrantes.

En primer lugar, pese a que oficialmente se puso fin a la separación familiar hace un año, muchos niños y niñas siguen siendo separadas de sus progenitores en la frontera y enviadas a centros de DHHS-ORR. Los progenitores que cruzan la frontera pueden ser acusados de un delito, calificados de delincuentes y obligados a separarse de sus hijos e hijas. A menudo, los menores que llegan con una abuela, un hermano adulto u otro familiar que los ha estado criando, asumiendo el papel de progenitor, también son separados de dicha persona adulta. La Unión Americana de Libertades Civiles calcula que desde el pasado verano cerca de un millar de menores han sido separados de sus progenitores, lo que probablemente constituye una subestimación significativa, si bien desconocemos la cifra exacta porque el procedimiento es opaco para los servicios sanitarios, defensores, abogados y medios de comunicación.

En segundo lugar, en un cruel intento de impedir que familias que solicitan asilo en puntos de acceso legales entren en EE UU, el gobierno ha puesto en marcha un proceso de medición llamado oficialmente Protocolos DHS de Protección de Migrantes. De acuerdo con esta medida, cientos de solicitantes de asilo han de esperar en México durante semanas o meses, mientras que solo se permite cruzar la frontera a unos pocos cada semana. Estas familias viven en condiciones precarias y peligrosas, y muchas se arriesgan finalmente a entrar en EE UU fuera de los puntos de acceso. Más de cien personas se han ahogado durante el año pasado tratando de cruzar a nado el Río Grande, entre ellas padres con sus hijos pequeños 2/.

En tercer lugar, el sistema de centros de la ORR, que antes presentaban unas condiciones más humanas que los centros del CBP o de detención familiar, se ha expandido rápidamente; se han acondicionado grandes almacenes, entre ellos uno en Homestead, Florida, así como un campamento de carpas en Tornillo, Texas, además de numerosos refugios pequeños, donde apenas se imparte formación al personal encargado ni se asegura su supervisión. La necesidad de un espacio de alojamiento tan amplio es un problema creado por el propio gobierno al separar a los menores de sus familias y establecer unos requisitos más estrictos para sus posibles apadrinadores, alargando la estancia en los centros y atascando los procedimientos. Existen numerosos informes de niños que son víctimas de abusos sexuales bajo la custodia de empresas subcontratistas de la ORR, a veces a manos del personal. Ya no se permite el acceso de pediatras y abogados a los centros para comprobar qué sucede en ellos.

En cuarto lugar, el gobierno ha decretado continuamente órdenes ejecutivas y reglamentos punitivos. Un reglamento, publicado en el Registro Federal del 12 de agosto de 2019 y que comenzará a aplicarse este otoño, redefine qué constituye una denuncia pública; ha hecho que muchas familias hayan renunciado de antemano a prestaciones a los que tienen derecho ellas y sus hijos, que en casi todo los casos tienen la ciudadanía de EE UU. El 21 de agosto, el gobierno publicó un reglamento que sustituirá al acuerdo Flores de 1997, que limitaba a un par de semanas el tiempo en que se permitía mantener bajo custodia a menores migrantes y obligaba a asegurar cuidados equivalentes a los de los centros de menores aprobadas por el Estado, entre ellos un entorno físico seguro, alimentación suficiente, atención médica apropiada y servicios de educación y recreativos. El nuevo reglamento permitiría al gobierno detener a los menores por tiempo indefinido y decidir qué cuidados habrán de recibir. El reglamento ha sido objeto de impugnación en los tribunales 3/.

El gobierno también pretende restringir la asistencia en materia de vivienda para las familias cuyos componentes son de distintas nacionalidades; esto afectaría probablemente a más de 50.000 menores, que posiblemente se quedarían sin hogar. Y están elaborándose reglamentos para exigir a ciudadanos estadounidenses que devuelvan el dinero empleado en programas con medios comprobados (como el Programa del Seguro de Salud de Menores) para familiares inmigrantes, incluso niños y niñas, a quienes han apadrinado.

En julio se publicaron dos nuevos reglamentos en materia de asilo: el reglamento del País Tercero Seguro estipula que las familias que solicitan asilo en la frontera del sur deben solicitarlo primero en México o Guatemala y esperar allí; el otro reglamento pone trabas a las familias que piden asilo debido a las amenazas para la vida de algunos de sus miembros. Estas normas recortarían gravemente el derecho legítimo a la petición de asilo y hasta ahora han sido bloqueadas por los tribunales.

Es más, las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas comportan ahora la deportación de progenitores que han vivido y trabajado durante muchos años en EE UU y tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses, en vez de centrarse en delincuentes y personas recién llegadas, como hacían gobiernos anteriores. Parece que cada semana se decreta una nueva medida gubernamental que perjudica a la inmigración, como el reciente intento de deportar a inmigrantes que se encuentran legalmente en el país para recibir un tratamiento médico vital. Estas iniciativas pretenden atemorizar a los inmigrantes, creando un estado de sitio.

¿Cómo ha llegado este país, este pueblo, a semejante situación? De hecho, tenemos una larga historia de actitudes y acciones contrarias a la inmigración. A partir de mediados del siglo XIX, la inquina contra las personas inmigrantes se propagó y al principio estuvo dirigida contra irlandeses y alemanes. Pese a que nuestro legado racista más tóxico afecta a afroamericanos e indígenas norteamericanos, una ley de 1882 prohibió la inmigración de personas chinas, que no pudieron adquirir la nacionalidad hasta 1943. Durante la segunda guerra mundial, las personas de origen japonés nacionalizadas o nacidas en EE UU fueron internadas en entornos de tipo carcelario. Este fervor racista antiinmigrante de base eugenésica afectó a quienes actualmente calificamos de grupos étnicos blancos. El miedo a personas italianas, judías y otras dio pie a fuertes restricciones a la inmigración procedente de países que no fueran del norte de Europa desde comienzos de la década de 1920 hasta mediados de la de 1960 4/. Entre otras consecuencias, esta política causó la muerte de muchos judíos que no pudieron escapar de la maquinaria asesina de los nazis debido a los cupos de inmigración fijados por EE UU.

La inquina antimexicana se remonta al menos hasta la guerra entre México y EE UU en la década de 1840 y la subsiguiente expansión estadounidense hacia el oeste. Los mexicanos eran considerados salvajes y mestizos, degradados e incivilizados. De 1929 a 1936, nuestro país llevó a cabo redadas y deportaciones inconstitucionales a México que alteraron la vida de cerca de dos millones de personas cuyos apellidos sonaban a mexicano. El 60 % de las personas deportadas eran ciudadanas de EE UU, y muchas de ellas habían nacido aquí 51/. Operación Wetback empleó tácticas de índole militar para expulsar de EE UU a alrededor de un millón de inmigrantes mexicanos, algunos de los cuales eran ciudadanos estadounidenses. En 1996, en el marco de una reforma del estado de bienestar, se prohibió a inmigrantes legales, en su mayoría latinos, recibir prestaciones sociales federales hasta al menos cinco años después de su llegada.

A pesar de que siempre nos hemos dicho que EE UU recibe a la inmigración con los brazos abiertos, la inquina contra los y las inmigrantes es tan típica de aquí como la tarta de manzana y está inscrita en nuestra historia. Lo que estamos viendo hoy, aunque nos choque, se ampara en un legado que sigue acechándonos. Sin embargo, la clase médica estadounidense puede oponerse a la demonización y el acoso; puede apoyar y aconsejar a los y las pacientes latinas y ayudarles a resistir; y defender los derechos humanos fundamentales de todas las personas inmigrantes.

11/09/2019

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1908995?query=TOC

El autor trabaja en el Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York.

Traducción: viento sur

1/ Matlow R., Reicherter D., Reducing protections for noncitizen children — exacerbating harm and trauma. N Engl J Med 2019; 380:5-7.

2/ Thebault R., Velarde L., Hauslohner A., The father and daughter who drowned at the border were desperate for a better life, family says. Washington Post, 26/06/2019 (https://www.washingtonpost.com/world/2019/06/26/father-daughter-who-drowned-border-dove-into-river-desperation/).

3/ Danaher F. The suffering of children. N Engl J Med 2018; 379(2):e4-e4.

4/ Jacobson M.F., Whiteness of a different color. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

5/ Balderrama F.E., Rodríguez R., Decade of betrayal: Mexican repatriation in the 1930s. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2006.





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