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En Revista Viento Sur164

Democracia directa y referéndum: un legado revolucionario
Serge Aberdam

Durante los tres meses del movimiento social de la primavera de 2016 en Francia se vieron florecer proyectos que retomaban peticiones masivas contra la ley laboral o intentos de imponer por petición a los diputados que votaran la censura contra el artículo 49.3 y el ensayo de votación impulsado por las centrales sindicales. Todos estos proyectos sonaban a referéndum y anunciaron la función que desempeña el Referéndum de Iniciativa Ciudadana (RIC) para los chalecos amarillos. En cuanto al fondo, el RIC es una especie de respuesta a los desastres democráticos a que condujeron el voto griego contra la Troika o las votaciones de 2005, francesa y holandesa, contra el proyecto de Constitución europea, todas ellas pura y simplemente anuladas por los gobernantes…

En el caso francés de 2005, un referéndum tributario claramente de las instituciones autoritarias de la V República, notamos perfectamente que el voto popular tendía a asemejarse en algunos aspectos a un ejercicio democrático, en el sentido antiguo, el que permite una expresión popular directa. Este tipo de votación funciona de hecho en el punto de unión de los dos significados comunes de la palabra democracia, donde encontramos tanto la idea de un gobierno que acepta comparecer periódicamente ante el electorado como la de una intervención directa de la gente en asuntos que le preocupan. Entre los dos significados ahora existen en la mayoría de países, incluso desarrollados, evidentes elementos de crisis de representación política, tras unas elecciones vividas como verdaderos atracos, como las de Trump o Macron, por citar solo dos. En resumen, mucho antes del comienzo del movimiento de los chalecos amarillos ya se planteó la cuestión democrática y convenía reflexionar sobre su lugar en los movimientos sociales.

Volver a las fuentes de esta confrontación entre la representación y las exigencias de expresión popular nos puede llevar lejos porque el debate sobre la democracia (el poder del pueblo, en sentido literal) se remonta a la Antigüedad griega. Pero también podemos volver a un pasado menos lejano, en el que ciertas iniciativas populares de los últimos meses nos han demostrado que podría reaparecer con una facilidad desconcertante. Cuando por parte de los movimientos progresistas se opone democracia formal y democracia directa, se remite en la mayoría de los casos a breves e intensas situaciones revolucionarias, como la Catalunya o Aragón de 1936-1937, o ciertos periodos del comienzo de la Revolución rusa en 1905 y más tarde entre 1917 y 1919 y, sobre todo, a la Comuna de París de 1871. Libertarios y marxistas, en todas sus variantes, siempre han otorgado una importancia capital a este movimiento. Los parisinos de 1871, negándose a capitular ante las tropas del rey de Prusia y ante el ejército del Parlamento de Burdeos y más tarde de Versalles, crearon efectivamente su propio poder popular y trataron de defenderlo con las armas, hasta la masacre de la semana sangrienta. Podemos partir aquí de una pregunta sencilla: ¿por qué los parisinos y las parisinas de 1871 optaron por llamar a lo que estaban creando la Comuna de París?

La respuesta, evidente, es que los comuneros trataron de apoyarse en la memoria de la Comuna de París, tal como había existido durante la Revolución francesa, básicamente en 1792-1794. Los combatientes parisinos de 1871 hicieron esta elección a pesar de estar separados del periodo de 1789-1799 por casi un siglo, por lo menos tres generaciones, y de tener a su disposición un repertorio político e insurreccional mucho más reciente con las revoluciones de 1830 y 1848-1852. Sin embargo, los comuneros acordaron luchar y finalmente morir bajo esta bandera de la Comuna. No solo para levantar una bandera de los viejos tiempos, sino para defender su forma de vida durante el asedio, toda una concepción de la vida en sociedad, valores, como dicen, incompatibles con los defendidos por Versalles y su ejército.

En el meollo de esta forma de vida y estos valores había necesariamente algo más que un recuerdo lejano: las prácticas políticas arraigadas en la vida de los barrios y en el trabajo, una concepción de la democracia diferente de las del enemigo. ¿Podrían estos valores y estas prácticas, a pesar del tiempo transcurrido, estar más o menos directamente relacionados con lo que se había construido durante la primera Revolución francesa? Cabe pensarlo, en la medida en que esta experiencia democrática y social, ya antigua, afectó a un enorme número de personas durante un periodo de diez años, un período de movilización excepcional después de los siglos que había durado el Antiguo Régimen. A pesar de los años de reacción, toda la sociedad francesa permaneció empapada de estos recuerdos, que cada crisis revolucionaria e incluso cada revuelta obrera importante en las décadas de 1830 y 1840 revivió, hasta llegar a la Comuna.

Sabemos perfectamente que referirse a la Revolución francesa nunca es neutral y que en Francia esta referencia arrastra a menudo una fuerte dosis de chovinismo. Los políticos de la derecha, pero sobre todo los de la izquierda, suelen hablar de la Gran Revolución en un tono patriotero y nacionalista. Esta palabrería es para ellos una forma de hablar implícitamente no solo de la Revolución, sino de toda la historia de Francia, de su contribución a la historia de la humanidad, incluidas sus empresas coloniales, como un hecho globalmente progresista, al menos en última instancia. Por tanto, debemos permanecer atentos, pero también ser más curiosos de lo que solemos ser repecto a esta historia, desde hace mucho tiempo, porque la ignorancia no ayuda. La Revolución francesa no es la madre de todas las revoluciones y hay una literatura apasionante sobre las corrientes radicales en la Revolución inglesa del siglo XVII y norteamericana del XVIII, pero los diez años del caso francés realmente merecen que nos detengamos en él.

1. Revolución e invención democrática

El desarrollo práctico de toda la Revolución francesa, desde 1789 hasta 1795, se inscribe en una alternancia permanente entre votaciones masivas e insurrecciones populares. Esto no hay que olvidarlo nunca porque muy pocas veces se explica que la naturaleza masiva y la duración excepcional de la Revolución tienen que ver en gran parte con la multiplicidad e intensidad de las prácticas colectivas de la población, incluidas las formas de votación y elección. Por supuesto, hay que precisar que estas formas prácticas de votación y elección eran muy diferentes de las nuestras, pero que gozaban de una legitimidad considerable, porque se basaron en asambleas de ciudadanos, reuniones de vecinos en aldeas, pueblos y barrios (secciones) de las grandes ciudades. Así, junto con las insurrecciones y las batallas, la Revolución francesa también se basó en una inmensa red duradera de asambleas de ciudadanos (y, a veces, de ciudadanas).

Al principio fue la monarquía la que tomó la iniciativa política que desencadenó la Revolución: convocó para 1789 unos estados generales, una institución desaparecida desde hacía casi dos siglos (1614), con un propósito específico: llevar a cabo elecciones controladas para que una asamblea legítima votara los impuestos que precisaba el gobierno; se trataba de forzar al clero y a la nobleza, las dos órdenes (o estados) privilegiadas, a pagar el impuesto.

La convocatoria de los estados fue, por lo tanto, un cauteloso intento reformista, pero otorgó a los súbditos del rey la capacidad de redactar cuadernos de quejas locales. Por lo tanto, no solo era una cuestión de elegir, sino también de redactar mandatos para los diputados, una especie de programas políticos locales. Toda clase de personas se dedicaron entonces a escribir modelos de cuadernos que circulaban, originando así una primera campaña de prensa pública. Se puso en marcha de este modo un inmenso movimiento de redacción, un gigantesco intento de escritura, en el que se multiplicó el número de periódicos y folletos publicados; esto creó un vasto caleidoscopio de opiniones, necesariamente contradictorias. Un fenómeno inaudito.

En respuesta al esfuerzo de la monarquía por autorreformarse, decenas de miles de cuadernos de quejas de 1789 invocaban con facilidad el patrocinio del rey, pero su aparente conformismo también pudo enmascarar la insolencia de los súbditos de Su Majestad: al celebrar profusamente la bondad del rey, felicitándole en exceso, llegaría el momento en que se cobrarían sobre todo su cabeza: es la burla, de la cual el rey, por absoluto que fuera, y sus dignatarios nunca supieron realmente si era carne o pescado.

La constitución de los estados generales se organizó según una división territorial y social arcaica y según formas medievales obsoletas. El clero, representante de la divinidad, y la nobleza votaban por separado, y valían tanto como el 98% del resto de la población, los plebeyos del tercer estado. Las elecciones de este tercer estado se realizaron en etapas sucesivas, desde las comunidades de habitantes, las parroquias y los gremios en las ciudades hasta las reuniones en las sedes de antiguos jueces (las bailías y senescalías), donde los delegados elegidos en la base seleccionaban las quejas y se autoseleccionaban, escogiendo a los diputados que finalmente serían elegidos e irían a Versalles.

Los cuadernos adoptados en la base se revisaban a fondo en las circunscripciones secundarias, donde se seleccionaba a los verdaderos diputados del tercer estado, quedando de este modo una representación desnatada, con la formación de una especie de frente político, de una alianza encuadrada por grandes notables que movilizaron así una legitimidad abrumadora. Esta alianza se impondrá a una parte de los diputados de las dos órdenes privilegiadas, el clero y la nobleza, y permitirá en Versalles que por mayoría se decida transformar los estados en una única Asamblea Nacional Constituyente. Esta transformación situó a la monarquía frente a un interlocutor inesperado, una asamblea nacional legítima que iba mucho más allá del impuesto.

A decir verdad, este procedimiento de selección de hombres y quejas también fue una experiencia política nueva, incluso para aquellos que no lograron que se les escuchara. Detrás del éxito fundacional del tercer estado, que se afirmó como la inmensa mayoría del país, gran parte del pueblo propiamente dicho no tenía voz. Los campesinos y artesanos de 1789 dominaban mal la práctica de la escritura y de la redacción de los cuadernos, pero participaron lo mejor que pudieron. En la elaboración de las quejas, su punto de vista contrario al de los señores quedó en gran medida inundado en los cuadernos primarios y, especialmente, en los de las asambleas secundarias. Sin embargo, también fue una gran escuela para ellos, una experiencia fundacional, profunda; a partir de la adopción de los cuadernos locales, la idea de poner las reivindicaciones por escrito seguirá vigente durante los siguientes diez años: cada vez que los ciudadanos se reúnan, tenderán a retomar la palabra y la pluma.

El éxito global de la transformación de los estados generales de Versalles en Asamblea Nacional y la resistencia del poder real a esta nueva autoridad legítima explican a su vez el poder del movimiento popular de autodefensa: el 14 de julio en París, el pueblo se armó tomando el arsenal de los Inválidos y después el de la Bastilla. Éxito y politización masiva. Como un eco, en la provincia surgió el gigantesco movimiento llamado del gran miedo: un rumor omnipresente difundió la amenaza de una inminente destrucción de cultivos, un peligro militar impreciso, pero vivido como real; para hacerle frente se improvisaron autoridades locales, la gente se armó; para requisar armas se realizaron incursiones en los castillos, donde ya se intentó destruir los archivos señoriales. Este movimiento de municipalización y armamento transformó la situación definitivamente, tomando el relevo de las asambleas electivas de comienzos de 1789. La monarquía absoluta quedó definitivamente debilitada frente a la Asamblea Nacional, de la que nadie sabía aún si podía resistir de manera duradera, pero las consecuencias irán a su vez más allá del objetivo político inicial.

Quienes comenzaban a autodenominarse ciudadanos y, en ocasiones, ciudadanas, no concebían sus derechos políticos asociados únicamente a la votación. También querían portar armas, un privilegio que justo estaban arrebatando a los nobles con la formación de sus propias guardias nacionales, y ejercer su derecho a expresarse libremente mediante peticiones o a leer una prensa libre… Arrancaron los debates sobre cómo organizar las nuevas autoridades. En el caso de París, los 60 distritos que habían sido las estructuras electorales de 1789 se transformaron en asambleas permanentes que debatían hasta el infinito sobre las limitaciones que querían imponer los ciudadanos a las autoridades del futuro ayuntamiento de París. Ahí es donde podemos encontrar el primer debate moderno sobre el mandato imperativo y la revocabilidad de los cargos electos. Al mismo tiempo, los miembros de la Asamblea Constituyente decidieron abandonar todos los mandatos imperativos que habían recibido de sus órdenes ya difuntas, de sus provincias o ciudades de elección, para discutir libremente sobre la refundición de todas las instituciones.

La Asamblea debatió primero, en este marco, sobre el modo de controlar las nuevas estructuras espontáneas, los ayuntamientos y la guardia nacional, cuyo reemplazo organizará con motivo de los procesos electorales organizados a lo largo de 1790. La Asamblea Constituyente generalizó deliberadamente la elección como un medio de acceso a todos los cargos públicos, con mandatos muy cortos de hasta dos años, lo que seguirá siendo la norma hasta el final de la década, pero no aprobó el mandato imperativo ni la revocabilidad de los cargos electos.

Para estas elecciones (Aberdam, Bianchi, Gainot et al., 2006), el procedimiento que permitió la formación de los estados generales siguió siendo lógicamente el modelo de referencia: fue el que hizo posible que se reunieran varios millones de votantes en unas 50.000 asambleas elementales. Sobre la base de este modelo, tanto las asambleas municipales como las cantonales deliberarán y luego elegirán en su seno a quienes las administren, pero también a las que se reunirán a su vez en asambleas electorales secundarias y finalmente elegirán las administraciones de los 560 distritos y los 83 departamentos, así como, en el futuro, a los diputados. En esta lógica, para cada elección, para cada votación, los ciudadanos continuarán reuniéndose en el nivel correspondiente: municipal, o por secciones en los grandes municipios, y cantonal para las elecciones políticas. Fue la invención de lo que llamamos democracia local, en 1789-1790.

En ese momento, casi nadie pensaba que sería posible votar de otra manera que en una asamblea de vecinos, en el pueblo o en un barrio, es decir, en reuniones que duraban por lo menos un día entero. Por supuesto había que dedicar tiempo a esta sucesión piramidal de las elecciones, por lo que se tendió a elegir a los cargos que tenían más disponibilidad por ser más ricos o más instruidos. Este marco era, sin embargo, el de una igualdad jurídica que, precisamente porque era radicalmente nuevo, no solo era formal. La adopción, por ejemplo, del simple orden alfabético de los apellidos (¡o de los nombres!) para establecer la lista de ciudadanos reunidos parecería hoy en día un lugar común, pero en aquel entonces permitió rechazar el orden de precedencia del antiguo régimen y por lo tanto sus privilegios. La igualdad jurídica no elimina las desigualdades sociales, pero celebrar estas reuniones de ciudadanos significa realmente, cada vez más, escenificar 1/ su ciudadanía reciente en torno a las decisiones a adoptar.

Estas reuniones eran una fortaleza del sistema y, especialmente durante los periodos de alta participación, una gran escuela. Para que las asambleas de ciudadanos llegaran a realizarse, era preciso que los participantes dominaran las contradicciones que los dividían, los enfrentamientos religiosos o los antagonismos sociales. De lo contrario, estos explotaban en sentido literal. Al mismo tiempo, debían abordar todo tipo de cuestiones que los involucraran a fondo, pero también respetar un ritual colectivo que garantizara un mínimo de consenso y legitimidad. Por lo tanto, eran verdaderas escuelas políticas, en una escala hasta entonces desconocida, al mismo tiempo que brindaban una audiencia regular a todos aquellos que tenían un mensaje que transmitir. En todo el país, esta red de secciones cantonales, municipales y urbanas era mucho más densa que la de los clubes y sociedades políticas que se crearon en otros lugares.

En la práctica, las instituciones elegidas por la base funcionarán de modo casi constante desde 1789 hasta 1799; las asambleas ciudadanas se reunirán durante casi diez años, una experiencia excepcional en todos los sentidos, y los diferentes momentos de vuelta al orden también serán declarados mediante votación, que se convirtió en la norma de legitimación. Debemos tener en cuenta la fuerza de esta vida colectiva si queremos comprender cómo duró tanto la movilización de las masas revolucionarias, pero también cómo esta primera experiencia democrática de masas pudo transformar la conciencia colectiva.

Así pues, todas las administraciones de los municipios, cantones, distritos, departamentos, así como todos los jueces de todos los niveles, los directores de correos y los comisarios de policía eran elegidos, todos los mandos de la Guardia Nacional hasta el rango de coronel y los capitanes marítimos… Más allá de las elecciones municipales, donde los nuevos ciudadanos, y a veces también las viudas, podían votar directamente si pagaban un impuesto directo equivalente al valor del trabajo de tres jornadas, las elecciones políticas tenían lugar en asambleas primarias, cantonales, a las que solo asistían ciudadanos varones activos, que debían reunirse en la cabecera comarcal, lo que necesariamente llevaba al menos un día. Deliberaban sobre asuntos comunes, elegían a sus jueces de paz y escogían a los electores (que calificaríamos de secundarios). A su vez, estos electores eran responsables de reunirse en el departamento y el distrito para llevar a cabo las elecciones administrativas y políticas.

Estas elecciones sistemáticas, de quizás un millón de servidores públicos, recuerdan lo que se practicaba en las 13 colonias estadounidenses que acababan de constituir los Estados Unidos de América, pero en una escala muy diferente. Coronando la nueva red de autoridades electas y la generalización del derecho a portar armas, se organizó un movimiento federativo: se establecieron delegaciones de las nuevas Guardias Nacionales en todos los departamentos, que finalmente se reunieron en París el 14 de julio de 1790, para celebrar el primer aniversario de la toma de la Bastilla.

El derecho de voto también se extendió al nombramiento de nuevos sacerdotes y obispos. Dado el importante papel del clero en la sociedad de la época, el hecho de que los mismos fieles eligieran a estos nuevos servidores no era ni mucho menos anodino e instauró una capacidad de control real. Los católicos tradicionalistas no se equivocaban y esta reforma condujo a una escisión (un cisma) entre los católicos que aceptaban el nuevo régimen de constitución civil del clero y los adversarios de cualquier cambio, fieles a la autoridad del Papa.

Frente a esta expansión vertiginosa del sistema electoral, todavía no existía una oferta política estandarizada que fuera entendida por todos por igual, nada que se pareciera a partidos. Los periódicos y los folletos intentaban influir, pero sus tiradas eran limitadas por razones técnicas y solían recopiarse. Además, cuando se trataba de elegir, la idea misma de candidatura era francamente sospechosa: la concepción aceptada era que quien aspiraba a un puesto demostraba por eso mismo que no era digno de él. La idea subyacente, de origen religioso, era que en una asamblea de vecinos todos saben, en el fondo de su corazón, quién merece ser elegido. Por eso, desde 1789, las elecciones se celebraban sin candidaturas. Primero se votaba al azar (¡y cada cual podía votar por sí mismo!), y lo mismo para la segunda vuelta. Si no había mayoría absoluta, entonces se llevaba a cabo una tercera vuelta, una votación limitada a los dos candidatos que habían llegado primeros en la segunda vuelta.

El sistema de votación en asambleas permitía en la práctica la cohabitación de dos orientaciones que rivalizaron más o menos subterráneamente a lo largo de los diez años de revolución: en efecto, en aquel entonces no existía nuestra cultura política matematizada. Ni siquiera se planteaban exigencias que hoy en día son elementales, como conocer los porcentajes de participación o la distribución de votos en cada votación. El interés fundamental radicaba en la correcta celebración apacible de la asamblea municipal, primaria o electoral, cuyas listas, recuentos de votos, papeletas y otros instrumentos de votación, por cierto, casi siempre se quemaban al término de la reunión. La asamblea de ciudadanos libres genera legitimidad al deliberar libremente, y no cumpliendo criterios cuantificados. Las votaciones son la forma técnica de conocer las opciones, pero su legitimidad se deriva de los ciudadanos reunidos.

Por consiguiente, esta legitimación se desdobló: ¿debían los ciudadanos, una vez reunidos libremente, limitarse a elegir, o podían ejercer su derecho a deliberar sobre los temas de su elección? Las élites concebían este debate como el que existe entre la representación y la democracia, pero el debate tenía una realidad muy práctica y nunca cesará durante los diez años de revolución, alcanzando su apogeo en los veranos de 1792 y 1793, cuando comenzaron a manifestarse las exigencias sociales de redistribución de la producción agraria en las instituciones políticas. La experimentación, entre 1790 y 1794, de la votación en asamblea de ciudadanos nunca estuvo por tanto lejos de lo que llamamos democracia directa. La población podía tratar de expresarse en estas asambleas locales y la generalización de esta práctica facilitó las primeras experiencias de votación popular directa (hoy lo llamamos referéndum) entre 1792 y el verano de 1793.

Si comparamos el sistema electoral creado al comienzo de la Revolución con nuestras prácticas actuales, veremos que las asambleas de ciudadanos combinaban el ejercicio de varios tipos de derechos que ahora practicamos en ámbitos separados: no solo el derecho a elegir (entonces mucho más amplio y frecuente), sino también el derecho de asociación (los ciudadanos reunidos se asocian para ejercer su porción de soberanía) y el derecho de petición (adoptan todo tipo de reivindicaciones), por no mencionar el derecho a portar armas (en la Guardia Nacional) como garantía adicional. La frecuencia de las votaciones, el derecho a deliberar en asambleas de base, la brevedad de los mandatos, la organización militar ciudadana: existe una extraña proximidad con lo que podemos imaginar como una democracia directa. Estas prácticas tuvieron en todo caso inmensos efectos políticos. Incluso después de la decapitación de los movimientos populares en 1794-1795, el llamado periodo del Directorio mantendrá intacto este marco electoral y verá los primeros intentos de una democracia representativa limitada en 1795-1799. E incluso Bonaparte, después de su golpe de Estado de diciembre de 1799, recurrirá todavía en 1800 a un plebiscito, amañado pero decisivo.

2. Contradicciones, retrocesos y avances

La generalización de las elecciones se llevó a cabo al calor del entusiasmo del gran movimiento popular de 1789, pero escamoteando una contradicción fundamental. La Asamblea Constituyente no se consideraba en absoluto compuesta por demócratas con mandatos imperativos, sino como un colectivo de representantes del pueblo, investidos de plenos poderes. Por lo tanto, se esforzó por cancelar los mandatos mediante los cuales las asambleas locales de 1789 habían tratado de proteger los antiguos privilegios de las provincias, ciudades y corporaciones. Para la Asamblea se trataba de construir un régimen puramente representativo, es decir, en el que los ciudadanos tendrían la tarea principal de elegir a sus representantes y estos últimos tendrían toda la responsabilidad del poder, con un rey o bien, eventualmente, sin un rey. Todas las elecciones distintas de las de estos diputados se concebían así como actos administrativos, indispensables, pero no como espacios de deliberación popular. No se trataba de crear un régimen en el que la asamblea de legisladores recibiera órdenes de las asambleas de ciudadanos. Una vez elegidos los diputados, los ciudadanos les debían respeto religioso.

Para apuntalar este monopolio político de los representantes se adoptaron importantes medidas encaminadas a limitar la autonomía de las asambleas de ciudadanos, de los municipios y de las unidades de la Guardia Nacional. Esto implicaba, por ejemplo, la remodelación completa de la organización de la ciudad de París que de 60 distritos pasó a tener 48 secciones, que se suponía que eran esencialmente administrativas, pero que, por el contrario, se convertirán en lugares de fuerte participación popular y de radicalización. Se trataba, por ejemplo, de otorgar el derecho a voto tan solo a quienes pagaban impuestos, por lo menos el equivalente local a tres jornadas de trabajo. Esta limitación excluiría a un buen número de trabajadores, jornaleros, pequeños agricultores y artesanos, pero la medida demostró ser un signo de debilidad, pues obligó a las asambleas de base a discutir a fondo los detalles de estas exclusiones, abordadas públicamente y, por lo tanto, a destacar las limitaciones impuestas a los derechos de los ciudadanos no activos.

En realidad, la existencia de la red de asambleas de ciudadanos era en gran medida contradictoria con el principio de representación y restaba eficacia a las leyes que, por ejemplo, prohibían a los ciudadanos asociarse según sus oficios o profesiones (leyes Le Chapelier). Si los letrados que habían leído a Jean-Jacques Rousseau protestaron contra la omnipotencia otorgada a la representación, en el contexto evidentemente caótico de una gran revolución popular, el derecho de los ciudadanos a reunirse regularmente en las localidades hizo más que contrarrestar las prohibiciones decretadas. El proyecto de exigir el pago de un impuesto recaudado (el marco de plata) para acceder a las funciones de elector secundario chocó con una oposición democrática resumida en un gran discurso de Robespierre: la medida adoptada nunca se aplicará.

El ejercicio de los derechos de los ciudadanos en la Guardia Nacional contaminó gradualmente al antiguo ejército real. Los soldados de los regimientos de línea, las tripulaciones de la flota y los trabajadores de los arsenales comenzaron a reclamar para sí mismos el fin del castigo corporal arbitrario, el control de las cajas del regimiento o el derecho al ascenso de los que no eran nobles. Sus protestas colectivas fueron severamente reprimidas: condenas a recibir golpes de sable plano, flagelaciones, trabajos forzados, incluso la intervención de otras unidades con fusilamientos y ahorcamientos. Esto conllevó la acción solidaria de comités patrióticos. Al mismo tiempo, y desde que se cuestionó su autoridad, muchos oficiales nobles de alto rango comenzaron a emigrar. Para la masa de oficiales y soldados resultó finalmente imaginable ser tratados humanamente y ascendidos según su mérito, y no según su origen. Sacudido por estos conflictos, pronto el ejército real no podrá actuar como una fuerza de mantenimiento del orden. El viejo mundo se desmoronaba con su ejército y la reconstrucción de una fuerza pública llevará su tiempo.

Más allá de la realidad de las asambleas de base y de la pirámide electoral, el país es muy vasto: la idea de consultar directamente a todos los ciudadanos seguía siendo abstracta. La plantearon en 1790 pequeños grupos de radicales, en concreto el Club des Cordeliers de París, para influir en la redacción de la Constitución, pero sin que tuviera mucho eco. Para la masa de la población, las transformaciones logradas ya eran una conquista extraordinaria: los ciudadanos daban muestras de una gran paciencia hasta que su suerte mejorara realmente. Preguntas tan fundamentales como el control del precio del pan se debatían en las asambleas de ciudadanos, pero siempre en equilibrio con el temor a un retorno del absolutismo, una venganza del rey y los señores como tantas que había habido en el pasado. En estas circunstancias no era fácil presionar a los representantes electos del pueblo. No obstante, el poder de la realeza, a su vez, aceptaba cada vez menos cooperar con la Asamblea e impidió todo compromiso que pudiera estabilizar la monarquía.

El rey y la reina mantenían relaciones secretas con las demás cortes de Europa. En junio de 1791, su intento de unirse al ejército del Este fue una cruel revelación. Claramente, el fracaso de esta huida del rey se debió a la movilización de los patriotas y de las instituciones revolucionarias de base, los ayuntamientos y sobre todo las guardias nacionales, que se movilizaron a lo largo de las carreteras y neutralizaron las unidades de élite de los húsares…, para terminar devolviendo al rey, en estado lastimoso, a París. Una vanguardia política de militantes republicanos exigió entonces la destitución del rey, pero la Asamblea estaba decidida a salvar la monarquía: los peticionarios, reunidos en el Campo de Marte, fueron tiroteados a quemarropa por la Guardia Nacional de París (17 de julio de 1791). Una ola de represión se extendió por las ciudades, los cuarteles, la flota…

La realeza, mantenida a duras penas, rechazó todo compromiso. La nueva Asamblea, la Legislativa, elegida en septiembre de 1791, se reunió el 1 de octubre, pero no tenía la autoridad de la Constituyente. Se convirtió en el juguete de la Corte, que adoptó la política de cuanto peor, mejor: comenzar la guerra tan pronto como fuera posible para que el ejército se disolviera de una vez por todas, para que, con el apoyo militar de los soberanos europeos, el rey pudiera recuperar finalmente todos sus poderes. En un entusiasmo engañoso, la Legislativa votó una declaración de guerra a las potencias continentales (abril de 1792), a pesar de la desesperada oposición de Robespierre, casi el único que señaló los riesgos políticos. La desorganización del ejército se puso de manifiesto desde las primeras batallas de la primavera, todas desastrosas. La invasión estaba en marcha.

Sin embargo, la acumulación de experiencia política en las asambleas locales continuó durante este tiempo. En los barrios, municipios y cantones, e incluso en las administraciones de distrito, se discutían cada vez más cuestiones sociales y políticas: resultaba muy difícil silenciar a los ciudadanos mientras que el rey, a pesar de todos sus juramentos, se apoyaba en otros monarcas. Desde la primavera de 1791 hasta el verano de 1792, la idea generalizada de que Luis XVI era un soberano malo se asoció gradualmente con otra más general: ¿seguía siendo la monarquía un régimen admisible? Y, si no, ¿quién podría ser mejor gobernante que la gente misma? Reunirse y votar en asambleas de ciudadanos dejó de ser paulatinamente una modalidad técnica para resultar cada vez más relevante políticamente para los interesados, igual que su derecho de petición o su organización en la Guardia Nacional. La capacidad de este pueblo de reunirse con regularidad desde 1789 demostraba que existía colectivamente.

3. Una revolución convertida en permanente

En el verano de 1792, los ejércitos enemigos penetraron en el territorio por todos los lados y sus comandantes amenazaron París y a los parisinos con una destrucción ejemplar. Esta amenaza no podía ser más concreta. Al mismo tiempo, a medida que se acercaban las cosechas, se desencadenaron acciones campesinas espontáneas contra los derechos señoriales, mientras que se multiplicaban las incautaciones de convoyes de cereales para asegurar los abastecimientos a bajo precio, el impuesto popular. En respuesta a estas amenazas, el 10 de agosto de 1792, una insurrección organizada por secciones parisinas, patriotas y revolucionarias obligó a la Legislativa a suspender los poderes del rey. Es la segunda revolución, que selló el destino de la monarquía. La Legislativa se declaró en suspenso y convocó asambleas primarias para el 26 de agosto, a fin de reunir lo antes posible las asambleas electorales departamentales que elegirán una Convención, una asamblea dotada de plenos poderes para decretar la suerte del rey y redactar una nueva Constitución.

Entre agosto y noviembre de 1792, cuando se derrumbaron los obstáculos a la participación de los ciudadanos más pobres, las asambleas primarias y electorales se reunieron varias veces para renovar la Asamblea Nacional primero, al elegir la Convención, y finalmente todas las administraciones. Las asambleas de ciudadanos aprovecharon la oportunidad para deliberar sobre lo que debería ser el nuevo régimen. Podemos fechar en ese momento, con el intercambio repetido entre asambleas primarias y electorales, un aumento espectacular de las prácticas de lo que entonces se llamó democracia, una democracia a secas, que no se consideraba directa ni real, sino un poder deliberativo ejercido directamente por el pueblo propiamente dicho.

No fueron únicamente las 48 secciones de París las que experimentaron esta radicalización democrática. Si el número de sociedades y clubes populares aumentó en todo el territorio, eran los electores, los delegados de los ciudadanos, los que hicieron de lanzadera entre sus asambleas. Además, estos electores secundarios, por cierto, no eran los mismos que los de los años precedentes. Los artesanos y los pequeños agricultores eran más numerosos, más exigentes, y trataban de influir. Muchos provenían de localidades donde tuvieron lugar manifestaciones armadas por la liquidación de los derechos señoriales o la tributación de los precios del pan y de la harina. Entonces se planteó crudamente la cuestión de su precio máximo.

Esta ansiedad por el abastecimiento, el miedo a la invasión y la crisis de representación originada por la retirada de la Legislativa y el establecimiento de la Convención impulsaron la autoorganización, la celebración permanente de las asambleas de ciudadanos, así como la adopción de medidas espontáneas para aterrorizar a los adversarios, e incluso para exterminarlos: en París, entre el 2 y el 6 de septiembre de 1792, los militantes de las secciones se dedicaron a vaciar las cárceles antes de ir a la frontera; juzgaron sumariamente y masacraron a una buena parte de los prisioneros. El riesgo de que se repitieran estos actos de terror popular obsesionó a la Convención desde que se reunió.

En los grandes departamentos agrícolas que alimentaban a París y los ejércitos, las asambleas mantuvieron encarnizados debates, en los que se enfrentaban los intereses de los asalariados y artesanos, los viticultores, los pequeños y grandes agricultores… Todos aquellos que necesitaban comprar su trigo, o quienes lo producían para sí mismos, o los pequeños vendedores, ya no se oponían solo a los señores, sino ahora también a los grandes agricultores capitalistas que dominaban estas regiones, monopolizaban las tierras, fijaban salarios y precios. En otras palabras, el marco unitario del tercer estado, formado en 1789 contra los privilegiados, estaba a punto de estallar en pedazos, no ya en las pocas grandes ciudades, sino en la inmensidad del medio rural.

En las asambleas de Seine-et-Oise 2/, el vasto departamento cerealista que rodea París, las reivindicaciones clásicas relativas al precio del pan, pero también al tamaño de las grandes explotaciones, comenzaron a combinarse con mociones sobre la abolición de la monarquía y proyectos propiamente democráticos (Aberdam, 1991). El 17 de septiembre, Pierre Dolivier, sacerdote de Auvers, cerca de Étampes, un militante radical relativamente conocido, propuso imponer en la nueva Constitución que se organizara un debate nacional sobre cada nueva ley 3/. Su propuesta ampliaba las demandas de los radicales parisinos; suponía un control por parte de las asambleas locales sobre la acción de los diputados y la adopción del mandato imperativo. La propuesta de Dolivier fue rechazada, pero ya no sería un caso aislado: en el mismo momento, Babeuf argumentaba de manera similar ante la asamblea electoral de Somme (Daline, 1987).

Finalmente, la asamblea de Seine-et-Oise redactó un llamamiento a la Convención, una especie de programa que combinaba la defensa de los intereses de los artesanos y trabajadores asalariados, fijando una proporción entre el precio del pan y el de la jornada de trabajo, con las reivindicaciones de los campesinos medianos y pobres, limitando el tamaño de las grandes explotaciones. Con sus propuestas de control popular, el llamamiento de los diputados de Seine-et-Oise, presentado el 15 de noviembre de 1792 a la Convención, resonó menos como un apoyo que como una amenaza: “No tengan miedo […] no son las verdades reveladas las que hacen revoluciones, sino aquellas que se sofocan”. La Asamblea rechazará este llamamiento. Ante las reivindicaciones que llegaban de todos lados, le interesaba proteger el papel central del Parlamento y quebrar toda lógica alternativa basada en asambleas locales de ciudadanos. Sin embargo, el llamamiento 4/ demostró la profunda radicalización social en curso y el desarrollo gradual de las alianzas políticas que se volverán indispensables.

La Convención, reunida a partir del 21 de septiembre de 1792, decidió lógicamente la abolición de la monarquía. En ese momento se enteró de que, por primera vez, en Valmy, el nuevo ejército había sido capaz de resistir el ataque con cañones del enemigo y no huir. Por lo tanto, era posible combinar la experiencia de los culs blancs, antiguas tropas reales, con el patriotismo de los azules, voluntarios de la Guardia Nacional. Este comienzo de estabilización, que se sabía que era provisional, concedió un poco de tiempo a la Convención. Formar una república en un país de 25 a 30 millones de habitantes era para ella un salto a lo desconocido, por mucho que hubiera sido elegida para redactar la Constitución de esta república de tamaño inédito y, por lo tanto, para deshacerse del rey. Esta última tarea la tuvo ocupada desde finales del año 1792 hasta enero de 1793, pero la Convención rindió homenaje desde el principio (quizás involuntariamente) a la madurez política adquirida por las asambleas de ciudadanos al decidir, mediante un decreto de octubre de 1792, que todas las votaciones se harían a partir de entonces a dos y no a tres vueltas. Esta simplificación técnica significaba asimismo que el espacio político se simplificó, y este sistema de votación seguirá siendo la regla.

4. La tercera revolución y la idea del referéndum

Los miembros de la Convención conocían perfectamente las actividades multiformes de las asambleas de ciudadanos del verano de 1792, puesto que fueron elegidos en ellas. De hecho, se enfrentaban a una situación sin precedentes, en la que el pueblo ya actuaba como soberano, pero ahora debían definir cuáles serían sus poderes. La cuestión sobrevolaba el debate desde el comienzo, en decisiones todavía tímidas. La idea de lo que llamamos referéndum apareció inmediatamente con el proyecto aún vago de someter la futura Constitución al sufragio popular, y simultáneamente se produjeron aplicaciones prácticas con votaciones populares directas para sancionar, a finales de 1792 y principios de 1793, la unión a Francia de una serie de territorios fronterizos que no formaban parte de ella.

También hubo una votación de este tipo, pero a escala nacional, cuando se produjo un encendido debate sobre si había que someter o no el veredicto sobre la suerte del rey a votación en las asambleas primarias. Los diputados dudaban, comprendiendo que esta consulta allanaría el camino a otras, pero sobre todo ignorando cuáles serían los resultados de una sanción popular de la decisión que tomaran sobre la suerte del rey. Sabían que si los monarcas europeos ganaban la guerra, cada diputado sería declarado personalmente responsable de su voto y los enemigos simplemente colgarían a quienes hubieran votado mal. No obstante, la mayoría de los diputados se negaron a remitir a las asambleas primarias la sanción de la decisión que iban a tomar.

El rey, condenado por alta traición, fue ejecutado el 21 de enero de 1793. Con esta decisión, la mayoría de los miembros de la Convención asumieron su condición de representantes. En cierto modo, fundamentaron la legitimidad política de la burguesía francesa. Los monarcas europeos ya no podían transigir con este acto: la guerra devino implacable, dividiendo aún más la Convención. Esta última intentó reconstruir un aparato de Estado y un ejército que en gran parte estaban desmembrados, pero al mismo tiempo siguió consolidando su legitimidad al recurrir a menudo a la votación directa de los ciudadanos, lo que a su vez agudizó las contradicciones de un régimen que todavía era muy débil.

En febrero de 1793, la Convención decidió amalgamar las unidades del antiguo ejército con las formadas por voluntarios de la Guardia Nacional, pero para mantener la adhesión de estos voluntarios fue necesario generalizar por primera vez el recurso a la votación para la promoción. Sin embargo, esta práctica del ascenso según un mérito reconocido por el voto de los soldados, desde los cabos hasta el rango de coronel, reservaba un tercio de los puestos al criterio de antigüedad. El sistema resultará ser duradero, pero en respuesta al mismo los oficiales superiores desertaron en masa. Dumouriez, comandante en jefe en Bélgica, se pasó al enemigo en los últimos días de abril de 1793, con todo su estado mayor, tomando prisioneros al ministro de Guerra y a los diputados que le acompañaban. Las tropas, abandonadas, resistieron como pudieron, pero la desconfianza absoluta con respecto a los generales del antiguo régimen se extendió entonces a todo el ejército y a todos los patriotas.

Para reforzar estos ejércitos, otro decreto de febrero de 1793 decidió la leva de 300.000 hombres, pero delegó en las asambleas locales de ciudadanos afectados la elección de la forma de proceder a esta leva: se podía sortear o elegir a los reclutas. Se mantuvo el principio del voluntariado, pero sobre todo porque permitía recurrir de manera oficiosa a la práctica de reemplazar a los reclutas a cambio de una suma de dinero. Esta leva, el recurso a un modo de decisión muy cuestionable, las injusticias y las desigualdades sociales que agravaba, provocaron conflictos abiertos en el oeste. El rechazo de este mal procedimiento de reclutamiento fue el punto de partida de lo que se convertirá en la revuelta de Vendée, pero se concibió como una vasta decisión democrática, descentralizada.

En la misma onda, en marzo de 1793, la Convención creó comités de vigilancia municipales, responsables de las tareas policiales. Estos cuerpos los formaban doce ciudadanos elegidos directamente, con exclusión de los sacerdotes, los nobles y sus agentes. Estos comités constituirán una autoridad local efectiva, pero rivalizarán con la de los ayuntamientos y la de los guardias nacionales. Todas estas innovaciones democráticas, con sus improvisaciones, revelan las dificultades que la Convención trataba de controlar porque estos tanteos también reflejaban la aparición en su seno de dos corrientes políticas que cristalizaron.

Esta división se produjo en la primavera de 1793, no tanto con respecto a la futura Constitución, que avanzaba muy lentamente, sino a las opciones sociales cruciales impuestas por la guerra contra todos los monarcas de Europa. ¿Deberíamos –y podemos– movilizar directamente a la masa de la población y ganar? La Gironda pensaba que no; deseaba privilegiar la vía diplomática y convencer a las monarquías europeas de la locura de una guerra total, para evitar medidas sociales drásticas y sus consecuencias a largo plazo. La Montaña, por el contrario, estaba dispuesta a apoyar las reivindicaciones de los sans-culottes de París, organizados en sus secciones y, en el campo, a poner fin de una vez por todas a los derechos señoriales, con el fin de movilizar a toda la población rural. En mayo de 1793, tras las derrotas en Bélgica y en las fronteras y la prolongación de la guerra civil en el oeste, ya no parecía posible ninguna solución de compromiso. De nuevo, cuidadosamente preparada por una comuna insurreccional con el apoyo de la Montaña, una nueva insurrección de la sección parisina, el 2 de junio de 1793, forzó a la Convención a excluir al núcleo dirigente de los girondinos y obligó a los demás diputados a alinearse. Comenzó la tercera revolución.

Por efecto de la insurrección, en la Convención se formó una nueva mayoría, mixta pero animada por la Montaña y que dominaba un nuevo órgano ejecutivo, el Comité de Salvación Pública. De cara a la Constitución, se aprobó rápidamente que el futuro régimen tendría que combinar la representación con la posibilidad de que los ciudadanos decidieran por sí mismos las opciones más importantes o las que les concernieran directamente. Esto se plasmó pronto en la ley del 10 de junio de 1793 sobre el reparto de los bienes comunales. Discutida durante mucho tiempo, esta ley abrió, en su versión final, el derecho a decidir las particiones mediante votación local, abierta a todos los habitantes mayores de edad, hombres y mujeres. Si se decide el reparto, será igualitario, con una parcela para cada habitante de la localidad, propietario o no, hombre o mujer, mayor de edad o no 5/. Esta ley del 10 de junio se difundió y comentó ampliamente, máxime cuando esta votación local fue la primera en que se admitió explícitamente la participación de las mujeres y su adopción arrojó una luz particular sobre el proyecto de Constitución, que la Convención adoptó el 24 de junio de 1793, sometiéndola esta vez a votación popular.

5. La Constitución de 1793 y sus críticos

La insurrección del 31 de mayo al 2 de junio llevó a una parte de los dirigentes girondinos a refugiarse en la provincia, desde donde lanzaron una campaña virulenta contra el golpe de fuerza que violó la Asamblea soberana. Existían, pues, dos legitimidades, fuentes de una posible guerra civil. En París, una comisión de la nueva mayoría elaboró una Carta de Derechos y una Constitución, revisando los textos parciales adoptados en los meses anteriores. Este proyecto se llevó a cabo entre el 5 y el 24 de junio, una celeridad que, en medio de una actualidad multiforme, dificultaba la crítica.

Estos documentos se difundirán masivamente, tal vez más que cualquier texto político hasta entonces. Muchos de sus aspectos no tenían parangón en los anales: así, la definición de las condiciones requeridas para ejercer la ciudadanía, que quedó abierta a todos aquellos que residieran en el territorio y participaran en la vida social, cualquiera que fuera su nacionalidad. La Ley Constitucional, por otra parte, incorporó mecanismos muy similares a los que existían desde 1790, pero transformados por la elección ahora directa de diputados en circunscripciones territoriales específicas. El trabajo de los futuros parlamentarios, elegidos por un año, será controlado, sin embargo, por un mecanismo democrático, también directo, ya que los proyectos de ley redactados por la Asamblea se someterán a la aprobación o no de las asambleas primarias. En realidad, el sistema no hizo sino organizar la desaprobación, para la cual las asambleas primarias debían autoconvocarse, de acuerdo con modalidades bien definidas, con tasas de participación requeridas para que su convocatoria fuera válida y se admitiera la validez de sus votaciones. Por tanto, el esquema adoptado articulaba representación y democracia con una seria ampliación de los derechos políticos, de los cuales las mujeres, sin embargo, siguieron estando excluidas.

La Ley Constitucional de 1793 no fue tan lejos como para reconocer los derechos sociales, como el derecho al trabajo o la asistencia a quienes no podían trabajar. El proyecto de Declaración de Derechos redactado en este sentido por Robespierre no fue aprobado, pero este último no insistió: después del 2 de junio se trataba de conservar la nueva mayoría, demasiado frágil. Ahora bien, los militantes radicales parisinos, profundamente implicados en la actividad política de las secciones entre las dos insurrecciones del 10 de agosto de 1792 y del 2 de junio de 1793, no querían saber nada del rápido giro político que se había producido. Se veían empujados hacia delante por las demandas populares en materia de avituallamiento, en un momento en que parecía abierta una vía hacia una república democrática. Estos y estas militantes, a quienes acostumbramos llamar los enragés, aunque ellos mismos no se designaran de esta manera, desempeñaban un verdadero papel de animación en las secciones de París que se autoadministraban.

Jacques Roux, Jean Varlet y Théophile Leclerc, o bien Pauline Léon (Guillon, 1993) y Claire Lacombe, estaban vinculados a la vida política de las secciones, que no dejaba de ampliarse, con toda la variedad de sociedades que enlazaban el Club des Cordeliers y la izquierda del de los jacobinos. Roux, cura militante de la sección de Gravilliers, también era miembro del ayuntamiento de París, que lo delegó para la ejecución del rey en enero de 1793. Además, entre febrero y mayo de 1793 se formó la sociedad de republicanas revolucionarias, experiencia profundamente original de una asociación femenina radical e implantada en la población trabajadora. Los enragés no eran un grupo político constituido, sino una red de portavoces. Roux, por ejemplo, casi siempre intervenía en nombre de un colectivo y no decía nada que no hubiera sido ampliamente discutido en una o más secciones, o en uno o más clubes o sociedades. En esto era coherente con los miembros de las secciones para quienes la política era principalmente la de las asambleas de ciudadanos 6/. Sin embargo, el movimiento de las secciones parisinas llevaba meses exigiendo la prohibición del comercio de dinero monetarizado, la especulación que perjudicaba al cesionario y el acaparamiento de productos que obstaculizaba el abastecimiento.

Por lo tanto, los radicales tenían otras muchas preocupaciones que la Constitución y emprendieron muy tarde la batalla por su contenido, afrontando entonces una dura negociación. El 20 de junio, en el Club des Cordeliers (Markow, 2017), Roux propuso agregar un artículo a la Declaración: “La nación protege la libertad de comercio, pero castiga con la pena de muerte la especulación y la usura”. Hébert, fiscal de la Comuna, le apoyó y propuso recabar el respaldo de la Comuna. El 21 de junio, Roux preguntó a esta última en qué capítulo de la Constitución se prohibían la especulación y el acaparamiento. “¿Qué es la libertad cuando una clase de hombres puede matar de hambre a otra? ¿Qué es la igualdad cuando los ricos pueden, por su monopolio, decidir sobre la vida o la muerte de su prójimo?” La Comuna aplaudió, pero se atuvo al orden del día. Roux volvió a la carga ante los Cordeliers el día 22: “Las sanguijuelas de esta buena gente siempre pueden beber su sangre gota a gota al amparo de la ley”. Apoyado entre otros por Varlet y Leclerc, logró que se nombrara una comisión que pasó la noche elaborando una petición para que pudiera presentarse el día siguiente a la Asamblea, porque ahora era urgente, ante la inminencia de las votaciones.

La Convención dedicó su sesión del 23 de junio a la adopción global de la Declaración de Derechos en presencia de autoridades que acudieron para felicitarle. Para marcar su horror ante la guerra civil, renunció solemnemente a la posibilidad de aplicar los poderes excepcionales de la ley marcial 7/. Roux y los comisarios solicitaron entonces presentar su petición. Si el texto que llevaban era similar a la Declaración propuesta en abril por Robespierre, todo cambió con el derrocamiento de la Gironda y la formación de la nueva mayoría. Chocaron con un bloqueo político perfectamente deliberado. Fue precisamente Robespierre quien intervino para que la presentación se pospusiera, señalando que ese día de celebración no debía dedicarse a intereses particulares, sino a la proclamación serena de la finalización de la Constitución, ya que la votación del conjunto de los textos estaba prevista para el día siguiente, 24 de junio, y debía conducir lógicamente al llamamiento al voto de las asambleas primarias.

El 25 de junio de 1793, Jacques Roux intervino por tanto una vez adoptados los textos, y todo sucedió como si la maniobra de Robespierre, demorando su intervención, permitiera ahora presentar a Roux como alguien que deseaba postergar la fecha de reunión de las asambleas primarias y bloquear el procedimiento democrático relanzando el debate. De ahí un tumulto general, una protesta escenificada contra el sacerdote intrigante, el alborotador, el agente del extranjero, que se atrevía a comparar desfavorablemente el nuevo régimen con el antiguo. Roux vaciló bajo el peso del estigma y sus amigos parecían aún más desmoralizados. Esos ataques groseros marcaron en realidad la ruptura de la alianza de los radicales con la izquierda jacobina, que esta vez hizo frente común con el resto de la Asamblea. Al exigir medidas legales contra los especuladores y defender los principios de la redistribución social, Roux se excluyó de la nueva mayoría.

El objetivo del día era conseguir un voto popular masivo sobre la Constitución. Robespierre, maestro de la táctica, usó a Roux para consolidar la mayoría con el apoyo de Marat. Para poner los puntos sobre las íes, volvió a atacar a Roux el 28 de junio ante los jacobinos, pero explicó su opción política al ofrecer una descripción chirriante de la nueva mayoría de la Convención, que se había formado en junio tan solo bajo la amenaza de la insurrección. Dado que los textos adoptados fijaban el compromiso adquirido, desgraciados quienes se apartaran del mismo, desgraciado Roux, quien se suicidará en la cárcel, y desgraciados los que le siguieran, así como los girondinos recalcitrantes.

Ocurría en ese momento que una mayoría de administraciones de los departamentos y ayuntamientos de las grandes ciudades se decantaba por la insurrección, apoyando a los líderes girondinos fugitivos, federándose contra el golpe de fuerza parisino. Frente a esta reacción federalista, para conjurar el riesgo de una guerra civil no bastaba la ruptura con los enragés: la Convención convocó las asambleas primarias mediante decreto el 27 de junio. Fue una decisión política importante, destinada a colocar a todas las administraciones ante sus responsabilidades: aceptar o rechazar la organización de la votación popular era aceptar o rechazar la lealtad a la nueva mayoría de la Convención. Para los miembros de esta asamblea, este procedimiento de votación directa de las asambleas primarias, en un país amenazado por la guerra civil, era un salto al vacío, un riesgo apenas calculado. Entonces, para conjurar el peligro y tratar de asegurarse los votos del país rural, los diputados adoptaron finalmente, el 17 de julio, durante las votaciones provinciales, la gran ley de supresión total de los derechos feudales, una decisión retrasada desde 1789 pero que, a su vez, tendrá efectos inmensos.

6. La votación popular

Diez meses después de la reunión de la Convención, la República está en peligro de sucumbir ante los ataques militares combinados de las monarquías europeas, de la revuelta de la Vendée y del comienzo de la insurrección girondina. Hemos visto que la Asamblea, sin embargo, priorizó una respuesta política, la del referéndum, aunque sin utilizar esta palabra, ya que se prefería hablar de votación popular, precisamente con el fin de no confundirla con las elecciones. En la práctica, el electorado se había ampliado lentamente desde agosto de 1792, aunque en principio seguía siendo masculino, pasando quizás de 4 a 5 millones de personas con derecho a voto. No obstante, si la destreza política de los revolucionarios era notable, su conocimiento de la estadística no lo era. Nociones que hoy son comunes les eran ajenas, como nuestro uso cotidiano de los porcentajes y nuestra cultura matematizada, que nos permite leer directamente la tasa de participación en función del número de inscritos y la tasa de abstención, significativa o no… La Convención desconocía cuántos hombres se habían beneficiado de la ampliación del derecho de voto y, más allá de una reunión apacible de las asambleas primarias, no tenía ni idea de lo que debería ser estadísticamente un buen resultado de la votación popular que había lanzado. Optó por un proceso político: por encima de las cabezas de las administraciones departamentales, girondinas, federalistas o trabajadas por los insurgentes católicos y realistas, se dirigió a las administraciones de los 548 distritos, de unos 5.000 cantones y, más allá, de los 44.000 ayuntamientos; se trataba de aislar a la burguesía de las capitales provinciales rebeldes.

La votación popular de 1793 tuvo lugar entre comienzos de julio y comienzos de agosto, cuando las cosechas movilizaban a toda la población, un trabajo agotador y vital. Fue todo un reto. Tan pronto como llegaban los textos, se exhibían y proclamaban públicamente, en ceremonias de información que recordaban las prácticas de la realeza. Sin embargo, aunque algunos ciudadanos se contentaban con asistir a las proclamaciones, alrededor de dos millones se tomaron todo un día para reunirse en asamblea cantonal. Fue un éxito que no se superará pronto, ya que entre el 40 % y el 45 % de los electores se desplazaron a pesar del trabajo 8/. Además, en un centenar de cantones, las mujeres intentaron enérgicamente participar en las asambleas, de las que teóricamente estaban excluidas. Esto no fue solo el resultado de la radicalización en curso, en la que sería absurdo imaginar que las mujeres no participaban, sino también de las contradicciones del sistema: para mucha gente, el hecho de pagar impuestos todavía condicionaba el ejercicio de la ciudadanía, como en 1789-1792; se supone que las mujeres, al menos si eran viudas (y según la demografía de la época había muchas), debían pagar impuestos. A los ayuntamientos les preocupaba que, si se les negaba el derecho a votar, especialmente en asuntos locales, se negarían a contribuir. Por encima de todo, a pesar de que los testimonios rara vez son los de las propias mujeres, entendemos que era para demostrar que podían reunirse apaciblemente, participar en asambleas sin causar problemas, que eran, como diríamos, políticamente responsables.

Reflexionar sobre esta presencia de mujeres, confirmada por documentos de los que rara vez fueron autoras, es una buena introducción a la lectura de las actas de las asambleas primarias del verano de 1793 9/. Teniendo que emitir su voto sobre la Declaración de Derechos y la Constitución, muchas asambleas trataron de acordar, y algunas lo consiguieron, sus votos, en plural, que de hecho eran reivindicaciones que sonaban, cuatro años después, como nuevos cuadernos de quejas, o peticiones masivas formuladas por el pueblo soberano: “Lo que pensamos, lo que queremos”. Estos votos del verano de 1793 no eran política ni socialmente homogéneos, pero el procedimiento, en gran medida improvisado, demuestra la capacidad deliberativa de un pueblo reunido en asamblea.

Las asambleas primarias se ampararon asimismo en el artículo del decreto que les exigía escoger a un ciudadano para que trasladara directamente su voto a París. Centenares de ellas aprovecharon para encargarles que transmitieran también sus votos particulares. Los miles de enviados del verano de 1793, verdaderos hombres de confianza de las asambleas de ciudadanos, se reunieron en la capital a comienzos de agosto. Eran los elegidos recientes, directos y numerosos, de un pueblo que había elegido, un largo año antes y por sufragio indirecto, una Asamblea de composición limitada y que ya había tenido que ser depurada por la fuerza. Se entiende la desconfianza con que la Convención recibió a los enviados.

7. Dos representaciones cara a cara

Cuando las delegaciones de las asambleas primarias parisinas acudieron a informar a la representación nacional de su voto aprobatorio, se planteó cada vez con más fuerza la cuestión de la presencia directa del pueblo soberano. El 3 de julio, al presentarse una delegación de Bondy, el diputado radical Billaud-Varenne subrayó que “los ciudadanos que están aquí dando fe del soberano, pido que sean recibidos en el interior de la sala”. En los días siguientes, estas delegaciones pasaron a ocupar el espacio reservado a los diputados. El 8 de julio, el montañés Levasseur solicitó la admisión de una delegación de Versailles-hors-les-murs 10/ y “que acabe toda discusión hasta que el soberano que esta aquí haya sido escuchado (murmullos en la sala)… Quise decir miembros del soberano”, rectificó Levasseur, tratando de limitar el alcance de su propuesta: reclamar que el soberano se expresara directamente ante la Convención equivalía a decir que esta última estaba en funciones, a la espera de que fuera elegida otra Asamblea.

Uno de los animadores de los enragés, Varlet, integró a su vez a los enviados en la visión democrática radical de su Declaración solemne de derechos del hombre en el Estado social 11/, cuya versión final se dirigía directamente a ellos. Varlet propuso (art.23) que los enviados dieran a conocer las propuestas de sus asambleas primarias: “Cuando una nación soberana se constituye en Estado social, sus diversas secciones envían diputados provistos de mandatos explicativos; reunidos en común, estos apoderados desarrollan las intenciones de sus mandantes, les formulan proposiciones de ley; si la mayoría las acepta, estas convenciones forman un conjunto, llamado contrato social”. Y en el art. 24: “Las leyes son expresión de la voluntad general: esta voluntad solo puede conocerse acercando, comparando, recensando los votos parciales que emiten por secciones los ciudadanos reunidos en asambleas soberanas”.

El enragé Varlet calificó a los enviados de apoderados, depositarios de una autoridad emanada de las asambleas primarias soberanas, pero al mismo tiempo Jacques Roux, otro enragé que criticó una Constitución que no protegía más que a los ricos, sufrió un verdadero acoso judicial. El aislamiento de los enragés aumentó todavía más después del asesinato, el 13 de julio, de Marat, que los había atacado duramente. Roux y Leclerc, amenazados, trataron por separado de asegurar la continuidad del diario Ami du Peuple. Roux difundió llamamientos virulentos para convertir el aniversario del 10 de agosto en la tumba de los acaparadores y de los concusionarios, proyecto que podía entenderse como el intento de asesinatos en masa en las cárceles y que evocaba por tanto, para la Convención, muy malos recuerdos de septiembre de 1792. Leclerc, por su parte, no dejó de blandir continuas advertencias sobre el peligro de la dictadura, con la que Danton acababa de proponer que se invistiera al Comité de Salvación Pública 12/. Los enragés fueron objeto de amenazas cada vez más concretas, pero en aquel momento parecía que Varlet era el único que intentaba apoyarse en los enviados.

El 10 de agosto de 1793, los enviados desempeñaron un papel central en la gran ceremonia que marcó el final de la votación popular, logrando modificar a su favor el programa concebido por el pintor David. Este éxito no les incitó en modo alguno a separarse. Su reunión en París apareció claramente como una especie de segunda representación de la Nación, directa, numerosa y reciente. La Asamblea y sus comisiones adoptaron todas las precauciones para vigilar, controlar e influir en la masa de enviados. Sus discusiones con los militantes parisinos, en la pléyade de sociedades, clubes y secciones de la capital, acabaron modificando los términos del debate público. En esas discusiones cristalizaron dos temas políticos importantes y duraderos: la “leva masiva del pueblo francés” y la “puesta en el orden del día del terror”. Obligada y forzada, la Asamblea aceptó estos términos, pero velando por no perder en ningún momento el control sobre las decisiones prácticas.

El compromiso en torno al cual se había formado, a comienzos de junio, la nueva mayoría parlamentaria, establecía explícitamente que la Convención se disolvería una vez cumplida su misión y adoptada la Constitución. Tras la ceremonia del 10 de agosto, muchos diputados deseaban, efectivamente, volver a casa, pero todo ocurrió como si el Comité de Salvación Pública, para el que había sido elegido Robespierre el 27 de julio, dudara del grado de aprobación y de legitimidad obtenido por la Constitución. El total de unos dos millones de votos, constatado el 20 de agosto por la comisión que los centralizaba, parecía muy inferior al número esperado. El comité prefirió no publicar este total, pues no se dio cuenta de que se trataba de todo un éxito. Este dato quedó encerrado, junto con el Acta Constitucional, en una Arca de la Alianza colocada simbólicamente encima de la tribuna de la Asamblea. La votación, sin embargo, permitió reforzar la legitimidad de la Convención, que eligió un Comité de Salvación Pública encargado a partir de entonces de hacer frente a las distintas amenazas militares.

8. Del éxito político a las medidas de movilización

Si las monarquías europeas se mostraron prudentes en el terreno militar tras sus fracasos del verano de 1792, no por ello dejaron de estar a la ofensiva. Reconquistaron Bélgica en mayo de 1793 y ocuparon toda una parte del norte del territorio francés, al tiempo que lograron avances en los Pirineos y los Alpes. El asesinato de Marat, el 13 de julio, hizo temer que se multiplicaran los asesinatos terroristas organizados por los girondinos, mientras que una serie de movimientos de las secciones, bien controlados en diversas grandes ciudades federadas contra París, se inclinaban por la contrarrevolución. El Comité de Salvación Pública preparó por tanto activamente la campaña militar, que resultaba necesaria para recuperar Lyon, Marsella y el gran puerto militar de Toulon, que mientras tanto había sido entregado a la flota inglesa, sin contar con otros contratiempos que solo nos parecerán menores con el paso de los años.

Finalmente, y quizá sobre todo, el verano de 1793 fue el periodo en que la insurrección de la Vendée representó el peligro estratégico máximo. Parroquia por parroquia, sus compañías también habían elegido a sus capitanes y reclutado a oficiales nobles. Pasaron muy rápidamente de una actividad partisana a realizar incursiones en las ciudades del bocage y después a lanzar una ofensiva a lo grande. El ejército católico y real tomó Angers e intentó conquistar Nantes a finales de junio. Victorioso en Torfou, pero después derrotado en Cholet, este ejército cruzará el Loira el 18 de octubre para tratar de apoderarse de un puerto bretón para abrirlo a los ingleses y a los nobles que precisaba para organizarse… La amenaza era más que seria, pero el ejército vendeano, que arrastraba tras de sí una multitud de no combatientes, se entretuvo en Bretaña, saqueando para alimentarse, lo que movilizó contra él a las poblaciones de las zonas costeras, para las que el inglés seguía siendo el adversario tradicional. Las tropas republicanas se vieron continuamente reforzadas por la afluencia de guardias nacionales 13/.

No obstante, el aplastamiento de los vendeanos y la recuperación de las grandes ciudades del sur no se produjeron hasta más tarde; apenas pasado el 10 de agosto de 1793, cuando el Comité de Salvación Pública y la Convención tenían que decidir o no fijar las fechas de nuevas elecciones y disolverse como tales, todas las amenazas militares eran muy reales y se combinaban. La ley antifeudal del 17 de julio, el éxito del referéndum como proceso político innovador y el carácter democrático de la Constitución que sancionó permitieron reunir una mayoría y aislar duraderamente a las élites provinciales. Si el Gran Comité no entendió el significado del número de votos, los excelentes juristas que se sentaban en la Convención comprendieron perfectamente que los miles de enviados, con sus miles de votos, eran sintomáticos de la manera en que podía evolucionar, en caliente, el equilibrio entre representación y democracia, al menos si se procedía a aplicar la Constitución aprobada por el pueblo.

En lo que los republicanos llamarán más tarde, púdicamente, aquellas circunstancias, no solo no se publicaron los resultados de la votación, sino que se tomó la decisión de no poner en práctica de inmediato la Constitución: se suspendieron las nuevas elecciones municipales previstas y, para mayor seguridad, los propios enviados fueron enviados a prestar servicio en sus respectivos cantones. Sin que en ningún momento se adoptara el principio de una dictadura a la romana, se optó por ir hacia un régimen provisional de extrema recentralización, capaz de impulsar y de organizar la movilización mediante la leva masiva y la puesta en el orden del día de una forma de terror que se mantendría bajo el control de la Asamblea. Este fue el mandato elaborado entre la Convención y el Comité, mediante añadidos sucesivos entre finales de agosto y comienzos de diciembre: se suspendieron en principio todas las elecciones, aunque los ciudadanos continuaron reuniéndose; el Gobierno depuró sistemáticamente las administraciones locales. La Convención, que había registrado un gran éxito político, optó por prolongarlo mediante una forma de dictadura de salvación pública.

9. La oposición de los radicales

A finales de agosto de 1793, los enragés parisinos empezaron a entender lo que estaba sucediendo, especialmente alrededor de la disolución de los enviados. El día 26, en una petición terrorista y al mismo tiempo favorable a la organización inmediata del gobierno, prevista en la nueva Constitución 14/, el club de las Republicanas Revolucionarias escribió a la Convención: “Apresúrense sobre todo a demostrar a toda Francia, en la práctica, que los enviados de un gran pueblo no hemos venido a un coste elevado de todos los rincones de la república para montar simplemente una escena patética en el Campo de Marte; demuéstrennos que esta Constitución que creímos aceptar existe”.

Leclerc hizo gala de una asombrosa lucidez en su Ami du Peuple del 1 y del 4 de septiembre, y conviene reproducir una cita más larga:

“Legisladores, nos habéis dado una Constitución; el pueblo francés la ha aplaudido y aprobado; esperaba con impaciencia los efectos felices que resultarían de su aprobación; cuando se dio cuenta de que solo estaba sobre el papel, pensó que su ejecución dependía de una formalidad en que no había pensado hasta entonces. Viene por tanto y os pide que la aprobéis también. ¿Qué responderíais al soberano si os hablara de este modo? Nada, sin duda; cuando se hace oír, corresponde a los sirvientes obedecer y guardar silencio”.

En la edición del 4 de septiembre:

“Se ha señalado que si nos apresuramos a convocar las asambleas primarias, dado que el espíritu público está corrompido en algunos de nuestros departamentos, el resultado de su nombramiento sería detestable; la legislatura, detestable; el consejo ejecutivo, detestable. En primer lugar es insultar al pueblo, es cometer un crimen de lesa nación, es calumniar a los franceses pensar que se hallan en semejante estado de envilecimiento y corrupción, en el que habría que hundirlos en una gran mayoría para darnos esta legislatura, con el que intentan espantarnos como a los niños del hombre lobo. En segundo lugar es un atentado a la verdad, porque tenemos ante nuestros ojos pruebas materiales que nos han demostrado que los franceses no eran susceptibles de adoptar decisiones tan malas como las que se ha querido decir”.

“Decidme, respetables legisladores, si los enviados de las asambleas primarias, diputados directos del pueblo para la aprobación de la Constitución, también eran detestables. ¿Creéis que los franceses no reflexionan sobre sus decisiones, que son brissotinos, girondinos o rolandinos 15/ los enviados de las asambleas primarias? No, legisladores, casi todos eran excelentes patriotas; y os han demostrado con tanta claridad como a nosotros que el espíritu público de los departamentos no estaba tan deteriorado como algunos hombres, que los han difamado por complacer a otros, se atrevieron a anunciar. En tercer lugar, esta afirmación ridícula parece decir al pueblo entero: la naturaleza hizo un esfuerzo cuando produjo a los miembros que componen la Convención nacional, el pueblo francés se desprendió de lo que tenía más puro, más virtuoso, más sabio para formarla, y toda la sabiduría humana, todos los talentos posibles contenidos en ella crean, con las mejores intenciones del mundo, una legislatura digna de la presente Convención. Que juzguen la opinión pública y la posteridad semejante fanfarronada”.

Por lo tanto, Leclerc insistió en los inagotables recursos democráticos simbolizados por los enviados, ahora dispersados. Abundó incansablemente en el tema hasta la desaparición forzada de su periódico 16/, pero no fue tan solo la pequeña corriente de los enragés la que sería eliminada tras la formación del Gobierno revolucionario: a partir del otoño comenzaron a aplicarse las medidas de restablecimiento del orden en las secciones de París, comenzando por las formas de participación política femenina.

10. Restablecimiento del orden, movilización por la guerra

y movimientos populares

El Comité de Salvación Pública no era al principio más que un colectivo de una docena de diputados elegidos por la Convención y que respondían ante ella; ahora tenía como prioridad movilizar todos los recursos para restaurar la situación militar y, cosa que no es una tontería, lo logró en el plazo de un año. La brutalidad minuciosa de este régimen centralizado se aplicará a todos los sectores, disciplinando la acción de las administraciones y remitiendo sistemáticamente a los oponentes al Tribunal Revolucionario en juicios sumarios en los que se mezclan toda clase de personas, ya fueran oponentes o presuntos oponentes. No es este el lugar para detallar la manera en que este Gobierno Revolucionario puso bajo tutela la Comuna de París, las secciones parisinas y después las sociedades seccionales, entre septiembre de 1793 y julio de 1794: este es un tema sobre el cual existen numerosas obras detalladas. En cambio, sí conviene saber que en todo el país, incluso durante esa dictadura de salvación pública, y a pesar de la vigilancia administrativa, las medidas policiales, el recurso al Tribunal Revolucionario y a la guillotina, los ciudadanos no perdían ninguna oportunidad para reunirse. Los informes policiales y las actas que han llegado a nuestras manos dan testimonio de su adhesión desigual a las medidas coercitivas, incluso de su insolencia. A pesar del terror, las formas democráticas de la política heredadas de años anteriores resistían bastante bien, listas para resurgir.

Sin embargo, el contexto ya no era el mismo; en el campo, la aplicación de la ley del 17 de julio de 1793 sobre la totalidad de los derechos feudales marcó el fin de la alianza antiseñorial que había sucedido en 1791-1792 al tercer estado de 1789. A partir de entonces, las luchas sociales en el medio rural cambiaron radicalmente, mientras agentes gubernamentales y también escuadrones de militantes urbanos 17/ recorrían las aldeas y requisaban las reservas de granos para las ciudades y los ejércitos… Era una lucha de todos contra todos por apropiarse de las ventajas de la Revolución. Enfrentamientos en torno a las antiguas reglas colectivas de cultivo y espigueo, a la especulación inmobiliaria con las antiguas propiedades del clero y de los emigrados, a las batallas por el reparto de las antiguas rentas señoriales y eclesiásticas, a los conflictos salariales… Los campesinos más pobres aún no habían conseguido que se limitara el tamaño de las grandes explotaciones, y mucho menos de las propiedades, pero evidentemente no sabían que todo esto ya estaba desfasado y seguían luchando.

Los catorce ejércitos de la República se vieron reforzados por la leva masiva, que combinó el reclutamiento de hombres, la movilización económica y el control de precios. Estarán operativos en la primavera de 1794. El Comité de Salvación Pública, que controlaba las manufacturas de guerra, trató de establecer en ellas una verdadera disciplina industrial, lo que provocó un enfrentamiento con las secciones urbanas. En París, en la primavera de 1794, el establecimiento de un precio máximo del pan y los alimentos indispensables vino acompañado de la fijación de un salario máximo, lo que hizo que los trabajadores parisinos retiraran todo apoyo al equipo del Comité de Salvación Pública.

La victoria de Fleurus, a principios de julio de 1794, mostró que la situación militar comenzaba a cambiar. Una buena parte de la población creía que entonces se implementaría la Constitución de 1793. Se produjeron grandes manifestaciones populares en este sentido, pero el Comité de Salvación Pública no quería saber nada de ello y reprimió estos gestos colectivos. En la Convención, todos aquellos que ya no apoyaban la política de terror acordaron entonces secretamente prepararse para el derrocamiento del Gran Comité, un cambio de mayoría que no podía hacerse sin una confrontación a vida o muerte. Los días 25 y 26 de julio de 1793 (8 y 9 de Termidor, año II), el equipo de Robespierre quedó en minoría en la Convención. Una parte de sus dirigentes se escabulleron e intentaron que se alzaran la Comuna y las secciones, o al menos lo que quedaba de ellas después de la depuración y el sometimiento a tutela. La respuesta de las secciones fue clara: en su gran mayoría apoyaban a la Convención, legítima, y el restablecimiento de la legalidad constitucional. Los robespierristas fueron ilegalizados y enviados inmediatamente a la guillotina, pero su ejecución no comportó el retorno a la constitución democrática: la cuarta revolución fue una jornada de engaños.

El Gobierno Revolucionario fue prorrogado, con un nuevo Comité de Salvación Pública, pero de orientación económica ultraliberal. Las secciones y sociedades seccionales, sometidas a la tutela burocrática del Comité, conocieron la dictadura del mercado: se desmanteló el régimen de garantía de precios máximos, se hundió la moneda revolucionaria, el terrible invierno de 1794-1795 trajo de nuevo la hambruna y el suicidio de desesperados que se lanzaban al Sena (Cobb, 2018).

11. Una lenta normalización

La situación no se estabilizó a pesar de la reaparición de una sociedad de ricos y nuevas fortunas, a pesar de la violencia de las bandas de la juventud dorada que, a su vez, hacían resonar sus grandes bastones en el pavimento de París. Los desheredados todavía estaban allí y se reorganizaban. La Convención reintegró a los girondinos vencidos en junio de 1793 y, al deshacerse de los terroristas más comprometidos, se propuso dos objetivos. Planeó una confrontación definitiva con las secciones parisinas, provocando deliberadamente los intentos de insurrección de la primavera de 1795 (germinal y luego pradial), cuyo aplastamiento le permitió ocupar militarmente los distritos populares del este de París para desarmar finalmente a los militantes sans-culottes. En el plano político, se trataba entonces de reemplazar la Constitución de 1793, aprobada por el pueblo, pero nunca implementada formalmente, por un texto mucho más cercano al modelo representativo, esta vez sin ninguna concesión a la democracia. Pero el espíritu dominante era tal que la Convención tuvo que organizar para ello nuevamente una votación popular, al menos formalmente…

Esta votación tuvo lugar en octubre de 1795, a finales del año III, y conservó la forma de votación de los ciudadanos reunidos en asamblea, confirmando que esta forma de votación seguía siendo aceptada por todos: no solo por los patriotas, sino también por gran parte de los moderados, favorables no al regreso de un rey, sino a una defensa rigurosa de las propiedades y los propietarios, la gente honesta. Si el campo republicano estalló durante la experiencia de 1794, sus adversarios también estaban profundamente divididos, y el recurso o no a las instituciones electorales para recuperar el poder era uno de los puntos de ruptura con los monárquicos, que soñaban con la reconquista militar.

Este embrollo apareció en la votación de octubre de 1795: la participación fue claramente inferior a la de 1793, con alrededor de 1.100.000 votos, pero esta disminución se explica probablemente por el dramático retraso de la cosecha, especialmente en el este, en la misma medida que por las abstenciones propiamente políticas y las exclusiones de militantes. Los votos también fueron mucho menos numerosos que en 1793, pero los votantes también debían opinar sobre la extensión del mandato de dos tercios de los diputados a la Convención. Sobre esta cuestión sumamente delicada de mantener lo esencial de los diputados salientes, la derecha monárquica se consideró capaz de intentar a su vez un golpe de fuerza. Contestó los resultados, efectivamente manipulados, e instigó una insurrección, que en respuesta hizo que los republicanos cerraran filas, llegaron incluso a liberar de la prisión y rearmar a una parte de los cuadros políticos de los sans-culottes para aplastar a los insurgentes.

Este juego de inversión permanente de las alianzas políticas se repetirá durante los cuatro años que durará el nuevo régimen, el llamado Directorio o la Constitución del Año III, que las estrictas leyes policiales prohibían contestar abiertamente. Sin embargo, los militantes de todos los colores habían acumulado desde 1789 una enorme experiencia y sabían maniobrar. En lo que se presentaba como democracia representativa (la asociación de ambos términos apareció en aquel momento), la vida política siguió caracterizándose por la frecuencia de las elecciones, siempre en asambleas de ciudadanos, aunque la asistencia experimentó un fuerte declive, las exclusiones se multiplicaron, la autoridad la ejercía una administración estatal inquisitorial encabezada por el Directorio, una especie de presidencia colectiva rotatoria.

A su vez, el radical Gracchus Babeuf improvisó rápidamente una manera de desafiar la legitimidad de esta Constitución 18/. El 6 de noviembre de 1795, en el número 34 de su Tribune du Peuple, propuso comparar los 900.000 votos contabilizados 19/ con los resultados de 1793, que nunca se publicaron. Afirmó que el texto de 1793 había recibido 4.800.000 votos. Esta cantidad se derivaba de una simple evaluación, basada en el número de 8.000 enviados de las asambleas primarias del verano de 1793, cifrando el número de ciudadanos que los habían mandatado en 600, el máximo por asamblea primaria que preveía la Constitución de 1793. Este resultado es evidentemente muy exagerado, pero, siendo erróneo globalmente, a falta de ser cierto (Dommanget, 1970), le pareció suficientemente verosímil para fundamentar la mayor legitimidad que pretendía defender.

El cálculo improvisado de Babeuf en noviembre de 1795 fue el primero en realizar una demostración cuantificada de la legitimidad política superior obtenida por un texto dado. A comienzos de 1796, en el contexto del Terror Blanco, se formó alrededor del periódico de Babeuf, Tribune du Peuple, una corriente que reunió a antiguos militantes sans-culottes y exmiembros de la Convención y que planteó la referencia a la Constitución de 1793. A medida que quienes se llamaban a sí mismos los Iguales concretaban su proyecto clandestino de un movimiento insurreccional, con la formación de un directorio secreto y el proyecto de un nuevo gobierno revolucionario, basaban su propaganda en el texto de 1793, cuya legitimidad defendían abiertamente. Parece realmente que el razonamiento de Babeuf sobre la legitimidad superior adquirida por la superioridad numérica de los votos hubiera contribuido a unificar las filas de esta conspiración para la igualdad, ya que sus publicaciones no dejaban de abundar en el mismo.

Babeuf y sus amigos contribuyeron a imponer en la opinión pública no tanto sus números como el uso público, a gran escala, de una comparación de los resultados de las votaciones directas. La innovación era importante, por mucho que tuvieran que reconstituir –inventar– uno de los dos resultados, una necesidad que se derivaba directamente de la decisión del Comité de Salvación Pública de 1793 de encerrar en el Arca los resultados de la votación, convertidos en secreto de Estado. Implícitamente, el cálculo de Babeuf apunta a lo que sería la ampliación republicana del derecho al voto, tendiendo a lo que más adelante se llamará sufragio universal. En aquella época, tales concepciones democráticas eran defendidas abiertamente por un Antonelle, un Lanthenas o un Paine.

El Directorio solo pudo oponer un profundo silencio a las alegaciones de los babuvistas, porque cualquier desmentido le obligaría a ordenar la publicación de las cifras de 1793, que los pocos iniciados sabían realmente superiores a los resultados oficiales de 1795. Al resaltar la diferencia, quienes aducían de buena fe la cifra fabricada por Babeuf, por lo tanto, tenían una parte de razón… Con todos los riesgos que esto comportaba para ellos debido a que la ley de policía del 16 de abril de 1796, adoptada oportunamente unos días antes de la detención de Babeuf y su asociados, preveía condenar a muerte a los “autores” de discursos e impresos que “preconicen el restablecimiento de la monarquía, o el de la Constitución de 1793 o de la Constitución de 1791, o de cualquier gobierno que no sea el establecido por la Constitución del Año III, aceptada por el pueblo, o la invasión de propiedades públicas, el saqueo o el reparto de propiedades particulares, al amparo de una ley agraria o de alguna otra manera…”. Si esto se dirigía contra todos los oponentes, está claro que lo hacía prioritariamente contra quienes abogaban por el retorno a la Constitución de 1793 y por una reforma de las propiedades.

Detenidos el 10 de mayo de 1796, Babeuf y sus amigos fueron juzgados en 1797 por un Alto Tribunal reunido en Vendôme. Durante este importante juicio político, las referencias sulfurosas a la antigua Constitución y su aprobación por mayoría de votos fueron recurrentes en los debates y la prensa… Se grabó una estampa inspirada en un dibujo de Charles Monnet (Novelle, 1986) que representaba la ceremonia inaugural del 10 agosto de 1793 y que se distribuyó ampliamente y conmemoraba abiertamente la primera votación popular. En Vendôme, el acusado Philippe Buonarroti afirmó ante sus jueces que la Constitución de 1793 era “reclamada a gritos” por el pueblo y recordó las “grandes asambleas” populares que “consagró” este texto. Su demostración, como el testimonio de Antonelle, todavía se basó 20/ en los cálculos de Babeuf y sus 4,8 millones de votantes. Hasta el final de su aventura, los babuvistas difundieron este credo democrático cuantificado, del que parecen haber sido los inventores.

Después del juicio de Vendôme y la ejecución de Babeuf, los demócratas supervivientes no tuvieron más remedio que hacer balance de lo sucedido y tomar nota del deterioro de la relación de fuerzas: con cautela, en adelante se referirán a las “constituciones aceptadas por el pueblo” y, cada vez más a menudo, a la de 1795, que ahora también había que defender contra la reacción militante. Este cambio de óptica provocó ásperas disputas programáticas entre los llamados neojacobinos. Estos últimos, al igual que la gente honesta monárquica que soñaba con una restauración paulatina, bien podían soñar con una imposible revisión de la Constitución de 1795. Quienes detentaban el poder se emancipaban organizando, después de cada elección, golpes de Estado parlamentarios por los que purgaban las votaciones de las asambleas electorales. El ejército, ejecutor y finalmente árbitro de estos golpes de Estado del Directorio, acabará tomando a su vez el poder.

Este ejército construido durante la Revolución será la principal fuerza europea durante unos veinte años. Saqueaba salvajemente los países invadidos y cometía allí los peores desmanes (véanse los dibujos de Goya), pero con su funcionamiento interno, basado en la igualdad jurídica, en la promoción por méritos, en la elección de los mandos por la base o por los pares, la base de esta contrasociedad militar no era comparable a ninguna de las que le oponían los reyes, y a las que derrotaba regularmente. Sus éxitos se basaban fundamentalmente en la dinámica de un nuevo régimen social y político, autoritario, pero eficaz. El pronóstico de Robespierre se cumplió, aunque fuera ocho años más tarde; siendo casi el único en oponerse a la declaración de guerra, había señalado sus consecuencias finales: la militarización necesaria para ganar la guerra será, en última instancia, contradictoria con la democracia.

El general victorioso que organizó el golpe militar del 2 de diciembre de 1799 todavía consideró indispensable proponer a la población una votación política directa sobre una nueva constitución, aunque su hermano, Lucien Bonaparte, ministro del Interior, se encargaría por si acaso de manipular los números (que se duplicarán con creces). Sin embargo, la prohibición de las votaciones en las asambleas de ciudadanos era igual de esencial al régimen napoleónico que la aplicación estricta de las leyes de Le Chapelier de 1791, que la introducción de la cartilla de trabajo, que la creación del franco germinal (franco de oro) o del Banco de Francia… Este marco se mantendrá a lo largo de todo el siglo XIX, pero el bonapartismo separó sobre todo, y radicalmente, los dos componentes esenciales de la vida política revolucionaria; por un lado, las asambleas de ciudadanos quedaron reducidas a la clandestinidad, donde vegetó durante mucho tiempo el derecho de asociación; por otro lado, el derecho de voto directo de los ciudadanos quedó confiscado en forma de plebiscito cuidadosamente controlado, mientras se establecían las elecciones controladas y reservadas a pequeñas minorías de notables.

Si bien la votación en asamblea reaparecerá más o menos a raíz de los cambios de régimen, en 1830 y 1848, el derecho de asociación se disociará cada vez más, hasta que se constituya el primer movimiento obrero, que aspiraba a ejercerlo con la Asociación de Productores, pero que inicialmente se mantenía al margen de la política.

12. Ellos y nosotros

Los éxitos del primer referéndum o, mejor dicho, de las primeras votaciones populares directas y decisorias estaban estrechamente asociados a las sucesivas ampliaciones de las funciones políticas ejercidas por las asambleas de ciudadanos, desde las primeras reuniones deliberativas de 1789, que declararon sus quejas. El establecimiento, a partir de 1790, de una increíble variedad de instituciones elegidas, y después la acumulación de ensayos de votaciones ciudadanas decisorias en 1792, hizo que la votación constituyente de 1793 retomara la totalidad o una parte de cada una de estas experiencias. Los intentos de participación femenina o los debates que abordaban una gran cantidad de preocupaciones del momento rodearon la aprobación de una Constitución que, tanto de hecho como de derecho, era a la vez democrática y representativa.

En este sentido, esta votación aparecía como una especie de síntesis de la forma en que los ciudadanos pudieron ejercer durante diez años sus derechos en asambleas de todo tipo. Esta experiencia excepcional, casi única a esta escala, determinó la condición que tendrá, durante todo un siglo, la Constitución de 1793. Ampliamente difundida en forma de folleto, se ha reeditado una y otra vez y se ha convertido en el texto de referencia de los demócratas, o más bien el proyecto común de los revolucionarios y los demócratas. Sin embargo, se disoció, incluso en círculos restringidos, de la memoria concreta de las asambleas deliberativas de 1789 a 1799.

El derecho de asociación propiamente dicho surgió en el siglo XIX de la capacidad de un grupo de habitantes o residentes para ejercer su propia porción de soberanía y, de este modo, afirmar su ciudadanía en lo cotidiano. La concepción de un pueblo capaz de reunirse en asamblea solo fue desapareciendo muy lentamente y mucho más tarde. En esta transmisión, forzosamente parcial, necesariamente desviada, obligatoriamente reformulada, la importancia de las transgresiones sociales de la Revolución y la de las formas prácticas del ejercicio de la ciudadanía se sumergieron en los principales recuerdos: el del enjuiciamiento de un rey por una asamblea elegida para hacerlo y el de su ejecución, el de la manera en que el pueblo francés, reunido en asamblea y deliberando, terminó constituyéndose en un nuevo soberano.

Por supuesto, toda la energía utilizada para escamotear este momento fundacional, todos los intentos realizados por los dominantes, desde el Consulado hasta el Imperio y la Restauración monárquica, de trivializar o incluso borrar este doble momento del tiranicidio legal y su sustitución por una república han surtido efecto. Al reducir la Revolución a un festival de violencia y expoliación, se ha consolidado la formación de una tradición propiamente contrarrevolucionaria. Este es el origen incluso de tradiciones políticas opuestas, que, como podemos ver diariamente, no están muertas.

Está claro que la población de Francia mantiene una relación muy especial con la memoria de la Gran Revolución. ¿Pruebas? Cualquier maestro de escuela secundaria que realice un curso sobre la Revolución constatará, a veces con sorpresa, el alcance de las convicciones de los alumnos y alumnas sobre este punto, incluso si sus familias provienen de la inmigración, antigua o reciente. Y cuando, hoy en día, cualquier gobierno francés, puesto en dificultades por la población, sugiere recurrir a la redacción de cuadernos de quejas, hemos visto la cantidad de cautelas que acompañan la propuesta.

En su libro La pesadilla que no acaba nunca (2017), Pierre Dardot y Christian Laval afirman que “el neoliberalismo se dedica activamente a derrotar a la democracia” y muestran que no se trata en absoluto de un golpe de fuerza puntual para imponer medidas de austeridad provisionales, sino de un proyecto elaborado que vacía la democracia de su sustancia sin eliminarla formalmente. En efecto, explican que la gobernanza socioliberal a escala global exige romper completamente con las formalidades democráticas. Dardot y Laval utilizan la palabra democracia en su sentido más común, la que se basa en instituciones electivas, la delegación de poder, la representación, esta democracia cuyos gobernadores nos aseguran todos los días que justifica su política y que se presenta como un compromiso relativamente indoloro entre las clases. Cabe tener otro concepto de democracia más exigente y reflexionar lo que ha hecho de ella en el pasado la fuerza que revisitamos estos días.

En Francia, desde hace décadas, las corrientes radicales tienden a no estudiar mucho la Revolución francesa. Reflexionar sobre una revolución burguesa parece un tanto incongruente para ellos en vista de las tareas del momento. Sin embargo, prescindir de este trabajo nos priva de los recursos de muchos debates antiguos y equivale incluso, en cierto modo, a favorecer los enfoques chovinistas tan frecuentes. Hasta el punto de que el escaso conocimiento de la Revolución francesa por parte de los militantes radicales en Francia ha terminado convirtiéndose en una… excepción francesa. Los progresistas de otros países buscan, por el contrario, estudiarla y siguen leyendo lo que se publica sobre ella y no entienden nuestra reticencia, a veces incluso nuestra ignorancia.

Serge Aberdam es historiador, especialista de la Revolución francesa, militante del Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA, Francia) y de la IV Internacional

Publicado en Inprecor, 659/660, enero-febrero 2019

Traducción: viento sur

Notas

1/ En las colonias esclavistas de las islas de azúcar, las asambleas de ciudadanos visibilizaron, por el contrario, las desigualdades raciales entre blancos, personas libres de color y esclavos, desencadenando con ello las terribles guerras que dieron lugar finalmente a la primera abolición de la esclavitud (1794) y después a la independencia de Haití (1804).

2/ En términos modernos, los departamentos de Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) y Val-d’Oise (95).

3/ Archives départementales des Yvelines: 1 LM 361, manuscrit et imprimé du PV; pp. 150-161 del impreso.

4/ Este llamamiento de Seine-et-Oise asombrará más tarde a Jaurès por su audacia; verá en él un manifiesto que recalca los derechos de los trabajadores a la vida, en el enfrentamiento entre quienes dependen del precio del pan para comer y quienes obtienen beneficio con las harinas.

5/ La importancia de este reparto depende, evidentemente, del tamaño local de los bienes comunales, y su historia no se detendrá ahí

6/ El enragé Varlet había insistido en el invierno de 1792-1793 en la necesidad de dar mandatos imperativos a los representantes electos. Véase su folleto de diciembre de 1792, Projet de mandat spécial et imperatif…, Impr. Du Cercle social; Bnf: 8 Lb41,109, que continuó transmitiendo en julio.

7/ La bandera roja era el emblema oficial que se izaba cuando se proclamaba la ley marcial, para advertir que iba a haber fuego real.

8/ Se trata de la primera votación en la que podemos formarnos una idea del nivel de presencia.

9/ Los Archivos Nacionales conservan copias de miles de estas actas, mientras que la casi totalidad de los originales redactados en los cantones han desaparecido.

10/ Archives parlementaires, tomo 68 (1905), p. 437

11/ A partir de mediados de mayo, Varlet presentó sus treinta artículos a la asamblea electoral de París y después a la Comuna; reed. Edhis 1969; L. Jaume 1989, pp. 265-279; R. Gotlib, artículo “Enragés” en A. Soboul, Dictionnaire historique de la République Française, París, PUF, 1989

12/ Comentario de Jacques Roux en su diario del 6 de agosto, de Théophile Leclerc en los de los días 4 y 8

13/ En noviembre, los vendeanos, derrotados ante el puerto de Granville, se retiraron hacia el sur, donde fueron víctimas, a su vez, de una gigantesca y feroz batida de exterminio. Volverán a la guerrilla

14/ Archivos Nacionales, C 267, 26 de agosto, firmado por Champion, presidenta, Lacombe y Barrée, secretarios.

15/ Brissotinos, rolandinos: partidarios de Brissot, diputado girondino, y de Roland, ministro girondino

16/ El último número, el 24, fechado el 15 de septiembre: “Se había solicitado que se pusiera el terror en el orden del día, dando cabida al funesto espíritu de venganza y de odio particular […]. Espero en cualquier momento la carta oficial que me retirará la palabra”, cf. Cl. Guillon, 1993.

17/ Estos grupos de militantes se denominaban ejércitos revolucionarios, pero no estaban sometidos a un régimen militar. Véanse los trabajos de Richard Cobb.

18/ Se inspiró también en la manera en que ciertos monárquicos contestaron el detalle de las votaciones de octubre.

19/ Todavía estaba realizándose el recuento, que al final dio alrededor de 1.100.000 votos.

20/ Débats et jugements de la Haute-cour séante à Vendôme…, París, Baudouin an V, t. 3, p. 217-222

Referencias

Aberdam, Serge; Bianchi, Sege; Gainot, Bernard et al. (2006) Voter, élire pendant la Révolution française, 1789-1799. París: CTHS (Guía de investigación, 2ª edición revisada y ampliada, París).

Aberdam, Serge (1991) “Sur le maximum des fermes”, État, finances et économie pendant la RF, Comité pour l’histoire économique et financière… Paris: Imprimerie nationale.

Cobb, Richard (2018) La mort est dans Paris. Toulouse: Éditions Anacharsis.

Daline, Victor (1987) Gracchus Babeuf à la veille et pendant la RF…, Moscú: Ed. Progreso.

Dardot, Pierre y Laval, Christian (2017) La pesadilla que no acaba nunca. Barcelona: Gedisa.

Dommanget, Maurice (1970) Sur Babeuf et la conjuration des égaux. París: Maspéro, disponible en http://csacookbooks.com/babeuf-et-la-conjuration-des-egaux-pdf-epub/.

Guillon, Claude (1993) Deux enragés de la Révolution, Leclerc de Lyon et Pauline Léon. París: La Digitale.

Markov, Walter (2017 Jacques Roux, le curé rouge. París: Libertalia/SER.

Vovelle, Michel (1986) La Révolution française, Images et récit. París: Messidor.





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