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Puerto Rico
Roselló dimite ante las protestas masivas
30/07/2019 | Cathy Kunkel

Puerto Rico ha vivido una semana espectacular, que ha culminado con manifestaciones masivas de las que han informado ampliamente los medios estadounidenses. Todos los sectores portorriqueños se han unido en un intento de deponer al gobernador Ricardo Rosselló. Más del 10 % de toda la población de la isla se manifestó en las calles de San Juan el 17 de julio, y más del 14 % el 22 de julio, con otra jornada nacional de protesta masiva programada para el 25 de julio: una verdadera revolución si ocurriera en cualquiera de los 50 Estados de la Unión. Nada parecido ha ocurrido hasta donde alcanza la memoria viva.

Los llamamientos a la renuncia de Roselló no solo vinieron de los sindicatos, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, estudiantes y otros grupos de la sociedad civil, sino también de miembros de todos los partidos políticos, exgobernadores, diputados estadounidenses, una asociación de policías, unidades armadas portorriqueñas estacionadas en el extranjero y el sector privado.

Puerto Rico ha estado sumido en el caos desde el 13 de julio, cuando el Centro Portorriqueño de Periodismo de Investigación publicó 889 páginas de mensajes intercambiados en un chat entre el gobernador Rosselló y sus más estrechos colaboradores, donde consiguieron insultar prácticamente a toda la población con observaciones misóginas y homófobas, chistes sobre cadáveres amontonados tras el paso del huracán María, además de sendas pullas contra periodistas, artistas, políticos y miembros destacados de la sociedad portorriqueña. Estos mensajes revelaron además el hecho de que compartían informaciones confidenciales con grupos de presión y apuntaban a posibles prácticas corruptas de contratación. Esto último no causó ninguna sorpresa, ya que esa misma semana el FBI había detenido a seis personas acusadas de corrupción y fraude, entre ellas a los exsecretarios de Educación y de la Administración del Seguro de Enfermedad. El secretario del Tesoro portorriqueño también fue destituido después de calificar su departamento de “mafia institucional”.

No se trata tan solo de los mensajes. Tampoco se trata tan solo de las recientes detenciones. Ni siquiera se trata tan solo de la mala gestión de la respuesta al huracán María. Rosselló no ofreció a la isla ninguna salida, ninguna hoja de ruta, nada más que fracaso revestido de retórica, autocontratación y tráfico de influencias a plena luz del día. El gobernador presidió un gobierno que ha diezmado la educación pública (el exsecretario de Educación cerró casi 400 escuelas y promovió activamente la creación de escuelas concertadas), ha recortado la aportación a la Universidad de Puerto Rico y las pensiones y ha privatizado importantes servicios públicos, incluido el intento actual de privatizar la compañía eléctrica Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA).

Además, en conjunción con la Junta de Control Fiscal para Puerto Rico (impuesta por el Congreso de EE UU en 2015 para supervisar la reestructuración de la deuda pública portorriqueña, que asciende a 72.000 millones de dólares, así como de las obligaciones de pago de pensiones), el gobierno de Rosselló ha participado en la negociación de varios acuerdos recientes de emisión de deuda que la isla difícilmente podrá pagar. Las consignas que se han oído esta semana en las calles reflejan la indignación del público ante todos estos agravios: “¡Ricky, renuncia! ¡Y llévate la Junta!”, “¡Esa deuda es ilegal, no la vamos a pagar!”, “¿Dónde está Ricky? Ricky no está aquí. Ricky está vendiendo lo que queda del país”.

Pero no es únicamente la historia reciente la que ha hecho que la gente tome las calles. Tampoco la dimisión forzada de Rosselló por la presión popular –por mucho que sea un hecho potente y sin precedentes en la historia– pondrá fin a la corrupción en Puerto Rico de la noche a la mañana. Al fin y al cabo, tampoco departamentos enteros del gobierno se convierten en “mafias institucionales” de un día para otro.

Es imposible comprender la corrupción en Puerto Rico sin tener en cuenta su histórica relación colonial con EE UU. La corrupción se remonta a la administración militar estadounidense y a los primeros gobernadores, oficiales no elegidos, sino nombrados por el presidente de EE UU, a menudo a cambio de favores políticos o aportaciones a su campaña electoral, desconocedores de la lengua española y de la población sometida a la administración estadounidense. En los primeros tiempos de dominación estadounidense, la industria cafetera portorriqueña fue destruida y sustituida por plantaciones de azúcar impuestas desde Washington. El primer gobernador de Puerto Rico, Charles Allen (1900-1901), ni siquiera se molestó en agotar su mandato antes de fundar la American Sugar Refining Company. El gobernador Montgomery Reily (1921-1923) fue un importante donante a la campaña del presidente Warren Harding y más tarde fue acusado de malversación de fondos públicos.

La cultura de corrupción persistió incluso cuando Puerto Rico pasó a tener gobernadores elegidos democráticamente en 1948. La continua dependencia económica de la isla del capital estadounidense, así como su importante sector público, ofrecen muchas oportunidades a personas ambiciosas que tratan de enriquecerse aprovechando cargos públicos y otorgando contratos a sus propias empresas o las de sus amigos. Un buen ejemplo de este sistema pay to play [paga y participa] es el de la lenta y corrosiva influencia de la corrupción en la PREPA, que actualmente está en quiebra y materialmente devastada, pero que antaño se consideraba un gran ejemplo de gestión pública eficiente, llevando la electrificación hasta las partes remotas de la isla a las que las compañías privadas no se habían dignado abastecer.

Con el tiempo, políticos de los dos partidos han ido situando a sus respectivos partidarios en la PREPA, a menudo sin que estuvieran cualificados. Estos cargos nombrados por ellos, que actualmente se cuentan por cientos, están allí para captar fondos (en parte mediante la contratación favorable) y para implementar los proyectos energéticos preferidos por el gobierno de turno. Un informe de la junta de supervisión fiscal señala que la PREPA es presuntamente una de las principales fuentes de financiación de los partidos políticos en la isla. En la última década y media, la PREPA ha iniciado y abandonado dos proyectos de gasoducto y una terminal de importación de gas natural, mientras que genera menos del 2 % de su electricidad mediante energía solar a pesar de la excelente situación caribeña de la isla.

La PREPA también ha sido imputada a causa de un escándalo en torno a un contrato petrolero de miles de millones de dólares, por el cual los clientes de la eléctrica han pagado un precio excesivo por petróleo de baja calidad, probablemente durante bastante más de una década. Cuando los tratos políticos prevalecen sobre la planificación energética y los ingresos derivados de la tarifa eléctrica se consideran una fuente inagotable de fondos para sufragar otros subsidios motivados políticamente, el resultado es la ruina material y económica del sistema eléctrico. La propiedad pública, si no tiene que rendir cuentas democráticamente, resulta ser otra estructura más para robar a la ciudadanía.

¿Quién se ha beneficiado de todo esto? Por supuesto, ambiciosos políticos portorriqueños se han beneficiado política y económicamente de la corrupción. Pero los verdaderos beneficiarios se hallan fuera de la isla, son intereses estadounidenses. Al principio eran intereses industriales, en primer lugar en la industria azucarera. Después vinieron las compañías petroleras, que siguen teniendo una fuerte presencia. Ahora son intereses financieros, en particular bufetes de abogados, asesorías financieras, empresas de auditoría y otras consultoras que han sacado tajada de los tratos que han llevado a Puerto Rico a su enorme crisis de la deuda y ahora se benefician del paso a la siguiente fase.

La PREPA, por ejemplo, ha gastado casi 150 millones de dólares en honorarios de asesoría jurídica y financiera desde que se declaró en quiebra en 2014, cantidad que ha pagado el pueblo de Puerto Rico. Y todos esos expertos del continente no han aportado una solución convirtiendo la compañía en una empresa viable. ¿Cómo se seleccionó a los consultores? ¿Alguien lo sabe? Durante el mismo periodo, la PREPA ha perdido más del 15 % de su plantilla, al tiempo que la dirección y la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB) sigue impulsando el recorte de las prestaciones médicas y las pensiones del personal. En menos de dos años, la propia FOMB ha pagado 57 millones de dólares a la consultora empresarial McKinsey, cantidad sufragada también por el pueblo de Puerto Rico. Estos abogados y asesores financieros son particularmente perniciosos porque no tienen ningún interés real en resolver los problemas: si Puerto Rico vuelve a quebrar, todo el ciclo de consultas y honorarios comienza de nuevo.

Hay muchos políticos de la isla que podrían sustituir a Ricardo Rosselló y su diezmado gabinete sin poner fin a la corrupción sistémica del Estado portorriqueño. El reto que ha de abordar el pueblo de Puerto Rico consiste en forzar la constitución de un nuevo gobierno y asegurar un control independiente capaz de erradicar la corrupción sobre una base diaria, exigir la democratización de las entidades comprometidas, mantener la propiedad pública de empresas con rendición de cuentas y, finalmente, cambiar la relación fundamentalmente colonial con EE UU.

La revolución pacífica que tiene lugar en Puerto Rico no puede concluir simplemente con la salida de Rosselló. Y no lo hará, por mucho que la movilización actual amaine, pues en Puerto Rico se está forjando algo nuevo. Pasará un tiempo hasta que se perciban todas las consecuencias, y la trayectoria no será lineal, pero Puerto Rico nunca será el mismo después de estas semanas excepcionales de julio de 2019.

26/07/2019

https://jacobinmag.com/2019/07/puerto-rico-protest-ricardo-rossello

Traducción: viento sur





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