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Tribuna viento sur
Justicia feminista
19/07/2019 | Begoña Zabala

El Seminario de Justicia Feminista, en colaboración con el Grupo de Género del Foro Social Permanente para el proceso de paz en Euskal Herria, celebró el pasado día uno de junio una jornada de debate, bajo el título, precisamente, de “La justicia feminista a debate”.

Previamente, en el mes de octubre de 2017, desde el Grupo de Género del Foro, organizaron el acto de reconocimiento y memoria “Nik sinisten dizut. Emakumeen egia aitortu. Yo te creo. Reconocer la verdad de las mujeres”, en Bilbao. Se trataba de conocer y reconocer las violencias diferentes vividas por las mujeres bajo la Dictadura y la Transición, en el ámbito de una reflexión más general de la construcción de la paz desde las mujeres, o, también, con las mujeres. Se oyeron en este acto testimonios impresionantes desde muchos ámbitos y diferentes realidades: una chica violada, una mujer torturada y violada en dependencias policiales, una chica lesbiana rechazada y negada en su sexualidad, una mujer racializada, inmigrante... Ninguno de sus casos es acogido por la verdad oficial, o judicial. Y el apoyo fue unánime: Yo si te creo. Para escándalo de los ministros de interior de turno las mujeres allí reunidas desafiaban los mecanismos de la justicia patriarcal y liberal e iniciaban su particular itinerario de conocimiento-verdad, reconocimiento-solidaridad y reparación-sanación colectiva.

Esencialmente, la jornada sobre justicia feminista, fue un encuentro de mujeres, de diversos campos de la acción feminista, de la paz, de los movimientos sociales, políticos... para repensar los ejes centrales de los temas relacionados con la justicia desde el feminismo. No se trata ahora de contar lo trabajado y analizado, sino de utilizar como excusa este evento, para entrar, a nivel más general, al recurrente tema de las mujeres y la justicia, o, lo que sería más exacto, cómo enfrenta el movimiento feminista el tema de la justicia en sentido muy amplio. 1/

Para hablar del proceso de paz, sin duda, hay que abordar el tema de la justicia: feminista, transicional, patriarcal, liberal, y un montón de adjetivos más que se pueden ir desgranando. Desde el feminismo se hacen sin duda aportaciones muy interesantes y necesarias, a veces no exentas de polémica. Y, nunca sobra la advertencia, se habla desde un feminismo organizado, radical y autónomo.

Algunos temas relevantes para el debate

Muchas veces este debate viene de la mano de la rabia y de la indignación, por sufrir en carne propia las injusticias de la aplicación de la justicia. Y en carne propia, quiere decir también en este caso, que se ven afectadas e identificadas muchas mujeres, que empiezan a sentirse parte de la injusticia. El caso de La manada puede ser un ejemplo de ello. Estas situaciones explosivas, con un cierto influjo mediático, más bien agobiante, dispara las opiniones y las pretendidas soluciones. Entonces se ponen en la picota, con más o menos acierto, los grandes temas de la justicia, cuando se refiere a delitos cometidos contra la libertad sexual y la integridad física de las mujeres y la lectura que debemos hacer de las soluciones que se arbitran.

Es curioso pues este tema, o estos temas, son objeto de permanente debate entre las filas feministas, aunque no haya en el momento un caso grave, con repercusión importante en los medios. Y cuando más se discute, se propone, se interroga y se buscan soluciones, criticando desde el feminismo las que no están funcionando, es en el momento de los proyectos legislativos y reformas penales, o de los grandes planes para enfrentar la violencia sexista. En estos momentos, sin embargo, poco caso se hace a las feministas en los ámbitos mediáticos y políticas y a sus estrategias frente a las violencias machistas y las medidas para paliarlas.

Así, uno de los momentos más álgidos de este debate, fue durante el período de la Transición, cuando se modificaron muchos tipos penales que afectaban a los delitos contra la libertad sexual de las mujeres y a las agresiones machistas en la pareja o expareja. Momento que culminó en el último año de la legislatura del PSOE, con el flamante Código Penal, que llamaron de la democracia, que por fin venía a sustituir de forma integral el viejo Código que regía en la Dictadura. Ahí sí hubo un debate muy intenso en el movimiento feminista para alertar sobre la creciente penalización y judicialización de los casos que afectan a las mujeres como víctimas. Se denunciaban las escasas salidas a otros modelos de solución de conflictos, que no son siquiera contemplados. No se regularon entonces medidas que no pasasen por el procedimiento penal y policial –que permanece intacto-; por las altísimas penas de cárcel –que además de ser aplicadas de forma totalmente arbitraria y no proporcionada, no disuaden a los agresores-; y por la victimización permanente y revictimización secundaria de las mujeres.

Se debe recordar que este Código en el año 1995 mantuvo como tipo delictivo la negativa a realizar el servicio militar, que llevó a la cárcel a miles de insumisos y perdió la oportunidad única de terminar con la jurisdicción especial de la Audiencia Nacional, por señalar dos ejemplos sangrantes, que no dicen mucho a favor de la línea penalista asumida por los socialistas.

No se escuchó al movimiento feminista. Ni siquiera se le oyó. Para ese tiempo el punitivismo populista iba de la mano del PSOE, del ministro Corcuera, conocido como el de la “patada en la puerta”. Había ocurrido un poco antes de aquellas fechas el asesinato brutal de las tres chicas de Alcasser. Por primera vez, lo que ahora ya es prácticamente una rutina de noticieros y tertulias, se asistía a la retransmisión en directo de las partes interesadas de la investigación y del proceso. Esto sin que importase en absoluto la intimidad de las víctimas y de sus familiares y personas allegadas.

En estos momentos se verbalizó de forma explícita el binomio por excelencia del punitivismo: más cárcel, o cadena perpetua de nuevo, o incluso pena de muerte, otra vez, frente a los crímenes sexuales, máxime si las víctimas son menores. Este soniquete, si se observa su itinerario, aparece siempre en los momentos de máximo dolor e impotencia de las víctimas. Incluso cuando la impotencia se produce, como en la mayoría de los casos, por un mal funcionamiento de los órganos de la administración de justicia. Y hay que señalar que sus voceros son siempre los partidos de corte autoritario y amigos del orden. Las medidas a tomar pasan, en primera instancia, por reforzar el sistema judicial y policial imperante, incrementando esencialmente el grado de represión en la totalidad de la población potencialmente carcelaria. Y en segundo lugar, y de forma importante, la plasmación de estas medidas conlleva el control de la población femenina en lo que ellos consideran los territorios de seguridad. Así la prevención de los riesgos está en manos de la policía que controla y ordena los espacios. Sólo si cumples sus mandatos y no te sales de los límites de la heteronorma, te protegen. Si, a pesar de todo, se produce la agresión, entonces son los encargados de castigar y condenar a los culpables. Vigilar y castigar, es algo más que el título del libro de Michel Foucault.

El segundo momento importante de un debate serio sobre los temas de penalización y judicialización de las agresiones contra las mujeres, fue evidentemente, la aprobación, también a iniciativa del PSOE, en 2004, de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. En este caso, y aunque ahora parezca una anécdota, lo que más espacio ocupó en los medios y gastó más cantidad de papel, incluido el de la RAE, fue la utilización del término violencia de género para designar la violencia machista o contra las mujeres. Ni siquiera la reducción estrepitosa del concepto de violencia de género sólo a los casos de violencia cometida por la pareja o expareja pareció preocupar mucho en los ámbitos de los medios.

Una vez más buena parte de las feministas organizadas en las filas del movimiento feminista autónomo aparecieron públicamente con una denominación inequívoca –otras voces feministas, un feminismo que también existe- para segregarse de la línea mayoritaria que apoyaba esta ley y apostar con rotundidad y claridad por un proyecto más amplio en su conceptualización de violencia machista, o de género; más audaz y eficaz en la línea de la prevención de la violencia, en especial en los espacios educativos; y en contra totalmente, de las líneas del feminismo oficial, que empezaban a considerarse hegemónicas, en cuanto a la penalización creciente y a la consideración única de las mujeres como víctimas indefensas, necesitadas de protección y faltas de autonomía.

La coartada del apoyo de las víctimas a las políticas oficiales contra las agresiones no iba a ser aceptada por todas. La legitimación que se pretende de estas políticas no contará con una parte importante del movimiento feminista y de activistas feministas, especialmente en los campos jurídicos y profesionales.

Los debates en los casos concretos

Cuando llega la hora de la ira, todo se vuelve rabia, pero no hay que confundir la contestación y la movilización pugnando por el espacio de la justicia y la solidaridad, con las profundas reflexiones y aportaciones que se están haciendo en los espacios programáticos y de estrategias. Hay momentos que sintetizan muy bien las encrucijadas en las que encuentra el movimiento feminista. Y sirven para eso, para el momentico y para reseñar las tendencias.

Hay quien plantea como el hito fundacional de la lucha contra las agresiones machistas en Iruñea la violación múltiple de Sanfermines en julio de 2016. No lo entendería así, de ninguna forma, pero si se puede aceptar que recrea un estado de cosas muy interesante, que en parte son acumulación de las luchas anteriores, y en parte son nuevas aportaciones que se incorporan en esos momentos.

Hay que conceder que este caso tiene la virtualidad de sacar a la palestra algunos de los debates importantes que se dan con respecto al derecho penal y al feminismo, si bien algunos solo son insinuados.

Cuando se produce la sentencia en primera instancia del juicio, y se conoce que la condena es por delito de abuso y no de agresión y la cuantía de la pena es de nueve años, se produce una reacción muy fuerte que lleva a dos posturas.

La mayoría del movimiento feminista organizado de Iruñea se planta ante el relato de la sentencia y ante el atropello del voto particular de uno de los magistrados. Hay un cierre de filas importante y el grito unánime de “yo si te creo” es diáfano. Es violación, es agresión, es el relato, como síntesis de que se ha actuado con intimidación y violencia. Este es uno de los elementos fundamentales debate y del posicionamiento de las feministas: la verdad de la víctima constituye esencialmente el relato. En cuestiones de libertad solo ella puede decir que no se sintió libre y que no quiso tener relaciones sexuales. En ese sentido si lo dice, y además así lo denuncia, la actitud solidaria le cree. ¿Se salta esa creencia y este actitud juramentada de las colegas algún principio importante que afecte a los derechos de los condenados o de los procesados? Hay quien dice que la víctima, que tiene el rango de testigo, por ejemplo, a la hora del deber de declarar y de declarar a verdad, no debe ser un testigo privilegiado y tener más credibilidad que otro. Pero en este caso esto no funciona ni por aproximación, pues no hay testigos. Hay violadores y una violada, que es víctima y la única testigo. Así que aquí no hay encontronazo con los principios garantistas del derecho penal.

Hay un sector que se moviliza que añade el número de años de cárcel como elemento importante, aplicando el principio de proporcionalidad. En estos momentos se está juzgando a los conocidísimos de la trifulca de Altsasu, por la Audiencia Nacional y se les han impuesto penas que van de 6 a 13 años (a excepción de una de dos años para una chica). Entonces la comparación es inmediata y se trata de la desproporcionalidad que existe. ¿Se puede interpretar esto como punitivismo? Pues efectivamente a lo largo de las movilizaciones se ha ido viendo cómo sectores o personas que participan entienden sucesivamente que las penas, o el trato, pues salen en libertad cuando son condenadas, pendiente el recurso al Supremo, son muy suaves para lo que han hecho. Hay que decir que la mayoría del movimiento no quiere entrar en las aritméticas carcelarias, y más bien se posiciona por los hechos bien contados y por el apoyo a la víctima en el relato.

Un elemento importante de todo este procedimiento, ha sido el análisis del propio procedimiento en sí y el rechazo al mismo. Con independencia de las acciones muy particulares, como celebrar a puerta cerrada, a excepción de los informes finales, o no aceptar algunas pruebas de móvil, o aceptar el seguimiento de detectives… que pueden dar mucho que hablar, se aprecia que el proceso desde que la mujer denuncia hasta que por fin ultima todo con la sentencia, parece que definitiva, del Tribunal Supremo es un largo y tortuoso camino. Tanto que mucha gente se cuestiona si todo ello merece la pena, mientras el feminismo oficial jalea y agradece el esfuerzo titánico.

Es evidente que el proceso no está pensando en las víctimas. Es más, cuando se dice que es garantista, en quien se está pensando es en quien ha cometido el delito. Cuando se dice que se tiene derecho a asistencia jurídica de oficio, se está refiriendo a la persona imputada o procesada.

En general denunciar siempre ha sido una cuestión incómoda, que requiere unos trámites poco agradables para al final quizá obtener alguna satisfacción, muchas veces pecuniaria. Pero hay que decir que en el caso de las agresiones sexuales y en estos momentos de presión mediática, se ha convertido en algo más que una incomodidad. Y esto es a lo que se llama victimización secundaria o revictimización. Hay que señalar que en estos casos, en los que no existen testigos, y se vuelve a señalar que la víctima es la testigo única, el relato queda en manos de los victimarios enfrentado a la víctima. Y ahí es donde entran los medios y las presiones y los juicios paralelos. Llama la atención que los condenados por la violación colectiva, a través de sus abogados, se quejan de que están sufriendo un juicio popular paralelo y mediático, que los condena. ¿Qué dirá entonces la víctima, que siendo violada por parte de cinco energúmenos, es juzgada y denostada en tantos platós y redes sociales solo por el hecho de haber denunciado, que es lo que le piden, y mantener su versión?

La última consideración es para pensar en el costo de la denuncia para afrontar un proceso tan duro. No se trata de los años de cárcel que le pueden caer a alguien. Se trata de un proceso que obedece únicamente a los parámetros de una organización judicial y policial anclada en los viejos tiempos. Es justicia patriarcal, pero también del sistema neoliberal, con apuntes propios del tardofranquismo y la transición de reforma. Y para que no se olvide de qué estamos hablando, solo nos queda preguntarnos, si así tratan a las víctimas ¿cómo estarán tratando a las personas presas que se encuentran en las cárceles?

Begoña Zabala forma parte de la redacción de la web viento sur

Notas

1/ Se puede consultar para información de la jornada la página de la organización: forosoziala.eus/es/jornada-la-justicia-feminista-a-debate-01062019.

También el periódico digital naiz dio cuenta del evento en esta dirección: www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20190601/el-foro-social-deba<te-en-bilbo-sobre-la-justicia-feminista





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