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America Latina
Entre crisis de la democracia y guerra contra la democracia
29/05/2019 | Janette Habel

América Latina está viviendo un cambio geopolítico. La hegemonía de Estados Unidos está en declive relativo, mientras que se está profundizando la penetración económica china. La caída de precios de los productos básicos ha llevado a una desaceleración económica que reduce la base social de apoyo a los gobiernos nacional-populares. El gobierno de Donald Trump y sus aliados de la derecha radical latinoamericana han utilizado los escándalos de corrupción que han afectado a algunos políticos de la ola de izquierda de la década de los años 2000 para desacreditarlos, tomar el poder y pasar a la ofensiva, poniendo en marcha una contrarreforma social reaccionaria.

¿Cómo y por qué gobiernos provenientes de movilizaciones populares anti-liberales, elegidos democráticamente en la primera década del siglo XXI, han podido ser acusados de incumplir sus promesas, ser atacados por corrupción o complicidad con la corrupción y, en última instancia, ser expulsados por los depredadores neoliberales? Destacando las incertidumbres que rodean el futuro de América Latina, el muy liberal Financial Times[1] cuestiona la "ironía del destino que golpea a un subcontinente después de que se haya celebrado una década latinoamericana", durante la cual, “desde el Río Grande hasta la Patagonia, América Latina vivió una era democrática, se benefició de la estabilidad macroeconómica, de un período floreciente gracias al auge de las materias primas y de la demanda china. Cada año, millones de personas llegaron a engrosar las filas de una nueva clase media, el subcontinente fue desnuclearizado (por la firma generalizada del tratado de no proliferación) y los derechos de las comunidades indígenas empezaron a ser reconocidos. En un continente siempre marcado por el machismo, el movimiento de mujeres por su emancipación estaba despegando. La pobreza y la desigualdad estaban disminuyendo. Las multinacionales se apresuraban a tomar posiciones”.

Pero con el fin del auge económico y la crisis, los escándalos de corrupción explotaron, provocando la ira de los ciudadanos exasperados por las camarillas y las mafias presentes en las administraciones y los aparatos estatales. Transmitidos eficazmente por los medios de comunicación, según el Financial Times estos escándalos financieros explicarían los éxitos electorales de la derecha en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. La constatación es precisa pero un poco limitada.

La revelación de casos de corrupción financiera por parte de grandes empresas, especialmente brasileñas, en relación con los líderes políticos de primer nivel, desempeñó un papel en el giro a la derecha de los electorados latinoamericanos. Pero estas prácticas no son nuevas en el continente, aunque si han adquirido una mayor dimensión con la liberalización del comercio y la globalización. De hecho, han sido instrumentalizados al servicio de una estrategia de desestabilización implementada por la administración estadounidense, cuya dominación se vio amenazada en su patio trasero. Ante el desafío hegemónico que le opone a China, Washington ha emprendido una prueba de fuerza contra la creciente penetración económica de Pekín en el subcontinente.

Si la crisis venezolana es la más dramática, otros gobiernos que han encarnado una esperanza para los pueblos de la región se han derrumbado. Brasil y Argentina, por mencionar solo los más importantes, han experimentado crisis políticas e institucionales internas muy graves. Algunos de los países agrupados en la Alianza Bolivariana para las Américas[2](ALBA) también están experimentando tensiones muy significativas. Rompiendo con las políticas del ex presidente Rafael Correa y rechazando los compromisos de su campaña electoral, su sucesor, Lenin Moreno, abandonó el ALBA. En Nicaragua, los movimientos populares hacen vacilar el despotismo familiar de la presidencia de Daniel Ortega. Bolivia parece ser una excepción. El presidente boliviano firmó en Pekín en 2018 un pacto que convierte a su país en "un socio estratégico" de China. Pero la política económica de Evo Morales es cuestionada por algunos movimientos indígenas. El presidente de Bolivia tiene a su favor la modernización económica del país y el reconocimiento del indigenismo, pero, en contra suya el desgaste del poder personal. A pesar de un referéndum en 2016, en el que los bolivianos dijeron "no" a un cambio en la Constitución que permitiese a Evo Morales postularse para un cuarto mandato, este último será candidato a la elección presidencial en octubre de 2019. La elección tendrá pues el valor de un test. Para Cuba, que se había beneficiado de un entorno regional muy favorable, las consecuencias de los reveses y las derrotas de sus aliados son tanto más graves por cuanto que la isla está involucrada en un cambio generacional de liderazgo y en una transición económica y social repleta de peligros, mientras que D. Trump ha reforzado las sanciones económicas ya incluidas en la Ley Helms Burton. Por primera vez desde el "período especial" tras el colapso de la Unión Soviética, la isla conoce penurias económicas y de medicamentos que amenazan la salud de la población y pueden resquebrajar el régimen.

Si bien la creciente penetración de China, que se ha convertido en el principal consumidor mundial de materias primas, facilitadora de préstamos y créditos, se ha utilizado para modernizar las economías, la caída de los precios de las materias primas ha provocado una desaceleración e incluso una interrupción del crecimiento en la mayoría de los Estados de la región. La re-primarización de las economías, vinculada al auge de los precios de las materias primas, ha tenido consecuencias ambientales significativas. La sobreexplotación de los recursos naturales y las políticas extractivistas han llevado a movilizaciones indígenas significativas en Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Chile, entre otros. Las políticas sociales implementadas en la primera década del siglo XXI -transferencias sociales condicionadas, programas asistencialistas- han sido cuestionadas, fragilizadas por una concepción política cortoplacista.

2. La contraofensiva americana

Pekín es ahora designada por Washington como "un adversario estratégico"[3]. La administración estadounidense ha preparado su respuesta para preservar su hegemonía declinante dentro de su perímetro de seguridad. En una entrevista publicada el 9 de abril de 2019, periodistas de Reuters informaban sobre los comentarios de dos altos funcionarios de la Administración Trump respecto a la estrategia del presidente de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela. A la pregunta de los periodistas que cuestionaban la efectividad de la política implementada con respecto a estos dos países, la respuesta de los dos altos funcionarios fue inequívoca: "Hay que tomar en serio nuestras declaraciones respecto a Cuba y Venezuela. Algunas personas piensan, o tal vez esperan, que el presidente Trump esté mintiendo y que no tenemos una estrategia. Tenemos una estrategia integral. Este es nuestro patio trasero, esto es muy serio”. Una afirmación confirmada desde el 2 de mayo por el Secretario de Estado Mikel Pompeo, “Todas las opciones están sobre la mesa”, ha afirmado.

Al explotar la crisis venezolana, la Casa Blanca ha podido establecer un nuevo mecanismo regional en el subcontinente, "para ayudar a la oposición a liberar al país de la tiranía de Maduro". Con PROSUR, Trump ha creado en marzo de 2019 su propio bloque sudamericano contra Venezuela, Bolivia, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)[4], y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), procesos de integración en los que Estados Unidos estaban ausentes. Todos los miembros de PROSUR son parte del Grupo de Lima[5], un bloque que formado para repudiar a Nicolás Maduro. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, estuvo presente en su última reunión, así como Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela.

La administración Trump también ha reorganizado su dominación en el Caribe, sacudida por las redes diplomáticas construidas por Hugo Chávez alrededor de Petro Caribe, un acuerdo de suministro de petróleo en condiciones preferenciales, muy beneficioso para las pequeñas islas del Caribe. Las nuevas iniciativas de los Estados Unidos, la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe y la Estrategia del Caribe 2020-, están destinadas a ser un contrapeso de Petro Caribe. De manera similar, las nuevas inversiones prometidas por los EE.UU pretenden contrarrestar los efectos de la creciente presencia de China en ciertos estados del Caribe (Trinidad y Tobago, Granada, Dominica, Antigua y Barbuda y la República Dominicana) que se han unido al proyecto Rutas de la seda.

Con la elección de Hugo Chávez se lograron progresos significativos en términos de integración regional, pareció haberse materializado la esperanza de un acercamiento latinoamericano independiente con su gran vecino del norte, gracias en particular al el acuerdo alcanzado entre el presidente brasileño Lula y el presidente venezolano en Mar del Plata en 2005, que había frustrado la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ZLEA o ALCA) impulsado por Washington. Pero el proyecto bolivariano de emancipación de la tutela del gran vecino del norte se ha desvanecido. El fracaso del ALCA fue una derrota para la administración estadounidense de importancia estratégica. Esta zona de libre comercio se extendería desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Con casi mil millones de habitantes, este proyecto geopolítico habría cambiado las relaciones de fuerza internacionales. Deseada por Washington, su capital, Miami, habría santificado la preponderancia americana.

3. La internacionalización de la cuestión venezolana: ¿hacia una nueva guerra fría?

La catastrófica situación venezolana va mucho más allá del continente latinoamericano. Para el investigador Jean-Jacques Kourliandsky[6], "está surgiendo en Venezuela un punto de tensión que revela lo que sucede en las relaciones internacionales, con el riesgo de volverse a plantear, de otra manera, el conflicto que tuvo lugar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el siglo XX. Se vuelve a las rivalidades entre las potencias mundiales. Este caso de Venezuela ofrece un terreno oportuno para esta oposición". Alain Frachon, editorialista de Le Monde[7] se pregunta, él también: "¿Habríamos regresado a una forma de guerra fría entre Occidente y el bloque chino-ruso? No, porque la globalización económica ha tejido entre ellos una red de relaciones económicas sin precedentes". "Todavía no, porque Occidente está desunido", dice Frachon. Sin embargo, la Unión Europea (UE) se ha alineado con las posiciones de Donald Trump al apoyar de manera inmediata y sin reservas al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Para el investigador venezolano Edgardo Lander, "el proyecto del Sr. Pompeo y D. Trump se basa principalmente en la interferencia externa de los países del llamado grupo de Lima y Estados Unidos, que buscan provocar un cambio de régimen, una operación en la que Guaidó es solo un peón. Ha surgido casi de la nada, no era muy conocido fuera de su partido, Voluntad Popular", un partido de extrema derecha que representa el sector más violento de la oposición. "Muchos políticos de los partidos de la oposición se sorprendieron por la autoproclamación de Guaidó, mientras que Trump, que estaba al corriente, lo reconoció después de solo diez minutos. Le siguieron más de 50 países", comenta Lander, incluidos muchos gobiernos latinoamericanos. N. Maduro cuenta con apoyo externo, especialmente de China y Rusia. El secretario de Estado estadounidense, M. Pompeo, acusó a Rusia y Cuba de ser responsables de la crisis política venezolana. Moscú ha expresado su intención de asumir el desafío lanzado por Washington. Rusia tiene importantes intereses financieros en el país, a través de la presencia del gigante petrolero estatal Rosneft, que ha concedido préstamos a Caracas. El Tesoro americano ha acusado a Rosneft de comprar petróleo a su homóloga, la compañía petrolera de Estado PDVSA (Petróleos de Venezuela SA) y ha impuesto ilegalmente sanciones al banco ruso Evrofinance Mosnarbank, acusándolo de complicidad en estas operaciones. "Rosneft no está involucrado en política y lleva a actividades puramente comerciales en Venezuela", dijo la empresa estatal. La oficina de la compañía petrolera venezolana PVDSA en Portugal cerró y se trasladó a Moscú. En marzo, la presencia de dos aviones militares rusos que transportaban cien soldados y 35 toneladas de equipo en el aeropuerto de Caracas aumentó la tensión. El presidente Donald Trump ordenó a Rusia abandonar el territorio venezolano[8] mientras que el vicepresidente Mike Pence denunció una "provocación" por parte del Kremlin y el secretario de Estado Mike Pompeo una "intrusión persistente del personal militar ruso" destinada a "apoyar el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro". Los rusos han relanzado un programa de aviación nuclear de largo alcance, que habían interrumpido desde el colapso de la URSS. "Se encuentran nuevamente en posesión de aviones que tienen la capacidad estratégica de recorrer el mundo, volar a todas partes equipados y lanzar bombas nucleares. Caracas permite a estos aviones hacer una parada técnica"[9].

Continuando su ofensiva internacional, Mike Pompeo instó vivamente al gobierno indio a no comprar petróleo venezolano. El mercado indio es de hecho muy importante para la economía venezolana, dado el embargo de petróleo de los Estados Unidos. "Le estamos pidiendo a la India, así como a otros países, que no sean un salvavidas para el régimen de Maduro. Confío en India, que ha sido un partidario muy activo de nuestros esfuerzos en Irán y creo que será lo mismo ahora y que entenderá la amenaza para el pueblo venezolano"[10].

La administración de los Estados Unidos ha reactivado el Título III de la Ley Helms Burton (que lleva el nombre de sus autores, el senador republicano Jesse Helms y el representante demócrata Dan Burton). Esta ley federal de los Estados Unidos, titulada Cuban Liberty and Democracy Solidarity (Libertadi), permite emprender acciones legales contra compañías extranjeras, especialmente europeas, presentes en Cuba. Esta ley cuyo alcance es extraterritorial fue promulgada en 1996 bajo la presidencia de Bill Clinton. Especialmente trata de impedir la "competencia desleal" de la inversión directa de compañías extranjeras en Cuba, mientras que las compañías estadounidenses no pueden invertir debido al embargo, de imponer la extraterritorialidad del derecho estadounidense en el terreno internacional (como en Irán), y de asfixiar económicamente a la isla, ya estrangulada por las consecuencias de la crisis venezolana.

John Bolton, Consejero de seguridad nacional de Donald Trump, ha revelado los objetivos reales de la ofensiva actual: "Si las compañías petroleras estadounidenses pudieran invertir en Venezuela y producir petróleo, eso haría una gran diferencia. Sería bueno para el pueblo venezolano. Sería bueno para el pueblo estadounidense. Este es un problema para nuestros dos países, debemos asegurarnos de que el resultado de esta situación nos sea favorable".

4. La implosión de un proyecto nacional popular

Es en este contexto geopolítico que entienden los fracasos de los gobiernos progresistas en la primera década del siglo XXI. Tras sus victorias electorales se enfrentaron a un triple desafío: económico, social, institucional. El presente texto no puede analizar las causas políticas particulares de las crisis actuales en los diversos Estados latinoamericanos, de los cuales la catástrofe venezolana es la más significativa. Se han acumulado los errores, sobre todo bajo la dirección de N. Maduro, pero la revolución bolivariana se ha enfrentado desde sus inicios a dificultades considerables, compartidas en diversos grados, más allá de sus diferencias, por otros países de América Latina. Criticando las políticas económicas neoliberales inspiradas en el Consenso de Washington y sus fracasos con consecuencias sociales desastrosas, los nuevos gobiernos nacional-populares han aprovechado un entorno favorable para implementar políticas redistributivas. Apoyándose en la potencia pública[11], han financiado importantes programas sociales, mediante el impulso de políticas de salud, de educación, destinadas a reducir las enormes desigualdades sociales de todo el continente, cuyos efectos de arrastre permitirían tasas de crecimiento duraderas. Pero esta estrategia desarrollista, basada en la explotación y la exportación de materias primas, minerales y productos agrícolas, ha sido sacudida por la caída de los precios de materias primas desde los años 2012-2013. Hugo Chávez muere en 2013. Cuando su sucesor designado, Nicolás Maduro, accede a la presidencia, la crisis está ahí.

A principios de la década de 2000, Caracas podía contar con un maná considerable de petróleo: el precio del barril de petróleo oscilaba en torno a los 130 dólares, y Chávez había sabido cómo usar esta renta para implementar medidas sociales e impulsar una política de solidaridad internacional. Pero los efectos de la caída en el precio del barril de petróleo a 40 dólares en el período 2013-2014 serán dramáticos, como en otros países, por ejemplo, Argelia. Si Venezuela tiene las reservas de hidrocarburos más grandes del mundo, su soberanía alimentaria no está asegurada. La economía venezolana depende en el 80-90% de sus exportaciones petroleras; sin embargo, a pesar de la volatilidad conocida de los precios, no se ha iniciado una diversificación económica importante para reducir esta dependencia. En una economía basada en la exportación de hidrocarburos, la alimentación y muchos bienes esenciales dependen de las importaciones. Con una moneda en colapso, la escasez de alimentos y medicinas se está multiplicando y los precios se disparan. Según el FMI, la tasa de inflación debería alcanzar el 10 000 000% en 2019[12]. A lo que se suman las sanciones americanas. Para Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs[13], estas penas son un castigo colectivo: "Más de 300.000 personas están en riesgo de falta de medicamentos o de tratamiento. 80.000 personas con VIH no han recibido tratamiento desde 2017, 16.000 personas se encuentran en espera para diálisis, 4 millones de diabéticos e hipertensos carecen de insulina y de medicamentos cardiovasculares”.

La caída de los precios de las materias primas también ha tenido graves consecuencias sociales y políticas para el resto del subcontinente: el retorno de la pobreza y la miseria, la inflación galopante, el crecimiento de los flujos migratorios, la explosión de la violencia social y la delincuencia relacionada con la expansión del narcotráfico. Han seguido las rupturas institucionales, alimentadas por los casos de corrupción que afectaron a los gobiernos. La crisis de la representación política es general, como lo demuestra la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia y Mauricio Macri en Argentina. Todos estos elementos han provocado una crisis democrática tanto más seria que anula las esperanzas generadas por el surgimiento de gobiernos de movimientos populares, cuya legitimidad inicial ha colapsado, facilitando el surgimiento de líderes de derecha y de extrema derecha. Como señaló el ex ministro brasileño, Celso Amorim, "este aumento fue a través de las urnas: el poder económico y los medios de comunicación desempeñaron un papel muy importante, a veces decisivo en estas elecciones, ya sea a través de golpes de estado parlamentarios -las destitucionessin un delito de responsabilidad- como en Brasil"[14]. De hecho, la destitución de Dilma Rousseff por insinceridad presupuestaria se llevó a cabo a favor de un sucesor ultra-corrupto, Michel Temer, ahora encarcelado. Pero Amorim también recuerda que el gobierno de Lula nunca ha podido contar con una mayoría en el Congreso y que "siempre se ha visto obligado a formar alianzas con ciertos sectores de la élite conservadora. Nos enfrentamos al mismo problema con los medios. Éramos conscientes que era necesaria una reforma de la legislación sobre los medios de comunicación e información para prevenir los monopolios y garantizar un mínimo de pluralismo. Pero realmente no teníamos el poder para hacerlo". Ello requeriría una revisión completa del sistema electoral e institucional. Una confesión que resalta los límites de la "ocupación" del poder.

El paralelismo entre la crisis venezolana bajo la presidencia de Maduro y la expulsión del poder de Lula en Brasil es obviamente limitado. El punto común es la contraofensiva estadounidense. La judicialización de los políticos acusados ​​de corrupción ha sido explotada para permitir el recurso a los dirigentes de extrema derecha. ¿Pero las manipulaciones obvias de la diplomacia estadounidense son suficientes para explicar los desplomes y las derrotas? Muchos críticos cuestionan las estrategias económicas y las concepciones políticas adoptadas.

5. De Chávez a Maduro: continuidad y crítica

¿Se debe incriminar la política de Hugo Chávez? Hay que recordar las principales contradicciones a las que se enfrentó. Cualquier análisis de la situación venezolana actual debe comenzar por un recordatorio de la situación geopolítica, económica y social del país antes de su elección. Venezuela era un país en crisis, como constataban en el 2009 Olivier Compagnon, Julien Rebotier y Sandrine Revet: "la crisis es la de una economía petrolera que no había salido salir de las lógicas rentistas heredadas del pasado y que en 1983 había sufrido de pleno la contracción del mercado petrolero y la caída de los precios del petróleo. Crisis económica a la que se sumó una "crisis social durante el Caracazo de febrero de 1989 y su sangrienta represión"[15].

Emprender un proceso de diversificación económica y desarrollar la industria agroalimentaria requiere tiempo y dinero. Sin embargo, el horizonte temporal disponible para Hugo Chávez estuvo limitado por el respeto al calendario, las restricciones electorales y por la necesidad de enfrentar una oposición que nunca aceptó su victoria y buscó en 2002 derrocarlo con un golpe de Estado. Además, la reconstrucción de un modelo de desarrollo basado hasta entonces en los ingresos del petróleo se enfrenta a los intereses de los grupos económicos y los sectores del aparato estatal que están vinculados a ellos. Al beneficiarse de mayorías electorales muy amplias y de una coyuntura favorable, basadas en una inmensa popularidad, Chávez buscó eludir el antiguo aparato estatal mediante la creación de Consejos Comunales populares, instrumentos de una democracia más participativa. En su tercera reelección hizo del "Estado comunal" el curso "irreversible" del país, con el objetivo declarado de cubrir a toda Venezuela de los Consejos Comunales antes de 2019, en lugar de los ayuntamientos, mientras se mantenía dentro del marco de las instituciones parlamentarias[16]. Pero con el tiempo, se multiplicaron las tensiones entre las instituciones estatales y los consejos comunales, demasiado dependientes del poder presidencial.

Después del golpe de estado de 2002, el Estado Mayor y los oficiales superiores del ejército habían sufrieron cambios significativos. Miles de ejecutivos de PVDSA también fueron destituidos después de participar en una huelga general para derrocar al gobierno. Chávez instituyó un modo de gobierno popular validado por las elecciones, pero paternalista y autoritario. Un liderazgo carismático basado en una legitimidad política que N. Maduro no heredará. La muerte de Chávez en 2013 coincidió con la crisis. Su sucesor designado fue elegido con un pequeño margen. Se enfrentará de inmediato a las consecuencias del colapso de los precios del petróleo. Muy rápidamente, la oposición, ayudada por la administración de Trump, intensificará su ofensiva contra un poder debilitado. El débil consenso de que disfrutaba inicialmente el nuevo presidente se desmoronó. Entonces, el desastre cayó sobre la población. ¿Cuáles son las causas? Las opiniones divergen. El ex asesor de Chávez, Temir Porras, cree que "debe tenerse en cuenta que antes del colapso, el país había alcanzado los más altos estándares de vida de su historia. Fue hace cinco años. Si ese descenso a los infiernos es tan importante, también es porque comenzamos desde lo alto. Muchas personas habían salido de la pobreza, una clase media estaba empezando a crecer, el salario mínimo había sobrepasado los 300 dólares. También debe tenerse en cuenta que Venezuela ha estado profundamente dividida desde 1999 entre dos polos sociales: el chavismo y el anti-chavismo. Estas dos fuerzas existieron antes de la crisis, y eso explica por qué la oposición presenta la situación actual como un producto directo de las medidas de justicia social adoptadas hace 12 o 13 años. En mi opinión, debemos buscar las fuentes de esta crisis más en el corto plazo, en lo que ha hecho la administración de Maduro en los últimos cinco años".

El investigador Thomas Posado[17] critica las decisiones de N. Maduro. "Encerró a Venezuela en este paradigma extractivista, al promulgar, en 2016, un decreto conocido como el Arco Minero del Orinoco, que confía 112.000 km2 (equivalente a la superficie de Portugal) a multinacionales extranjeras para la explotación de oro, de diamantes, de hierro, de cobalto, de bauxita y de otros minerales". El economista venezolano Simón Andrés Zúñiga discute las decisiones tomadas: "El bloqueo y la piratería de los fondos del gobierno imponen una moratoria al pago de la deuda". Un juicio compartido por Eric Toussaint, quien denuncia "la continuación del pago de la deuda externa en lugar de declarar una moratoria" y utilizar los recursos financieros ahorrados para enfrentar mejor la crisis humanitaria que está afectando al pueblo venezolano. A partir de 2016[18], el Comité para la Abolición de Deudas Ilegítimas (CADTM) instó al gobierno venezolano a realizar una auditoría de la deuda con la participación de los ciudadanos". Una proposición teóricamente correcta, pero difícil de aplicar dado el equilibrio de poder. Éric Toussaint tiene otras reservas: "la ausencia de una lucha contra la fuga de capitales, organizada con la complicidad de las más altas autoridades de la administración y el gobierno, la continuación del modelo exportador extractivista que favorece el agotamiento de los recursos naturales del país, la represión contra los delegados sindicales y otros activistas, el desarrollo de políticas clientelistas". Juicios rigurosos retomados por Ángel Arias[19], para quien "una de las razones de la ruina económica del país es la transferencia de los ingresos estatales, provenientes de la renta petrolera, a las manos de actores privados, tantos ingresos que se fueron al extranjero y que nunca se han invertido" mientras que "los diferentes grupos de la burguesía nacional (antiguos y nuevos) nunca han dejado de tener a su disposición dólares de la renta petrolera. ¿Cómo explicar sino la fuga de capitales, de hasta 500 mil millones de dólares, en los últimos años? ".

Agreguemos un gran error político: en diciembre de 2015, la oposición gana las elecciones parlamentarias, una derrota reconocida por primera vez por Nicolás Maduro, pero que acabará por no reconocer. En julio de 2017, elude al Parlamento al elegir una Asamblea Nacional Constituyente, una elección boicoteada por la oposición que denuncia una maniobra política. El gobierno se debilita, Washington intensifica su ofensiva, refuerza las sanciones económicas. Minada por la crisis, la base social del gobierno se fractura, los chavistas se refugian en gran parte en la abstención sin llegar a unirse a la oposición. El precio a pagar por estos errores es alto, errores políticos que Chávez no había cometido. Derrotado en 2007, en un referéndum que proponía una reforma constitucional que aseguraría "la transición del país al socialismo", reconoció su derrota. A partir de entonces, Maduro queda aislado internacionalmente, y puede comenzar la operación de Guaidó, preparada desde hace mucho tiempo. Frente a la desmovilización popular, el apoyo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB) se ha vuelto decisivo. Muy insertadas en la economía, disfrutan de muchos privilegios y algunos de sus oficiales están acusados ​​de corrupción. Columna vertebral del estado, son esenciales para la supervivencia del régimen. Las deserciones tan esperadas han sido muy limitadas.

La gravedad de la crisis es tal que es difícil prever el resultado. Sin embargo, ¿cómo se puede explicar que Maduro logre mantenerse en el poder a pesar de una crisis económica y social tan profunda? ¿Qué apoyos populares tiene todavía? Su creciente autoritarismo es fuertemente cuestionado. Pero el respeto de la autonomía de los movimientos sociales y del movimiento sindical nunca ha sido el punto fuerte del chavismo[20]. Las divisiones entre la autonomía o la dependencia del gobierno, la prioridad dada a la defensa de la revolución sobre la defensa de los derechos de los asalariados/as, han causado muchas rupturas en los sindicatos. Sin embargo, el gobierno continúa beneficiándose del apoyo de una parte de la gente, señala un académico. "Con Chávez, se han producido cambios político-culturales, con una transferencia de poder a la población. Ésta tenía un sentido de dignidad. Se sentía facultada para influir en su propio futuro y como parte de un proceso de transformación y ya no como un grupo marginado que anteriormente ni siquiera estaba presente en el discurso político. Ello ha ayudado a construir esta fuerte lealtad que todavía está presente, a pesar de que la gente vive hoy en peores condiciones que antes de Chávez. Existe todo un sistema de clientelismo y control político: muchas familias dependen principalmente de los programas gubernamentales. Pero debemos tener en cuenta la dimensión político-cultural del chavismo. Sin esta gran lealtad, que se alimenta de los primeros años del proceso bolivariano, el control clientelista no funcionaría en absoluto. Pero hay otro elemento de estabilidad: El miedo a perder todos los derechos adquiridos en caso de victoria de la oposición". Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, una ONG que defiende los derechos humanos, confirma: "la oposición no ha podido proponer un proyecto de país creíble".

El fracaso de los gobiernos progresistas latino-americanos, apoyados sobre movimientos populares de masas, vuelve a plantear cuestiones fundamentales. ¿Cómo desarrollar una política económica de "proteccionismo solidario", como la llevada a cabo por Chávez, en el marco de la globalización y las sanciones estadounidenses? ¿Cómo diversificar los recursos económicos y garantizar la soberanía alimentaria en el contexto de un desarrollo sostenible que respete el medio ambiente? El aparato de Estado, sus instituciones, se mantuvo sin cambios en Brasil con el resultado que conocemos. Los cambios institucionales impulsados ​​por Chávez no han permitido profundizar el proceso revolucionario bolivariano. Finalmente, ¿cómo confrontar a las oligarquías nacionales, cómo lidiar con la violencia imperial?, en fin ¿cuál es la posible legitimidad democrática en un país en guerra? Cuarenta años después de la caída de las dictaduras, estas cuestiones estratégicas siguen sin respuesta.

Janette Habel es profesora titular en el Instituto de Estudios Superiores de América Latina y miembro del Consejo Científico de Attac-Francia.

Traducción: viento sur

https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-20-printemps-2019/dossier-lien-entre-l-evolution-des-rapports-internationaux-et-la-democratie/article/l-amerique-latine


[1] Financial Times, 29/11/2018.

[2] Creada en 2004 a initiaciva de Venezuela y de Cuba, el Alba comprende a once países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, le Surinam y Venezuela.

[3] El comercio total entre China y América Latina ha pasado de 12 mil millone en 2000 a 280 mil millones de dólares en 2017. Alexander Main, “Is Latin America still the United States backyard ?”, RIS, N°117, 2018.

[4] UNASUR nació en 2008 a iniciativa del presidente Hugo Chávez. Reunía a las 12 repúblicas de América del Sur.

[5] Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Panamá, Perú, Paraguay, Santa Lucía.

[6] Jean-Jacques Kourliandsky, La Croix, 29 de marzo de 2019.

[7] Le Monde22/3/2019.

[8] Le Figaro, 28/3/2019.

[9] Christophe Ventura, Le vent se lève, 3 de mayo de 2019.

[10] Reuters.12 de marzo de 2019, “Pompeo rejette la responsabilité de la crise vénézuélienne sur la Russie et Cuba”.

[11] G.Flexor, R.Dias, Da Silva, Jenifer Pinto, “Le nouveau développementalisme, propositions et limites”, Cahiers des Amériques Latines N° 85, 2017.

[12] Center for Economic and policy research (CEPR), “Economic sanctions as collective punishment : the case of Venezuela”, abril de 2019.

[13] Center for Economic and policy research (CEPR), “Economic sanctions as collective punishment : the case of Venezuela”, abril de 2019.

[14] Celso Amorim, “La crise systémique brésilienne et le miroir latino américain”, La revue internationale et stratégique, RIS, N° 111, 2018.

[15] Olivier Compagnon, Julien Rebotier et Sandrine Revet, Le Venezuela au delà du mythe, Éditions de l’Atelier, París, 2009.

[16] Cf. la tesis de Anne-Florence Louzé : “Peuple et pouvoir dans le Vénézuéla de Hugo Chàvez, une voie d’avenir pour la démocratie ?”, Universidad París 8, 2009.

[17] Thomas Posado, “Tournant à gauche en Amérique latine : fin de cycle ?”, Recherches Internationales, N° 107, 2016.

[18] “CADTM / AYNA exhorta y ofrece apoyo al gobierno venezolano para Auditoría Ciudadana de la Deuda”, 9/5/2016.

[19] Sociólogo y militante venezolano de la Liga de Trabajadores por Socialismo (LTS).

[20] Cahiers des Amériques latines “Syndicalismes et gouvernements progressistes”, N° 86, 2017.



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