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Elecciones 28A en el País Valencià
No es lo mismo educación que moderación
26/04/2019 | Andreu Tobarra

El cuestionamiento de lo que fue durante décadas intocable ha estado en estos últimos años encima de la mesa de lo necesario y posible, desde la misma monarquía hasta el bloque de gobiernos PP-PSOE que se han ido sustituyendo en una falsa competición por acabar haciendo políticas extraordinariamente similares en temas de calado. Sin embargo, esto parece quedar atrás. El próximo proceso electoral del 28A parece inscribirse en un cambio de ciclo respecto a la situación que vivimos desde el 15M y sus herencias en la política institucional: Podemos, Mareas, candidaturas de unidad popular…

Hay una inflexión que se materializa institucionalmente con el vuelco que supusieron los resultados de las pasadas elecciones andaluzas, con un desplazamiento sin disimulos hacia la derecha del PP y Ciudadanos, con la aparición autónoma de Vox como representación de un ala ultraderechista y neofascista. Ello va de la mano con el retroceso del activismo de los movimientos sociales en estos últimos años (con la gran excepción del movimiento feminista y los y las pensionistas), de tal forma que abre la puerta a que PP, Ciudadanos y Vox pudiesen repetir con claridad su victoria en otros territorios autonómicos, municipales y en las elecciones generales, aspiración que ha sido amplificada hasta la saciedad por prensa, radio y televisiones.

Sin embargo, a medida que nos hemos ido acercando al día de las votaciones, la gran mayoría de las encuestas que tienen eco en los principales medios de comunicación, han pasado de un escenario en el que la suma de los votos de las tres opciones electorales de derechas les permitiría hacer gobierno, a otro escenario en el que el partido socialista es la papeleta que obtendría el mayor número de votos y buscando alianzas podría formar gobierno.

Esto es presentado alegre o interesadamente como la anticipación de una posible victoria de la izquierda, entendiendo a esta dentro de un margen bastante amplio que se mueve entre unas propuestas y prácticas socialdemócratas y otras de mayor radicalidad y contenidos sociales.

No obstante, tenemos varios reparos que poner a estos mensajes tan divulgados en estos últimos días que quedan hasta el 28A. En primer lugar, los sondeos electorales más fiables no están afirmando lo mismo que los titulares de los medios, hacen estimaciones posibles de los votos, con márgenes de error importantes y difíciles de esquivar, ya que el porcentaje de electores y electoras que irán a votar sin tener definitivamente decidido a quién, más los que ocultan -con todo su derecho- a las encuestas cuál es la papeleta que introducirán en la urna, es suficientemente alto para que puedan ser consideradas, a muy pocos días de las elecciones, ambas opciones como perfectamente posibles: un gobierno con el partido socialista como primera fuerza política o un gobierno de PP, Ciudadanos y Vox.

Además, el incremento del número de jugadores complica las aritméticas, la ruptura del tándem PP-PSOE como única opción de gobierno de las décadas pasadas, permitiendo una simple sustitución de un PP por un PSOE o viceversa, se presenta como un escenario extinto, con una mayor cantidad de actores viables, entre los que están los que hoy son emergentes y los que están en declive, pero sin haberse alcanzado ni mucho menos un nuevo marco de cierta estabilidad y permanencia como en el pasado, en el que se fija la situación, clarificándola y haciéndola más pronosticable, con los diferentes partidos ocupando una jerarquía más o menos provisionalmente clara.

En segundo lugar, la consideración que hacen grandes medios en la línea de Prisa sobre la victoria del Partido Socialista como equivalente a un gobierno progresista-izquierdas, es algo que no debe aceptarse mientras no se conozca con quienes harán el acuerdo de gobierno. La opción de un acuerdo de legislatura PSOE con Ciudadanos es algo que viene de lejos y es sin duda y sin disimulo, el mejor horizonte para una buena parte de las baronías socialdemócratas, que ya han demostrado que es lo que prefieren y el rechazo inmenso respecto a la posibilidad de pactar con Unidas Podemos. La aritmética, más compleja por el mayor número de actores viables a la que hacíamos referencia antes, se complica ya que no tenemos ninguna seguridad de que los acuerdos sean respetando los bloques, derecha-izquierda. Tanto el PSOE como Ciudadanos, tienen la capacidad de llegar a acuerdos entre ellos sin ningún temor a que se incumplan promesas y programas electorales.

En el País Valencià el presidente socialista, Ximo Puig, optó por convocar las elecciones autonómicas el mismo día que las generales. Por más que lo justificase para buscar una mayor participación y asegurar que lo hacía pensando en los intereses valencianos y no en los de su partido, supongo que ni siquiera él mismo podía creerse esos argumentos, ni encontrar nada mejor que disfrazar una clara jugada de vincularse a la figura ascendente de Pedro Sánchez y del Partido Socialista a nivel estatal, en un intento de recoger votos frente a Compromís aprovechando el efecto de un voto simultáneo que puede favorecerle claramente ya que por el momento los sondeos le dan la razón y según los cuales el PSPV pasaría a unos 33 diputados, diez más que los actuales. Mientras que, a nivel del parlamento estatal, de los 85 puestos que obtuvo el PSOE en el 2016 podría pasar a tener en torno a los 130 el 28A, un crecimiento de más del cincuenta por ciento. Esta recuperación de los socialistas podría compensar las pérdidas esperadas en Compromís y sobre todo en Podemos cerrando la puerta a las derechas.

A Compromís, que es una fuerza menor a nivel del estado, le perjudica esta simultaneidad estado-PV, le hubiese sido más favorable vincular las elecciones a un debate en clave valenciana que hiciese coincidir autonómicas y municipales. Compromís según las mismas encuestas podría llegar a perder en el Parlament Valencià unos 5 representantes quedándose en 14.

Diferente es la valoración desde Podemos que, en línea con el PSPV, calculan que el ir de la mano con los comicios generales le permitirán sumarse en su caso al arrastre de la figura de Pablo Iglesias, a partir de una situación cada vez más desdibujada y atenazada por continuos problemas dentro de la organización (que ya son suficientemente conocidos, al menos los más graves) y tienen casi siempre que ver con la limitada democracia interna y las luchas de clanes. Las expectativas de Podemos a nivel del estado son claramente inferiores a los 71 que consiguió sumando sus 46 diputados a los de sus socios de confluencias (En Comú, En Marea, IU y Equo), con unos pronósticos de algunos sondeos que llegan a vaticinar el desastre de quedarse en torno a la mitad de sus diputados y diputadas.

La situación de Podemos en el País Valencià añade a los problemas estatales los suyos propios, de tal forma que, de los 12 representantes que hoy dispone en la Cortes valencianas, podría perder más de la mitad quedándose en 5 representantes. El cabeza de lista autonómico de Podemos, Rubén Martínez Dalmau, vuelve a suponer para la sufrida militancia otro candidato de “despachos” que ha tenido muy poco que ver con la vida y los debates de Podemos, a lo que hay que añadir el dato no desdeñable, del desplazamiento, por no calificarlo de arrinconamiento, fuera de los puestos de salida en las listas, de personas que habían hecho un trabajo más que digno en la representación institucional con una vinculación real a la organización y a los movimientos sociales. Si a ello añadimos el hecho de que la pugna interna en el reparto de posibles futuros cargos ha cerrado a Podemos hacia una necesaria apertura a la incorporación de activistas sociales, el punto de partida para esta primera cita electoral (en un mes viene la segunda, con europeas y municipales) no es demasiado esperanzador.

Ni tan siquiera el acuerdo de ultimas horas con Esquerra Unida, largamente estancado y aireado como una vulgar disputa entre aparatos sin diferencias políticas conocidas, por los puestos en las listas que se consideran con posibilidades reales de alcanzarse, se puede presentar como un paso adelante, por más que el contrario, no haber tenido un acuerdo, sí que hubiese empeorado y mucho, los magrísimos resultados que se vaticinan.

Entre los debates que atraviesan a Podemos de cara a estas elecciones, que en el País Valencià son generales y autonómicas simultáneamente, está la opción que se ha ido convirtiendo en mayoritaria en las filas de Podemos, de si los números lo permiten, entrar a gobernar con el PSOE a nivel estatal y de la misma forma a nivel autonómico con el PSPV y Compromís. La decisión que se tomó en su momento de apoyar en el Parlament Valencià el gobierno del PSPV y Compromís, sin entrar a formar parte de él se considera por una buena parte de cargos institucionales y compañeras y compañeras dentro de Podemos como un error a corregir.

Los argumentos-fuerza principales son en primer lugar, que la presencia directa en el gobierno nos haría más influyentes en sus decisiones y en la aplicación de nuestro programa, que tiene contenidos y formas de cambio social que no serían compartidos ni puestos en acción por las otras dos fuerzas del acuerdo autonómico de gobierno, Compromís y PSPV. En segundo lugar, se añade que esa presencia en el gobierno nos daría más visibilidad como organización política, abandonando la invisibilidad que se tiene por el hecho de estar fuera del gobierno.

En cuanto al argumentario contrario a la entrada, tenemos en primer lugar que quedarnos fuera del gobierno nos permitiría librarnos de los costes principales de implicarse directamente en una gestión institucional que encabeza y define la socialdemocracia mayoritaria en el ejecutivo. En segundo lugar, al no tener áreas de responsabilidad de gobierno podríamos opinar abiertamente de la política de la Generalitat (o el gobierno del estado), hablando con mucha más libertad, sin dejar de ser la llave de la gobernabilidad. Formar parte del ejecutivo hace mucho más difícil formular críticas públicas y ejercer presión para el cumplimiento de compromisos y políticas sociales. Por último, está el sempiterno problema de la autonomización de los cargos electos (respecto a los que los han elegido), es decir el viejo problema de la tijera que se abre entre las representantes y las representadas, multiplicado en función del nivel del escalón que se ocupa.

El debate sobre esta entrada en el gobierno de la Generalitat o del estado no puede plantearse, como desgraciadamente es muy habitual, a partir de una confrontación de cuáles serían las consecuencias positivas frente a las negativas, consideradas ambas como compartimentos completamente diferentes y estancos. El procedimiento más correcto supone tomar decisiones a partir de una valoración de todas las posibles consecuencias en presencia, que sin duda actúan tanto en un sentido, como en el contrario.

Una causa central que explica las disfunciones generadoras de los problemas que hemos enumerado hay que buscarla en la tensión permanente que existe entre la succión que, de continuo, realiza la institución en favor de su gestión, como base de su función social, y el contrapeso exterior que ejercen el activismo social y la ciudadanía. Esta fuerza es mayor cuanto mayor sea la importancia de la institución en la que se está presente, por ello la tensión se incrementa enormemente dentro de un gobierno de la Generalitat, respecto a la alternativa de apoyar sin gobernar limitándose a permanecer exclusivamente en el parlamento autonómico valenciano.

Una condición necesaria (pero no suficiente) para afrontar y contener esa tijera entre representantes y representadas es el tener una organización con un funcionamiento altamente democrático y horizontal. La democracia no es solo un valor ético, es también un poderosísimo instrumento de cohesión en base a la confianza que proporciona, la cual, entre otros inmensos efectos, tiene el de permitir rectificar colectivamente decisiones erróneas. Es decir, una organización que carece de mecanismos democráticos, cuando la dirección, que es la que toma decisiones, se equivoca, hace que las posibilidades de corregir el rumbo sean muy difíciles o nulas y la organización se continúa moviendo en la dirección equivocada sin que nada pueda hacerla rectificar y evitar los desastres. El contrario no es necesariamente cierto, no por el hecho de tener una gran democracia interna se tiene una plena garantía de estar siempre en lo correcto. Pero esta horizontalidad es la mejor garantía que tenemos, puesto que, aunque no es la condición de acertar siempre, sí es la que nos permite rectificar colectivamente y con relativa rapidez. No olvidemos que la mejor definición de una organización plenamente democrática no viene dada por sus continuos aciertos en lo social, puesto que esto no es alcanzable en un tejido social tan amplio y complejo como el que nos desenvolvemos, la mejor definición viene de la mano de su capacidad de visualizar equivocaciones y corregirlas agrupadamente.

Desgraciadamente Podemos está un tanto lejos de esta situación deseable y necesaria de profunda horizontalidad, ni el reciente Vistalegre II, ni el Vistalegre autonómico valenciano nos sitúa en las proximidades de una organización que este dotada de “frenos de emergencia” que le permitan corregir rumbos y frenar una trayectoria a un posible desastre. Cuando las posibilidades de control y corrección son muy pequeñas por parte de la mayoría de miembros de Podemos, cuando de hecho estas capacidades pertenecen en gran parte a los mismos que ejercen el papel de imágenes públicas y han decidido ser miembros del gobierno, en definitiva, la capacidad de Podemos de evitar la autonomización de sus cargos y de corregir decisiones políticas de los mismos en un ejecutivo son muy escasas y por tanto el más elemental criterio de prudencia reclama evitarlos, no participando en el gobierno.

Añadamos que el hecho de ser una fuerza en inferioridad en el seno del ejecutivo no nos libraría de cargar con las consecuencias negativas de las políticas que practican como mayoría del gobierno, que de repetirse el acuerdo del Botànic, formarían PSPV y Compromís. Seríamos considerados, con todas las razones, copartícipes de las mismas con mucha mayor responsabilidad e implicación al formar parte del mismo gobierno.

La revisión de los procesos vividos en diferentes momentos y territorios más o menos cercanos, nos proporciona también argumentos muy poderosos para rechazar la participación en gobiernos con la socialdemocracia: desde los Verdes en Alemania, pasando por las prácticas de parte de la izquierda en Italia (Refundación), hasta la experiencia de Izquierda Unida entre nosotras, concretamente en Andalucía como una de las perlas principales o del Bloque en Galicia. El precio pagado ha sido muy alto y favorable al deslizamiento al neoliberalismo que ha realizado la socialdemocracia, y siempre ha ido acompañado de una crisis, incluso al borde de la desaparición de la representación institucional, hundiéndose en una marginalidad, por parte de la organización que se compromete en un gobierno con los socialdemócratas.

Un balance entre ambas opciones de entrar o no en el ejecutivo valenciano (o en el estatal) tiene, como no podía ser menos, claros y oscuros, sin embargo, mi lectura de la situación es que las consecuencias negativas nos afectarían mucho más que proporcionalmente respecto a las positivas que tendrían una aportación muy pequeña. Y, es más, las posibilidades de realizar una acción política que configure cambios sociales relevantes se puede ver consecuentemente, seriamente comprometida. No ofrece garantías especiales el hecho de entrar a formar parte del gobierno, en términos de la mejor consecución de objetivos que respecto a la no presencia en él y mantenerse en el apoyo exterior frente a un gobierno de las derechas. En definitiva, deberíamos rechazar tajantemente la entrada en el gobierno de la Generalitat, que en la situación actual comportaría unos riesgos cuyas consecuencias podrían llevar a la misma desaparición del proyecto Podemos.

Una última referencia, respecto al giro que han dado las y los cabezas de listas en dos terrenos, en primer lugar, una defensa fuerte de la constitución, como Irene Montero y Pablo Iglesias acreditan perfectamente esta semana cuando declaran que “defender los artículos sociales de la constitución es lo más revolucionario que se puede hacer en este momento” o que “ahora mismo esta tan dañado el consenso social que la propia constitución del 78 es revolucionaria”.

En segundo lugar, tendríamos las actitudes, los gestos comunicativos, en las apariciones en medios, y fundamentalmente en los grandes debates, en que los cabezas de cartel como Iglesias o, a nivel valenciano, Dalmau o Illueca, han mostrado la cara más suave y prudente, bien alejada de la protesta antisistema de anteriores momentos de Podemos.

Podemos está jugando con fuego, las tesis errejonistas se han quedado en Podemos a pesar de su marcha y el nuevo giro de cintura de conseguir presencia en un hipotético gobierno dirigido por Pedro Sánchez o Ximo Puig a nivel valenciano, son las que prevalecen como principal objetivo a corto plazo y a nivel estratégico. Si para ello hay que relajar no solo las formas, dulcificándolas hasta recibir alabanzas por parte de muchos medios y tertulianos hasta ahora enfrentados a Podemos, se añaden detalles sustanciales de la que sería la agenda de gobierno de Podemos, en las que se ha producido un vaciado de objetivos claramente considerados como maximalistas para la dirección actual, y a cambio aparecen propuestas de buena gestión que podrían ser negociables con la organización socialista.

Es preocupante que hacer las cosas éticamente, no siendo insultante, vomitador de falsedades y muy grosero en los debates (por cierto, es un hecho bien conocido en el análisis de comportamientos electorales la escasa capacidad de modificar el voto que tienen estos dos grandes debates que se han producido a pocos días de la elecciones, son pocas personas la que se ven afectadas por ellos, la gran mayoría ha decidido su voto previamente), sino correctamente propositivo deba ir acompañado de una moderación en los contenidos del discurso. Era este adelgazamiento programático que ejemplifican temas como Catalunya, en que, del derecho a decidir de los pueblos, pasamos a convertirlo en una cuestión de dialogo algo cercana a las últimas posiciones públicas de Pedro Sánchez, o si hablamos del terrible peso social de la deuda, donde decíamos auditoria ciudadana y rechazo de la deuda ilegítima, ahora obsequiamos a nuestras audiencias con aseveraciones de que allí donde gobierna Podemos es donde más se ha reducido la deuda…

En mi opinión, es insatisfactorio y muy peligroso este último rumbo en Podemos, la pelea en el espacio comunicativo por causar buena impresión de tal manera que ni algunas de las formas ni algunos de los fondos de Podemos supongan impedimento para hacer un buen gobierno y por supuesto formar parte de él, como decíamos antes es un déjà vu y es difícil rastrear experiencias cercanas mínimamente comparables que nos permitan confiar que esta es una buena vía de transformar las cosas. Me decanto por pensar que el sujeto principal que sufra la transformación será el mismo Podemos y no en la forma en que la mayoría de los que formamos parte de él desearíamos.

A pesar de ello, el resultado de estas elecciones es crucial para impedir que la derecha acceda a poder con todas las nuevas cargas de profundidad antisociales que vienen anunciado, lejos de los disimulos y ambigüedades de otras convocatorias electorales y por ello, aunque seamos críticos con el último giro de los líderes de Podemos, seguimos teniendo mucho aprecio a nuestra organización porque sigue ofreciendo también muy buenas propuestas sociales a las que la mejor forma de defender el 28A es introduciendo en las urnas la papeleta de Unidas Podemos.

26/4/2019

Andreu Tobarra. Miembro de Anticapitalistas y profesor del Departamento de Sociologia y Antropología Social de la Universitat València





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