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el desorden global
El desorden global
Nueva Zelanda: El retorno de las huelgas
Ross Webb

A lo largo del año pasado, Nueva Zelanda ha visto cómo decenas de miles de trabajadores y trabajadoras han ido a la huelga, desafiando la austeridad autoimpuesta del gobierno laborista.

A comienzos de 2018, una enfermera y sindicalista neozelandesa, Elizabeth Alice, escribió un post abierto en Facebook que se hizo viral. “Esa es la cuestión”, escribió Alice. Las enfermeras luchaban por mejoras salariales y dotación de más personal y “el futuro de nuestro sistema público de sanidad”. “Nuestras comunidades merecen inversiones en salud pública –prosiguió Alice–. Si no luchamos por esto ahora, entonces se habrá acabado, y tendremos una situación como la de EE UU, donde los ricos reciben una atención de primera y los pobres mueren en la calle de enfermedades curables”. Para concluir la carta abierta, Alice escribió: “Hagámoslo realmente”, una alusión al lema electoral del Partido Laborista: Hagámoslo (Let’s do this).

En 2017, una coalición encabezada por el Partido Laborista se hizo con la victoria en las elecciones de forma inesperada, poniendo fin a lo que parecía una eterna mayoría del derechista Partido Nacional, que estuvo en el poder desde 2009. Los laboristas hicieron campaña sobre la base de una plataforma que contemplaba el restablecimiento de los derechos laborales, la lucha contra la pobreza infantil, la justicia climática, la reforma de las prisiones, la reconstrucción del Estado de bienestar e inversiones en sanidad y educación. Sin embargo, en una campaña que parecía marcar el final de la austeridad, el Partido Laborista firmó un acuerdo de responsabilidad presupuestaria autoimpuesto. A resultas de ello, después de dos años de gobierno, el cambio radical que mucha gente esperaba no se ha producido.

Pero trabajadoras como Elizabeth Alice no esperan. A lo largo del año pasado, Nueva Zelanda ha conocido huelgas de miles de trabajadores que no habían parado en los últimos veinte años. Enfermeras, maestras, comadronas y funcionarios han sido la punta de lanza, pero por mucho que el protagonista haya sido el sector público, castigado con la falta de financiación y la congelación salarial durante la última década, el personal mal pagado del cine y de los restaurantes de comida rápida también ha parado, al igual que los conductores de autobús de todo el país, para quienes el aumento del salario mínimo ha sido inferior al del coste de la vida. Técnicos de los aeropuertos nacionales también amenazaron con ir a la huelga en horas punta durante el periodo navideño. Y a comienzos de este año, 3.300 jóvenes médicos y médicas están dispuestos a declararse en huelga. La huelga ha hecho de nuevo acto de presencia en Nueva Zelanda.

La huelga en Nueva Zelanda

Las huelgas son un fenómeno muy presente en la historia de Nueva Zelanda y han marcado el rumbo de la trayectoria del país a lo largo de los últimos 200 años, habiéndose producido en momentos clave de la historia política y económica neozelandesa. En 1821, leñadores maoríes empleados por europeos se negaron a trabajar hasta que les pagaran por su trabajo con dinero o con pólvora.

Entre los primeros colonos en 1840, Samuel Duncan Parnell se negó a trabajar durante más de ocho horas al día, dando la señal de salida al movimiento por la jornada de ocho horas en el país. A finales del siglo XIX, a medida que se extendieron los asentamientos y se desarrolló la industria en las minas, las costas, los bosques y los campos del país, la clase trabajadora creó los primeros sindicatos y emprendió las primeras acciones masivas.

Cuando el Estado impuso medidas de arbitraje para controlar la combatividad sindical, la clase trabajadora se sintió cada vez más frustrada por los límites fijados por el sistema y, bajo la influencia de corrientes sindicales mundiales como Industrial Workers of the World (IWW), optó por la acción directa y los sindicatos de ramo, poniendo en tela de juicio la reputación de Nueva Zelanda como paraíso del trabajador y país sin huelgas. Sin embargo, el auge de la combatividad sindical tuvo una vida corta.

En 1912, los mineros en huelga en Waihi fueron derrotados y expulsados de la ciudad, y un trabajador fue asesinado a golpes por la policía. En 1913, la Gran Huelga cerró fábricas, puertos y minas y dio lugar a batallas callejeras entre sindicalistas y la policía. Fue el momento en que Nueva Zelanda estuvo más cerca de una revolución, pero el movimiento acabó con una derrota obrera. No obstante, el resultado a largo plazo fue el desarrollo gradual de un partido socialdemócrata, el Partido Laborista (cuya dirección estuvo formada por muchas de las personas que habían dirigido las huelgas a comienzos de siglo), que finalmente ganó las elecciones en 1935, durante la Gran Depresión.

El Partido Laborista fue el más radical de su categoría en el mundo angloparlante e implantó un vasto programa keynesiano de seguridad social, sanidad universal, Estado de bienestar y afiliación sindical obligatoria. Los sindicatos pasaron a ser parte del aparato de Estado y, favorecidos por la legislación y la afiliación forzosa, desempeñaron un papel significativo en el aumento de los salarios durante aquel periodo, así como en la reducción al mínimo de la desigualdad entre ricos y pobres que marcó las décadas de auge económico.

Aparte del cierre patronal portuario de 151 días de duración en 1951, el periodo posterior a 1935 fue tranquilo para la clase obrera, especialmente mientras duraron las buenas condiciones económicas globales que dieron lugar a lo que el pueblo neozelandés llama los años de tiempo dorado del periodo de posguerra. Sin embargo, cuando el crecimiento económico se frenó y los beneficios de las empresas se redujeron en la década de 1970, la clase trabajadora emprendió progresivamente acciones de protesta para impedir la erosión de unos salarios que el sistema económico keynesiano ya no podía garantizar, un fenómeno que marcó asimismo el ascenso de la movilización obrera en EE UU durante esa misma década. Las décadas de 1970 y 1980 registraron el mayor número de jornadas de trabajo perdidas a causa de las huelgas de la historia neozelandesa.

Hoy, cuando reina la quietud en el movimiento obrero, solemos olvidar la importancia que tuvieron los sindicatos en la vida política de las décadas de 1970 y 1980. En todo el mundo, los sindicatos derribaron gobiernos, estuvieron en el centro de grandes batallas ideológicas sobre el futuro de la política económica y se implicaron en movimientos políticos y sociales. En Nueva Zelanda, al igual que en otras partes, los trabajadores también hicieron huelga en solidaridad con otros trabajadores y los movimientos internacionales por la justicia social. Por ejemplo, la Federation of Labour (FoL) se movilizó contra la guerra de Vietnam y contribuyó de modo determinante a convencer al Partido Laborista de que adoptara una postura más firme en su oposición a la guerra y a la implicación de Nueva Zelanda en ella. En 1976, la FoL impuso durante cinco semanas la prohibición de cargar y descargar mercancías destinadas a Sudáfrica o procedentes de ese país tras el levantamiento de Soweto, uno de muchos ejemplos del papel no apreciado de los sindicatos en el movimiento mundial contra el apartheid. En 1978, cuando unos manifestantes maoríes fueron expulsados de Bastion Point, los trabajadores de la industria cárnica del país abandonaron sus puestos de trabajo en señal de protesta.

Sin embargo, la combatividad sindical no logró sobrevivir hasta finales de la década de 1980, cuando una revolución política neoliberal aplicada tanto por el Partido Nacional como por el Partido Laborista transformó de arriba abajo la sociedad neozelandesa. Forzados a lidiar con un entorno político y económico que cambiaba velozmente, los sindicatos perdieron terreno y se vieron socavados por una legislación que suprimió sus derechos y mermó su capacidad de organizar huelgas. Estos procesos, que tienen paralelismos en todo el mundo, anunciaron el arranque de nuevas tendencias en el mundo del trabajo: caída de la afiliación sindical, disminución de la parte del trabajo en el reparto de la renta nacional, creciente desigualdad y empleo cada vez más precario. Nueva Zelanda se embarcó en un experimento radical con el neoliberalismo. Mientras que la desigualdad ha crecido en los países que han adoptado estas políticas, donde más ha aumentado ha sido en Nueva Zelanda.

Años de abandono

Aunque las huelgas de 2018 tienen causas de más largo alcance que se remontan a la década de 1980, la cuestión más inmediata fue la última década de abandono. El gobierno del Partido Nacional (2009-2017) promulgó leyes antisindicales, frenó los aumentos salariales, recortó servicios públicos y no hizo nada cuando los precios de la vivienda y el coste de la vida superaron rápidamente el aumento de los salarios. Impuso la congelación salarial al personal del sector público, eliminó el derecho a la pausa del té, legalizó el despido libre en 90 días y eliminó la obligación de las empresas de negociar con los sindicatos.

Estimulados por estos hechos, los patronos aprovecharon la oportunidad para atacar a los sindicatos. Los cierres patronales en las plantas de envasado de carne y en los puertos fueron un intento de precarizar y desindicalizar la mano de obra y reflejan el nuevo estado de ánimo. Aunque los trabajadores portuarios y de la industria cárnica impulsaron potentes campañas contra las empresas, su lucha fue en gran medida reactiva y destinada a mantener el status quo. Comentando los acontecimientos de Nueva Zelanda en 2012, Sharan Burrow, de la Confederación Sindical Internacional (CSI), dijo lo siguiente: “Estos ataques selectivos forman parte de una iniciativa política encaminada a quebrar los sindicatos y privatizar… El empleo público está amenazado y las empresas privadas utilizan la excusa de las restricciones financieras para deshacerse de los sindicatos, que según ellas son una amenaza para su rentabilidad”.

Y, después de nueve largos años, el gobierno cambió de manos.

De la victoria a la austeridad autoimpuesta

La elección del gobierno laborista en 2017 fue aplaudida por la gente progresista. Sin embargo, el optimismo en torno a la elección del gobierno laborista ya se vio atemperado por las promesas preelectorales. Frente a la oposición (o supuesta oposición) y con el propósito de llegar a lo que Branko Marcetic llamó “el mítico voto centrista”, el Partido Laborista aprobó antes de las elecciones un conjunto de reglas de responsabilidad presupuestaria a fin de demostrar sus credenciales fiscales, un acuerdo que los críticos calificaron de “camisa de fuerza fiscal”. Encima, después de un anuncio ofensivo del Partido Nacional, los laboristas se comprometieron a no establecer nuevos impuestos hasta las siguientes elecciones.

Estas concesiones mermaron toda capacidad para llevar a cabo cualquier cambio fundamental que había prometido el gobierno. El presidente del Consejo Sindical, Richard Wagstaff, criticó la campaña del gobierno por un cambio fundamental mientras prometía mantener la austeridad. “Si [el gobierno entrante] desea de verdad resolver los problemas que tenemos en la enseñanza, la sanidad, la vivienda y otros servicios públicos –declaró–, si pretende corregir los desequilibrios que padecemos desde el punto de vista de la igualdad salarial, si de verdad queremos afrontar la desigualdad de ingresos y los retos medioambientales, juntos como nación, entonces tiene que estar dispuesto a invertir sumas significativas. Esto será la piedra de toque de estas disposiciones”.

Cuando asumieron el gobierno, se aclaró progresivamente el estado de abandono de los servicios públicos, la sanidad y la enseñanza. Las reglas, que siguen estando vigentes a pesar de los llamamientos a suprimirlas, han dado pie a la acusación de que el gobierno se ha plegado a la política fiscal y la austeridad, y han hecho que la gente se pregunte si el gobierno anterior perdió las elecciones, pero ganó la guerra ideológica.

El año de la huelga

No obstante, cuando comenzó el nuevo año y hubo que renegociar los convenios, la clase trabajadora comenzó a mostrar sus expectativas con respecto al nuevo gobierno, expectativas que no incluían la aceptación de la austeridad. En julio, 30.000 enfermeras se declararon en huelga, por primera vez en 30 años. Pocas semanas después, 29.000 maestros y maestras de primaria también pararon, por primera vez en 24 años. Cuatro mil funcionarias de la agencia tributaria hicieron huelga el mismo mes, la primera vez que lo hacían en 22 años. Tres mil funcionarios del Ministerio de Justicia protagonizaron huelgas relámpago (paros de corta duración con el mínimo plazo de preaviso) y huelgas de celo. Con ligeros aumentos del salario mínimo a lo largo de los últimos nueve años, los conductores de autobús dijeron basta: se negaron a cobrar los billetes a los pasajeros y poco después hicieron huelga. Como dijo uno de ellos, “tienen que pagarnos un salario digno, que dé para vivir. Es todo lo que queremos”.

En una iniciativa sin precedentes, el personal de los aeropuertos nacionales amenazó con ir a la huelga, que habría dejado en tierra los vuelos programados para los dos días de más tráfico del año, alrededor de la Navidad, afectando a 120.000 pasajeros. La huelga finalmente se evitó cuando la compañía dio marcha atrás en su intento de anular determinadas cláusulas importantes del convenio.

Una cuestión común a todas las huelgas fue el asunto más general de la financiación de los servicios públicos esenciales: hospitales, escuelas, transportes. Como escribió Elizabeth Alice, la huelga de las enfermeras iba en defensa del “futuro de nuestro sistema público de sanidad”. Louise Green, del sindicato de enseñantes, dijo que la huelga tenía que ver con los salarios e iba en contra del aumento del número de alumnos y alumnas por clase y la falta de personal docente. “Tiene que haber más inversión en educación –dijo–, de manera que cada niña pueda alcanzar su potencial y tengamos suficientes maestras para cada clase”.

¿Por qué ahora? A pesar de la consabida acusación de que la clase trabajadora ha esperado a que llegara un gobierno más favorable, lo cierto es que no estuvo de brazos cruzados durante los nueve años anteriores. Si bien hubo pocas huelgas en esa década, el movimiento obrero organizado cosechó varios triunfos significativos. La difunta líder del Consejo Sindical, Helen Kelly, encabezó una vigorosa campaña por la salud y la seguridad en el ámbito forestal; el sindicato Unite logró que se ilegalizaran los contratos de cero horas; mujeres que cobran bajos salarios lucharon en los tribunales por la igualdad salarial, logrando una indemnización de 2.000 millones de dólares para 55.000 trabajadoras de cuidados, y una coalición de sindicatos contribuyó a crear el creciente movimiento por un salario digno. Los sindicatos de enseñantes, que participaron muy activamente en las recientes movilizaciones, lucharon por la supervivencia de la enseñanza pública durante la década anterior.

Está claro que la elección de un gobierno más favorable a los sindicatos (o al menos un gobierno dispuesto a escuchar a los sindicatos, que forman parte de su base de apoyo) insufló nueva energía al movimiento sindical. Sin duda, esto contribuyó a las huelgas, especialmente en el sector público. El gobierno laborista ha culpado directamente al gobierno anterior por los años de abandono, y con razón, pero no ha dado señales de querer promover el cambio. Durante la huelga de maestras de primaria, el gobierno se aferró a su línea de responsabilidad presupuestaria y la primera ministra, Jacinda Adern, declaró: “Hay expectativas que tenemos que cumplir para el electorado más amplio y no disponemos de una cantidad infinita [de dinero] para satisfacer dichas expectativas”.

Señales positivas y retos pendientes

Los sindicatos del sector público han visto crecer su afiliación a un nivel nunca visto desde hacía 30 años gracias a los éxitos de la movilización y los aumentos salariales. Y está previsto que haya nuevas huelgas en el año en curso, que seguirán poniendo a prueba el compromiso del gobierno con la austeridad. La profesión médica está anunciando ya su intención de ir a la huelga por la mejora de los salarios y las condiciones de trabajo.

El programa legislativo del gobierno incluye algunas promesas importantes para el movimiento sindical: aumento del salario mínimo y creación de convenios de salario digno en sectores enteros para evitar la competencia entre empresas por la reducción de los salarios y mejorar la capacidad de los sindicatos para la negociación colectiva. En otros ámbitos, la respuesta del gobierno en materia de derechos laborales ha sido decepcionante. Por ejemplo, el Partido Laborista hizo campaña por la abolición de la ley Hobbit, promulgada por el anterior gobierno, que anuló una serie de derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del cine con el fin de apaciguar a Warner Bros (un académico la calificó de “caso de manual de la subordinación total de los intereses nacionales a los intereses del capital internacional”). Ahora el gobierno ha acordado mantener la ley, lo que significa que las condiciones de trabajo en la industria cinematográfica de Nueva Zelanda son mucho peores que en casi todos los demás países desarrollados, un mal precedente para el personal de un importante sector neozelandés, así como para los trabajadores con contratos temporales en general.

Y mientras la clase trabajadora se enfrenta al estancamiento de los salarios y la austeridad, siguen pendientes otras cuestiones existenciales más amplias: el empleo precario, el efecto de la tecnología en la mano de obra, la justicia climática y la transición energética justa, así como la explotación de los trabajadores no organizados (sobre todo migrantes), que en gran parte permanecen al margen del sindicalismo organizado. En Nueva Zelanda, el derecho de huelga está en gran medida limitado a los periodos de negociación y a cuestiones relacionadas directamente con la salud y seguridad.

En una entrevista, el presidente del Consejo Sindical, Richard Wagstaff, declaró que “en otros países, y según el Derecho internacional, está previsto que la gente trabajadora pueda hacer huelga en torno a cuestiones civiles y políticas más amplias. Esta disposición no existe en Nueva Zelanda… [pero] es un pilar fundamental de una sociedad democrática”.

En todo caso, las huelgas son una señal positiva de que el movimiento obrero organizado puede y sabrá presionar a los gobiernos cuando prometen un cambio fundamental, especialmente en un periodo en que la diferencia entre ricos y pobres sigue aumentando a un ritmo infernal. Está por ver si el Partido Laborista sabrá o no responder en lo que queda de legislatura y hasta las nuevas elecciones. Esto dependerá asimismo de si la oleada de huelgas es una señal de que algo ha cambiado en el movimiento obrero neozelandés o no ha sido más que un momento excepcional de ascenso de la combatividad que desaparecerá mientras continúa el curso prolongado de declive del sindicalismo.

Siendo el último movimiento democrático de masas de Nueva Zelanda capaz de enfrentarse a la austeridad y una de las pocas instituciones capaces actualmente de corregir los grandes desequilibrios de la economía neozelandesa, el sindicalismo debe seguir presionando.

Ross Webb es doctorando en historia por la Universidad de Victoria, Wellington

https://jacobinmag.com/2019/02/new-zealand-strikes-unions-labour-party-austerity

Traducción: viento sur





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