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En Revista Viento Sur162

el desorden global
Sudeste Asiático
Regímenes cada vez más autoritarios
Pierre Rousset

A partir, sobre todo, de mediados de la década de 1980, la caída de las dictaduras militares (Indonesia) y otros regímenes de ley marcial (Filipinas) en el Sudeste Asiático –como sucedió asimismo en América Latina– abrió un periodo de supuesta democratización. Hoy, en lo esencial, este ciclo está cerrado. La tendencia dominante apunta ahora a un ascenso del autoritarismo, acompañado de atentados crecientes contra los derechos humanos, incluidos los más elementales.

Esta tendencia no es exclusiva de esta parte del mundo, ni mucho menos, y tiene causas múltiples. Adopta formas diferentes según el país. En efecto, el Sudeste Asiático es una región particularmente diversa y compleja por su geografía y su historia. Si tratamos de analizar la evolución política en curso desde un punto de vista de conjunto, corremos el riesgo de no ir más allá de generalidades a veces engañosas, concentrándonos en el efecto de los factores internacionales. Aquí procederemos a la inversa: seleccionar cierto número de países que, cada uno a su manera, ilustra una faceta específica de la crisis de la democratización, que dará lugar bien al retorno, bien a la continuidad de regímenes autoritarios o dictatoriales.

Filipinas y la quiebra de una democracia elitista

La tradición parlamentaria es más importante en Filipinas que en cualquier otro país del Sudeste Asiático. Tomó forma bajo la colonización estadounidense, antes de la independencia (decretada en 1946). Vaciada de contenido bajo la ley marcial de Ferdinando Marcos (1972-1986), se restableció después del derrocamiento de la dictadura.

La Constitución adoptada después del levantamiento de 1986 es la más democrática de la historia del país (y de muchos otros). Las elecciones a la Asamblea Nacional se realizan por circunscripción, son muy costosas y están dominadas por las élites. A partir de entonces, una minoría de diputados y diputadas será elegida, en régimen proporcional, en listas nacionales cuya función es asegurar la representación de los sectores populares y marginados de la sociedad. Sin embargo, cuando se agotó la dinámica transformadora iniciada por la Revolución de febrero, las organizaciones políticas tradicionales tomaron el control a través de formaciones políticas instrumentales. Hoy, solo los movimientos apoyados por el PC (maoísta, clandestino) logran obtener aún representantes electos.

Se reanudó la vida parlamentaria de antes de 1972. Los partidos tradicionales no tienen un programa que defienda los intereses de las grandes familias ricas establecidas en las provincias: clanes o dinastías políticas. El clientelismo es la regla, así como la reversión de las alianzas en favor del clan que gana la elección presidencial. Se gasta mucho dinero en la campaña electoral y esta inversión debe ser rentable para quien gane. Bajo Benigno Aquino III (presidente de 2010 a 2016), los excesos de este sistema, marcados por el pequeño mundo de las élites, aumentaron. Los pobres no se beneficiaron de la democracia ni del desarrollo económico. Las clases medias se revolvieron contra una presidencia demasiado incompetente y corrupta.

Fue la quiebra de la democracia elitista lo que allanó el camino a la inesperada victoria de Rodrigo Duterte, el actual presidente, quien pertenece a un clan regional, pero no se había integrado en los círculos de poder. Jugó con esta marginalidad política y geográfica (fue alcalde de Davao, en la isla meridional de Mindanao), con su oratoria populista, con las redes sociales, haciéndose pasar por el hombre fuerte que actuaría liberado de las ataduras del sistema.

A pesar de su demagogia populista, Duterte arremete contra los pobres de muchas maneras. Son más bien las clases medias las que lo apoyan activamente. La guerra contra las drogas le ha permitido imponer la arbitrariedad y la impunidad como una nueva norma. Los asesinatos extrajudiciales cometidos por la policía, los (para)militares y secuaces forman parte de la vida cotidiana. En dos años ya habían causado, según estimaciones, de 7.000 a 20.000 víctimas, aunque la cifra real está sin duda cerca de la parte superior del rango. ¿Cómo calificar este régimen? Algunas corrientes de la izquierda filipina piensan que es fascista, otras no (o todavía no), pero eso depende de la definición muy variable que cada una hace del fascismo. Ante esta situación, se ha constituido un amplio frente de defensa de la democracia y la justicia social en el marco de la coalición iDefend.

Cuando la población pierde toda esperanza en las instituciones (políticas, judiciales, administrativas...), el cambio a un régimen abiertamente autoritario y arbitrario puede ser particularmente brutal.

Tailandia y la democracia estrangulada

Desde la década de 1950, los militares han controlado la sociedad tailandesa y la monarquía ha fortalecido notablemente su poder (incluido el económico, al parecer se ha convertido en la familia real más rica del mundo). La fase de democratización comenzó en 1992 con la adopción de una Constitución relativamente progresista, destinada a la modernización institucional del país. El multimillonario Thaksin Shinawatra ganó las elecciones por primera vez en 2001. No era antimonárquico, sino que representaba el ala modernizadora de la burguesía tailandesa. Obtuvo un amplio apoyo popular gracias a la implementación de programas sociales. Este exteniente coronel de la policía justificó las ejecuciones extrajudiciales en nombre de la guerra contra el crimen y contra el irredentismo musulmán en el sur del país; sin embargo, con él las elecciones adquirieron un papel efectivo y se amplió el espacio democrático al permitir que las demandas populares fueran escuchadas incluso en el ámbito electoral. Los movimientos sociales cobraron fuerza y visibilidad, la izquierda recuperó su capacidad de expresión política dentro de la heterogénea movida de los camisas rojas, que aglutinaron su apoyo entre la población (especialmente en el norte, el noreste y la región de Bangkok).

La elección de Thaksin (y después de su esposa Yingluck, una vez que él se vio obligado a exiliarse) desembocó en un periodo de inestabilidad y crisis aguda. La popularidad de Shinawatra se confirmó tres veces en sendas elecciones (2001, 2005, 2011). Sin embargo, todos los poderes establecidos, incluido el poder judicial y la Corte Suprema, se negaron a reconocer el veredicto de las urnas. Las élites conservadoras no pudieron aceptar que el populacho viniera a alterar el juego electoral, que se reconociera la legitimidad de las demandas sociales y que se impusiera una figura de autoridad benévola en competencia con el rey. Acusado de corrupción (un mal muy extendido en Tailandia), Thaksin fue objeto de dos golpes de Estado judiciales. Además, un viento reaccionario sopló sobre las clases medias de la capital, quienes soñaban con prohibir que los pobres voten con el argumento de que se dejan arrastrar por los demagogos. Los camisas blancas, realistas, en gran parte reclutados entre las clases medias de la capital, se movilizaron contra los camisas rojas, que fueron víctimas de una verdadera masacre a manos del ejército en Bangkok en 2010. Se declaró la ley marcial. En 2006 se produjo un primer golpe de Estado, y luego un segundo en 2014. Este último puso fin a la apertura democrática, y el ejército impuso una Constitución militar interina que le otorgaba poderes excepcionales.

El restablecimiento del orden militar ha sido radical. Representado por el general Prayuth Chan-ocha, el ejército se encontró nuevamente en el centro del poder. Tras la muerte de su padre, el príncipe heredero Vajiralongkorn, un hombre temperamental (nombró a su caniche al frente de la Fuerza Aérea), voluble, considerado cruel, ascendió al trono con el nombre de Rama X de la dinastía Chakri (en vez de su hermana, la princesa Sirindorn, que sin embargo es más racional). El delito de lesa majestad y la invocación de la seguridad nacional se utilizan para sofocar toda oposición política y los movimientos sociales. La amenaza de represalias cruza las fronteras hasta llegar a Francia y toda Europa, especialmente contra los miembros de la Red Internacional de Tailandeses por la Democracia. Sin embargo, en la propia Tailandia se observa un rebrote de las movilizaciones sociales y democráticas.

El proyecto de Rama X es imponer una monarquía absoluta. Quiere romper a su favor el tradicional equilibrio de poder entre los militares y el palacio real. Después de numerosos aplazamientos, acaban de convocarse elecciones legislativas para el 24 de marzo de 2019. La votación tendrá lugar bajo el estado de excepción. Aunque se permite de nuevo hacer campaña a los partidos, tendrán muy poco tiempo para prepararse, a diferencia del ejército, que ha preparado el escenario. Cualquiera que sea su resultado, los verdaderos centros de poder estarán fuera del parlamento.

En Birmania, la democracia imposible

En 2015, el regreso al poder de la Liga Nacional para la Democracia parecía indicar que todavía era posible un gran progreso democrático. En 1988, el ejército impidió que este partido plasmara su victoria electoral. Su figura principal, Aung San Suu Kyi, había pasado unos 20 años bajo arresto domiciliario. Encarna la resistencia a la dictadura militar, la disidencia obstinada. Había recibido el Premio Nobel de la Paz.

Había que poner fin rápidamente a cualquier ilusión. No ha habido democratización real. El régimen permaneció bajo el control constitucional del ejército, esta vez con el respaldo de Aung San Suu Kyi. Peor aún, Birmania ha sido escenario de una de las operaciones de limpieza étnica más vastas de los tiempos modernos, con el exilio forzado de unos 700.000 rohinyás, una población predominantemente musulmana que vive en la región costera de Arakan. Esta vez, nuevamente, Aung San Suu Kyi amparó el crimen con el manto de su autoridad, no porque fuera rehén de los militares, sino porque pertenece y se identifica con el grupo étnico dominante en Birmania, y porque había en juego grandes intereses económicos: se trataba de despejar el camino para grandes inversiones, entre ellas las relacionadas con la construcción de un corredor que comunique China con el océano Índico.

El Premio Nobel de la Paz de Suu Kyi ha sido revocado. Fue un trago muy amargo para las asociaciones y para todos aquellos y aquellas que se habían movilizado en su defensa durante años. Fundada en 1996, Info-Birmanie garantiza en Francia un seguimiento solidario de este país y pone a nuestra disposición una extensa documentación. A nivel internacional, el Instituto Transnacional (TNI, Ámsterdam) hace lo mismo, en inglés, en particular con respecto a los derechos de muchas minorías étnicas.

Indonesia, el legado de la dictadura y el ascenso del islamismo

La apertura democrática en Indonesia se remonta a la caída de la dictadura de Suharto (1998), que fue una de las más sangrientas de la historia contemporánea. Permitió, al año siguiente, la elección a la presidencia de la República de Abdurrahman Wahid, llamado Gus Dur. Este dirigía la gran asociación musulmana Nahdlatul Ulama (más bien laica, muy alejada del islamismo actual) y se posicionaba en la izquierda. Emprendió reformas e intentó resolver la crisis en Timor Oriental, aún bajo la brutal ocupación militar indonesia. Rápidamente se topó con el ejército, que en 2001 rodeó el palacio presidencial. Destituido por la Asamblea Nacional, Gus Dur fue reemplazado por Megawati Soekarnoputri, hija del Padre de la Independencia, que permanecerá en el cargo hasta 2004.

Desde entonces, el espacio democrático en Indonesia se ha reducido debido a la debilidad de las fuerzas de izquierda, al peso del ejército (nunca depurado tras el cambio de régimen), al legado político de la dictadura y al auge de los movimientos islamistas. Los principales candidatos presidenciales han sido a menudo miembros del partido del dictador Suharto, Golkar, u ocuparon importantes cargos civiles o militares del régimen. Las sucesivas reformas electorales han dificultado cada vez más las candidaturas independientes de los principales partidos nacionales, regionales o locales.

La elección presidencial de 2014 suscitaba muchas esperanzas. Solo había dos candidatos enfrentados: por un lado, Prabowo Subianto, figura de la dictadura de Suharto, que era multimillonario y había sido miembro de unidades militares culpables de muchas masacres; por otro lado, Joko Wido, también llamado Jokowi, gobernador de Yakarta, ajeno a todo clan político y a los grandes círculos empresariales, que cultiva un perfil tecnocrático liberal y efectivo.

Jokowi ganó la contienda electoral. Sin embargo, estaba rodeado de hombres de la dictadura, como el exjefe del servicio secreto indonesio o el general Wiranto. Este último se situó en 2016 al frente del ministerio que controla los servicios de seguridad, lo que provocó una enérgica protesta de Amnistía Internacional, no en vano un tribunal patrocinado por la ONU lo había acusado de crímenes contra la humanidad.

El ascenso conjunto del racismo y de un radicalismo islamista que rompe con las tradiciones dominantes del islam indonesio, condiciona desde entonces los resultados de las elecciones. En 2017, los movimientos musulmanes conservadores ocuparon masivamente las calles para oponerse a la reelección de Basuki Tjahaja Purnama (llamado Ahok) porque era cristiano y chino, acusándole de blasfemia. A pesar de ello, para 2019, Jokowi ha elegido como candidato a la vicepresidencia a Ma’uf Amin, uno de los líderes de la campaña de difamación contra Ahok.

La represión contra los opositores se endurece. La discriminación contra las religiones minoritarias, los y las homosexuales, las mujeres, la libertad de expresión y de comportamiento está aumentando. La situación varía según los lugares en este enorme archipiélago, pero, cada vez más, los poderes administrativos ceden a las demandas de los movimientos intolerantes que quieren eliminar del espacio público todo lo que no sea musulmán (en su definición sectaria del término).

Cunde la desilusión porque los círculos progresistas esperaban que con Jokowi al menos se preservaría el espacio democrático, aunque no se expandiera.

En Malasia, ¿un tirano arrepentido?

Desde 1957 (fecha de la independencia) hasta 2018, Malasia ha estado gobernada por la misma coalición, primero con el nombre de Alianza, luego, desde 1973, con el de Barisan Nasional (Frente Nacional). Fundada sobre una base confesional, comprendía tres partidos: la UMNO (Organización Nacional de Malasia), la MCA (Asociación China de Malasia) y el MIC (Congreso Indio de Malasia), siendo la UMNO el partido dominante en esta coalición.

La principal figura política de la Malasia independiente es Mahathir Mohamad, cinco veces primer ministro electo desde 1981 hasta 2003. Popularmente llamado Dr. M., este exmédico, promotor del nacionalismo malayo, se ha convertido en una figura carismática y autoritaria. Habiendo recuperado el poder en 2018, después de formar otra coalición, ahora aparece como un “tirano arrepentido”, según expresión del periodista Bruno Philip 1/.

Mahathir gobernó Malasia con puño de hierro durante 22 años. Persiguió a sus oponentes, incluido Anwar Ibrahim, quien fue encarcelado varias veces por corrupción y sodomía. Si la homosexualidad no está criminalizada como tal a escala federal, el ultraje al pudor con otro hombre sí lo está, además de la sodomía (homosexual o heterosexual); un legado de la legislación colonial británica. Anwar siempre ha afirmado haber sido víctima de acuerdos políticos. Condenado a nueve años de prisión en 2000, fue puesto en libertad en 2004, después de que el Tribunal Supremo lo absolviera de todos los cargos. Acusado de nuevo en 2008, finalmente fue sentenciado en 2015 a cinco años de prisión, pero fue puesto en libertad en 2018 tras la victoria de un bloque de oposición liderado por… el propio Mahathir.

A partir de 2013, el país estuvo gobernado por Najib Razak, elegido primer ministro dos veces. Después de la partida de Mahatir en 2003, el régimen no se había democratizado, ni mucho menos: la vida política estaba salpicada de arreglos de cuentas, asesinatos sin resolver, encarcelamientos arbitrarios. Una ley promulgada en 2018 contra las noticias falsas podría usarse para atacar aún más sistemáticamente la libertad de expresión de la oposición. Sin embargo, el regreso de Mahathir Mohamad, quien ganó las elecciones de mayo de 2018 al frente de la Alianza de la Esperanza, Pakatan Harapan (PH), una nueva coalición de cuatro partidos, marca un nuevo punto de inflexión a favor de más democracia.

Anwar Ibrahim ha sido puesto en libertad. Para simbolizar sus nuevas virtudes democráticas, Mahathir lo ha nombrado sucesor suyo: si todo sale como está previsto, Anwar debería sucederle en 2020. Otro oponente encarcelado dos veces en el pasado, Lim Guan Eng, ha sido nombrado ministro de Finanzas: es el primer miembro de la minoría china nombrado para ese puesto en 44 años.

Mahathir propone la abolición de la pena de muerte, restablecer la libertad de prensa y anuncia una política más igualitaria entre los miembros de las diversas comunidades religiosas y étnicas. En el momento de escribir estas líneas es demasiado pronto para predecir qué sucederá con sus compromisos. La ambivalencia de la situación la ilustra el informe presentado a finales de 2018 por la coalición de defensa de los derechos humanos Suaram 2/: por un lado, publica una larga lista de exigencias democráticas sobre las que el primer ministro guarda silencio; por otro lado, reconoce que el año pasado fue el de una gran inflexión, ya que el cambio de gobierno ofrece la oportunidad de que florezcan las aspiraciones de la población.

Vietnam y el capitalismo de connivencia

En los países de Indochina, el desarrollo del capitalismo ha sido impulsado de forma autoritaria por los partidos gobernantes y, a su vez, ha fortalecido las tradiciones burocráticas preexistentes, sometiendo a las poblaciones a nuevas formas de dependencia. Este es el caso en Vietnam donde, a semejanza de China, el régimen impulsa el desarrollo de un nuevo capitalismo, pero sin poner en tela de juicio el sistema de partido único. Esta transición autoritaria provoca muchas resistencias sociales y nacionales, lo que plantea la cuestión del respeto de los derechos formalmente garantizados por la Constitución.

Se lanzó un proyecto de “unidades administrativas y económicas especiales”, que provocó protestas callejeras sin precedentes 3/ en muchas ciudades del país en junio de 2018. En efecto, la concesión de estas zonas francas debía entregarse a China, pese a que Hanoi aún se encuentra casi en estado de guerra con Pekín por el control de los archipiélagos del mar del Sur de China; pero los negocios son los negocios y corrupción obliga… Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “No al alquiler de tierras a China durante 99 años, ni siquiera por un día”. A menudo, los cortejos estuvieron encabezados por mujeres, especialmente veteranas de la guerra de liberación. Las autoridades denunciaron la manipulación de los sentimientos patrióticos por “saboteadores y perturbadores” (sic).

Las Zonas Económicas Especiales ofrecen a los inversores extranjeros la oportunidad de incumplir las leyes laborales, emplear a funcionarios públicos, disfrutar de exenciones fiscales, emplear mano de obra extranjera durante 180 días sin necesidad de permiso, la apertura de casinos (cabe preguntarse si todo ello no promueve la expansión de la prostitución).

En 2014, Vietnam había conocido una ola de manifestaciones y disturbios que afectaron al menos a 22 provincias. De hecho, las luchas sociales urbanas y rurales forman parte del panorama político. Hay muchas huelgas de trabajadores y actos de resistencia campesinos, especialmente en contra del acaparamiento de tierras. La represión puede ser brutal (hay muertes y casos de tortura), a cargo de la policía o de matones a sueldo. La justicia condena a los manifestantes, más que protegerlos.

En esta situación se acentúa la represión política. Últimamente, la bloguera Me Nam ha sido condenada a 10 años de prisión por escribir artículos en Facebook. El profesor Chu Hao, editor de Tri Thuc [Conocimientos], una de las editoriales más abiertas y populares del país, está amenazado de sanciones. La politización de la justicia en Vietnam no es nueva. La novedad es que ahora está al servicio de un capitalismo de connivencia y ya no tan solo de una burocracia de partido-Estado.

Laos y la cuenca del Mekong

En Laos, otro país de Indochina, la actual puesta en valor de la cuenca del Mekong ilustra la amplitud del problema. En julio de 2018 había 51 presas construidas y 46 más estaban en construcción, una operación de gran envergadura que atrae a empresas transnacionales de muchos países, incluida Francia. Proyectos que pueden ser respaldados por el Banco Mundial, que asegura que se toman todas las precauciones para garantizar la preservación del medio ambiente y los derechos de la población local (algunas de las cuales están condenadas a ser desplazadas o privadas de sus recursos alimenticios). ¿Cómo garantizar algo como esto cuando el impacto afecta a todo el curso del Mekong, mientras que el régimen reprime toda expresión democrática y controla estrictamente la información, cuando el objetivo de los socios económicos de cualquier nacionalidad es el beneficio y la influencia de Pekín ahora es dominante?

No estamos hablando de peligros hipotéticos: los incidentes y las incidencias ya son múltiples. Uno de los accidentes más graves fue la rotura de una presa el 23 de julio de 2018, que probablemente causó cientos de víctimas, por no decir un millar. Seis mil personas tuvieron que abandonar sus hogares. Se derramaron 5.000 millones de metros cúbicos de agua, que fluyeron al río Sekong (un afluente del Mekong), y muchas aldeas quedaron anegadas río abajo. El desastre 4/ era perfectamente previsible.

¿Qué ha pasado con Sombath Somphon? La desaparición forzada de este activista en Laos representa una amarga experiencia para la solidaridad Europa-Asia. Probablemente fue secuestrado por un servicio policial después de desempeñar un papel fundamental en 2012 en la organización del Foro Popular Asia-Europa (AEPF) en Vientian. Este foro se celebra cada dos años paralelamente a la Reunión Intergubernamental Asia-Europa (ASEM). Fundador del Centro para el Desarrollo Participativo, bien conocido y reconocido por su compromiso con los agricultores, Sombath era el principal interlocutor de la sociedad civil con las asociaciones implicadas en el Foro Popular y con los gobiernos participantes en la ASEM. En la sesión de apertura, su papel fue aclamado por el viceministro laosiano presente en la tribuna.

Sin embargo, dos meses después, el 15 de diciembre, Sombath fue víctima de una desaparición forzada. Desde entonces, el gobierno de Laos se ha negado a dar información sobre lo que le ha sucedido. Hay razones para creer que Sombath molestaba a una fracción del partido único gobernante. Su secuestro provocó un escándalo diplomático y fuertes protestas de la Unión Europea y Estados Unidos (sin venir acompañadas de sanciones concretas). Cada año, por su parte, las asociaciones involucradas en el Foro de los Pueblos emiten una declaración exigiendo que las autoridades de Laos informen de su paradero. En cada nueva reunión del Foro, su esposa, Shui Meng Ng, es invitada a hablar y testificar. Sombath 5/ no cae en el olvido.

Camboya y las ambiciones dinásticas de Hun Sen

El tejido social de Camboya se vio particularmente afectado por el alcance de los bombardeos estadounidenses durante el periodo final de la guerra de Indochina y, aún más profundamente, por el régimen terrorista de los Jemeres Rojos bajo el liderazgo de la facción de Pol Pot. Durante mucho tiempo, la suerte de la población no dejó de ser un problema secundario frente a los factores geopolíticos, pues Washington y las potencias occidentales se aliaron con Pekín y Nom Pen contra Hanoi.

Fueron los vietnamitas quienes derrocaron el régimen de Pol Pot en 1979, pusieron a Hun Sen a la cabeza del país y luego se retiraron. Hun Sen es un antiguo miembro de los Jemeres Rojos, pero no pertenecía a la facción de Pol Pot (que liquidaba toda disidencia interna). Había roto con la organización en 1977. Hoy sigue siendo el primer ministro.

Tras la firma de un acuerdo de paz en 1991, el país se benefició de una ayuda internacional masiva, pero esta se desvió en gran medida en favor de intereses privados, clanes políticos y un capitalismo salvaje íntimamente asociado a numerosos tráficos (a través de la frontera tailandesa en particular). La economía se ve impulsada ahora por la fiebre inversionista, especialmente china. El régimen político se cierra: la oposición está disuelta, sus líderes en prisión o en el exilio. Las redes sociales, libres ayer, están bajo control, al igual que la prensa y numerosas ONG. Hun Sen se enfrenta a una crisis de legitimidad.

Para la generación que vivió la guerra de Indochina y el terror polpotiano, gozaba de legitimidad, dadas las dificultades. Este ya no es el caso de la generación posterior, que juzga la evolución del país y mide el contraste entre el desarrollo económico, por un lado, y el aumento de la desigualdad social, por otro, y la omnipresencia de la corrupción, el nepotismo y la creciente restricción de las libertades.

Hun Sen responde a esta situación exaltando la identidad jemer, promoviendo valores tradicionales e identificándose con la nación. Desde la muerte del antiguo rey Norodom Sihanuk (que abdicó) en 2012, trata de construirse una legitimidad real. Según la académica Astrid Noren-Nilsson 6/, se trata de proporcionar “a la deriva autoritaria del régimen una legitimidad divina e introducir la noción de sucesión dinástica”. La ofensiva ideológica viene acompañada de medidas concretas, como la adopción en febrero de 2018 de una ley de lesa majestad, inspirada en el modelo de la existente en Tailandia, que se suma a un arsenal represivo que ya es temible.

Los años 2013-2014 registraron un auge de las movilizaciones. La oposición política pudo entonces salir a la calle, se llevaron a cabo manifestaciones masivas con una notable participación de huelguistas (del sector textil en particular). En julio de 2016, un analista político muy influyente, Kem Ley, fue asesinado después de publicar un artículo sobre la enorme fortuna del clan Hun Sen. Más de un millón de personas asistieron a su funeral. Hoy, sin embargo, la capacidad de resistencia popular parece debilitada.

En el trasfondo, un giro autoritario mundial

El auge del autoritarismo en el Sudeste Asiático no es un fenómeno exótico. El problema se plantea en todos los continentes, incluida Europa. Las estructuras de la Unión Europea son autoritarias en muchos aspectos, ya que los parlamentos estatales no tienen derecho a tomar decisiones sustantivas contrarias a los reglamentos y tratados vigentes sin que el Consejo, la Comisión y el Banco Central les planten cara con toda su artillería pesada (como en el caso de Grecia a partir de 2010).

En muchos países occidentales, la tendencia también apunta al autoritarismo. En Francia, el verticalismo presidencial y la falta de representatividad (social y política) de la Asamblea Nacional son objeto de denuncia a raíz de la crisis que abrió el movimiento de los chalecos amarillos, desde noviembre de 2018. En Estados Unidos, Donald Trump no es el último en expresar todo su desprecio por los derechos humanos. En Brasil, el presidente Bolsonaro afirma abiertamente su apego a la dictadura y sus prácticas mortíferas. En (casi) todas partes, el ejercicio de los derechos civiles está restringido en nombre de las políticas de seguridad y los sistemas de vigilancia se vuelven cada vez más intrusivos.

Que lo haya merecido o no en el pasado, la democracia occidental ha perdido su aura. El modelo chino de Xi Jinping se beneficia de ello: el modo de desarrollo capitalista que preconiza (y la financiación que ofrece) corresponde a las expectativas de una parte significativa de las clases dominantes de la región, aunque esto venga acompañado de prácticas políticas autoritarias. Las libertades de asociación, expresión y manifestación están encorsetadas y en muchos países las ONG nacionales están sometidas cada vez más al control del Estado, y la ayuda que reciben de sus socios internacionales está siendo gravada, vigilada, incluso prohibida. El riesgo es ver criminalizada la solidaridad internacional, un riesgo que se materializa en algunos países.

Pierre Rousset es responsable del sitio web Europe Solidaire Sans Frontières (www.europe-solidaire.org) y dirigente de la IV Internacional

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article47638

Traducción: viento sur

Notas:

1/ http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article47313

2/ https://www.suaram.net

3/ http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article45174

4/ http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article45666

5/ https://www.sombath.org/e

6/ http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article45013





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