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Argelia
De una crisis de régimen a una crisis política
14/03/2019 | Hocine Belalloufi

La crisis política que sacude hoy Argelia no ha caído del cielo. Se inscribe en la continuidad de una crisis anterior, la del régimen, a la que profundiza y a la que ha venido a coronar. Todo indica que el régimen político actual está acabándose. La promesa de Buteflika de una Conferencia nacional inclusiva abierta a todas las fuerzas, una vez reelegido para un nuevo mandato de cinco años (el 3 de marzo anunciaba en una carta dirigida a “la nación” que se reafirmaba en su presentación como candidato, comprometiéndose a no agotar su mandato, convocar una Conferencia nacional, la elaboración y adopción por referéndum popular de una nueva Constitución y no presentarse a las siguientes elecciones -ver más adelante ndt) , prueba que el propio poder ha tomado conciencia de que su régimen no corresponde ya a los intereses de las fuerzas sociales dominantes, que no puede ser ya ser mantenido tal cual y que debe cambiar. Pero intenta una última maniobra con la esperanza de conservar el control sobre el ineluctable proceso de cambio. Como ya ocurrió en el pasado, en particular después de octubre de 1988 (el lunes 11 de marzo anunciaba su renuncia a un quinto mandato presidencial a la vez que aplazaba sin fecha las elecciones previstas para el 18 de abril, anuncio que ha empezado a tener respuesta en la calle que le acusa de prorrogar sin fecha fija su mandato actual de forma anticonstitucional (ver viento sur ndt.)

El tiempo del cambio ha llegado. Pero se plantean varias preguntas. La primera es saber si este cambio tendrá lugar o si el país volverá a caer bajo el dominio de una dictadura. La segunda pregunta es saber cómo ocurrirá este cambio. En medio de la sangre y las lágrimas o sin demasiados sobresaltos ni daños. Si por medio de un golpe de fuerza en el seno del poder o por medio de la movilización popular. O si por las dos a la vez. Y en qué puede desembocar ese cambio. Tenemos que intentar responder a todas esas preguntas, poniendo en el centro de atención la lucha en la que están implicadas las diferentes fuerzas sociales en la escena política, sin tener la pretensión de aportar respuestas definitivas debido a la enorme movilidad de la situación política.

I- En los orígenes de la crisis

Repasando la crisis del régimen

Ya antigua, la crisis del régimen se manifiesta en una crisis de representación concretada en primer lugar por una desafección popular masiva en el plano electoral. Según las cifras oficiales de participación, que son sistemáticamente infladas, en las últimas elecciones presidenciales de 2014, solo hubo un 50,7% de votantes contra el 74,56% en las de 2009. Entre las dos elecciones el candidato Abdelaziz Buteflika perdió 4,5 millones de votos. Sin embargo, la coalición presidencial (Frente de Liberación Nacional -FLN, Reagrupamiento Nacional democrático -RND, Movimiento popular Argelino MPA, y Tadjamoue Amal Al Djazair -TAJ) y sus satélites patronales (Foro de los Jefes de Empresa FCE) y asalariados (Unión General de los Trabajadores Argelinos UGTA), el gobierno y la administración monopolizan, en particular gracias a las TV públicas y privadas, una vida política sin tono en la que toda oposición es marginada. Fuera de la clientela del régimen, la mayoría de la gente en Argelia no vota. Varios millones de personas, en particular jóvenes, no están inscritas en las listas electorales.

Las principales instituciones “elegidas” no reflejan los resultados electorales. La presidencia del Consejo de la Nación (Senado) y el puesto de Primer Ministro son desempeñados respectivamente por Abdelkader Bensalah y Ahmed Ouyahia, dos dirigentes del partido minoritario, el RND. Las elecciones senatoriales de diciembre de 2018 fueron teatro de un fraude masivo entre partidos “aliados” de la “mayoría presidencial” en beneficio del FLN cuyo presidente de honor es Abdelaziz Buteflika.

El putsch contra el presidente de la Asamblea Popular Nacional (APN), Said Bouhadja, en octubre de 2018 ha confirmado la ausencia de credibilidad institucional. El hombre fue echado ilegalmente de su puesto y de su oficina por esbirros de su propio partido (FLN) y los de las formaciones de la “coalición presidencial”. El Primer Ministro Ahmed Ouyahia se calzó para ello las botas de Bismarck para afirmar: “La fuerza prima sobre la Constitución”.

Pero la crisis ha acabado por pillar al principal partido del poder, el FLN. Y en la mayor opacidad en noviembre de 2018, el Secretario General y la dirección golpista fueron destituidos, no por una votación de los “dirigentes”, sino por una decisión proveniente de la presidencia de la República. El partido se encuentra desde entonces en plena “reorganización” y esto en vísperas de las elecciones del próximo abril.

La desafección afecta también a los partidos de oposición que tienen muchas dificultades para convencer y movilizar, incluyendo a los partidos de todas las tendencias, que viven crisis orgánicas recurrentes. Lo mismo ocurre en los sindicatos patronales y de trabajadores.

La mayoría de las y los argelinos no cree ya en la posibilidad de una alternancia política en el marco del régimen actual. El islamismo radical que había conquistado el corazón de una numerosa ciudadanía en los años 1980-1990 no es ya creíble políticamente, pero ninguna otra fuerza ha logrado ocupar el espacio así liberado.

Iniciado hace exactamente veinte años, el reino de Buteflika ha estado jalonado de una impresionante e incesante serie de escándalos: tráfico de cocaína, asuntos de corrupción en la propiedad de la tierra, las grandes obras públicas (autopista Este-Oeste) y la realización de contratos con multinacionales extranjeras (múltiples escándalos con Sonatrach-ENNI-Saipem), asunto Khalifa de dilapidación de dinero público en beneficio de una sociedad montada por un golden-boy, privatización por un dinar simbólico… La lista de los escándalos sería demasiado larga de desgranar, pero todos tienen en común que conciernen a miembros de la nomenklatura (ministros, responsables de la policía y del ejército…) y /o a sus hijos y de la nueva clase burguesa especuladora.

Mucha gente en Argelia considera la corrupción como una simple deriva en relación a una norma abstracta, religiosa o laica, que manda no robar. El fenómeno es así comprendido en su dimensión puramente moral. Esta visión moralista espontánea es consolidada por el discurso consciente de los ultraliberales de oposición que nos cuentan la fábula de un capitalismo sin corrupción en el que cada cual tendría lo que merece. Un buen capitalismo que existiría en otras partes, pero no en Argelia. Basta con seguir la actualidad mundial para darse cuenta de que de la corrupción no se libra ningún país (EEUU, UE, Japón, Corea del Sur, Brasil…) y que incluso algunos Estados “respetables” están especializados en el reciclaje de sumas producto de la corrupción: Suiza, Luxemburgo, Mónaco, Panamá y demás islas no tan vírgenes como pretenden… Pues la corrupción no es una desviación. Representa, al contrario, una necesidad objetiva para las y los posesores, condenados a luchar perpetuamente unos contra otros para preservar sus partes de mercado, adquirir nuevas, llenar sus carteras de pedidos, expulsar a quienes les hacen la competencia y escapar al fisco que toma su dinero para construir carreteras, escuelas, hospitales… Constituye un sistema o forma parte, más exactamente, del sistema capitalista.

La corrupción ha jugado en Argelia un papel histórico particular durante los últimos cuarenta años. Ha contribuido, al lado de las leyes de desmantelamiento del sector público, a desposeer al pueblo argelino de lo que le pertenecía formalmente como parte de la propiedad jurídica pública: empresas, terrenos agrícolas y urbanos, bienes mobiliarios e inmobiliarios… Ha contribuido al sangrado del comercio exterior para sustituir con un monopolio privado al antiguo monopolio público. No se trata por tanto de un accidente, aún menos de un error o de una desviación, sino de un proceso necesario para permitir a una minoría ilegítima acumular capital mientras que la mayoría de la población sufría un proceso de proletarización que le obligaba a vender su fuerza de trabajo para vivir. Esta dimensión de la corrupción no se le ha escapado a la población, que ha comprendido la relación que instauraba entre el poder y la riqueza.

Hemos asistido así a una concentración de poderes y a un ascenso concomitante del autoritarismo. El Ejecutivo ha sido considerablemente reforzado durante los diferentes mandatos de Buteflika. El carácter hiperpresidencial de la constitución tallada a su medida y la aparición de un culto de la personalidad exagerado y grotesco no derivan solo de la megalomanía legendaria del personaje. Expresan más probablemente la necesidad objetiva de concentrar los poderes en torno a una persona para unificar las diferentes facciones e imponer políticas antipopulares o que no constituyen forzosamente consenso en el seno mismo del poder. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de la cuestión amazig, con el reconocimiento de la lengua bereber como lengua oficial y la instauración de una Academia Nacional de la lengua amazig…, que Buteflika zanjó, bajo la presión de las masas, precisamente cuando no existe consenso en el seno del poder sobre esta cuestión. Idem sobre ciertas cuestiones económicas y sociales: privatizaciones, subvenciones de los precios de productos de consumo, precio del gas y de la electricidad, del agua… El revés de la medalla está sin embargo en el hecho de que esta hiperconcentración de poderes ha hecho y hará delicada la formación de un consenso interno sobre el nombre de un sucesor.

El rechazo a toda negociación real incluso a la simple consulta con los partidos de oposición, los sindicatos y otras asociaciones, la ausencia de espacios y de instancias de mediación para gestionar pacíficamente y legalmente las contradicciones en la sociedad e incluso en el seno del poder, los ataques repetidos a las libertades democráticas y sindicales (trabas a los derechos d ehuelga, de manifestación, de reunión, de asociación…), la represión contra toda la gente que proteste, la parcialidad exagerada de las televisiones públicas y privadas (creadas ilegalmente mediante contactos con el poder) y las amenazas a penas veladas del viceministro de Defensa y del Ministro del Interior no pueden dejar de provocar, y provocan efectivamente, movilizaciones populares. Los verdaderos fomentadores de revoluciones no son las y los revolucionarios sino los regímenes autoritarios.

Los arreglos de cuentas internos y las decisiones contradictorias que se multiplican confirman que la homogeneidad del poder se fisura. El inamovible patrón de los servicios de seguridad, el general Mohamed Mdeiène llamado “Toufik”, había sido despedido un año después de la reelección de Buteflika para un cuarto mandato en 2014 y el Departamento de Información y Seguridad (DRS) que dirigía reestructurado. En 2018, el apresamiento de un navío que contenía 701 kg de cocaína desembocó en el despido de Abdelghani Hamel, el jefe de la Dirección General de la Seguridad Nacional-DGSN. Su sucesor solo aguantó unos meses, tras haber quedado congeladas por el Ministro del Interior varias medidas, entre ellas algunas reestructuraciones que había realizado en el seno de los servicios de policía. A altos mandos del Ejército Nacional Popular (Armée National Populaire -ANP) se les prohibió salir del territorio nacional y sus cuentas bancarias fueron congeladas antes de que ser detenidos. Su liberación inexplicada se produjo algún tiempo después. Siete antiguos cuadros de la policía acusados de atentar contra la seguridad del Estado como consecuencia de las manifestaciones de policías contra sus difíciles condiciones de trabajo en 2014 han sido exculpados el 26 de febrero de 2019.

Uno de los principales signos de la crisis del régimen reside en su incapacidad para acabar el proceso de las reformas económicas estructurales comenzadas hace 40 años. La dirección es la del liberalismo desde 1980, pero el Estado continúa dirigiendo la economía. Las riquezas energéticas (hidrocarburos) y mineras siguen siendo de dominio público para disgusto de los ultraliberales del poder y de la oposición, de las potencias imperialistas (G7) y de sus instituciones financieras (FMI, Banco Mundial, …). Grandes empresas públicas que habían sido privatizadas (Sider El Hadjar en beneficio de ArcelorMittal, Asmidal que se convirtió en Fertial después de que el grupo español Grupo villar Mir se convirtiera en el accionista mayoritario,…) han vuelto a pasar a control del Estado. La tentativa de Ali Haddad, jefe del principal sindicato patronal (Foro de los Jefes de Empresa, FCE), de comprar con la complicidad del Primer Ministro Ouyahi las partes del grupo español ha sido desmontada gracias a la movilización de los trabajadores del complejo. Buteflika ha obligado al Ejecutivo a ejercer el derecho preferente del Estado que ha vuelto a ser mayoritario en esa empresa. La ley de liquidación de los hidrocarburos adoptada en 2005 no fue promulgada por el Presidente y será finalmente mejorada un año después. La ley sobre las inversiones que estipula que las empresas argelinas que se asocien con socios extranjeros deben poseer la mayoría de las partes (51/49) es mantenida desde hace diez años. Las importaciones están bajando fuertemente debido a medidas gubernamentales (cuotas, prohibiciones, fuertes impuestos…). El gobierno continúa por otra parte construyendo viviendas sociales, subvencionando los precios, manteniendo la salud y la escuela pública gratuitas, rechazando el endeudamiento exterior…

Esta contradicción entre, de una parte, la dirección claramente fijada y asumida en un horizonte liberal, y de otra parte, las pausas, cambios de dirección y retrocesos permanentes, atiza desde hace muchos años las tensiones en el seno del régimen e impide al gobierno imponerse. Alimenta igualmente una oposición demócrata ultraliberal así como un creciente descontento popular. El paro afecta al 11,7 % de la población activa y llega al 28,3% entre la juventud (16 a 24 años). Las y los diplomados no encuentran salida mientras el 33% de las personas asalariadas no están declaradas en la seguridad social. El poder de compra de las y los trabajadores, parados, campesinos sin tierras y campesinos pobres, pequeños artesanos y comerciantes… cae bajo el triple efecto de la subida de los precios, de la depreciación del dinar y de un estancamiento de los salarios y de las pensiones. La reducción de la implicación del Estado en la Educación y la Salud daña con fuerza a las clases desheredadas. El poder pone en cuestión lo que queda del Estado social.

Esta política favorece en cambio a las clases dominantes (capitalistas argelinos y extranjeros, propietarios de tierras, importadores, grandes comerciantes, altas profesiones liberales, etc) que se benefician de la ilegítima desposesión del pueblo argelino (privatización, “asociación” público-privado) y de la ayuda generosa que el poder les concede. Las multinacionales que presumen de exportar abonos o cemento (Fertial, Lafargue…) lo hacen gracias al gas subvencionado por el Estado. El cemento es exportado a mitad de precio y Sonelgaz conoce un déficit de ¡23.000 millones de dólares!

Frente a la legítima resistencia de las masas, la única respuesta es la represión: recurso a la Justicia para dificultar el derecho de huelga, transformación del Código del Trabajo en Código del Capital, detenciones arbitrarias de trabajadoras y trabajadores de la función pública, activistas de las RRSS y periodistas, prohibición de las manifestaciones y detención de gente militante, palizas a las aficiones del fútbol… Las patronales de lo privado y la de lo público atacan directamente a la militancia sindical: Sonelgaz, Air Algérie, Liberté, Cevital… El poder defiende cada vez más claramente los intereses de las clases dominantes compradoras que constituyen el verdadero caballo de Troya del imperialismo.

Uno de los últimos signos, y no de los menores, de la crisis del régimen aparece precisamente en su dificultad para resistirse a las presiones imperialistas. El poder sigue apoyando la causa de los pueblos saharaui y palestino, se ha negado a apoyar las intervenciones imperialistas en Libia, Siria y Yemen. Se niega a toda participación del ejército argelino en operaciones fuera de las fronteras así como a la instalación de bases militares extranjeras en Argelia y no acepta la instalación de centros de tránsito para personas migrantes. Pero llega a acuerdos y defiende cada vez más al régimen criminal saudita, no se pronuncia públicamente sobre la desestabilización de Venezuela, se muestra incapaz de frenar la “vuelta de Israel” al Sahel y de oponerse a la multiplicación de las bases militares y de las intervenciones americanas o francesas en la región… Últimamente, solo en el período del 18 de febrero al 1 de marzo, la ANP (el ejército argelino) ha participado, en Burkina Faso y luego en Mauritania, en maniobras militares de gran envergadura llamadas “Flintock 2019” colocadas bajo la supervisión del Mando de las fuerzas armadas americanas para África (Africom). La marina argelina participó en las maniobras “Phoenix express” organizadas por el Africom en Grecia en mayo de 2018. Se constata por tanto un cambio indudable en la política exterior que no puede sino alimentar las contradicciones en el seno de un régimen tradicionalmente vuelto hacia la URSS, luego Rusia (en materia militar en particular) y que, sobre todo, defendía antes su no alineamiento.

Se puede concluir que el régimen argelino no es ni monárquico ni verdaderamente republicano. No es ni una dictadura ni una democracia. No es ni una teocracia ni un régimen laico. No es proimperialista, pero tampoco antiimperialista. No es ultraliberal, pero no es antiliberal. Su incapacidad para resolver las contradicciones de la sociedad argelina así como las que le atraviesan prorroga permanentemente las condiciones de la crisis. Este inmobilismo es revelador de su incapacidad para reformar. Estamos por ello condenadas y condenados a revivir crisis políticas más o menos violentas que pueden transformarse en una crisis del Estado propicia para revoluciones, pero también para aventuras imperialistas.

Una crisis de hegemonía

Contrariamente al discurso de los ultraliberales, la crisis del régimen remite a los objetivos y las luchas de clases que atraviesan la sociedad argelina. Deriva más en particular de la incapacidad hegemónica de las clases dominantes.

La política de liberalización está dirigida por la burguesía interior. Esta fracción de clase no es nacional en el sentido de que no tiene ya proyecto soberano y se niega a enfrentarse económica, política y diplomáticamente el orden imperialista mundial. Pero depende a menudo de la demanda pública y tiene aún necesidad de la protección del Estado para acumular frente al mercado internacional.

Esta fracción se enfrenta a dos escollos. El primero tiene que ver con las resistencias activas y pasivas de las masas y de una parte del aparato del Estado. Para hacer avanzar sus reformas, esta fracción dirigida por el poder está constantemente obligada a andar con rodeos, avanzar, retroceder. No ha logrado, hasta hoy, llevar hasta el final sus reformas económicas estructurales y no se ha integrado totalmente en el orden imperialista… Pero no quiere, al contrario, volver a una política de desarrollo nacional y de resistencia al orden imperialista como lo hacen aún, total o parcialmente y con más o menos consecuencia y determinación, ciertos Estados: Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria, Líbano…

La aplicación de su política económica y social liberal (bloqueo de los salarios y de las pensiones, puesta en cuestión del código del trabajo, paro…) la obliga a andar con rodeos, pero no duda en recurrir a la fuerza contra las masas trabajadoras y las clases populares que se niegan a que sus conquistas desaparezcan. Esta fracción de la burguesía se muestra así incapaz de obtener el consentimiento de la gente explotada y oprimida.

El segundo escollo al que se enfrenta la fracción interior reside en su incapacidad para obtener la adhesión de la otra fracción de la burguesía, la fracción compradora que defiende una concepción ultraliberal de integración/sumisión al mercado mundial y al orden imperialista. Ésta se ha reforzado considerablemente durante los últimos tres decenios favorecida por la guerra civil que ha facilitado la destrucción y expoliación de las empresas públicas ordenada por el FMI (Plan de Ajuste Estructural -PAS firmado en 1994) y la transformación de la economía argelina que pretendía ser productiva e industrial en una economía de bazar basada en la importación/exportación. Esta fracción compradora, que recurre sistemáticamente a la demagogia, no deja de subrayar la falta de voluntad del poder en materia de reformas estructurales y de integración en el mercado mundial.

La fracción de la burguesía interior está por tanto atrapada entre las masas populares por una parte y la fracción compradora apoyada por el imperialismo de la otra.

La fracción compradora ha partido desde hace muchos años a la conquista del poder. Dispone de partidos formales tradicionales, los principales de los cuales son el Movimiento de la Sociedad por la Paz, MSP, de tendencia Hermanos Musulmanes, el Reagrupamiento por la Cultura y la democracia (Rassemblement pour la Culture et la démocratie-RCD) de tendencia laica, el partido Talaie El Houriat del antiguo primer ministro Ali Benflis, algunos partidos y personalidades reagrupadas en el movimiento Mouwatana (Patria)… Pero se apoya también y sobre todo en un partido real, orgánico, constituido de medios tradicionales y electrónicos, de think tanks, de movimientos como el que apoya al primer oligarca del país, Issad Rebrab, y de personalidades que forman un conjunto a menudo más dinámico que los partidos formales. Esta fracción compradora dispone del apoyo de los centros imperialistas (potencias occidentales, FMI, Banco Mundial…) que ejercen presiones constantes sobre el poder argelino.

Esta fracción influencia a una parte importante de personas y de grupos de la fracción adversa que comparten en el fondo su visón de la necesidad de reformas económicas y sociales estructurales, pero que no se atrevían, hasta hoy, a tomar abiertamente posición en su favor, por miedo a las reacciones del poder. De una forma general, la integración en el régimen de nuevos ricos a través de los partidos, las instituciones elegidas (APN, Senado, APW, APC…) y la presencia directa o indirecta de militares o de sus allegados en los medios de negocios contribuyen con fuerza a la modificación de la correlación de fuerzas a su favor. Pues su rival, que dirige hoy el país, trabaja para ella debido a su inconsecuencia que la hace incapaz de volver a una política de desarrollo nacional y social. Le sería preciso para ello apoyarse en las masas populares, a lo que se niega obstinadamente.

La fracción compradora conoce por tanto una dinámica ascendente. Trabaja por conquistar la hegemonía en el seno de las clases dominantes. Pero sus vínculos con las fuerzas capitalistas mundiales y los Estados imperialistas le alienan una parte del Estado profundo argelino surgido de la guerra de liberación nacional y de las políticas de desarrollo nacional de los dos primeros decenios de la independencia. Estos sectores son muy puntillosos en materia de independencia y de seguridad nacionales. La fracción compradora experimenta por otra parte las mayores dificultades para obtener el consentimiento de las y los explotados y oprimidos pues su proyecto económico y social ultraliberal es más duro e implacable hacia las masas. ¿Puede, en estas condiciones, acceder al poder por la vía de las urnas? Y si lo lograra aprovechando una crisis o debido a que constituye actualmente la única alternativa política al poder actual, ¿cuál sería la reacción de las masas populares? Al no estar la gente trabajadora, en paro y la juventud dispuestas a aceptar esta política, esta fracción puede, cuando se pretende demócrata, llegar a gobernar de forma antidemocrática para hacer que se trague su poción ultraliberal.

Es esta incapacidad hegemónica de las dos fracciones de la burguesía la que está en el origen de la crisis del régimen, es decir, de su incapacidad para gobernar estando unida y obteniendo el consentimiento de la gente explotada y oprimida. El régimen no puede por tanto democratizarse. Esta crisis dura desde hace años y se profundizaba. Ha conocido una aceleración durante el año 2018.

II- Una crisis política abierta

Paso a una crisis política

La crisis de hegemonía habría podido proseguir algunos meses todavía, incluso algunos años. Pero las elecciones presidenciales del próximo mes de abril han constituido el factor desencadenante de la crisis política con el anuncio de la candidatura de Buteflika para un 5º mandato y, colmo del cinismo y del desprecio de los gobernantes hacia el pueblo, de la afirmación según la cual las y los ciudadanos estarían felices por esta candidatura, incluso la habrían solicitado ardientemente. Esto, ni las masas, ni las diferentes oposiciones podían tolerarlo.

Hasta el 21 de febrero de 2019, ninguna fuerza política o social amenazaba al poder. Este último solo era puesto en cuestión con palabras, por gente opositora impotente y marginada. Ni siquiera las huelgas de trabajadoras y trabajadores que tendían a multiplicarse le inquietaban verdaderamente. También se disponía mantener al presidente saliente, o más exactamente, su foto enmarcada exhibida en todas las ocasiones (ceremonias oficiales, mitines,…) (como consecuencia de su incapacidad para presentarse en público, en las ceremonias Buteflika era sustituido por una fotografía suya enmarcada ndt) por sus celosos e interesados partidarios. El statu quo parecía constituir el horizonte insuperable del país.

Pero el 22 de febrero constituyó el punto de ruptura, como consecuencia de llamamientos anónimos lanzados en las redes sociales, con la irrupción espectacular de las masas en la escena política, seguida, una semana más tarde, por una oleada popular históricamente inédita en las 48 wilayas (departamentos) del país.

Esta movilización de las masas ha cambiado la situación política. Ha roto el muro del miedo, permitido la reconquista del derecho a manifestarse en todo el país y en particular en Argel donde estaba prohibido desde 2001. Ha llevado al gobierno a sancionar a ciertos alcaldes de los partidos de la coalición presidencial que habían puesto trabas a la búsqueda de apadrinamientos entre la ciudadanía de diversas candidaturas a las elecciones. Ha obligado a los medios públicos, bajo la presión de su propio personal (periodistas, personal técnico,…) a informar de forma más equilibrada de la situación en el país. Ha liberado la palabra y las iniciativas y ha abierto la vía a protestas y manifestaciones de múltiples categorías sociales: estudiantes, abogados y abogadas, periodistas, enseñantes, profesionales de la medicina y paramedicina, artistas, escritoras y escritores, estudiantes de secundaria… Esto ha culminado en las manifestaciones históricas del 1 de marzo que demandaban la salida de todo el régimen y ya no solo de la de Buteflika.

Estas manifestaciones que prosiguen a día de hoy y que deberían tomar una nueva dimensión el 8 de marzo (efectivamente, el 8 de Marzo Argelia vio una de las mayores movilizaciones de masas de su historia ndt) han llevado al poder a lanzar una última maniobra para intentar controlar la situación cuando ha perdido, momentánea o duraderamente es demasiado pronto para decirlo, la iniciativa. En una carta (del 3 de marzo ndt) que supuestamente proviene de Buteflika y leída en la TV, el candidato proponía, si era reelegido, la celebración de una Conferencia nacional abierta e inclusiva tras el escrutinio a fin de definir las reformas políticas, pero también reformas económicas que la ciudadanía no ha reivindicado durante las manifestaciones. Esta conferencia debería fijar la fecha de una elección presidencial anticipada en la que Buteflika se compromete a no participar.

Pero las y los argelinos ya se han pronunciado… La noche misma del anuncio, han estallado manifestaciones de jóvenes de forma espontánea en muchas ciudades, a las que han seguido el día siguiente nuevas manifestaciones de estudiantes en todo el país y el anuncio anónimo de una huelga general para la semana del 10 al 15 de marzo. Más que nunca, el movimiento popular está unido en torno a la consigna de “No al quinto mandato” y la salida de todo el régimen.

Los campos en presencia

Dos campos se enfrentan desde el 22 de febrero. El campo del poder y el campo popular o campo del pueblo. Cada campo reúne en su seno a fuerzas sociales dispares que no tienen los mismos intereses.

El campo del pueblo aglomera categorías sociales y fuerzas políticas diferentes e incluso opuestas pero unidas en los objetivos políticos inmediatos: la no continuidad de Buteflika y el cambio de régimen, aunque esta última consigna no sea expresada forzosamente así. Estas dos reivindicaciones constituyen a la vez el motivo y el cimento de ese campo. Está apoyado por todas las fuerzas políticas de oposición: demócratas ultraliberales (laicos e islamistas incluidos), partidos de izquierda en el sentido amplio: Frente de Fuerzas Socialistas FFS, Partido de los Trabajadores PT, Partido Socialista de los Trabajadores PTS y una serie de grupos de izquierda más o menos formales.

Alimentándose de su propia dinámica, este campo ha colocado ya el rechazo a las elecciones del 18 de abril a la cabeza de sus objetivos. No tiene programa político más elaborado, no está estructurado, no dispone de portavoces y aún menos de dirección identificada y reconocida. Pero estas debilidades constituyen paradójicamente, en este estadio, puntos fuertes y no le impiden tener la iniciativa, estar a la ofensiva y conseguir apoyos y adhesiones.

Bola de fuego en movimiento, este campo multiplica sus acciones: grandes manifestaciones del viernes en las 48 wilayas del país, manifestaciones permanentes de estudiantes de universidad y de secundaria, de abogados y abogadas, de artistas, de personal sanitario… Está a la ofensiva. Tras haber reimpuesto su derecho a manifestarse, está en una fase de pasar a una etapa superior, la de las huelgas. Huelgas locales y/o sectoriales primero (ya emprendida en ciertas universidades, prevista en la Educación Nacional por convocatoria de la intersindical autónoma el 13 de marzo…). Luego huelga general con convocatorias anónimas o que provienen de viejas estructuras sindicales resucitadas en esta ocasión, como la Confederación Sindical de las fuerzas productivas (Confédération syndicale des forces productives, COSYFOP), para el período del 10 al 15 de marzo. En la red circula incluso la consigna de desobediencia civil retomada de textos del Frente Islámico de Salvación (FIS) propagados cuando la huelga general convocada por dicho partido en junio de 1991.

Esta dinámica ofensiva del movimiento popular le permite conseguir apoyos provenientes de sindicatos de trabajadores y trabajadoras, de asociaciones y de movimientos. Registra igualmente la adhesión de personas como, por ejemplo, afiliadas del sindicato patronal FCE que apoya a Buteflika, alcaldes y militantes del FLN… Conviene igualmente señalar adhesiones bastante significativas políticamente. La de la Organización nacional de Muyaidines (antiguos combatientes) que constituía la columna vertebral de la “familia revolucionaria” sobre la que se apoyaba el poder y que, además del apoyo que da a las y los manifestantes, denuncia “la connivencia entre partes influyentes en el seno del poder y hombres de negocios corruptos que se han beneficiado de forma ilícita del dinero público”. Lo mismo ocurre con la Asociación de antiguos miembros del MALG (Ministerio del armamento y de las relaciones generales durante la guerra de liberación) que no es sino el antecesor de los servicios secretos argelinos, dirigido por el antiguo ministro del Interior Dahou Ould Kablia.

El campo del poder se compone esencialmente de aparatos: la presidencia de la República, el Estado Mayor del ANP, la gendarmería nacional, los servicios de seguridad y la DGSN, el gobierno y otras instituciones (Tribunal supremo, Consejo constitucional, APN y Senado, …), los partidos de la coalición presidencial, el dispositivo mediático público y privado y las direcciones de organizaciones satélites del poder: Unión General de los Trabajadores Argelinos (UGTA), FCE, Unión Nacional de las Mujeres Argelinas, una decena de organizaciones estudiantiles parasitarias… pero también influyentes asociaciones de carácter religioso: hermandades sufíes (zauias) y la Asociación de Ulemas Musulmanes Argelinos.

Este campo está bien organizado, disciplinado y dispone de la fuerza pública, de la administración, de un aparato mediático imponente y de los medios financieros y materiales del Estado. Pero, al contrario, ha perdido la iniciativa, se encuentra en situación de defensiva, se aísla y pierde cada día un poco más de apoyos.

Puesto en cuestión con mucha fuerza por la calle, este campo está sonado. Ayer arrogante y monopolizador de la palabra mediática, sus dirigentes no son solo inaudibles: están mudos. Su campaña a favor del 5º mandato está totalmente paralizada. No pueden celebrar mitines y no aparecen ya en unas televisiones que ocupaban desde hace decenios.

Solo uno de ellos se expresa hoy, el jefe del ¡Gran mudo!(el ejército). Formando parte del círculo presidencial, el general Ahmed Gaid Salah pone en guardia, amenaza y reafirma que el Ejército Nacional Popular que dirige es garante de la estabilidad del país y de la celebración de las elecciones presidenciales en la fecha prevista. Es por tanto en esta cita donde se cristaliza el conflicto político. Anulación/retraso o mantenimiento del escrutinio. Esto significa que el único dirigente que se expresa se sitúa en una línea defensiva “legalista”, “legitimista”. El problema para él es que le falta la legitimidad política para imponer su opción. Dispone ciertamente de la fuerza bruta (ejército, gendarmería) para eventualmente reprimir e instaurar una dictadura. Pero una represión de esta amplitud y la instauración de un Estado de excepción necesitan previamente deslegitimar al máximo el campo adversario y retomar la iniciativa. Ahora bien, el campo del pueblo ha sacado lecciones de las experiencias libia y siria. Es popular, masivo y pacífico, llama a policías y militares a no reprimir y rechaza jugar el papel de caballo de Troya del imperialismo.

Ninguna razón objetiva permite hoy justificar un eventual recurso a la fuerza. Estas solución sería por otra parte algo muy poco seguro. Provocaría sin duda una huelga general y una desobediencia civil y podría incluso engendrar el caos y las intervenciones extranjeras tan denunciadas por el viceministro de la defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército.

En fin, se plantea el problema de las reacciones en el propio seno de las fuerzas de seguridad. El poder argelino es muy opaco y da la impresión de no haber salido jamás de la clandestinidad de la guerra de liberación nacional. Pero hay indicios que demuestran la existencia, al menos, de un malestar en su seno e incluso disidencias que han jugado sin duda un papel en la eclosión del movimiento, gracias en particular al anonimato de las redes sociales. No hay que pecar de ingenuidad. La espontaneidad de las manifestaciones no significa que ninguna mano invisible haya intervenido en su desencadenamiento. No existe movimiento de esta amplitud químicamente puro y las eventuales manipulaciones de agentes descontentos de los servicios de seguridad, muchas de cuyas estructuras han sido desmanteladas durante estos últimos años, ilustrarían sobre todo el hecho, si se confirmara, de que la crisis actual no es simplemente una crisis entre la gente de abajo y la de arriba, sino también una crisis entre la gente de arriba. El hecho de que masas enormes de ciudadanas y ciudadanos se hayan movilizado confirma simplemente que el malestar estaba ahí y que era profundo. Como en 1998, la mecha encendida por manos no totalmente desinteresadas solo podía llevar a una explosión si el barril de pólvora (el descontento) estaba ya lleno.

Por todas estas razones, una represión de gran intensidad, que necesitaría sin duda un baño de sangre, sigue siendo posible, pero poco probable por el momento debido a los peligros que haría correr a la misma gente que la desencadenara.

Una situación de equilibrio relativo

En vísperas del acto 3 del 8 de marzo, la movilización popular no decae. Se enraíza, al contrario, entre estudiantes y enseñantes de universidad, de instituto, entre abogadas y abogados, artistas así como otras categorías profesionales que multiplican las concentraciones y manifestaciones y que emprenden bien que mal y de forma aún insuficiente y desigual un proceso de autoorganización.

Esta fuerza del movimiento tiene varias consecuencias. Candidatos a la candidatura se retiran uno tras otro de la mascarada electoral del 18 de abril, como el Presidente del MSP. Otros, que representan generalmente partidos (FFS, RCD…), habían anunciado ya su rechazo a tomar parte en el escrutinio. Mokrane Ait-Larbi, abogado respetado, defensor de los derechos humanos y viejo militante demócrata ha abandonado la dirección de campaña del candidato Ali Ghediri, un general-mayor disidente, así como el proceso electoral. A pesar del incomprensible empecinamiento del poder en mantenerla, la elección presidencial ha perdido su credibilidad. La batalla política se desarrolla ya fuera del campo electoral, en la calle.

Las oposiciones de derechas y de izquierdas se radicalizan. La figura simbólica del campo democrático ultraliberal, el patrón del grupo Cevital Issad Rebrab, que moviliza desde hace meses a sus obreros y empleados con el apoyo de los partidos de la oposición ultraliberal para protestar contra “el bloqueo de sus inversiones” por los poderes públicos, ha hecho anular la manifestación del 5 de marzo inicialmente prevista en Tizi Ouzou (Kabilia). Pero ha explicado su gesto por el hecho de que no es el momento de “reivindicaciones sectoriales”, sino de “cambio de régimen”. Quedan lejos los tiempos en que el hombre defendía que los industriales no debían meterse en política.

El FFS, el PT y el PST llaman por su parte a apoyar al movimiento popular, a rechazar el escrutinio presidencial y a pronunciarse en favor de la elección de una Asamblea Constituyente. El PT se pronuncia por la creación de comités populares, llama a la convergencia de las fuerzas que apoyan una Asamblea Constituyente y consideran que la transición planteada tiene por objetivo organizar el saqueo de Argelia. El FFS ha anunciado la retirada de todos sus parlamentarios de la APN y del Senado. El PST, que ha planteado con constancia la consigna de Asamblea Constituyente, llama a la autoorganización de las masas y a preparar una huelga general a fin de hacer cambiar la correlación de fuerzas. Igual que el PT, el PST rechaza las injerencias imperialistas y milita a favor de que las y los trabajadores y sus sindicatos entre en el movimiento con sus propias reivindicaciones. Los dos partidos llaman a la reapropiación de la UGTA por sus verdaderos militantes. La izquierda es apoyada en su planteamiento por las sucesivas tomas de posición de sindicatos autónomos que llaman a sumarse al movimiento y plantean, en algunos casos, la consigna de huelga general. Sectores de la UGTA contradicen a la camarilla antiobrera del Secretario General que apoya a Buteflika y exigen una reunión de la dirección de su organización.

Está claro ya que las y los de abajo no aguantan más. Lo han expresado clara y masivamente de todas las formas posibles, en particular en la calle.

Pero a pesar de las deserciones que se multiplican y se aceleran a medida que el movimiento popular se desarrolla, las y los de arriba aún pueden. No pueden todo, pero disponen aún de la capacidad de reprimir. El ejército amontona sus tropas cerca de las ciudades y de los grandes ejes estratégicos del país.

No estamos en una situación revolucionaria, sino en una situación a la que no le falta mucho para hacerse prerrevolucionaria. Su evolución va a depender de tres factores:

- el mantenimiento y el refuerzo de la dinámica de movilización popular pacífica y, cada vez más, de autoorganización.

- la profundización, o no, de las contradicciones en el seno del campo del poder y su aceptación, o no, de un cambio político profundo.

- la capacidad o no de las fuerzas políticas del campo del pueblo para mantener la unidad del movimiento a la vez que abren perspectivas para hacer cambiar definitivamente la correlación de fuerzas y obligar al poder a ceder.

Lo que está en juego en lo inmediato

Del lado del poder, la tentativa de imponer sus opciones a cualquier precio está demostrada por el mantenimiento de la candidatura de Buteflika, aunque esté acompañada de una maniobra que intenta ganar tiempo para apagar el incendio. Pero hace frente a una oposición creciente tanto en el exterior como en su seno. La actitud inflexible del poder hace por el momento más difícil cualquier compromiso.

De forma lenta pero segura, el campo del pueblo se amplía, se refuerza, se organiza. Este campo no tiene ningún interés en entrar en un choque frontal con el poder. Tiene, al contrario, necesidad de tiempo para seguir enraizándose y organizándose. Se muestra en particular urgente que su base popular (las y los trabajadores, parados, jubilados, estudiantes de enseñanza media y superior…) se reconstruya tras los importantes golpes sociales y políticos que ha encajado durante los últimos cuatro decenios: golpe de Estado, guerra civil, Plan de ajuste estructural, ataques a las conquistas sociales, represión… Debe al mismo tiempo clarificar sus perspectivas políticas y elegir entre dos opciones, la de la oposición ultraliberal y la de la izquierda.

La oposición ultraliberal, que en este estadio, forma parte del campo del pueblo, ¿tiene la voluntad y los medios de proseguir su apoyo a la movilización popular o acabará por negociar con el poder una salida de crisis en beneficio de las clases dominantes? Esta última hipótesis es bastante probable. Considerando que el momento de su dominación histórica ha sonado, y que debe no solo reinar sino también gobernar, pretende acabar con toda traba a su libre despliegue. Es esto lo que explica su radicalismo respecto al poder. La burguesía pretende aprovechar la ocasión histórica para echar definitivamente a la pequeña burguesía que tiene hasta el día de hoy en sus manos los aparatos del Estado y que la ha, desde hace tanto tiempo, frenado en su desarrollo. Pero teme al mismo tiempo ser desbordada por masas populares que no se contentarán con alzarla al poder sino que acabarán por plantear sus propias reivindicaciones, sus propios objetivos políticos. La revolución inacabada en Túnez ha confirmado que la caída de la dictadura y la instauración de una democracia parlamentaria burguesa no constituye el fin de la historia. No para la mayoría trabajadora del pueblo. La entrada en el movimiento de la Unión Local de la UGTA del histórico bastión obrero de Rouiba-Reghaia en el Este de Argel ha clarificado las cosas mostrando lo que espera la clase obrera:

“No pudiendo permanecer al margen de las profundas aspiraciones populares que se expresan, unimos nuestras voces para decir si a un cambio de sistema. Un sistema que preserve la propiedad inalienable del pueblo sobre las riquezas naturales de la nación, rehabilite el papel del Estado en el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Un sistema que se desmarque de las oligarquías y revalorice el valor del trabajo y que coloque a las personas en el centro del desarrollo. Un sistema que garantice las libertades individuales, colectivas y el libre ejercicio del derecho sindical”. Es exactamente lo contrario al proyecto del ala ultraliberal. Esta es la razón por la que esta última, que es partidaria de un curso económico mucho más radical que el del poder actual plantee la perspectiva de una transición que desemboque en unas elecciones presidenciales.

El ala izquierda del campo popular (FFS, PT, PST) propone por su parte, de forma más o menos consecuente, una solución por abajo que devuelva la palabra al pueblo y le restablezca inmediatamente en su papel de único soberano a través de la perspectiva de la elección de una Asamblea Constituyente. Para el PT y el PST ésta estará encargada de determinar el tipo de régimen a poner en pie, proclamar inmediatamente las libertades democráticas y satisfacer sin esperar las aspiraciones y reivindicaciones sociales de las personas trabajadoras y excluidas. El PST propone construir una convergencia democrática antiliberal y antiimperialista que reúna a los partidos, sindicatos y movimientos sociales que compartan esta visión. Pero tiene retraso que recuperar.

Mientras tanto, la presión debe aumentar a fin de obligar al poder a renunciar definitivamente al escrutinio del 18 de abril. La prosecución de las manifestaciones es indispensable. Pero solo una muy poderosa ola será capaz de hacer ceder al poder. Es preciso desde ahora mismo propagar la idea de la huelga general.

*Hocine Belalloufi vive y trabaja en Argel. Periodista, antiguo coordinador de la redacción de Argel Republicano de 2003 a 2008 y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), es tambiénautor de dos obras, La démocratie en Algérie. Réforme ou révolution ? (Apic et Lazhari-Labter, Alger, 2012) y Grand Moyen Orient : guerres ou paix ? (Lazhari-Labter, Alger, 2008).

7/03/2019

https://www.contretemps.eu/algerie-crise-regime/

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur





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