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En Revista Viento Sur162

el desorden global
América Latina
La ultraderecha puja por liderar la nueva ofensiva neoliberal
Roberto Montoya

El auge de gobiernos progresistas o posneoliberales que se produjo en América Latina desde fines de los años 90 y la primera década de este siglo, tras varias de dictaduras militares y regímenes civiles defensores del capitalismo más salvaje, hizo que el foco central de la resistencia popular al neoliberalismo a nivel mundial pasara por esa región. Por primera vez en la historia latinoamericana, en esos años tuvieron lugar de forma simultánea en varios países los mayores enfrentamientos entre neoliberalismo y antineoliberalismo (Sader, 2018), y, tímida, marginal y contradictoriamente, hasta entre capitalismo y anticapitalismo.

En muchos países se había llegado al gobierno, pero no se llegó a tomar el poder. Dos décadas después, el escenario político ha cambiado radicalmente. La contraofensiva neoliberal iniciada ya hace una década, y que ha tirado por tierra a varios gobiernos del cambio, ha logrado su nivel más alto con el triunfo de Jair Bolsonaro. Con él se ha situado al frente de una potencia regional como Brasil un régimen civil pero extremadamente autoritario, militarista y fundamentalista.

La ultraderecha ha pasado a liderar la ola conservadora, y el golpe de Estado en Venezuela es la mayor muestra de su fuerza y de su abierta complicidad con la Administración Trump. América Latina no ha podido escapar a la ola reaccionaria que golpea también desde hace años Europa y Asia del Sur (Delcourt, 2018).

La región más desigual del mundo

Las dictaduras militares asolaron el subcontinente americano y en las décadas de los 60, 70 e inicios de los 80 del siglo XX, bajo la Escuela de Chicago, impusieron a sangre y fuego un sistema neoliberal y represivo, descabezando las direcciones sindicales y sectores populares más combativos, arrasando las conquistas laborales y sociales e implantando duras políticas de ajuste.

Tras el fin de la Guerra Fría a fines de los 80 e inicios de los 90, esas dictaduras fueron reemplazadas por nuevos gobiernos neoliberales, pero esta vez civiles y moldeados por el Consenso de Washington. Estos completaron la política económica y laboral de las dictaduras, con más privatizaciones de empresas públicas de interés estratégico y servicios públicos, liberalizaron los mercados financieros, flexibilizaron el mercado laboral y agudizaron aún más la crisis. El hecho de ser los primeros gobiernos posdictaduras fue utilizado política y mediáticamente para homologar democracia con libre mercado y políticas neoliberales.

A estas características comunes se le sumaba el hecho de ser regímenes corruptos y autoritarios: Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Salinas de Gortari en México o Collor de Melo en Brasil.

En 1994, Bill Clinton lanzó el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), el gran proyecto regional de libre mercado impulsado por Estados Unidos, que pretendía completar aún más el modelo. Bajo el paraguas de los nuevos aires democratizadores de los 90, en 1992, bajo la Administración de Bush senior, republicanos y demócratas aprobaron la Ley Torricelli, que endureció las sanciones económicas contra Cuba, y que se reforzaría aún más bajo la Administración Clinton, en 1996, con la Ley Helms-Burton (Martínez Lillo y Rubio Apiolaza, 2017).

La gran ofensiva neoliberal de las tres últimas décadas del siglo XX provocó un retroceso histórico para las trabajadoras y los trabajadores, y convirtieron a América Latina y el Caribe en la región más desigual del mundo, situación que se mantiene a día de hoy.

Las políticas implementadas allí fueron un anticipo de las recetas neoliberales que irrumpirían con fuerza en Europa tras desatarse en 2008 la crisis financiera mundial, con sus duros ajustes, corralitos y rescates de la banca privada en aprietos.

La resistencia popular precedió la llegada de gobiernos posneoliberales

El modelo impuesto generó en Latinoamérica fuertes resistencias populares, duras luchas de trabajadores, campesinos, estudiantes; dio lugar al nacimiento a mediados de los años 80 del Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Lula da Silva, y también en Brasil, a la creación del Movimiento de los Sin Tierra (MST), que llegó a movilizar a un millón de campesinos por la reforma agraria.

La lucha de los cocaleros bolivianos liderados por Evo Morales también se extendía y radicalizaba; el movimiento piquetero de Argentina se masificaba y en Venezuela se desataba el Caracazo en 1989 contra el paquete de ajustes del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, que se saldó con cientos de muertos.

En México surgía el EZLN, que eligió el 1 de enero de 1994 como día para su levantamiento armado en Chiapas para coincidir y aguar los fastos de la entrada en vigor del NAFTA/TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) con EE UU y Canadá. El fenómeno zapatista estimuló y visibilizó a su vez otras luchas campesinas en Guatemala, Perú, Bolivia y Ecuador, influyendo para la conformación de estos dos últimos países en Estados plurinacionales una década más tarde.

El neoliberalismo latinoamericano terminó acusando recibo de todas estas protestas y rebeliones, moderó el modelo, aceptó una limitada intervención del Estado y el propio Banco Mundial edulcoró recetas y se preocupó por la pobreza (Claudio Katz, 2014).

Toda esa resistencia y esos avances, como la entrada del FMLN en el Parlamento de El Salvador con 27 escaños tras firmar la paz en 1992, después de doce años de guerra –Guatemala la firmó en 1996–, y muchas otras luchas precedieron al triunfo aplastante de Hugo Chávez en las elecciones venezolanas de 1998.

A este le seguiría el triunfo de Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores en Brasil en 2002; el de Néstor Kirchner ese mismo año en Argentina por el Frente para la Victoria (FpV); Tabaré Vázquez y el Frente Amplio en Uruguay en 2005; Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2006 en Bolivia; Rafael Correa con su Alianza País en 2007 en Ecuador; Lugo en Paraguay en 2008 con Resistencia Ciudadana; Funes, del FMLN, en El Salvador en 2009.

Procesos constituyentes

En Venezuela, tras el primer triunfo de Chávez, se aprobó a través de un referéndum la formación de la Asamblea Nacional Constituyente, se acordó una nueva Constitución más inclusiva y garantista, se puso en pie un sistema unicameral, se aprobó la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, se blindaron derechos sociales y se instaló una experiencia inédita, el referéndum revocatorio.

Por su parte, Bolivia reformó la Constitución e instaló el Estado plurinacional, mientras Ecuador aprobaba el Código de la Democracia, incorporando también la revocación de mandato y regulando los referendos populares (Moreira, 2017).

Tanto la CEPAL como el FMI reconocieron en sus informes importantes avances contra la desigualdad social y mejor redistribución de la riqueza durante la década pasada en América Latina.

Las mayorías sociales y los movimientos de resistencia comenzaron a verse representados en el poder, pasando a ocupar y cambiar las instituciones. Se abría una nueva etapa en América Latina, la tendencia se invertía.

La rápida radicalización inicial de los modelos que se abrieron paso en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, con procesos constituyentes, nacionalización de empresas estratégicas, expropiación de tierras improductivas, impulso de reformas sociales, inclusión de sectores campesinos e indígenas e incipientes experiencias de poder comunal, parecían dar la vuelta el tablero.

Por primera vez en muchos años en el subcontinente, un gobierno como el de Chávez volvía a reivindicar el socialismo, el socialismo del siglo XXI. Se estimuló la participación popular, vecinal, comarcal, regional, los concejos estudiantiles y fabriles, se aprobaron ambiciosos proyectos de construcción de viviendas sociales, se confiscaron dos millones de hectáreas improductivas y se alentó la formación de cooperativas para trabajarlas.

Siguiendo los pasos de los primeros años de la revolución cubana, Chávez lanzó una campaña de alfabetización con miles de educadores cubanos, que hizo que la Unesco reconociera a Venezuela en pocos años como el segundo país de Latinoamérica libre de analfabetismo. Esa campaña se complementaría con la creación de universidades populares en regiones donde hasta entonces era imposible seguir estudios superiores.

Paralelamente se impulsó otra misión para poner en pie centros de salud y hospitales hasta en los lugares más recónditos de Venezuela, también con apoyo masivo cubano, en un intercambio entre ambos países por el cual Cuba recibió miles de barriles de petróleo venezolano a precio muy inferior al del mercado. Venezuela y Cuba repitieron el ejemplo con Bolivia tras el triunfo de Evo Morales en 2006, y en pocos años también la Unesco declaró ese país libre de analfabetismo.

Venezuela repitió su exportación de petróleo a precio reducido a otros países del cambio que empezaron a proliferar en la región. El petróleo venezolano por primera vez se convertía en una poderosa arma política y de integración que ponía en alerta a las multinacionales extranjeras y las oligarquías nacionales, preocupadas por una alteración de las reglas de juego.

Los movimientos sociales, organizaciones y partidos de izquierda de la región se vieron a su vez estimulados y arropados por esos primeros procesos, lo que permitió la llegada al poder de corrientes de partidos tradicionales remozados –la representada por los Kirchner en Argentina– o de nuevo tipo, en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros, aunque con características ideológicas y políticas muy dispares.

Todos estos países se vieron favorecidos por el alza del precio de las materias primas que disparó las exportaciones, sumado al aterrizaje en toda regla de China en la región con importantes inversiones, compra de bonos de deuda pública y préstamos que superaron en volumen a los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Todo esto permitió a la zona, durante los primeros años después de desatada la crisis financiera mundial, seguir teniendo importantes índices de crecimiento, constituyendo paradójicamente también un refugio para multinacionales extranjeras, como las españolas, que pudieron compensar con los beneficios obtenidos en América Latina parte de sus caídas en otros mercados.

Chávez fue también el primero y principal promotor del boicot a proyectos neoliberales de EE UU como el ALCA –que se terminó de enterrar en la cumbre de Mar del Plata, en Argentina, en 2005– y el principal impulsor de nuevas iniciativas de integración regional como el ALBA, al que seguiría UNASUR, la CELAC, el Banco del Sur, el proyecto del sucre como moneda única, el fortalecimiento de Mercosur, etc.

A pesar de esos avances, ninguno de estos proyectos comunes ni ninguno de los gobiernos que participaron en ellos cuestionaron el modelo productivo más que retóricamente. Mantuvieron e incluso en algunos casos aumentaron el extractivismo. Tampoco se hicieron apuestas firmes para distraer parte de los importantes ingresos obtenidos durante los años de crecimiento para sentar las bases de un cambio de modelo productivo sostenible y soberano.

Retroceso y fracaso del modelo

Las reformas y avances se vieron rápidamente afectados cuando finalmente llegó la crisis a la zona, tardíamente con respecto a los países desarrollados. La caída de las exportaciones, con su consiguiente drástica merma de ingresos, el aumento del paro y la pérdida de poder adquisitivo de las mayorías sociales, generó cada vez más malestar social. En casos como el de Venezuela, el país que sufrió un deterioro más acelerado, no fue solo la crisis mundial con la brutal caída del precio del barril del petróleo, ni la feroz guerra económica interna y las sanciones de EE UU las que provocaron su hundimiento total. También contribuyó la ineficacia y mala gestión económica y política del gobierno, especialmente después de la muerte de Hugo Chávez.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y PDVSA, el gran holding petrolero que suministra más del 90% de los ingresos de Venezuela, fue nacionalizado cuatro décadas antes de que Chávez llegara al poder. Sin embargo, su pésima gestión y el grado de corrupción con desvío de fondos millonarios y fuga de capitales provocaron una grave crisis, haciendo que la producción y exportación de petróleo se redujera drásticamente.

Otro tanto sucedió con importantes empresas nacionalizadas, buena parte de ellas gestionadas por altos cargos militares. De casi 600 empresas públicas, más de 70 están gestionadas por militares, al igual que 12 Ministerios, seis gobernaciones y la distribución de alimentos y medicinas. Este poder de las fuerzas armadas explica también por qué, a pesar de que varias decenas de oficiales han sido detenidos en los últimos años por casos de rebelión –y algunos por corrupción–, el alto mando y la mayoría al menos de la oficialidad se ha mantenido fiel a Nicolás Maduro.

La criminalización de las protestas y la disidencia política fue una constante no solo del gobierno venezolano, sino también del ecuatoriano, argentino o boliviano, que provocó a su vez más distanciamiento de esos gobiernos con buena parte de sus electores. La indignación popular y su distanciamiento con los líderes de esos procesos se acrecentó aún más al conocerse el alcance del caso Odebrecht, el gigantesco escándalo de corrupción que salpicó de lleno a gobiernos de uno y otro signo en casi toda la región.

Fueron muchos los factores que incidieron para que en un periodo corto de tiempo se precipitaran una serie de graves reveses para el progresismo, posneoliberalismo o centro izquierda: el golpe blando contra el liberal, luego radicalizado, Manuel Zelaya en Honduras en 2009; el de Fernando Lugo en Paraguay en 2012; la derrota del kirchnerismo en Argentina y el triunfo del ultraderechista Jimmy Morales en Guatemala en 2015; el impeachment a Dilma Rousseff en 2016; el triunfo de Piñera en Chile y el fin del correísmo en Ecuador en 2017; la detención de Lula da Silva en Brasil en 2018.

El golpe de Estado oligárquico en Venezuela, que ha contado con la luz verde cuando no la complicidad abierta de la comunidad internacional –incluido el Gobierno español–, completa el sombrío panorama regional.

Nicaragua hace ya mucho tiempo que se ha transformado en un gobierno abiertamente autoritario y represivo que ha pisoteado todos los ideales de lo que alguna vez fue el FSLN, con un gobierno como el del ya irreconocible Daniel Ortega aliándose con muchos de los que fueron los principales enemigos de la revolución sandinista. La pareja Ortega-Murillo estuvo entre los primeros en felicitar a Bolsonaro por su triunfo electoral.

En El Salvador, la antigua guerrilla de izquierda del FMLN en el poder desde 2009, aliada a fuerzas liberales –como ocurrió con los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, con el de Daniel Ortega y el de Fernando Lugo–, sufrió una dura derrota en las legislativas y municipales de 2018 y se da por segura su derrota también en las presidenciales de abril próximo frente a la ultraderechista y militarista ARENA, la heredera de los escuadrones de la muerte de los años 80.

Evo Morales es el único de los principales líderes de esa ola progresista de la década pasada que ha logrado mantener un nada despreciable apoyo social, a pesar del rechazo que concita para muchos su justificación del modelo extractivista –“lo necesitamos para financiar el buen vivir”–, su derrota en el referéndum de 2016 para ser reelegido por cuarta vez y el creciente distanciamiento de importantes movimientos sociales.

El factor militar

La llegada al poder en Brasil de un ultraderechista como Jair Bolsonaro ha permitido arropar aún más los planes golpistas contra el gobierno de Venezuela y augura una dura caza de brujas contra la izquierda. La irrupción de Bolsonaro en el escenario político latinoamericano supone un espaldarazo a la ola conservadora en la región y a los planes injerencistas de la Administración Trump. Es la vuelta de la ultraderecha no solo elitista, sino también intolerante, autoritaria, represiva, que no ha necesitado los tanques como décadas atrás para llegar al poder.

Bolsonaro ha triunfado por mayoría absoluta. La farsa de juicio y el encarcelamiento de Lula da Silva en abril de 2018, favorito para las elecciones de octubre pasado, dejó el terreno libre para que este excapitán nostálgico de la dictadura militar brasileña (1964-1985), misógino y homófobo, pasara en cinco meses de contar con un 20% de popularidad a lograr en las urnas un 55% de apoyo.

El gran capital, nacional y extranjero, terminó apoyándolo abiertamente tras un primer periodo de duda, ante la falta de alternativas claras y al comprobar que contaba con el apoyo total de dos poderes fácticos fundamentales: las fuerzas armadas y el poder religioso, la Iglesia católica y muy especialmente las poderosas iglesias evangélicas ultraderechistas, que cuentan incluso con bancada parlamentaria propia, como está siendo habitual en varios países (Montoya, 2018a).

Todos ellos compraron su programa por interés en alguna o todas sus promesas: privatizar lo que Temer no hubiera ya privatizado en estos últimos años; mayor flexibilidad laboral; reducción de impuestos al gran capital; levantamiento de toda restricción a la actividad de la agroindustria con la consiguiente deforestación de la Amazonía y expulsión de los pueblos originarios; represión de las ocupaciones de tierras y acciones de ecologistas; incremento de medios y mayor protagonismo de las fuerzas armadas en la seguridad interior; acabar a sangre y fuego con la delincuencia y el tráfico de drogas por medio de las fuerzas armadas y el levantamiento de restricciones a la venta de armas; eliminación de raíz de cualquier vestigio de políticas y personas de izquierda en el aparato público, comunicacional y social; rechazo total al aborto, a los derechos de la mujer y de la comunidad LGTBI; estrechamiento de las relaciones con Estados Unidos e Israel.

Bolsonaro intenta además exportar su modelo y hegemonizar con él a las fuerzas neoliberales en el poder en la región, convencido de que puede hacer que Brasil no sea solo la gran potencia económica regional que ya es –en buena medida gracias a Lula da Silva y Dilma Rousseff–, sino que también lo sea en el terreno político y militar.

En diciembre pasado, la Fundación Índigo de Políticas Públicas, el think thank del Partido Social Liberal (PSL), su formación política, convocaba en la localidad brasileña de Foz de Iguazú la primera Cumbre Conservadora de las Américas, una suerte de Foro de San Pablo de la derecha y ultraderecha latinoamericana. El gran protagonista de la misma fue Eduardo Bolsonaro, diputado, hijo y fiel discípulo del nuevo presidente brasileño, acompañado –por videoconferencia– de Álvaro Uribe, del general colombiano Jorge Jerez Cuéllar; de José Antonio Kast, exdiputado chileno, hijo de un oficial de Hitler que reivindicó abiertamente en la cumbre la dictadura de Pinochet (https://bit.ly/2sTD0ri); de políticos de la oposición venezolana, senadores paraguayos; de cubanos de Miami y un largo etcétera. Allí se sentaron las bases para crear un frente común contra la izquierda latinoamericana, con advertencias a Venezuela y Cuba.

La llegada de un exmilitar como Bolsonaro al poder con un respaldo explícito de la cúpula de las fuerzas armadas reforzará sin duda la creciente tendencia que se comprueba en la región a favor de militarizar cada vez más la seguridad interior.

En Brasil, los militares nunca se han ido realmente. Tras veinte años de dictadura fueron quienes controlaron la transición, quienes promulgaron la Ley de Amnistía de 1979 por la que jamás pagaron por sus crímenes; quienes consiguieron que en la Constitución Federal de 1988 se estableciera que eran los garantes de la ley y el orden, y quienes han mantenido sus privilegios intocables en las tres décadas transcurridas desde el fin del régimen militar (Alvez Soares, 2018).

Un intento en 2010 de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) por reinterpretarla para acabar con la impunidad de los militares fue rechazado por el Supremo Tribunal Federal (STF). Para sorpresa de muchos, quien también se opuso a derogar esa ley fue el entonces gobierno de Lula, quien, al igual que Dilma Rousseff, estuvo preso bajo el régimen militar. Nadie se atrevió a tocar a los militares en Brasil. Hoy tienen a dos de los suyos en la cima del poder, a Jair Bolsonaro y a su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourao.

También en 2018, un país como Argentina, que padeció de 1976 a 1983 una dictadura militar que dejó un saldo de 30.000 civiles muertos, veía por primera vez en tres décadas el fantasma de la vuelta de los militares a sus calles. En julio pasado, el gobierno de Mauricio Macri, que gradualmente había ido dando pasos para volver a dar protagonismo a las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior, instituyó formalmente el papel de estas en situaciones de extrema gravedad en las que se vean superadas las fuerzas policiales.

En Colombia, la guerra contra la guerrilla de las FARC y el ELN y la lucha contra el narco han dado durante décadas gran protagonismo a los militares en temas de seguridad interna, y gracias al Plan Colombia y a la estrecha colaboración con EE UU se han convertido en las fuerzas armadas con mayor número de efectivos y medios después de Brasil. A pesar de la firma de la paz con las FARC, el ejército bajo el gobierno del ultraderechista Iván Duque sigue protagonizando, junto a grupos paramilitares, crímenes de guerrilleros desmovilizados y de activistas de movimientos sociales.

En Chile, en 2017 se reabrió un debate iniciado desde el fin del pinochetismo: cómo acabar con los privilegios que conservan aún los militares, en un país donde las fuerzas armadas derrocaron por la fuerza al único gobierno socialista que llegó al poder por las urnas en toda América Latina y el Caribe, el de Salvador Allende.

La última sorpresa ha sido el cambio en la postura del flamante presidente Andrés Manuel López Obrador sobre cómo atajar la espiral de violencia y muertes que arroja el narco y la lucha contra él. Durante años, López Obrador criticó que los gobiernos de derecha hubieran puesto en manos de las fuerzas armadas la lucha contra el narco, que terminó provocando aún más violencia y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Sin embargo, tras pocos meses en el poder, López Obrador ha propuesto modificar la Constitución para crear una Guardia Nacional, que aunque estaría bajo mando civil, sería una nueva organización militar.

El feminismo, actor clave de la resistencia

A pesar de los duros reveses que vienen sufriendo la izquierda y las mayorías sociales en América Latina en los últimos años, no todos han sido éxitos para los gobiernos y fuerzas neoconservadoras.

Tanto en Argentina como en Chile, Perú, Paraguay, Colombia y otros países, sus contrarreformas sociales están encontrando importantes resistencias en la calle, en el mundo laboral, por parte de los indígenas, los defensores del medio ambiente y en otros movimientos sociales que defienden las conquistas logradas (Zibechi, 2017).

Dentro de esa resistencia, indudablemente el movimiento feminista ha jugado un papel protagónico, como lo viene jugando en todo el mundo. Las grandes movilizaciones en Brasil contra las políticas misóginas y homófobas de Jair Bolsonaro, y toda la marea verde que con su primera chispa en Argentina en agosto de 2018 a partir del debate parlamentario sobre la legalización del aborto se extendió por toda América Latina, son solo expresiones de un movimiento que crece año tras año y que tiene detrás varias décadas de lucha.

En la región del mundo con mayor número de embarazos no deseados –14 millones al año– y miles de muertes provocadas por abortos clandestinos, durante los más de tres lustros de ola progresista solo el gobierno de José Mujica utilizó su mayoría parlamentaria para sacar adelante la legalización del aborto, sumándose así a Cuba, que lo hizo ya en 1965 (Montoya, 2018b).

En Ecuador, el entonces presidente Rafael Correa llegó a calificar el aborto de asesinato y amenazó con dimitir cuando diputadas de su partido propusieron debatir el tema en el Parlamento. En Nicaragua ya es conocida la beligerante postura antiaborto de la mesiánica pareja gobernante Ortega-Murillo. Nicaragua y El Salvador –donde gobierna el FMLN– son dos de los seis países de la región donde está prohibida totalmente la interrupción voluntaria del embarazo. En otros nueve países, entre los que están Venezuela y Brasil, solo está aceptado cuando esté en riesgo la vida de la embarazada; en otros siete, entre los que figuran Argentina, Bolivia y Ecuador, solo se autoriza en caso de riesgo de la mujer y para preservar su salud física.

El próximo 8 de marzo, las feministas latinoamericanas volverán a dar una muestra de su fuerza y de la masividad de un movimiento que cuestiona cada vez más las estructuras del sistema capitalista en una región de más de 500 millones de habitantes.

Roberto Montoya es escritor y periodista.

Es miembro del Consejo Asesor de viento sur

Referencias

Alves Soares, Samuel (2018) ¿Volvieron los militares en Brasil?, Dosier en Nueva Sociedad. Accesible en https://bit.ly/2SgF375

Delcourt, Laurent, Derivas reaccionarias y contramovimiento en el Sur. Accesible en https://bit.ly/2UtZF9m

Katz, Claudio (2014) Neoliberales en América Latina I: Ortodoxos y convencionales, CADTM, https://bit.ly/2FIhYUD

Martínez Lillo, Pedro A. y Rubio Apiolaza, Pablo (2017) América Latina actual, del populismo al giro de izquierdas. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Montoya, Roberto (2018a) “La ultraderecha militarista, favorita en las presidenciales de Brasil”, El Salto. Accesible en https://bit.ly/2Us3Wdu

(2018b) “El aborto bajo los ‘gobiernos del cambio’ en América Latina y el Caribe”, El Salto. Accesible en https://bit.ly/2MhEnaB

Moreira, Constanza (2017) “El largo ciclo del progresismo latinoamericano y su freno”, Revista Brasileira de Cièncias Sociais, Vol. 32, 93. Accesible en https://bit.ly/2TnTBzh

Sader, Emir (2018) “Turbulencias latinoamericanas”, ponencia en Espacio Público. Accesible en https://bit.ly/2MML0Uo

Zibechi, Raúl (2017) El corto vuelo de los neoconservadores. Accesible en https://bit.ly/2MIaUbL



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