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Servicios públicos
Las residencias valencianas, bajo los efectos de la falta de personal
15/02/2019 | Marta Santacalina. Ester Fayos. Pau Beltrán

El modelo de gestión de las residencias valencianas se divide en aquellas gestionadas de forma directa por la administración pública, las de titularidad pública con gestión privada a través de empresas adjudicatarias y las privadas. En las tres tipologías, la plantilla sufre sobrecarga de trabajo, superior en los servicios privatizados, donde las trabajadoras denuncian jornadas de más de diez horas al día y una atención a las residentes de muy poca calidad.

Desmercantilizar el sector que atiende a las personas en situación de dependencia, así como priorizar una atención de calidad. Eran dos de los objetivos de la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas en el País Valencià, Mónica Oltra (Compromís) en materia de gestión de los centros residenciales para personas mayores, cuando llegó a la Generalitat en el año 2015. Tras cuatro años de legislatura, no se han cumplido en su totalidad. Aunque el nuevo modelo residencial ha permitido un incremento del 32,2% de la oferta de plazas públicas y se han incluido una serie de mejoras en la prestación de servicios en las residencias, la atención que ofrecen algunos centros, donde hay una sobrecarga de trabajo por la falta de auxiliares de enfermería y de personal de servicio, deja mucho que desear.

Anselmo Castellanos hace muchos años que trabaja como auxiliar de enfermería en los centros residenciales valencianos. Ha trabajado en Silla y Aldaia, municipios de la comarca de l’Horta de València, o en Carlet, en la comarca de la Ribera Alta. Ahora mismo, hace casi un año que trabaja en la residencia pública de personas mayores dependientes de Burriana, donde confiesa que toda la plantilla está sufriendo una carga física y psicológica "importante", al ver que no se llega a prestar a las residentes del atención que merecen. "Esto no lo he visto nunca en una residencia pública. Estamos viviendo un maltrato al trabajador. Debemos hacer muchas tareas y no podemos asistir bien todos los abuelos", denuncia.

Castellanos hace turno de tarde. Una vez llega al centro, primero, debe ayudar a las residentes a arreglarse, les cambia los pañales y les ayuda a limpiarse, para luego bajarlas a la planta baja, donde pasan la tarde jugando al bingo, a juegos de mesa o haciendo actividades. Enseguida, llega el momento de darles la merienda. El auxiliar está muy pendiente de que estén hidratadas y en su turno, beban, al menos ,un vaso de agua y de zumo. Castellanos trabaja junto con otro auxiliar. Entre los dos han de atender entre 30 y 35 personas, algunas de las cuales "tienen un grado alto de dependencia y, por tanto, requieren una mayor atención", asegura.

Aunque por la mañana hay más personal, la plantilla lleva desde antes del verano pasado denunciando que no es suficiente. En efecto, tal y como publica el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), para la categoría profesional de auxiliar de enfermería en un centro de personas mayores dependientes se establece un mínimo de dos auxiliares o gericultoras a jornada completa cada nuevo usuarias, una cifra que se reduce a siete para unidades de alta dependencia. "En las noches, mis compañeras están mucho peor, porque sólo hay dos personas, que tienen que cambiar los pañales a todos los residentes", subraya Castellanos.

Vanessa Almela, miembro de CGT Castellón, describe los dos problemas principales que caracterizan algunas de las residencias públicas del norte del País Valencià, como la de Burriana o el único centro para personas mayores dependientes en Castellón de la Plana -la residencia Lledó- , o Hogar Sagrada Familia de la Vall d’Uixó, que depende del Ayuntamiento. "El ratio de personal se estableció hace muchos años, cuando las usuarias eran más autónomas y no necesitaban tanto de apoyo, pero el perfil de la gente va cambiando y cada vez son personas más dependientes que requieren una mayor atención", matiza. Por otra parte, añade que hay muchas vacantes que no se cubren, "lo que aumenta aún más la sobrecarga de trabajo".

Ante esta situación, la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas se comprometió a efectuar un aumento del personal en los servicios de atención directa de los centros que dependen de la Generalitat -centros residenciales y centros especializados en la atención a personas en estado de necesidad- antes del 1 de julio de 2018, "por lo que se paralizaron las concentraciones que se estaban haciendo", recuerdan desde el Comité de empresa de la Conselleria y la Junta de personal de servicios territoriales de Castellón. Sin embargo, hoy en día, a pesar de que sí se han incorporado dos auxiliares, "se sigue trabajando a mínimos y no llega todo el personal que hace falta", lamentan.

La problemática trasciende las competencias de la Consejería de Igualdad. Y es que, según han informado desde el departamento de prensa de la vicepresidenta Mónica Oltra, la Consejería de Hacienda, presidida por el socialista Vicente Soler, aseguró que el 1 de julio estarían aprobadas las 500 plazas que habían pedido a diferentes sectores de la Administración pública, "sobre todo de atención directa a residencias", "pero cuando pasa esta fecha, nos enteramos de que no las habían concedido, y nos dijeron que se concederían escalonadamente en un plazo que tampoco se ha cumplido".

La sobrecarga de trabajo llega a las comarcas del sur

Según las trabajadoras y sindicatos consultados por la Directa, Intersindical Valenciana y CGT Valencia, la sobrecarga excesiva de trabajo que denuncia la plantilla de algunas residencias públicas en las comarcas de norte no se está dando en la misma intensidad en las comarcas de València. "Siempre hay que mejorar algo, pero ahora mismo no nos encontramos en la misma situación que en Castelló o Alacant. Hemos mejorado mucho", asegura Isabel López, miembro de Intersindical Valenciana. Sin embargo, en las comarcas del sur, las trabajadoras de algunas residencias públicas hace meses que denuncian sobrecarga y explotación.

Es paradigmático el caso del centro alcoyano Mariola, donde la plantilla se ha concentrado todos los martes desde octubre del 2017 para conseguir un aumento de personal. Puri Añón, trabajadora de la residencia y delegada por Comisiones Obreras (CCOO), afirma que se han conseguido 500 plazas de auxiliares repartidas entre todas las residencias del País Valencià gracias a sus reivindicaciones constantes. "Estamos viendo que poco a poco se están haciendo las incorporaciones de personal", asevera Añón. Sin embargo, Mariola ha sido un centro pionero en la movilización por las características de las sus residentes: personas suprasistidas que requieren mucha atención. Para atender 60 personas, la mayoría encamadas, actualmente son diecisiete auxiliares, dos celadores -uno recientemente incorporado- y siete enfermeras en la plantilla, pero sólo 10 por jornada, de las cuales cinco son por la mañana, cuatro por la tarde y una en la noche. Las trabajadoras, con grandes esfuerzos, se hacen cargo de las personas residentes, pero la falta de personal provoca el desajuste del horario de las tareas y dificulta llegar a las condiciones higiénicas más deseables.

La falta de personal condiciona también el hecho de que a las trabajadoras les sea difícil cogerse los días de asuntos propios. Puri Añón denuncia que las nóminas de nocturnidad siempre llegan con dos meses de retraso. Por su parte, Rosa Palacios, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de la provincia de Alacant de CCOO, afirma que el retraso de estas nóminas se debe a la falta de personal que también hay en la Dirección territorial, que ya está planteando nuevas incorporaciones a la plantilla.

"Todas las residencias en general se encuentran en condiciones precarias, en los centros de bienestar siempre ha trabajado bajo mínimos", afirma Palacios. La residencia también alcoyana Pintor Sala, la Florida de Alacant o la residencia Tercera edad de Torrevella son otros ejemplos. Después de años de reclamaciones, se incorporarán siete personas en la primera y cinco en la residencia alacantina. En Torrevella, las trabajadoras también se concentraron después de pasar más de un año sin médico en un centro con 150 usuarias, "pero quien ha estado movilizando constantemente por las incorporaciones han sido las trabajadoras de Mariola", matiza Palacios. Actualmente, han decidido detener las concentraciones semanales, tras la incorporación de un celador más y la noticia de otros inminentes.

El lujo de tener un día libre

Aida Alcázar ha trabajado en dos residencias de personas mayores. Durante tres meses, estuvo en la residencia de la Vall d’Uixó, gestionada de manera directa por la administración pública; y el verano pasado estuvo en el centro Savia de Quartell (comarca del Camp de Morvedre), gestionado por una empresa privada a través de un contrato público con la Generalitat. "En la pública teníamos una sobrecarga bastante grande, aunque había más personal que en Savia", relata. La residencia de la Vall d’Uixó cuenta con 64 plazas y "éramos más trabajadoras para menos residentes, mientras que en Quartell hay 124 plazas. Por la mañana, había once auxiliares, por la tarde seis, y por la noche dos. Es muy reducido, pero es una realidad que está presente en la mayoría de residencias", asegura.

Alcázar dejó el trabajo en Quartell, porque no podía aguantar el ritmo de trabajo. Además, exigían una disponibilidad completa por lo que, por lo tanto, resultaba complicado cogerse días libres: "Cada dos por tres, estaban haciendo cambios de horario. Ven ahora, ahora no vengas ... Y te llamaban a última hora". En la plantilla del centro de Borriana también se les exige esa flexibilidad y disponibilidad absolutas. "Una práctica muy común es el hecho de que siempre hay que estar disponibles. Si llaman por teléfono, hay que estar disponibles e ir", denuncia Castellanos, quien cuenta que nunca coge su teléfono en su día libre.

A mayor privatización, mayor explotación y peor servicio

Con el nuevo modelo residencial de la Consejería de Mónica Oltra, se han pasado de las 12.829 plazas en residencias públicas que había en 2015 en las 16.969, lo que ha supuesto la creación de 4.140 plazas. De estas 16.969 plazas, 3.886 corresponden a centros públicos de la Generalitat, 1.412 son plazas municipales, 1.363 corresponden a centros gestionados por entidades del tercer sector dirigidas a la atención de personas sin hogar, personas mayores, víctimas de trata, etc; 663 plazas financiadas con Prestaciones Vinculadas al Servicio de Garantía (PVS) -servicio que ofrece la Generalitat en que, si una persona dependiente, en un radio de veinte kilómetros en su domicilio, no dispone de una plaza pública, se le ofrece la posibilidad recibir una prestación económica-; 4.607 en PVS Residencial -prestación vinculada al servicio residencial que contribuye a financiar el servicio en función del grado de dependencia de cada persona-; y 5.038 plazas concertadas a través del concurso de empresas.

Algunas de estas empresas son Intercentros Ballesol SA, que cuenta con 45 centros en todo el Estado español; Residencial Senior 2000, Geroresidenciales Solimar SL, mercantil valenciana que gestiona más de 1.200 plazas públicas y privadas en las comarcas de la Ribera Alta y Baja, l’Horta Sud, la Safor y la Vall d’Albaida; o Centros Residenciales Savia, también valenciana, una de las más grandes y que, durante años, estuvo vinculada a la familia de Juan Cotino (PP), empresario, ex consejero de Bienestar Social y ex presidente de las Cortes Valencianas, que tenía 39% del accionariado, según un informe de la comisión de investigación de las Cortes Valencianas. Savia opera en todo el territorio valenciano y se fundamenta en los principios de "calidad, confianza y profesionalidad", según señalan en su página web. Unos principios que distan mucho de la realidad, tal como remarca el ex trabajadora Alcázar: "Íbamos muy ahogados y la calidad del servicio que puedes ofrecer disminuye".

La explotación laboral es mayor en las residencias de titularidad y gestión privada por parte de sociedades mercantiles que se dedican a ofrecer asistencia a personas mayores, entre otras actividades. Se trata, por ejemplo, de la empresa Hotel Residencia San Lorenzo SL de Villarreal, en la Plana Baixa. Según el portal Expansión, fue constituida en el año 2003 y cuenta con 105 plazas. Marisa Mas, nombre ficticio por miedo a represalias en su lugar de trabajo, trabaja desde hace casi un año, tiempo en el que todavía no se ha acostumbrado a ver las condiciones en que se encuentran las residentes. "Más de un día salgo del centro llorando. Aunque me dicen que m’acostumbraré, no me puedo acostumbrar a ver cómo están los abuelos. Cada vez vienen más y hay menos gente trabajando. No podemos hacer todo el trabajo que nos piden", denuncia.

Mas trabaja como limpiadora. Entró en la residencia a principios de 2018 con un contrato indefinido. "Te hacen indefinida, porque si encuentras otra cosa, ya no te quieres quedar aquí", relata. Su jornada laboral supera las ocho horas diarias, llegando a trabajar diez horas y media cada día por unos 980 euros netos al mes. "Esas dos horas extra que hacemos, las pagan a cinco euros la hora y en negro". Como ella, según denuncia, las auxiliares de enfermería trabajan más de diez horas entre semana y treinta durante los fines de semana. "¿Cómo puedes atender bien a los abuelos si estás 14 horas trabajando? Esto es muy triste", sentencia.

A la vanguardia de la gestión privada, durante muchos años han estado los diez centros residenciales de Altea y Relleu, destinados a asistir personas mayores, con diversidad funcional, víctimas de violencia machista y menores en situación de desprotección, y que hasta el 2017 eran gestionados por la empresa EMAUS, la cual cobraba subvenciones del Partido Popular, que en aquel momento gobernaba en el País Valencià. La mercantil entró en concurso de acreedores con una deuda de 21 millones de euros, cinco de los cuales con la Seguridad Social. Un total de 300 trabajadoras, algunas de las cuales estuvieron más de un año sin cobrar las nóminas -nunca llegaron a los dos años, porque tendrían que haber cobrado indemnizaciones-, se vieron afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción, mientras que más de 150 ciudadanas en situación de vulnerabilidad podrían haberse quedado sin ningún tipo de atención directa.

En julio de 2017, la Consejería de Igualdad informó que la Fundación Salud y Comunidad había asumido la gestión de los centros, con lo cual se mantenía la continuidad del personal y los servicios. Sin embargo, el conflicto laboral aún se alarga hasta el día de hoy. "A mucha gente todavía le deben dinero", asegura Luis Negro, un ex trabajador de la empresa, quien reconoce que, sin embargo, ahora mismo están mucho mejor: "Cobrar una nómina y el hecho de poder llegar a fin de mes tranquiliza a cualquiera ".

El modelo Cotino

La explotación laboral en las residencias del País Valencià es una realidad que se intensifica en aquellas gestionadas por empresas privadas. La vicepresidenta Mónica Oltra ha querido poner fin al modelo de gestión de los centros del Partido Popular, que, incluso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) declaró ilegal por haber adjudicado un total de 2.000 plazas a través "de un procedimiento negociado sin publicidad". De este modo, el Gobierno anterior sólo ofrecía plazas concertadas a una serie de empresas escogidas. En concreto, adjudicó el 100% de las plazas concertadas a nueve mercantiles.

La actual Savia, que antes se llamaba Gerocentros, fue una de las empresas más beneficiadas por el modelo Cotino, que tenía el objetivo, según la Consejería de Igualdad, de "rellenar residencias para los fines lucrativos de unos pocos". Tal como publicó El Confidencial, Cotino abandonó Gerocentros hace años debido a los problemas económicos que tenía en la empresa. Después, sus socios, el empresario Enrique Ortiz y el Grupo Fuertes (El Pozo) asumieron sus participaciones.

29/1/2019

Traducción: viento sur

https://directa.cat/les-residencies-valencianes-sota-els-efectes-de-la-manca-de-personal/





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