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Andalucía
Necesidad de cambio del modelo productivo
02/02/2019 | E. Cantos

La economía occidental tras la II Guerra Mundial se caracterizaba por un modelo de producción fordista, caracterizado por empresas de gran envergadura, con miles de trabajadores y buenas condiciones laborales (en cuanto a vacaciones y salarios) que permitía la absorción de las mercancías producidas en el mercado y un sector público que ejercía como actor fundamental en la incentivación economía. Tras la caída de dicho modelo en la década de los 70 del siglo XX, debido a la baja tendencial de la tasa de ganancia, se impuso el modelo neoliberal con Reagan y Thatcher a la cabeza. Para mantener las tasas de ganancia, ya no era posible seguir redistribuyendo la riqueza generada por las empresas, bien mediante impuestos o bien mediante salarios. Bajo el dogma del mercado autorregulado, en el cual el estado debe intervenir lo menos posible para que la economía fluya, comenzó un proceso de creación destructiva 1/.

Para seguir obteniendo niveles de beneficios equivalentes a la etapa anterior, era preciso pagar menos impuestos, bajar salarios y eliminar las barreras al comercio internacional. Comenzaban las privatizaciones en masa y las deslocalizaciones. Así, se abonaba el terreno para que las multinacionales tomaran el control de la economía mundial, produciéndose una autonomía de lo económico respecto de lo político. En esta nueva situación, el estado nación dejaba se ser el garante de la paz social.

Desde entonces, la estructura económica ha sufrido una auténtica transformación. Si en 1950 en EE UU los sectores primarios, secundarios y terciarios empleaban un 12%, 41% y 47% de la mano de obra respectivamente, en 1994 pasaban a ser un 3%, 25% y 72% 2/. Se produce un proceso de terciarización de la economía, y con ella, se fragmenta todo el tejido productivo. El comercio y el turismo toman papeles protagonistas. En las pocas grandes fábricas que se mantienen con vida, nace la subcontratación como un fenómeno generalizado para abaratar costes. Se mercantilizan todos y cada uno de los aspectos de la vida en búsqueda de nuevos nichos de mercado.

Se configura un modelo en el que, de acuerdo con la dinámica de acumulación y concentración de capitales que describía Karl Marx en su obra, en cada uno de los sectores productivos principales existen varias multinacionales que son las que dominan los mercados internacionales y por debajo de ellas, a escala nacional, se sitúan las grandes, medianas y sobre todo las pequeñas empresas, que son las que realmente producen las mercancías. En un mercado mundial dominado por las multinacionales, la competencia entre empresas a escala nacional es feroz. No hay margen para el despilfarro que suponen las condiciones laborales dignas.

En el caso de Andalucía, esta terciarización se produce sin que se llegara a producir el cambio de modelo productivo hacia la industrialización de la economía. Si a finales del siglo XIX-principios del siglo XX, la burguesía andaluza eligió el sector agrario frente al industrial como si hizo la catalana o la vasca, a finales del XX, tampoco se cumplieron los anhelos del 4 de diciembre: trabajo, cultura y prosperidad. Además, el crecimiento del sector servicios no ha sido fruto de campos como el I+D+I, sino más bien debido a sectores como el turismo, con las consecuencias que ello tiene para el empleo y la sobrexplotación de nuestras costas y ciudades.

A partir del informe económico de la Junta de Andalucía de 2015, podemos observar en el siguiente gráfico de elaboración propia, el peso en la ocupación de cada uno de los subsectores que componen el sector servicios dentro del total de la economía. Cabe destacar el alto peso que tienen el comercio, el transporte y la hostelería o la administración pública, y el bajo que tiene la industria:

Fuente: elaboración propia a partir del Informe Económico de Andalucía 2015.

Así mismo, en base a un estudio propio sobre las 3000 empresas que más facturaron en 2015 a nivel estatal 3/, podemos observar en el siguiente gráfico cómo los sectores que más riqueza generan son el alimentario, el energético y el transporte. Curiosamente, los sectores asociados a los bienes que consumimos diariamente. Y entre todas las empresas, por encima de las eléctricas y las petroleras, se encuentra Mercadona, con una facturación de 20.831 millones de euros 4/.

Fuente: elaboración propia.

A pesar de estos, en Andalucía, tras casi 40 años de autonomía, seguimos teniendo el problema fundamental de que la transformación y comercialización de los productos agrícolas que producimos se realiza fuera de nuestro territorio y, por tanto, también queda fuera el circuito de valor añadido asociado que es el que permite el desarrollo y la prosperidad.

Lo curioso del asunto a la vista de los datos mencionados, es que no son necesarias grandes genialidades para dejar de ser el cuarto trastero del desarrollo 5/. Si los sectores principales de la economía son los asociados a la alimentación, el transporte y la energía, resulta que Andalucía es productora de excelentes productos agrícolas y ganaderos, y tenemos fuentes de energía renovables en forma de sol, viento y mareas más que de sobra para ser autosuficientes energéticamente. Por tanto, urge llevar a cabo ese ansiado cambio de modelo productivo que desarrolle las energías renovables al tiempo que consiga fijar el circuito de valor añadido en nuestro tejido social. Además, si realmente queremos mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, ese cambio de modelo productivo deberá incluir nuevas formas de organización social y reparto de la riqueza. El modelo liberal ya sabemos que no genera más que precariedad, pero el modelo estatalista y productivista también se ha demostrado fracasado como consecuencia del anquilosamiento y la burocracia, y además tiene un gran impacto ecológico.

En consecuencia, el modelo que según nuestro criterio debería imponerse, es un modelo de economía mixta, en la que la empresa matriz y tractora del sector o sectores en cuestión sean públicos, pero las unidades fundamentales de producción sean comunitarias. Se trataría, por tanto, de extender la economía social más allá de lo marginal, bajo el amparo de lo público.

Comercialización pública. Producción comunitaria

El objetivo es intentar solventar uno de los problemas con los que se encontró el cooperativismo andaluz del siglo XIX para convertirse en una experiencia económica y socialmente alternativa, la dinámica de constitución de cooperativas pequeñas, refractarias y particularistas 6/.

Si analizamos el modelo de Mercadona, primera empresa en el ranking de facturación de forma consecutiva en los últimos años, observamos como gran parte de su éxito ha consistido en hacer dependientes de sí misma a las pequeñas empresas productoras que le suministran. Bajo la seguridad de tener vendida su producción de antemano, las empresas productoras han aceptado (o se han visto obligadas a hacerlo) condiciones de exclusividad cuya consecuencia directa es verse sometidas a la política de precios de Mercadona. Muy lejos de un mercado en competencia perfecta, lo que existe es, de una parte, la empresa monopolística que tiene el control de gran parte del mercado alimentario y la capacidad de fijar los precios impositivamente y, de otra parte, una gran cantidad de empresas suministradoras que se encuentran en una feroz competencia entre ellas y a merced de la empresa tractora, en este caso Mercadona. Este es un modelo profundamente antidemocrático dónde es un único actor el que decide el producto, sus características y su precio.

La forma de conseguir el objetivo del cambio de modelo productivo, en el cuál el circuito de valor añadido tenga lugar en nuestro territorio, no es otro que el de una radicalización democrática, también en la esfera de la producción. Mientras el sistema mundo siga regido por una economía capitalista de mercado, será muy difícil democratizar el consumo, pero al menos, la iniciativa pública como sustituta de la empresa monopolística privada puede permitir avances en la democratización de la esfera productiva. El mercado va a seguir marcando en gran medida el precio de los productos, sobre todo en la esfera internacional, pero en nuestro modelo, la redistribución de la cadena de valor permitiría pagar mayores precios en la escala productiva primaria sin repercutir en el precio de venta final. Es decir, bajo este modelo, dado el valor de venta en el mercado, la institución pública bajo un funcionamiento democrático (y esto es muy importante remarcarlo) podría permitir que las propias unidades comunitarias de producción pudieran decidir democráticamente los precios de venta de sus productos. En esta decisión sobre el precio pagado a la unidad productiva, habrá de tenerse en cuenta que el precio pagado al productor no puede ser el mismo que el de venta en el mercado, puesto que el proceso de comercialización tiene unos costes propios, en función de los cuales, cuanto más se invierta, mayor precio y cantidad se podrá obtener en los mercados nacionales e internacionales. Esta forma de fijar los precios de forma democrática ya se ha demostrado exitosa en cooperativas como Som Energía, en la que anualmente se fija la tarifa de la luz de forma asamblearia.

Por ilustrar la situación actual con datos, en la siguiente gráfica se muestra el estudio de la cadena de valor del tomate realizado por la Junta de Andalucía para la temporada 2009/2010 7/. En él se puede observar el mal reparto del valor que existe actualmente:

Fuente: “La cadena de valor de los productos agroalimentarios”. Conserjería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Por tanto, el medio para conseguir nuestro modelo mixto de economía público-comunitaria es una entidad pública, análoga a la actual empresa monopolística tipo Mercadona, pero con una lógica y unos principios muy distintos. El objetivo no sería obtener el máximo beneficio económico, sino el máximo beneficio social. Así, su función es cuádruple:

1. Fijar la cadena de valor territorialmente

Si bien el peso de la población andaluza es del 18% a nivel estatal, la industria localizada en Andalucía supone aproximadamente un 8% de la española y la participación en el valor añadido es del 13% 8/. Andalucía se ahoga en esta relación de dependencia en la que su papel es el de abastecer de productos primarios que cubren las primeras fases de las cadenas de valor. La necesidad de compensar la balanza es imprescindible si queremos salir del subdesarrollo.

En este sentido, la combinación de comercializadora(s) pública(s) con un modelo de financiación (banca) también público, puede ser una eficaz herramienta para incentivar el tejido de transformación de productos primarios. La clave es que, quienes apuesten por dicha industria de transformación, tendrán la facilidad del crédito y la certeza del retorno de la inversión al tener garantizada la venta a la comercializadora pública. La importancia de la financiación pública reside en que, al ser una herramienta pública, puede apostar por el desarrollo de un modelo de producción social con menos tasas de beneficio económico (aunque si social), que difícilmente sería apoyado por los grandes capitales.

2. Mejorar la comercialización de los productos

En este punto existen algunas contradicciones que hay que tratar de salvar. Hay muchos productos andaluces que se encuentran actualmente infravalorados en el mercado exterior y sobre los que existe un margen amplio de mejora en su precio de venta. No obstante, siguiendo la lógica actual, podemos tener la tentación de continuar la dinámica de una producción intensiva para que la balanza comercial sea lo más positiva posible. Esta dinámica implica productos no saludables, precariedad laboral, agotamiento de los recursos naturales y contribución al cambio climático. Así, mientras en 1990, la frutas, las hortalizas y el olivar suponían un 42,2% del volumen de la producción agrícola en Andalucía, en 2010 ya significaban el 75,8%.

Como alternativa a la dinámica actual, los principios imperantes deberían ser producción agroecológica y de calidad, diversificación de productos y primar el consumo de cercanía. ¿Esto implicaría no exportar? Claramente no, pero sí implicaría acabar con modelos como el del plástico almeriense o el de las macrogranjas. Modelos basados en el agotamiento de recursos naturales, contaminación y explotación de la mano de obra. En un planeta que más tarde o más temprano nos exigirá dejar de crecer, la idea central debería ser exportar menos, pero con más valor: mayor calidad y mayor precio.

Esto implica una labor esencial de promocionar los productos, valorizarlos, ampliar los mercados y poner el acento en los productos autóctonos que no tienen parangón en otras partes del mundo.

Ahora bien, la labor de revalorizar los productos puede tener un efecto a nivel local de subida también de los precios, lo cuál desincentivaría el consumo local, y al contrario de lo que se persigue, podría suponer la importación de productos que se fabrican en nuestra tierra, remando a contracorriente del principio de proximidad. En un sistema en el que la lógica es la del aumento del beneficio, ninguna empresa vendería su producto en el mercado local a un precio inferior del que pudiera conseguir en un mercado exterior. Sin embargo, una comercializadora pública cuya lógica es el beneficio social si puede tener esta doble política de precios: vender fuera a un precio más elevado que nuestra tierra. Nuevamente, esta es la ventaja de la soberanía local frente a la autonomización del mercado.

3. Transformar el modelo social de producción

La comercializadora pública no sólo es un instrumento para fijar la cadena de valor en nuestro territorio y poder tener una política de precios con relativa autonomía respecto del mercado, sino que también permite incidir en el cómo se produce. Quien tiene el monopolio de la comercialización, además del precio, puede establecer otros valores como la calidad del producto o las condiciones en las que se ha producido, para efectuar la compra. Si asumimos la hipótesis de que los precios pagados por la comercializadora pública van a ser superiores a los de las distintas comercializadoras privadas, bajo las actuales leyes de mercado, también sería posible modificar la oferta. Como se dice popularmente: “quien paga manda”.

La política que se podría introducir es la de pagar un precio más elevado (a modo de prima) por aquellos productos que cumplan con las condiciones objetivo. Con el tiempo, ese pagar más podría convertirse en un simple pagar una vez que dichas condiciones objetivo se hayan vuelto mayoritarias. Se buscaría, por tanto, excluir a quienes no cumplan con unos mínimos garantizados. Quien no acepte estas condiciones, siempre tendrá la puerta abierta en el mercado, pero eso sí, sin la protección de la comercializadora pública.

¿Cuáles serían esas condiciones objetivo? Pues bien, este sería quizás el elemento fundamental para ser sometido a discusión. No obstante, en este texto trataremos de hacer una primera aproximación. Cómo mínimo, se deberían definir unos estándares tanto de calidad de los productos (para que todos los productos sean saludables y respeten al medio ambiente) como de las condiciones laborales (más allá de los convenios). Esto implicaría que la producción fuese ecológica. Como horizonte, además de lo anterior, que la producción sea también comunitaria.

Por tanto, nuestra comercializadora pública pagaría más y compraría preferentemente los productos que sigan el modelo de pequeñas unidades de producción autogestionadas, cuya propiedad sea colectiva. Centros de producción democráticos, donde reine la cooperación y la corresponsabilidad en lugar de la competitividad y el ordeno y mando. “Se trata de pasar de la competitividad al cumplir (ser competente); del individualismo a la unión (cooperación); y de la acumulación al reparto (distribución justa)” 9/.

4. Mejora continua

Los discursos neoliberales nos hablan de que hay que privatizar los servicios públicos porque las empresas públicas son muy ineficientes. Sin embargo, este argumento es fácilmente refutable con los datos en la mano: en un Informe de Fiscalización del Sector Público Local (2011), el Tribunal de Cuentas indicaba que estos servicios privatizados tienen un sobrecoste que va del 22% a más del 90%, con enormes encarecimientos que van de una media del 27% en recogida de basuras hasta el 71% en limpieza 10/. Quien haya trabajado en una gran empresa privada, ha podido comprobar de primera mano la cantidad de ineficiencias que también existen.

En lo que coinciden tanto las empresas públicas como las privadas para ahorrar costes es en la subcontratación de servicios. Estas subcontrataciones se realizan muchas veces parcializando el servicio para que accedan a él varias empresas y, en consecuencia, tenga lugar una feroz competencia entre ellas que les obligue a mejorar la calidad y bajar los precios; y además, la empresa matriz no llegue a ser dependiente de una única empresa subcontratista que le pueda terminar imponiendo sus condiciones.

Las grandes empresas salvan sus ineficiencias con su ventaja competitiva de mover una gran cantidad de productos/servicios, y además poder optimizar las inversiones en maquinaria y automatización. No obstante, las pequeñas y medianas subcontratas, más que debido a la falta de ineficiencias, aumentan su productividad debido a sus bajos salarios y su aprovechamiento intensivo de los recursos (materiales y personales). En realidad, ese uso intensivo de los recursos les dificulta invertir parte de estos en la mejora de su proceso productivo, lo cual les impide eliminar las ineficiencias y los desperdicios.

Como decía Marx en El Capital, el salto cualitativo del modo de producción capitalista no reside únicamente en la acumulación de capitales que permite a su vez ampliar el volumen de producción, sino que también reside en la virtuosa cooperación de las fuerzas productivas. En este sentido, la mejora de todo proceso productivo se basa en dos pilares fundamentales: la implicación de quien trabaja e implementar la mejora continua de forma sistemática.

En un modelo de unidades de producción comunitarias, bajo los valores anteriormente indicados, la implicación del personal trabajador se le presupone. Sin embargo, no tiene por qué estar implícita la filosofía de la mejora continua, la filosofía de pensarse cada vez mejores. Y esta forma de pensar es de vital importancia si nuestro objetivo es que el motor social sea la cooperación y no la competición, el cuidarnos en lugar de dejarnos en la estacada para quedarnos con lo que es del otro. El capitalista busca la mejora continua para prevalecer sobre el otro, el comunitarista busca la mejora continua para tener más tiempo libre y poder disfrutar de él.

En relación con lo expuesto, creemos que la comercializadora pública puede jugar un papel esencial en la mejora sistemática de la productividad en términos de ahorro de tiempo y recursos naturales. ¿Cómo puede jugar ese papel? Pues otorgándole la importancia debida a la búsqueda de la mejora continua. Es decir, destinando una cantidad importante de recursos a:

- La formación integral del personal trabajador. La cual debe incluir, además de la formación sobre el proceso en que se ejerce, la necesidad de aprender de los procesos similares existentes y a sistematizar la mejora continua.

- La supervisión y auditorias, tanto internas como de las unidades de producción. Esta labor, además de comprobar que se cumplen las condiciones objetivo que indicábamos anteriormente, permitiría detectar las ineficiencias y cuales son los puntos potenciales de mejora.

- La elaboración de guías de buenas y malas prácticas. Que todo avance, en lugar de quedar oculto para ser más eficiente que la empresa competidora, sea puesto en conocimiento del resto de las unidades productivas para que así todas en su conjunto puedan ser más eficientes.

- La colaboración con la Universidades Públicas en materia de investigación y desarrollo. Las Universidades Públicas cuentan con recursos humanos y materiales que deben ser aprovechados para el bien común y el desarrollo de nuestra sociedad, con el objetivo mejorar la productividad y la calidad de los productos. Así, la comercializadora pública también jugaría un papel destacado en la coordinación e implementación de los avances tecnológicos y productivos.

A mayor escala, mayor capacidad de transformación

En este punto creemos preciso aclarar que lo que pretendemos, más allá del cambio de modelo productivo y salir del subdesarrollo, es lograr una gran transformación social que instaure un modelo social alternativo al actual. No obstante, las medidas que proponemos no las podemos catalogar de medidas revolucionarias, en tanto que no rompen con la lógica capitalista de fondo. Es una medida que está inserta en la lógica del mercado, con la salvedad de que se busca aprovechar la ventaja comparativa que otorga la unión y la cooperación, combinando las instituciones públicas con las instituciones comunitarias. Sin embargo, sí que la podríamos catalogar de medida transitoria, en tanto en cuanto permite transitar de un modelo social a otro alternativo.

Asumiendo que la transformación hacia una lógica distinta a la capitalista implica un conflicto frontal con los poderes establecidos, la comercializadora pública como aquí la entendemos, podría permitir un desarrollo social y productivo concreto que, por un lado arranque poder en la esfera económica, y por otro, pueda generar nuevas instituciones sociales, con unos valores de cooperación, responsabilidad y redistribución, que sean el germen de una lógica de funcionamiento no guiada por la lógica de la acumulación y el máximo beneficio. Es decir, unas instituciones sociales que, con su práctica cotidiana, vayan ganando terreno al modelo de sociedad hegemónico.

El espacio político para el que está pensada esta medida transitoria es el de la comunidad autónoma, pues está pensada desde un marco epistemológico andaluz. No obstante, puesto que su aplicación implicaría un gobierno andaluz que propugnara un modelo de sociedad alternativo, y esa no es la situación actual, creemos que también es una medida que pudiera experimentarse a escala municipal. Evidentemente, una comercializadora de escala municipal tiene mucha menos capacidad para poder competir con grandes distribuidoras que una de escala andaluza (que también los tiene). Sin embargo, mientras la situación no cambie, el agravio de escala podría salvarse, al menos parcialmente, mediante la federación con otros municipios cuyos gobiernos promocionen los mismos valores. También es cierto, que a escala municipal puede ser más sencillo incidir en la esfera de consumo, así como en una mejor gestión de la esfera productiva desarrollando producciones endógenas de cada comarca.

Ahora bien, si de verdad queremos aspirar a cambiar el modelo social, nunca bastará con lo municipal o lo autonómico. Las aspiraciones deben ser tan altas como la escala a la que se reproduce el sistema capitalista. La escala municipal o autonómica debe ser el comienzo, las primeras experiencias que permitan introducir otras lógicas. Pero en cuanto se den las condiciones para ello, se deberá aspirar a la escala estatal y también a la internacional, sin que necesariamente tenga que ser una escala previa a la otra. Precisamente, el municipalismo puede permitir la asociación con otros municipios a escala internacional sin que tengan que mediar necesariamente los estados. Y en este proceso de asociación, cuanto más se amplie la escala, mayor será la capacidad de la(s) comercializadora(s) pública(s) de hacer frente a las multinacionales y, por tanto, mayor podrá ser su onda expansiva y las lógicas que de ella se desprendan, sin perder de vista, que también será más contradictorio su desarrollo.

Como decía Salvador Allende, “La historia es nuestra y la hacen los pueblos”. Tomemos las riendas de nuestro destino. Cooperando, trabajando en común, construyendo en el día a día otras prácticas más horizontales y menos binarias, seremos capaces de alcanzar la sociedad que tanto anhelamos.

29/01/2019

E. Cantos, es ingeniero aeronaútico.

Notas:

1/ “El neoliberalismo como destrucción creativa”. David Harvey

2/ “La economía de Estados Unidos a través de los años”. Lorena Niniom

3/ datos de https://ranking-empresas.eleconomista.es/

4/ https://Info.mercadona.es

5/ “Introducción a la economía andaluza”. Manuel Delgado Cabezas.

6/ “Introducción histórica al cooperativismo y la economía social en Andalucía”. Óscar García Jurado.

7/ “La cadena de valor de los productos agroalimentarios”. Conserjería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

8/ “Introducción a la economía andaluza”. Manuel Delgado Cabezas.

9/ “La Economía social transformadora y Andaluza”. Oscar García Jurado.

10/ “El rescate de los servicios públicos municipales”. Autonomía Sur.





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