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Nafarroa contra la impunidad represiva dirigida por el ministro de Interior Martin Villa
Querrella por los sucesos de julio de 1978
22/01/2019 | Amaia Kowasch Velasco, Antonio Salinas García y Ramón Contreras López

Desde el primer minuto tras los sucesos de Sanfermines de 1978, tanto la Comisión Investigadora de la ciudad de Iruñea, como la de las Peñas y los familiares de Germán Rodríguez Saiz, intentaron recabar las innegables y numerosas responsabilidades que se desprendían de aquella agresión contra la ciudad en los tribunales de justicia.

Todos los sumarios abiertos por los sucesos de Sanfermines de 1978 fueron sobreseídos por los Juzgados y por la Audiencia Provincial de Pamplona, sin que fuese procesado siquiera un policía. Y ello a pesar de la evidencia de que aquello no fue algo casual, sino premeditado, y que su autoría correspondía directamente a la policía, a sus mandos y al Gobierno de UCD con Martín Villa como ministro de Interior.

No obstante la fuerza y movilización popular demostradas, ninguna responsabilidad penal, política o civil se ha producido. Ni a la ciudad, ni a ninguna persona agredida se le ha reconocido verdad, ni se le ha hecho justicia, ni practicada ninguna reparación. Los sucesivos gobiernos del Estado han boicoteado las investigaciones y la Justicia ha mirado en todo momento hacia otro lado. La impunidad ha sido total. Pero el recuerdo de aquellos días nunca se ha apagado para una parte importante de la sociedad navarra, que año tras año se ha movilizado contra el olvido y la impunidad.

Cuarenta años después, el Ayuntamiento de Iruñea, a propuesta de la Iniciativa Popular Sanfermines 78 gogoan!, puso en pie una comisión de juristas e historiadores expertas en defensa de derechos humanos, para que emitiese un informe técnico sobre aquellos sucesos. En sus conclusiones, entregadas en mayo de 2018, se dice, entre otras cosas, lo siguiente:

Parece claro que existió un plan premeditado para ejercer una represión importante por parte de las Fuerzas de Orden Público durante las fiestas de San Fermín de 1978, como una especie de escarmiento contra una población navarra que se consideraba un peligroso referente en cuanto a lucha obrera y popular.

Los hechos analizados en cuanto actuación premeditada contra una mayoría de la población por motivos políticos encajarían perfectamente dentro del concepto de delitos de lesa humanidad, con independencia de otras calificaciones concretas (asesinato, daños, lesiones…) que pudiera merecer cada uno de los hechos.

Por todas estas razones, consideramos fundamental el solicitar la reapertura de los sumarios. Habría que pedir la unión de todos ellos en un único sumario y que se realicen todas las pruebas que, en su día, se admitieron y luego no se realizaron, como la remisión del informe del Ministerio del Interior sobre los hechos, todas las actas y anexos de las reuniones de la Junta de Orden Público, etc. También la realización de las pruebas en su día denegadas, la identificación de todos los mandos y fuerzas intervinientes, así como su toma de declaración, etc., etc., más todas las que se fueran derivando de las que se vayan realizando. Una vez realizadas estas investigaciones sería el momento de solicitar las actuaciones pertinentes contra las personas responsables.

Creemos que una forma de hacerlo podría ser la presentación de una querella, en la que se podría razonar detalladamente las razones por las que se solicita y la oportunidad de hacerlo en este momento”.

Pues bien, en consonancia con el contenido de este informe técnico, y retomando lo que ya se hizo en 1978, diversas personas afectadas directamente por aquella brutal agresión policial junto con la Iniciativa Popular Sanfermines 78 gogoan!, han presentado, el día 22 de enero de 2019, una querella ante los Juzgados de Iruñea.

Memoria, Justicia, Verdad, Reparación y Garantías de no repetición, no son conceptos aislados, los cinco se retroalimentan; no se puede elegir solamente alguno de ellos, el Estado tiene la obligación de cumplir con todos ellos. No podemos quedarnos en la Verdad olvidándonos de la Justicia. Y esta querella es la forma de poner sobre el tapete la obligación jurídica incumplida por el poder judicial durante estos largos cuarenta años.

Esta querella se interpone además abierta a la participación de toda la ciudadanía de Iruñea. Por ello caben adhesiones a la misma por parte de cualquier persona, entidades públicas, colectivos sociales y culturales, que se sientan objeto de aquella agresión o que quieran acabar con la impunidad.

Habrá quien objete que acudir a los tribunales para pedir justicia por estos hechos es una pérdida de tiempo. Y puede que no le falte razón a tenor de la respuesta dada recientemente por la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ante la petición de dos personas afectadas directamente por los sucesos de julio de 1978, para acceder y obtener copias de los sumarios abiertos en su día. Sorpresivamente, dicha Secretaría les niega su condición de “victimas” (uno aún tiene la bala disparada por la policía dentro de su cuerpo y el otro es hermano de la persona asesinada), considerándolas simplemente “interesados”, negándoles el acceso a los sumarios porque contienen datos de carácter personal de aquellos que, de una u otra forma, intervinieron en los hechos. ¡Increíble, pero cierto!

Según el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación, en su visita en septiembre de 2018, negar a las víctimas el acceso a la información constituye en sí mismo un delito que contraviene toda la normativa internacional, incorporada al ordenamiento jurídico del Estado español.

Pero todo esto no va a paralizar nuestra lucha por la Verdad, Justicia y Reparación. Además de en el terreno judicial, esta querella la planteamos también en el social, para crear conciencia y movilización contra la impunidad. No vamos a cejar en nuestra interpelación a todos los estamentos del sistema, para que, de alguna u otra forma, se sientan en la obligación de pronunciarse.

Para acabar, otra reflexión que nos dejó el relator especial de Naciones Unidas: No falta derecho, lo que brilla por su ausencia es voluntad política de quienes ejercen las distintas funciones de Estado para cumplir con sus obligaciones. Entonces ¿para qué están?

*Amaia Kowasch Velasco, Antonio Salinas García y Ramón Contreras López son componentes de la Iniciativa Popular Sanfemines78: gogoan! Herri Ekimena





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