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China
El “sistema de crédito social” y el control ideológico de la población
11/01/2019 | Séverine Arsène

Anunciado en 2014, el sistema de crédito social es un proyecto del gobierno chino que está previsto implementar en 2020. Consiste en otorgar a las personas –incluidos los funcionarios– y a las empresas una nota que refleje la confianza que se merecen. La idea es recolectar cientos de datos sobre cada persona y cada empresa, desde su capacidad para cumplir sus compromisos comerciales hasta su comportamiento en las redes sociales, pasando por el respeto del código de circulación.

De este modo se genera un marcador a partir del cual se atribuyen o retiran determinados derechos, como el de dirigir una empresa, trabajar en la industria alimentaria o química o incurrir en gastos suntuarios, como viajar en primera clase o inscribir al hijo en una escuela privada. “Si la confianza se quiebra en un ámbito se impondrán restricciones en todos”, resume el gobierno.

Si bien revela poca cosa sobre los medios concretos, el documento preparatorio de 2014 se lee de hecho como un inventario de los problemas de China, clasificados en tres categorías: “la sinceridad en los asuntos gubernamentales”, “la sinceridad en el comercio” y “la sinceridad social”. La lista de ámbitos de aplicación recuerda implícitamente todos los escándalos que han acompasado la actualidad china estos últimos años: seguridad alimentaria, salud, estafas en el comercio electrónico, conflictos asociados al trabajo y, en filigrana, el inmenso problema de la corrupción, que impide abordar con decisión estas cuestiones.

El paternalismo al poder

La implementación de un sistema de este tipo plantea enormes problemas prácticos. Las fuentes de datos son múltiples y se presentan en formatos diferentes, que hay que convertir en interoperables. La calidad de los datos también supone un reto importante, que encierra riesgos de error y de manipulación. De momento, la puesta en marcha parece llevarse a cabo de manera sectorial por un lado, recogiendo, por ejemplo, los datos de los tribunales, y local por otro, con proyectos piloto a escala de los municipios. El propósito es establecer normas de recolección, almacenamiento y difusión de las informaciones entre administraciones y entre ayuntamientos, provincias y el Estado, pero hoy por hoy se trata de bases de datos bastante dispares, no de una base única.

El proyecto consiste asimismo en disponer de datos procedentes de empresas privadas. Si un contrato de colaboración con ocho grandes empresas de comercio electrónico, como Sesame Credit (Alibaba) o Tencent Credit, ha quedado aparcado por diversas razones, que tienen que ver con la protección de datos personales y con el temor a que haya conflictos de intereses, diez empresas de bicicletas compartidas ya han firmado un acuerdo. Este acceso a los datos de empresas privadas es sin duda uno de los aspectos cruciales del proyecto, pues estas disponen de indicadores muchos más precisos sobre el comportamiento de los individuos que cualquier administración: horas de conexión, compras, contenido de las conversaciones, etc.

Se trata por tanto de un instrumento muy potente cuando todos los internautas chinos pasan por la aplicación móvil WeChat para gestionar la totalidad de su vida cotidiana. Sin embargo, esta fuente de información solo abarca a la mitad de la población china, la que tiene acceso a Internet, lo que indica que el dispositivo cubre a la ciudadanía de manera muy desigual.

El sistema de crédito social es sin duda un instrumento perfecto para el control de los oponentes, y los apartados del documento de 2014 relativos a la cultura o la educación contienen indicaciones en este sentido. El uso del reconocimiento facial, combinado con la omnipresencia de las cámaras de vigilancia, anuncia asimismo un potencial de control bastante temible. Sin embargo, más en general el objetivo central consiste en establecer un nivel de confianza en el seno de la sociedad que libere el desarrollo de los intercambios económicos.

La falta de confianza en la sociedad china es real e inherente al régimen autoritario, que tiende a dividir para reinar. Apoyándose en la tecnología digital y el sector privado, el sistema de crédito social pretende responder asimismo al segundo problema propio del régimen, el de la sinceridad de las informaciones de que dispone el gobierno central a través de las diferentes administraciones, lo que revela su dificultad para controlar lo que ocurre sobre el terreno.

Dispositivos de influencia blanda

Más allá de las inquietudes que puede generar por sí misma la colecta informatizada y centralizada de datos, este proyecto constituye sobre todo un nuevo paso hacia un modo de gobierno tecnocrático y paternalista, basado en un dispositivo de vigilancia y en incitaciones y obligaciones destinadas a orientar en tiempo real el comportamiento de los individuos. Este sistema recuerda el dang’an, el expediente individual que mantenía cada unidad de trabajo durante el periodo maoísta, con la diferencia fundamental de que pretende mostrarse tanto al individuo como a la empresa, a sus amigos y sus contactos profesionales.

En las webs municipales figuran listas negras de individuos “perseguidos por quebrar la confianza” (esto es ahora una categoría administrativa). De una manera más lúdica, la aplicación Honest Shanghai permite consultar el marcador propio y compartirlo en las redes sociales. En este caso, el marcador es, como los logros deportivos o los check-in en los lugares de moda, un atributo del individuo conectado y cuantificado propio de la era de las redes sociales.

A través del sistema de crédito social, el gobierno chino explota hábilmente lo que nos han enseñado las redes sociales, de Facebook a Weibo, sobre la tendencia natural de las personas a revelar voluntariamente sus datos personales y a someterse a normas que no han elegido, a cambio de servicios que les facilitan la vida y les aportan diversas formas de reconocimiento social. Los gobiernos occidentales también están tentados de accionar esta palanca y se preguntan por los nudges y otros dispositivos de influencia blanda sobre las poblaciones, que tienen la propiedad de escamotear la dificultad, y a veces la violencia, de las opciones políticas (pensemos en la omnipresencia de las clasificaciones).

Sin embargo, el caso chino nos recuerda los enormes problemas democráticos que esto plantea. Estos no solo se refieren a la colecta abusiva de datos personales, a los posibles recursos o a la proporcionalidad de los castigos con respecto a las faltas, sino también a la definición y la legitimidad de las normas de comportamiento aceptables. ¿Cómo elige el Estado-partido los criterios que definen el crédito social? Estos criterios, cuando sancionan la capacidad para reembolsar las deudas o respetar la moral, por ejemplo, ¿acaso no discriminan a los pobres y las minorías?

Por otro lado, este sistema podrá dar pie a nuevas formas de corrupción para manipular los marcadores, y de este modo agravar, más que resolver, el problema de partida. En nuestras democracias, esto nos recuerda, si falta hace, la importancia de la transparencia, de un debate pluralista sobre las opciones políticas y de contrapoderes para resolver los problemas de una sociedad.

25/10/2017

Séverine Arsène es politóloga, sinóloga y editora en el Asia Global Institute de la Universidad de Hong Kong.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/25/le-gouvernement-chinois-exploite-habilement-ce-que-nous-ont-appris-les-reseaux-sociaux_5205452_3232.html

Traducción: viento sur





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