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Constitución española
Cuarenta años ya es suficiente
11/12/2018 | Laura Lucía Pérez Ruano

Este año se celebra el cuarenta aniversario de la Constitución Española que, bajo una apariencia democrática, fruto del constitucionalismo liberal, consolida el capitalismo postfranquista y blinda lo que será conocido como el Régimen del 78.

Hay que decirlo claro. La actual Norma normarum, no sirve para resolver la crisis económica, social, democrática y territorial que vivimos, ni salvaguarda un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.

La máxima de que “todos los poderes emanan del pueblo” es una entelequia. Empezando por la propia monarquía parlamentaria como forma política del Estado, en la que el Jefe de Estado es también Jefe de las Fuerzas Armadas, las cuales tienen por misión “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

De esta manera, el pueblo ve usurpado su principal cometido: la defensa de su propia soberanía. ¿Quién nos defiende de la arbitrariedad del poder? ¿Dónde quedaría aquel artículo 2 de la Declaración de 1789 que reconocía el derecho y el deber de resistencia a la opresión?

La Constitución, una trampa en sí misma

Estamos ante una Constitución que constituye una trampa en sí misma; porque, pese a no haber sido votada por el 70% del censo actual, su carácter rígido hace que cualquier revisión total devenga imposible por los propios cauces constitucionales que la misma establece.

Según su art.1 “España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.” ¿Pero de qué libertad estamos hablando si no se garantizan las condiciones materiales necesarias para desarrollarnos como personas? ¿Tener las necesidades básicas cubiertas no es, acaso, una premisa inexcusable para garantizar el principio de dignidad, a la luz del cual han de interpretarse los restantes derechos fundamentales y libertades públicas?

Si el Estado Social y el nivel democrático de un país se miden en función de cómo los poderes públicos garantizan estos derechos, aquel resulta incompatible con el art. 135 de la Constitución que antepone el pago de la deuda, en gran medida ilegitima, a las restantes necesidades sociales.

Ante la crisis, en lugar de promover una salida social a la misma, mediante la aplicación del art. 128, según el cual “toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad estará subordinada al interés general” o el art. 131, que prevé la posibilidad de que el Estado, mediante ley, planifique “la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas,(…) estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”, se ha optado por un desarrollo de los derechos fundamentales cada vez más restrictivo, hasta vaciarlos de contenido.

Lejos de valerse del citado articulado para intervenir la economía y con ello reforzar el Estado Social en cumplimiento del pacto constitucional, por el que los poderes públicos han de ser garantes de los derechos y libertades de la ciudadanía, se ha producido la institucionalización del derecho de cobro de las entidades financieras. De una banca, que tras ser rescatada con dinero público, sigue desahuciando ante la pasividad de unos poderes públicos que, en lugar de legislar en aras de la función social de la propiedad (art 33), no reconocen al derecho a la vivienda el rango de derecho fundamental exigible frente al Estado; derecho, que sí otorgan, de facto y fraudulentamente, a los poderes económicos para preservar sus intereses.

Un verdadero “golpe de estado financiero” blindado en la Constitución por el art. 135, mientras que derechos como la salud, disfrutar de un medio ambiente adecuado, el acceso a la cultura, el trabajo, la vivienda o un régimen público de Seguridad Social que garantice la suficiencia económica de las pensiones, o la prestación por desempleo, al no estar consagrados como “derechos fundamentales y libertades públicas”, no gozan de las mismas garantías.

Los derechos sociales negados en la práctica

A diferencia de los derechos fundamentales, respecto de los derechos sociales regulados bajo el epígrafe de los “derechos y deberes de los ciudadanos” y “los principios rectores de la política social y económica”, la constitución se limita a decir que “informarán la legislación positiva y la actuación de los poderes públicos” sin que puedan reivindicarse ante el Estado, en tanto que así no se establezca en sus leyes de desarrollo.

La distinción es importante porque mientras los derechos fundamentales gozan de especial protección en el ordenamiento jurídico, son susceptibles de ser reivindicados frente al Estado, se regulan por Ley Orgánica que, en todo caso, deberá respetar su contenido esencial y, en caso de vulneración, son exigibles ante los tribunales mediante un procedimiento preferente y sumario; no sucede lo mismo con los denominados derechos sociales, que, sin embargo, son una condición necesaria para el libre ejercicio de los restantes derechos.

¿Y cuáles son esos derechos fundamentales y libertades públicas qué sí estarían garantizados? Son los previstos en la secc. 1 del Cap. 2 del Tít. I, donde se integran- sucintamente citados-:

El derecho a la vida, a la integridad física y moral, y a no sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15), no comprende el derecho a una sanidad pública universal, a un trabajo digno o a una vivienda; como si las políticas económicas de precariedad laboral, los desahucios sin alternativa habitacional o la ausencia de corresponsabilidad pública de los trabajos reproductivos de los cuidados, que recaen fundamentalmente sobre las mujeres, no conllevaran un “trato degradante” y generador de desigualdades.

La libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16), se ve desvirtuada por la ausencia de unos medios de comunicación que garanticen el pluralismo político, esenciales para la conformación de una opinión pública libre en una democracia; o los Acuerdos con la Santa Sede, que atribuyen a la jerarquía católica una posición de privilegio contraria a la aconfesionalidad del Estado, cuyo poder hegemónico se extiende a la educación y a su entramado mediático y asociativo.

El derecho a no ser privado de libertad (art.17), conculcado con el abuso de la prisión preventiva, como en el caso de los jóvenes de Altsasu que llevan más de dos años en espera de sentencia firme. ¿Cómo se ha respetado en este caso su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 18), tras publicarse en diversos medios estatales su identidad y rostro, acusados de terrorismo?

¿El derecho a la libertad de residencia y circulación por territorio español (art. 19), lo es sólo para huir del país, al exilio al que se han visto abocados los representantes de la sociedad civil y el Govern de Catalunya por defender el derecho de autodeterminación y poner urnas; o el caso Valtonyc, acusado de injurias al rey en un rap?

La libertad de expresión, de creación artística y científica, la libertad de cátedra, la libertad de información, así como el derecho a recibir una información veraz (art. 20) se reconocen siempre y cuando no se cuestionen los intereses de los grandes poderes. Ofender al rey, a la patria o los sentimientos religiosos son motivo de persecución en esta frágil democracia pero no así el atentado a nuestra inteligencia que supone la celebración de ciertas fiestas religiosas o el constante bombardeo derivado de la manipulación mediática.

En tiempos de crisis, ante la extensión de redes solidarias de autodefensa, la Ley Mordaza vino a criminalizar la protesta, dejando el derecho de reunión pacífica y sin armas (art. 21) en meras “procesiones” para cuyo ejercicio, las autoridades correspondientes, de forma abusiva, asimilan la previa comunicación con una supuesta “autorización”, cuando la Constitución señala expresamente que ésta no será requerida.

El derecho de Asociación (art. 22) considera ilegales aquellas que persigan “fines o utilicen medios tipificados como delito” y prohíbe las secretas o de carácter paramilitar. Sin embargo, lejos de impedir su actividad por su carácter fascista, se han concedido fondos públicos a Fundaciones como Francisco Franco, al tiempo que los mismos que consienten semejante anomalía democrática, exigen públicamente la ilegalización de aquellos partidos que reclaman cambios constitucionales por vías democráticas.

El derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (art. 23), es a lo que prácticamente se reduce nuestra participación política en las instituciones, salvo contadas excepciones, a las que luego haré referencia.

El derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y la presunción de inocencia (art. 24), que, sin ánimo de generalizar, queda en entredicho con una justicia patriarcal y por la falta de mecanismos que velen por una verdadera separación de poderes que impidan la sumisión del poder judicial, no sólo respecto del poder político sino también del poder económico.

El derecho a no ser condenado ni sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, el llamado principio de legalidad (art. 25), que ha brillado por su ausencia en las acusaciones por rebelión que pende sobre los líderes catalanes. ¿Cómo se conjuga, además, la reinserción social de las penas que también establece este artículo, con la prisión permanente revisable o con que, una vez desaparecida ETA, el Estado mantenga la dolorosa situación de dispersión de unas políticas penitenciarias de excepción?

El derecho a la educación y la libertad de enseñanza (art. 27) si bien “tiene por objeto el libre desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, se ha convertido en una herramienta más de control ideológico, con leyes como la LOMCE, impuesta sin la participación de la comunidad educativa, o primando el derecho de los padres y madres a elegir el adoctrinamiento religioso de sus hijas e hijos, por encima de los derechos de las personas menores a recibir una formación científica y laica que fomente su espíritu crítico.

Más allá del reconocimiento constitucional de la libertad sindical y derecho de Huelga (art. 28) no sorprende, que sea precisamente esta herramienta de presión de la clase trabajadora frente a la patronal, el único derecho fundamental que no ha sido objeto de desarrollo, para su regulación normativa mediante un Real Decreto-Ley del año 77, preconstitucional, interpretado por la Sentencia del Tribunal Constitucional en el 81.

Ello explicaría, que la huelga feminista del 8 de marzo, según dicha normativa, fuera considerada ilegal, que se impongan servicios mínimos abusivos o que a las empresas, les salga más barato abonar las sanciones correspondientes por sustitución de huelguistas, que respetar el ejercicio de un derecho fundamental que ataca directamente al corazón del poder económico.

Por último, el derecho de petición (art. 29) ante cualquier Administración Pública, como cauce para la defensa, individual o colectiva, de intereses legítimos, si bien representa una vía de participación ciudadana en las tareas públicas, su carácter supletorio, unido a su escaso desarrollo normativo, lo han convertido en un derecho previsto como fundamental pero, en la práctica, tan desconocido como inoperante.

Estos derechos fundamentales y libertades públicas, pese a vincular a todos los poderes públicos, no son precisamente los reivindicados por quienes se autoproclaman como “constitucionalistas”. Para éstos, bastaría con que la Constitución dispusiera de tan sólo dos artículos: De una parte, el 135 para reforzar la economía de mercado (art. 38) que invalida la materialización de los “principios rectores de la política social y económica” y convierte los derechos sociales en papel mojado. Por otra parte el 155, como vía para asegurar “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, defendida por el Ejército encabezado por un monarca inviolable. Inviolabilidad que, en el caso del Rey emérito, sería más que cuestionable, en tanto que jamás juró defender la Constitución ante las Cortes (art. 61) y como tal, no debería poder acogerse a una prerrogativa prevista en una Carta Magna que no acata.

Revisar la Constitución, una condición imposible

En cualquier caso, para modificar el Tit. II “de la Corona”, extender la consideración de derecho fundamental a los derechos sociales o llevar a cabo la revisión total de la Constitución para incluir derechos como el de autodeterminación, el cauce previsto para ello en el art. 168 lo convierte en una condición imposible. Según el mismo, se requeriría la aprobación de la modificación por 2/3 de cada cámara, disolución de las Cortes, convocatoria de nuevas elecciones, ratificación de la modificación y aprobación del nuevo texto por las mismas mayorías de ambas cámaras con posterior referéndum ciudadano.

Con el actual sistema de elección que distorsiona los resultados, primando a los dos grandes partidos, ¿cómo podrían alcanzarse los 274 escaños de 350 del Congreso y los 178 de 266 en el Senado, que serían necesarios para plantear cualquier demanda social no contemplada el actual marco jurídico establecido?

¿Por qué no fue éste el procedimiento empleado para reformar el art. 135 de la CE, por su afección directa a los derechos fundamentales, y en cambio, para ello bastó el acuerdo entre PSOE y PP, 3/5 partes de las Cámaras, previsto para el proceso ordinario del art. 167?

En definitiva, esta Constitución, pese a proclamar el Estado Social, blinda la imposibilidad de incorporar los derechos sociales dentro de la Secc. I del Cap.II del Tit.I relativo a los derechos fundamentales, y que como tal, sean exigibles frente al Estado con todas las garantías.

Pero cómo afirmar, asimismo que exista un Estado Democrático, si, del mismo modo, se impide constitucionalmente la posibilidad de cuestionar tan retorcido mecanismo para reformularlo.

Participación política reducida a votar cada cuatro años

El Estado Democrático parece quedar reducido a votar una vez cada cuatro años bajo un sistema electoral que penaliza las minorías, sin que sea representativo del pluralismo político del que son expresión los partidos políticos y que, según el art. 6 son el cauce para “la formación y manifestación de la voluntad popular, instrumento fundamental para la participación política.”

Sin embargo, ¿de qué mecanismos se dispone para evitar que sus aparatos sean fagotizados por el poder económico, sus direcciones se alejen de la voluntad de sus bases, se garantice una democracia interna radical o cualquier cargo orgánico como público, sea revocado en caso de incumplimiento del programa con el que una determinada sigla concurre a las elecciones?

Siendo éstos los mecanismos de participación en esta monarquía parlamentaria, las vías de participación directa no son precisamente halagüeñas.

No existe la obligación, no ya de su aprobación sino de su mero debate por el poder legislativo de las iniciativas legislativas populares, tras requerir 500.000 firmas ante notario para su tramitación en el Congreso, el 5% del censo de tratarse de una ley autonómica. A lo que habría que añadir, que éstas quedan expresamente vetadas en las materias reguladas por Ley Orgánica, las de carácter internacional, la prerrogativa de gracia o las leyes tributarias. No vaya a ser que queramos legislar sobre política internacional, prohibir nuestra participación en guerras imperialistas o promover una legislación tributaria redistributiva de la riqueza conforme a criterios de equidad…

Además del derecho de petición al que ya he hecho referencia, otra de las formas de participación ciudadana en los asuntos políticos sería el referéndum regulado en el art. 92 para “las decisiones políticas de especial trascendencia”, que en todo caso es el Rey quien los convoca, a propuesta del Presidente, previa autorización del Congreso. No sólo no se prevén constitucionalmente los supuestos en los que su convocatoria debería ser preceptiva, sino que su resultado nunca será vinculante, sino meramente consultivo; eso sí, siempre dentro del marco que la Constitución establece.

Lo que conlleva que el referéndum de Catalunya haya sido declarado inconstitucional, como también lo sería un referéndum sobre la República, el impago de la deuda ilegítima u otorgar el rango de derecho fundamental a los derechos sociales.

El muro de una constitución que carece de mecanismos de contrapoder ciudadano es el mismo en todos los casos y de ahí la necesidad de unificar todas las luchas para derribarlo.

¿Estado de Derecho?

Sin un pleno Estado Social ni Estado Democrático, el Estado de Derecho queda viciado, más si cabe, cuando se analiza la ausencia de separación y control entre los distintos poderes.

Con un poder legislativo cuya potestad de fiscalización del gobierno es limitada y donde sus iniciativas parlamentarias no son de obligado cumplimiento; bien porque las proposiciones legislativas no son vinculantes, o bien porque las propias leyes, o no se dotan de partidas económicas que garanticen su implementación, o son leyes imperfectas que carecen de consecuencias sancionadoras en caso de incumplimiento.

El proyecto de presupuestos generales, sea del Estado como de las Comunidades Autónomas, determina tanto la materialización real de las leyes aprobadas, como de la línea política; y aun correspondiendo al parlamento su aprobación, tanto la presentación como su posterior ejecución dependerá en última instancia del poder ejecutivo. Sin obviar la pesada losa que representa la deuda y cuyo pago por encima de todo exige la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, mermando con ello la vía hacia otro modelo productivo, económico y social pero sobre todo, evidenciando el sometimiento del poder democrático a los poderes económicos.

Si nadie dudaba ya de los vínculos entre el poder político y el económico, la forma de elección de los máximos órganos del poder judicial también pone de manifiesto la falta de autonomía de éste sobre aquéllos. Lo vimos con las indisimuladas negociaciones entre PP y PSOE para escoger al presidente del Consejo General del Poder Judicial, cuando según la ley orgánica que lo regula, ha de ser el pleno de dicho órgano el encargado de elegir a su presidente o presidenta, quien a su vez ostentará la presidencia del Tribunal Supremo.

El consejo rector del poder judicial que, a su vez propondrá a los presidentes de las Audiencias Provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, se compone de 20 vocales de los cuales, 12 son elegidos entre jueces y magistrados propuestos por las asociaciones judiciales que ha de votar el Parlamento, como si elegir los otros 4 por el Congreso y otros 4 por el Senado por mayoría de 3/5, no fuera ya suficiente en ese reparto de cuotas y de favores.

Por su parte, el Ministerio Fiscal, encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de la ciudadanía y el interés público, en lugar de regirse por el principio de independencia, actúa sujeto al principio de jerarquía, por lo que sus miembros han de seguir las directrices de una Fiscalía General del Estado que es directamente elegida por el gobierno.

En cambio, el caso más flagrante es el del Tribunal Constitucional (TC), responsable de velar por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico, de cuyos 12 miembros, 4 son elegidos a propuesta del Congreso y 4 por el Senado por mayoría de 3/5, otros 2 por el Consejo General del Poder Judicial y 2 por el Gobierno. Ello lo convierte en un órgano fácilmente instrumentalizable, como vimos con el Estatut de Catalunya que tras superar todos los trámites de aprobación por el Parlament, referéndum ciudadano, el Congreso y el Senado, el TC actuó como brazo político del PP, impugnando judicialmente lo que por cauces democráticos no habían podido impedir. Doce miembros impusieron su criterio por encima de la soberanía popular representada en los distintos estamentos legislativos. Injerencia que es reiterada y que suspende la aplicabilidad de las leyes autonómicas sine die, incumpliendo los plazos que su propia legislación establece.

Precisamente quienes invocan el “escrupuloso respeto de la separación de poderes” recurren a estos subterfugios constitucionales que impiden la existencia de un verdadero Estado social y Democrático de Derecho y una democracia plena.

Procesos constituyentes para decidirlo todo

Por todo ello, puesto que la soberanía reside en el pueblo, el poder constituyente es el derecho y la capacidad que éste dispone para darse una organización jurídico política, asumiendo esta decisión en cualquier momento; y habrán de ser los poderes constituidos, los que nacen de esa voluntad suprema del poder constituyente, los que tengan el deber de acatar ese mandato y no al revés.

En este sentido, el art. 10 de la Constitución señala que, “el principio de dignidad de las personas, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son el fundamento del orden político y de la paz social.” De lo que a sensu contrario se desprende que, si los poderes públicos no cumplen su parte del pacto constitucional por el que han de asegurar las necesidades básicas de las personas que permitan unas condiciones materiales de vida digna, la ciudadanía no tiene por qué acatar unas leyes injustas, contrarias a los intereses de la mayoría. No hay paz social que se mantenga bajo un poder tiránico.

Si el marco constitucional está viciado y si éste no es modificable por los propios cauces previstos legalmente, es perfectamente legítima la reivindicación de nuevos procesos constituyentes, desde abajo, que desemboquen en una nueva constitución que recoja los anhelos republicanos, feministas y sociales, reconociendo el derecho de los pueblos a determinar su futuro y decidir de qué manera desean organizarse, poniendo en el centro de las políticas la sostenibilidad de la vida y del medio ambiente.

40 años ya es suficiente.

“El poder constituyente de un día no puede condicionar el poder constituyente del mañana” Thomas Jefersson, 1776

10/12/2018

Laura Lucía Pérez Ruano, es parlamentaria foral de ORAIN BAI-AHORA SÍ, abogada y profesora de secundaria





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