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Italia
Sobre el decreto Seguridad e inmigración
04/12/2018 | Pietro Basso

El pasado 27 de noviembre, el decreto-ley Salvini titulado "Seguridad e inmigración" ha entrado en vigor. Su título es engañoso, primero porque no trata solo de las personas inmigrantes. Esto se deduce claramente de sus disposiciones que pueden ser resumidas como sigue 1/:

1. Suprime los permisos de estancia por razones humanitarias. Este permiso, que podía durar de 6 meses a 2 años, protegía a las personas que habían huido de los países sacudidos por guerras, catástrofes naturales o persecuciones políticas. La decisión de abolirlos es particularmente despiadada hacia las mujeres inmigradas y las personas demandantes de asilo que, para llegar a Italia hoy, sufren a menudo situaciones extremadamente violentas. En lugar de un permiso así, se introducen permisos para casos especiales, tan excepcionales que pueden ser contados con los dedos de una mano. La autorización puede ser concedida, por ejemplo, a las víctimas de "explotación grave del trabajo". Pero en un país como Italia en el que la superexplotación de las y los trabajadores inmigrados es la norma, ¿quién podrá obtenerla?

2. Prolonga y endurece las medidas restrictivas contra las personas demandantes de asilo y las inmigrantes. Las personas demandantes de asilo y las inmigrantes a la espera de expulsión pueden ser detenidas en los CPR (Centros de devolución) durante 180 días en lugar de 90 días. Será aún más fácil que hoy negarles el estatuto de refugiado o refugiada y revocar la protección internacional. Las personas demandantes de asilo tiene prohibido empadronarse en las municipalidades y demandar un permiso de residencia, con el fin de mantenerles en una situación que permita ejercer chantaje sobre ellas. El diario La Repubblica del 1 de diciembre de 2018 indica que unas 40.000 personas demandantes de asilo pueden ver rechazada su demanda en caso de aprobación y aplicación de este decreto-ley 2/.

3. Vacía las únicas estructuras del sistema de acogida italiano que a veces hacen algo por la inserción laboral de las personas demandantes de asilo (los Sprar: Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Refuerza los centros de detención administrativa (CPR, Cas, Hotspot), es decir, los lugares en los que los abusos contra las personas migrantes por parte de la policía y los carabinieri son más frecuentes, y en los que se pisotean sus derechos básicos.

4. Introduce la revocación de la ciudadanía italiana para un ex-extranjero que sea condenado por crímenes de "subversión del orden constitucional" o de "terrorismo" (una medida que varios juristas consideran como inconstitucional). Duplica el tiempo de espera para obtener una respuesta a la demanda de naturalización, que pasa de 2 a 4 años. Y, contrariamente a la legislación precedente, prevé que el acceso a la ciudadanía puede ser rechazado a las personas casadas con un o una ciudadana italiana.

5. Reintroduce el delito de cortes de carretera, que había sido despenalizado, con penas de 2 a 12 años (la pena máxima es para quienes los organizan). Aumenta las penas para quienes ocupan casas, con penas de encarcelamiento que llegan hasta los 4 años y multas hasta de 2000 euros, penas que duplican las del código fascista Rocco. Permite que la policía municipal en municipios de más de 100.000 habitantes pueda estar equipada con pistolas Taser, armas no letales que, no obstante, matan. Extiende el Daspo urbano (la prohibición de acceso a una manifestación, a una ciudad, etc.).

6. Introduce el delito de acoso para mendicidad para el que prevé la detención de tres a seis meses, y una multa de 3.000 a 6.000 euros

7. Liberaliza la venta de los bienes incautados a la mafia. Hasta ahora solo los organismos públicos, las fundaciones bancarias y las asociaciones comprometidas en la lucha contra la mafia podían comprarlos. En adelante, las y los particulares pueden comprarlos (en subasta) siempre que no tengan relación directa con las o los antiguos propietarios mafiosos. En un país en el que las mafias son tan poderosas que incluso los presidentes de Consejo han sido sospechosos de haber estado ligados a organizaciones criminales, no tendrán ningún problema para encontrar testaferros para recuperar la posesión de los bienes incautados.

"Ofrecer un aumento de la reserva de una fuerza de trabajo indefensa"

Esta ley es por tanto un regalo para las empresas, ya sean legales o mafiosas, porque coloca en sus garras a decenas de miles de personas sin protección alguna.

Desde hace una decena de años, es prácticamente imposible entrar de forma regular en Italia. Porque ha sido suprimido el "decreto de flujo", por el que las personas inmigrantes llegadas a Italia por razones profesionales, pero sin permiso de trabajo válido, eran regularizadas ex-post al final de año. Ahora el acceso de las personas demandantes de asilo está restringido al máximo posible. El resultado, previsto, es el siguiente: producir una nueva masa de inmigrantes irregulares. Según el Consejo italiano para las personas refugiadas, de aquí a 2020, las entre 500.000 y 600.000 personas irregulares actuales habrán aumentado en 130.000. Esto permitirá aumentar la reserva de mano de obra para las tareas más pesadas, más peligrosas y peor remuneradas.

El gobierno pone esta carne de cañón a disposición de las y los propietarios de todo tipo de actividad y de todas las cooperativas blancas, rojas y amarillas, pues para la economía capitalista italiana, su explotación es una de las herramientas más importantes para permanecer a flote en la competencia mundializada.

En junio, Nereo Marcucci, presidente de la Confetra -la Confederación italiana de transportes y logística- subrayó que "a partir de ahora es imposible aceptar la instrumentalización de las personas trabajadoras extranjeras para hacer cortes de carretera y piquetes de huelga promovidos por organismos pseudo sindicales que, a menudo con la ayuda de personas extranjeras, imponen su voluntad a las y los demás trabajadores, incluso con violencia".

La Confetra ha sido rápidamente satisfecha con una serie de medidas draconianas que tienen por objetivo golpear las luchas de transportistas, principalmente inmigrantes, que hacen ya frente a decenas y decenas de procesos.

Al mismo tiempo, la nueva ley dobla las penas para las personas –muchas de las cuales son proletarios pobres autóctonos- forzadas a declarar la ocupación de propiedades vacías (que en Italia son alrededor de 7 millones), lo que remite a un derecho a la vida que se les niega sin esta ocupación.

En definitiva, la ley Salvine-Cinquestelle (hay que llamarla así porque ha sido el Movimiento Cinco Estrellas el que ha ofrecido un apoyo decisivo en términos de votos para la aprobación del decreto bajo forma de ley en el Parlamento) solo asegura más seguridad a la patronal, a las y los propietarios de los centros de logística, a quienes tienen bienes inmobiliarios vacíos y a las y los jefes mafiosos.

Las reivindicaciones de una mayor seguridad para el conjunto de la población, en particular en las zonas urbanas más desfavorecidas, solo son una sórdida demagogia. Igualmente ridícula es la oposición parlamentaria hecha a la ley por el PD (Partido Democrático) que durante años, con sus políticas, ha abierto el camino a decisiones como ésta.

La histeria securitaria que el gobierno Lega-M5S ha creado hábilmente contra las personas demandantes de asilo y las inmigradas ha servido también para golpear -conjuntamente- a las y los trabajadores en lucha, al derecho de huelga, a la libertad de expresión, al movimiento por el derecho a vivienda y a los pocos espacios sociales aún autogestionados. Todo esto con un planteamiento represivo, interno y externo [en las fronteras y el Libia, por ejemplo], que prevé el refuerzo del personal de policía, la militarización y la subcontratación de las fronteras así como misiones militares en el extranjero. Esto muestra que la suerte de las personas migrantes y la de las y los trabajadores autóctonos es indivisible.

Esta guerra contra las personas migrantes solo puede ser detenida por una lucha fuerte y unida entre las y los proletarios y las personas migrantes italianas contra el gobierno para impedir la aplicación de la ley, para imponer la derogación y la anulación de otras medidas odiosas como el impuesto especial sobre las transferencias de fondos de las personas migrantes [para ayudar a sus familias], por la regularización inmediata e incondicional de todas las personas migrantes en el territorio nacional y europeo, por la total igualdad de trato entre personas migrantes y autóctonas, el cierre de los campos de detención administrativa, etc.

Ya ha habido numerosos signos de movilización en este sentido, de los cuales el más fuerte en intensidad ha sido la movilización organizada por SI Cobas en Roma, el pasado 27 de octubre. Pero antes y después, ha habido otras importantes. El decreto Salvini-M5S tiene fuerza de ley, pero la batalla no ha acabado.

1/12/2018

http://alencontre.org/europe/italie/italie-le-decret-salvini-donne-une-garantie-au-patronat-attaque-les-demandeurs-dasile-les-immigrant·e·s-comme-les-travailleurs-et-travailleuses-en-lutte.html

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

1/ Retomo aquí las tesis de fondo, expresadas desde hace mucho, y que son las del Comité Permanente contra las Guerras y el Racismo de Marghera, publicadas en el blog: https://pungolorosso.wordpress.com/tag/cuneo-rosso/

2/ Aún contando con un «permiso de residencia por motivos humanitarios» –una de las formas de protección internacional que podían reclamar los solicitantes de asilo que llegaban a Italia– muchos migrantes corren el riego de quedar como «sin techo» en la calle. Este tipo de protección ha sido la más frecuente en Italia en los últimos años: solo en 2017 se examinaron 91.102 solicitudes de asilo y el 21 % derivaron en permisos por motivos humanitarios (el 60 % del total fueron rechazadas), según el Ministerio del Interior. El inmigrante al que se le aceptaba podía comenzar un proceso de integración en Italia, trabajar, disfrutar de su sanidad y de su sistema escolar y acceder a sus centros de acogida públicos hasta organizarse una vida nueva y obtener la residencia italiana.

En virtud de la nueva legislación, quienes cuenten con el permiso de residencia no podrán vivir en dichos centros públicos, reservados a refugiados y menores no acompañados, y deberán buscarse la vida. La medida se aprobó en el Parlamento con los votos de la coalición de Gobierno –el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, entre otros.

Un día después de la votación, la medida dio sus primeros frutos por orden de la delegación del Gobierno en Crotone. Un total de 24 inmigrantes regulares fueron expulsados por la noche del Centro de Acogida para Solicitantes de Asilo más grande de Italia, el de Isola Capo Rizzuto, quedando a sus puertas con sus pocos enseres (...). Entre los expulsados había mujeres víctimas de trata de personas en África, una embarazada con un bebé de 6 meses y cuatro jóvenes, uno de ellos con problemas siquiátricos (...). El caso de Crotone se ha repetido en Potenza, y en Milán, donde Cáritas advierte de que unos 500 inmigrantes podrían acabar como «sintecho».

Ver Gara, 4/12/2019 https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2018-12-04/hemeroteca_articles/la-ley-salvini-expulsa-a-inmigrantes-regulares-de-los-centros-de-acogida (NdT)





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