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44 resoluciones negativas, sólo 2 positivas, pese al cumplimiento de la normativa
La desestimación de la “progresión de grado” a las personas presas de ETA
21/11/2018 | Foro Social Permanente

El pasado 21 de julio de 2018, una delegación del Foro Social Permanente (organización que trabaja en la perspectiva de llevar hasta el final el “proceso de paz” en Euskal Herria, ndr) se reunió en la cárcel de Albolote (Granada) con los representantes del colectivo de personas presas Jon Olarra Guridi y Ainhoa Mujika Goñi. Se trata de la tercera reunión realizada en 2018.

Pese a las malas condiciones ambientales (solo 40mn, con un cristal interpuesto, mucho ruido en torno, …) los presentes pudieron trabajar sobre la cuestión de la progresión de grado.

Los portavoces de las personas presas explicaron que, pese a la disolución de ETA, la tendencia, tanto de las Juntas de Tratamiento de cada cárcel como del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP), es de denegar la gran mayoría de las solicitudes de evolución de grado. Incluso mostraron, a través del cristal, sendas resoluciones del mes de julio de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Albolote en la que a ambos se les denegaba la progresión de grado por “ser miembros de una organización terrorista no disuelta”.

El Foro Social Permanente solicitó a los representantes del colectivo que se les faciliten los autos, con el fin de estudiarlos y compartir esos datos con los agentes institucionales, políticos y sociales con los que viene trabajando.

Se nos han facilitado 46 autos del periodo comprendido entre julio, agosto y septiembre. 44 resoluciones negativas y dos positivas. Sobre esta base, los y las abogadas que colaboran con el Foro Social han realizado el estudio adjunto.

Sí queremos destacar que, pese a esta situación descrita, y como ya hicimos público el 24 de julio, de esta reunión obtuvimos cuatro conclusiones:

• Las personas presas están esperanzadas con el nuevo escenario, aunque mantienen una lógica prudencia a la espera de que se concreten los pasos anunciados.

• Legalidad penitenciaria. Los portavoces reiteraron su total disponibilidad a recorrer el camino dentro la legalidad penitenciaria en una perspectiva final de excarcelación.

• Reconocimiento del daño causado. Su absoluta y sincera disposición de aportar en este aspecto.

• Su total disponibilidad para aportar de manera constructiva y realista en la prefiguración de la hoja de ruta contribuyendo a la misma a través de su interlocución con el Foro Social.

El Foro Social Permanente entiende que una resolución integral a la cuestión de las personas presas pasa por dar solución a los cinco aspectos de urgente tratamiento:

1. Personas presas aquejadas de enfermedades graves. Las políticas que a las mismas se apliquen deberán estar presididas por el principio de humanización de las penas, evitando siempre que el cumplimiento de la pena incida negativamente en la enfermedad o padecimiento que sufren y adaptando dicho cumplimiento a esta situación médica.

2. Lugar de cumplimiento de la pena o destino penitenciario. Es necesario superar la aplicación de la vigente política de cumplimiento en centros penitenciarios alejados del lugar de residencia o domicilio y procurar el acercamiento efectivo de los presos a centros penitenciarios cercanos a su ámbito familiar.

3. Política de grados. Es necesario superar la situación de mantenimiento en primer grado en la que hoy en día se tiene clasificado al 92% de los y las presas, y transitar a una nueva política en que la progresión de grado responda verdaderamente a las circunstancias de cada preso y su situación penitenciaria, tal y como determina la legislación penitenciaria, y no a los delitos por los que fuera condenado u otras circunstancias ajenas a su devenir en prisión, como se viene haciendo actualmente.

4. Acumulación de penas. Es necesario, igualmente, que el criterio a aplicar en el caso de la acumulación de condenas recaídas en otros estados de la Unión Europea sea el pro- pio establecido por la normativa y resoluciones europeas en la materia penitenciaria, y no a los delitos por los que fuera condenado u otras circunstancias ajenas a su devenir en prisión, como se viene haciendo actualmente.

5. Resulta también necesaria la materialización de la transferencia de las competencias en materia penitenciaria a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra y la devolución de la competencia en materia de vigilancia penitenciara a los juzgados naturales.

Desde el Foro Social esperamos que esta recopilación ayude a comprender la situación y contribuya a que pueda ir modificándose a mejor.

Es nuestro convencimiento que resolver de manera integral la cuestión de la reintegración de las personas presas es una aportación necesaria a la convivencia en nuestro país. Al igual que el reconocimiento de todas las víctimas de todas las expresiones de violencia y la construcción de una memoria inclusiva.

Como nos decía el reverendo Harold Good en su reciente viaje a Gipuzkoa, no se trata de una solución de “víctimas o presos” sino de “víctimas y presos”.

El 95% de las personas vascas presas por delitos de motivación política se encuentran en Primer Grado penitenciario, el de régimen cerrado, y 27 de ellas, todos hombres, se encuentran en Módulos de Aislamiento de forma permanente: 2 en Castelló II, 8 en Córdoba, 8 en Huelva y 9 en Sevilla II. La propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en su página web, califica a éste como “régimen excepcional de vida”. Está tipificado en los artículos 93 y 94 del Reglamento Penitenciario y en la Instrucción 17/2011.

Este régimen restrictivo impide en la práctica a las personas presas realizar el recorrido penitenciario que les permitiría ir accediendo a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación vigente, pasos imprescindibles para su proceso de reintegración. Para estas personas, el primer paso es precisamente solicitar la progresión a Segundo Grado, al régimen ordinario, que abre esas puertas (1).

La gran mayoría de estas personas presas están solicitando progresión de grado a lo largo de los últimos meses. No es fácil precisar la cifra exacta debido a lo complejo del procedimiento (ver Nota 2) y las dificultades para una relación fluida con abogadas y abogados. A 27 de setiembre había 221 personas presas en el Estado español; hay, pues, gran cantidad de solicitudes en la primera fase del trámite.

De las que han llegado al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP), dependiente de la Audiencia Nacional, la práctica totalidad han sido rechazadas. Entre los meses de julio y setiembre se han dado 44 resoluciones negativas, con argumentación bastante similar y generalizada. Sólo se han producido dos resoluciones en positivo. Como se ha señalado, este hecho dificulta que estas presas y presos inicien el recorrido hacia la reintegración que tantas veces se les ha planteado desde las instituciones y la sociedad civil.

En estas circunstancias, el Foro Social Permanente cree necesario aportar a los partidos políticos y sindicatos vascos y de Navarra datos fehacientes sobre una situación que pare- ce enquistada y que podría afectar al desarrollo positivo del cambio de política penitenciaria reclamado por las instituciones, fuerzas políticas, organizaciones sociales y mayoría de la sociedad vasca y navarra, y que las personas presas se han manifestado dispuestas a efectuar.

Con ese objetivo, este pequeño dossier incluye:

• Relación de 44 Autos desestimados conocidos entre mediados de julio y mediados de setiembre, y en qué cárceles.

• Dos Autos completos de desestimación.

• Recopilación de argumentos utilizados por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en estos diversos autos.

• Testimonio de un preso describiendo las condiciones de vida en un Módulo de Régimen Cerrado.

• Notificación de la dirección de la cárcel sobre intervención de comunicaciones

Notas

(1) El Artículo 106.2 del Reglamento Penitenciario de 1996 dice: La progresión en el grado de clasificación dependerá de la modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, se manifestará en la conducta global del interno y entrañará un incremento de la confianza depositada en el mismo, que permitirá la atribución de responsabilidades más importantes que impliquen un mayor margen de libertad.

(2) Artículo 105. Revisión de la clasificación inicial.

1. Cada seis meses como máximo, los internos deberán ser estudiados individualmente para evaluar y reconsiderar, en su caso, todos los aspectos establecidos en el modelo individualizado de tratamiento al formular su propuesta de clasificación inicial.

2. Cuando la Junta de Tratamiento no considere oportuno proponer al Centro Directivo cambio en el grado asignado, se notificará la decisión motivada al interno, que podrá solicitar la remisión del correspondiente informe al Centro Directivo para que resuelva lo procedente sobre el mantenimiento o el cambio de grado. La resolución del Centro Directivo se notificará al interno con indicación del derecho de acudir en vía de recurso ante el Juez de Vigilancia.

3. Cuando una misma Junta reitere por segunda vez la clasificación de primer grado, el interno podrá solicitar que su próxima propuesta de clasificación se haga por la Central Penitenciaria de Observación. El mismo derecho le corresponderá cuando, encontrándose en segundo grado y concurriendo la misma circunstancia, haya alcanzado la mitad del cumplimiento de la condena.

Leer dossier completo:







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