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Tribuna viento sur
Euskal Herria: soberanía y derechos sociales
18/10/2018 | Mikel de la Fuente

La soberanía mejora la consecución de los derechos sociales…

En todos los aspectos de la política económica y social, los gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE, han aplicado en los últimos decenios las recetas características del neoliberalismo, contribuyendo así a la extensión de la pobreza que ha aumentado drásticamente durante la crisis reciente, mediante medidas tales como algunas que se señalan a continuación:

· han dado prioridad a la contención de la deuda y el déficit públicos sobre las necesidades sociales (reforma del art. 135 de la Constitución);

· han aprobado sucesivas reformas laborales que han aumentado las facultades empresariales en la organización del trabajo, facilitado los despidos individuales y colectivos mediante una ampliación de sus causas y la reducción de sus indemnizaciones, “flexibilizado” las contrataciones laborales y mantenido una elevadísima temporalidad y una tasa cada vez más mayor de contratación a tiempo parcial;

· relacionado con el punto anterior y con el aumento del desempleo, han favorecido la caída salarial, especialmente de los salarios más bajos;

· han mantenido un salario mínimo que incumple la Recomendación del Consejo de Europa de que su cuantía alcance al menos el 60% del salario medio 1/;

· han aprobado normas que centralizan la negociación colectiva en detrimento de los convenios provinciales y autonómicos, lo que en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa empeora los salarios y las condiciones laborales;

· han reducido la cobertura del desempleo, sobre todo del nivel contributivo, de cuantía más elevada y limitado el acceso al subsidio de los mayores de 52 años, que al aumentar a 55 años la edad de acceso y condicionarlo a los ingresos de la unidad de convivencia en lugar de a los de la persona beneficiaria, en el caso de la CAV y Nafarroa supone denegar su cobro a un porcentaje superior al 80% de sus posibles perceptores, lo que a su vez perjudica a sus pensiones futuras;

· han aprobado reformas de pensiones que aumentan la edad de jubilación, reducen la cuantía de las pensiones mediante, entre otras muchas medidas, el aumento del período de cálculo, limitan la revalorización y reducen su cuantía futura por el aumento de la esperanza media de vida (“factor de sostenibilidad”);

· han reducido los presupuestos en sanidad, educación y protección contra la dependencia (suprimiendo la financiación de los convenios para mantener la cotización a la seguridad social de los “cuidadores”, muy mayoritariamente mujeres), etc.

Es cierto que algunas de esas medidas serán parcialmente revertidas, lentamente, por el gobierno de Pedro Sánchez (aumento del salario mínimo a 900 euros, revalorización de las pensiones, subsidio de mayores de 55 años; financiación del convenio de cuidadores…) si se aprueban los Presupuestos Generales conforme al acuerdo entre el PSOE y Unidos Podemos/En Comú Podem/Las Mareas 2/, pero sus efectos en el pasado período han dejado huellas profundas. Se mantienen sin tocar las medidas que afectan de forma más importante a los derechos sociales: a pesar de las promesas anteriores se mantiene la reforma laboral del PP del 2012 (y, por supuesto, la del PSOE de 2010), con el pretexto de que no disponen de la mayoría electoral necesaria; no se ha tocado la reforma de las pensiones de 2011, a pesar de que esta reduce de forma más profunda las pensiones que la del PP de 2013, que, con el argumento de que es necesario acordarla en el Pacto de Toledo, por ahora tampoco se anula sino que se suspenden o demoran algunas de sus disposiciones sobre revalorización y sobre el factor de sostenibilidad etc.

Es escasamente previsible que se pueda superar radicalmente la situación citada en el marco estatal. Y ello no tanto, aunque también, por una relación de fuerzas parlamentarias escasamente favorable para las reformas constitucionales y legales precisas para cambiar una política favorable al gran capital, sino sobre todo porque la representación de la izquierda alternativa o consecuente es por ahora minoritaria y el PSOE ha mostrado sobradamente su escasa disposición a adoptar medidas fiscales y presupuestarias contrarias a los intereses del gran capital. Y la mayoría sindical de CC.00 y UGT sigue apostando por una política de “concertación” y “diálogo social” que no permite obtener conquistas sociales significativas.

La orientación mayoritaria del movimiento sindical y social vasco, tanto en la CAV como en Nafarroa, ha dado lugar a procesos participativos como, entre otras muchos, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, a exigencias y denuncias de la brecha salarial entre mujeres y hombres, a luchas prolongadas de las trabajadoras y trabajadores, algunas de las cuales se han saldado con éxito como la del personal de residencias en Bizkaia, favorecido por la convergencia con los familiares y próximos de las personas dependientes, a través de la asociación Babestu, que ha denunciado de forma muy convincente la privatización de las actividades de cuidado, etc.

Las masivas y prolongadas manifestaciones de pensionistas en todo el Estado español, con la muy importante participación de las y los pensionistas vascos, han contribuido al cambio de criterio para la revalorización de las pensiones, primero mediante el pacto del PP con el PNV, ambos muy presionados por esas movilizaciones, y después al nuevo cambio del actual gobierno que mejora el anterior (al sustituir el aumento del 1,6% para 2018 y 2018 por la inflación real, que va a ser superior), remitiéndose al Pacto de Toledo para el período posterior al 2019 así como para el Factor de Sostenibilidad. La declaración de la Ministra de Trabajo sobre la revalorización según el IPC fue cuestionada por la Ministra de Economía ante los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea -el ECOFIN-, quien ha afirmado que el gobierno se opone que el IPC sea el único criterio, obviamente para reducir la cuantía de las mismas y “tranquilizar” así a la Unión Europea, mostrando así que está plenamente justificada la desconfianza del movimiento pensionista sobre los planes gubernamentales.

Aunque el criterio sobre las revalorizaciones para 2018 y 2019 se ha recogido en el acuerdo con Unidos Podemos/…, es muy previsible que el gobierno tenga la tentación de ceder a las presiones de la Unión Europea y el FMI, que se ha opuesto a la aplicación del IPC, y sólo quiera realizar cambios cosméticos sobre la reforma del PP de 2013 y deje en vigor la aprobada por el PSOE en el 2011. El gobierno también se opone a considerar la reclamación de los 1.080 euros para las pensiones mínimas y el acuerdo con Unidos Podemos/… se limita a proponer un aumento del 3% para el 2018, menos de un punto más que la inflación prevista. En este tema, la resistencia del movimiento de las y los pensionistas será un elemento clave para forzar al gobierno a ir más lejos de sus previsiones.

Además de ser un derecho democrático impostergable del pueblo vasco el derecho a decidir su futuro de forma soberana, la soberanía puede y debe ser un elemento esencial para asegurar los derechos sociales. Un paso muy importante en la exigencia del soberanismo social se produjo en la declaración acordada en septiembre del 2017 por los sindicatos ELA y LAB, que denunciaba “la farsa de (un…) diálogo social”, que financiaba a la patronal y a los sindicatos que participan en el mismo y así frenar al “sindicalismo de contrapoder”, criticaba radicalmente las políticas presupuestarias y fiscales practicadas tanto en la CAV como en Nafarroa”, instaba a la creación de alianzas de izquierda que priorizasen la agenda social y proponía la puesta en marcha de un proceso soberanista unilateral de contenido social. Las difíciles relaciones que han venido manteniendo ELA y LAB, especialmente debidas a la estrategia de negociación colectiva y a la diferente apreciación sobre los acuerdos entre el PNV y EH Bildu en relación con el proceso soberanista, han traído consigo que la escasa virtualidad de esa declaración.

La posición de Elkarrekin-Podemos sobre el proceso soberanista se ha expresado recientemente en su contribución a la Ponencia de Actualización del Autogobierno del Parlamento Vasco mediante el documento Guztion Ituna, en el que rechaza su firma a la Ponencia, que ha sido aprobada por el PNV y EH Bildu. En este documento y en las declaraciones repetidas de sus portavoces se manifiestan obstáculos crecientes al derecho a decidir y se dificulta su relación con los movimientos más activos en la transformación social, que mayoritariamente se inscriben en el proyecto soberanista. De esta forma se menosprecia la posibilidad que supone la defensa de la soberanía para el cambio social y de lo que Ramón Zallo califica de “posible nodo articulador del cambio y amalgama popular de rebeldías diferentes, en esta época de diversidades activas y fragmentación de sujetos” 3/.

… pero no suficiente

Existe un amplio consenso en la izquierda social y política sobre la necesidad de que los procesos soberanistas, tanto en Euskal Herria como en Catalunya, deben incluir de forma profunda la defensa de los derechos sociales. No obstante, no faltan quienes dicen que el planteamiento explícito de programas sociales avanzados no solo no amplía el espacio soberanista sino que puede reducirlo por las reticencias de los sectores político-sociales más moderados, por lo que mantienen que el programa soberanista debe limitarse a objetivos democráticos. Esta posición ha sido defendida por algunos representantes del soberanismo en Catalunya, que consideran que un programa nítidamente de izquierda podría alejar a una parte del potencial electorado independentista 4/.

No voy a discutir aquí cual es la opción más conveniente desde el punto de vista estrictamente electoral, pero me parece indiscutible que la omisión de objetivos sociales claros y avanzados impide ampliar la base social –es decir, no solo electoral- del soberanismo y debilita el apoyo de del movimiento obrero que por su ligazón a los centros productivos y sociales puede paralizar un país, como lo mostró el 3O catalán. Aunque la amplitud de las mayorías electorales de las fuerzas soberanistas y los resultados de los referéndums a favor del derecho a decidir o de la independencia aumentan la legitimidad interna e internacional de los procesos soberanistas, para hacer doblegar al Estado español las movilizaciones de calle, la desobediencia civil y las huelgas pueden ser necesarias y para ellas es muy importante la participación activa de la mayoría trabajadora, especialmente la más organizada. Por otra parte, la ampliación de los derechos sociales debe permitir evitar el desarrollo de corrientes españolistas de derechas entre la clase trabajadora, como la que representa Ciudadanos.

En todo caso la omisión de objetivos sociales precisos que defiendan los intereses de las clases populares conduce a dejar la dirección del proceso a las fuerzas políticas más próximas al poder económico y social. Dificulta que la nueva realidad política que pueda surgir coloque en primer lugar de su actuación a los intereses de la mayoría trabajadora y no de la minoría más rica, ponga un freno al crecimiento ilimitado de las actividades económicas insostenibles desde el punto de vista ecológico y adopte medidas de orientación anticapitalista bajo control democrático de las trabajadoras y trabajadores.

En Euskal Herria, el PNV no va a renunciar fácilmente a defender las opciones e intereses de los sectores más privilegiados y a defender a las empresas y actividades muy contaminantes (por ejemplo, Petronor e Incineradora de Zubieta en Gipuzkoa) y los proyectos de grandes infraestructuras que esquilman el territorio (TAV, autopistas, etc.) e implican un enorme gasto, que reduce el necesario para atender las necesidades sociales. Mantiene un modelo de enseñanza pública-concertada que no garantiza el acceso a la educación en condiciones de igualdad, segrega, reproduce y aumenta las diferencias sociales y está guetizando cada vez más a la enseñanza pública, que se está convirtiendo en una escuela pública mal equipada que se está convirtiendo en una escuela de pobres.

Acaba de rechazar en el Parlamento Vasco, junto al PSOE y el PP, una Iniciativa Legislativa Popular que denunciaba los guetos en la enseñanza pública. Favorece el desarrollo de las universidades privadas, con el escándalo, denunciado en el inicio del curso por la Rectora de la Universidad de la UPV/EHU, de favorecer la creación de una Facultad de Medicina por la Universidad de los jesuitas de Deusto mientras niega, ¡desde hace más de diez años, con el pretexto de la crisis!, la financiación necesaria para la construcción de un nuevo edificio destinado a la Facultad de la UPV/EHU contiguo a un hospital, como es usual en todas las Facultades de Medicina.

Sobre el acceso de personas refugiadas e inmigrantes, que ha dado lugar a un movimiento social de gran capacidad de iniciativa solidaria para la acogida de esas personas, Ongi Etorri Errefuxiatuak, las instituciones vascas controladas por el PNV no están aportando los recursos necesarios para atender las necesidades urgentes de las mismas y las propuestas presentadas en septiembre de este año por el Gobierno Vasco para responder a los retos migratorios se caracterizan por no recoger compromisos políticos claros y jurídicamente vinculantes 5/.

En el caso de las pensiones, el Gobierno Vasco ha desestimado las propuestas de EH Bildu y la Iniciativa Legislativa Popular para garantizar una pensión mínima de 1080 euros. La satisfacción de esa reivindicación exige complementar la cuantía de las pensiones abonadas por la seguridad social a cargo de los presupuestos de las Comunidades Autónomas de Euskadi y de Nafarroa. Esa negativa se basa en un argumento competencial: que la CAV no tiene competencia sobre la seguridad social, ya que corresponde al Estado la legislación básica y el régimen económico de la misma y la transferencia de la gestión del régimen económico no ha sido realizada a pesar de estar incluida en el Estatuto de Autonomía (y el actual gobierno del PSOE la sigue rechazando). Sin embargo ese argumento es solo verdad a medias ya que la mejora de las pensiones mínimas tiene un contenido muy mayoritario de evitar la pobreza de un sector creciente de los pensionistas, muy mayoritariamente mujeres, y las instituciones vascas pueden tomar medidas para atajarla al amparo de su competencia sobre asistencia social, tal como se hace a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en Euskadi y de la Renta Garantizada en Nafarroa. En Euskadi ya realiza esa función pero de forma insuficiente, especialmente tras los recortes de la RGI que han tenido lugar en las dos últimas legislaturas.

Al mismo tiempo las Diputaciones Forales quieren generalizar las pensiones privadas, a través de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSVs) de empleo basadas en la negociación colectiva. Esa generalización es altamente improbable ya que la patronal vasca, que se resiste al aumento significativo de los salarios, difícilmente va a aportar las cantidades necesarias que permitan compensar la enorme caída programada de las pensiones públicas de reparto. Además, de llegar a realizarse, muy posiblemente se produciría aumentando más aún su ventajoso trato fiscal y de la reducción de ingresos que supone para la seguridad social la no cotización de las aportaciones empresariales a planes de pensiones y EPSVs.

La Ponencia sobre Autogobierno, enuncia una amplia serie de derechos sociales, pero su generalidad e imprecisión deja muy abierto en varios temas su contenido, aunque ya se pueden ver carencias importantes. Así, aunque defiende “la creación de empleo de calidad”, no precisa instrumentos para hacerla efectiva, ni la reducción de la jornada de trabajo que permita la creación de empleo, ni la limitación drástica de la temporalidad subcontratación, empezando por la que realizan las administraciones públicas, que mantienen una temporalidad en la contratación superior al 35%, ni la creación directa de empleo por estas administraciones –incluidos los Ayuntamientos- para atender las necesidades sociales y ambientales que no son cubiertas por el sector privado empresarial ante la carencia de “demanda solvente” 6/.

En materia de protección social es llamativa la ausencia del término de seguridad social, que es sustituido por el muy antiguo de “previsión social”. Quizá se deba a que el PNV ha querido dejar abierta la existencia de un componente importante de pensiones privadas –que se suelen integrar en la “previsión social complementaria”-, incentivadas fiscalmente, que compense la caída prevista de las pensiones públicas de reparto. Entre los principios fiscales se afirma la progresividad, pero no se hace ninguna referencia a acabar con tratamiento privilegiado de las rentas de capital.

¿Hasta dónde deben llegar los acuerdos soberanistas?

La defensa y logro de la soberanía política exige no solo la movilización social, tal como se practica por organizaciones sindicales y sociales y por movimientos específicos pro-derecho a decidir como Gure Esku Dago, sino también requiere de acuerdos de partidos que representan a clases diferentes. Por ello hay que dar una valoración positiva a la Ponencia sobre Autogobierno, a pesar de sus insuficiencias. Sin embargo, a la vista de la política pro-austeritaria y favorable a los intereses empresariales del PNV esos acuerdos no deben conducir a la participación en sus gobiernos, ya que ello tendería a afianzar su actual hegemonía en la población vasca y a legitimar sus opciones económicas, sociales y ambientales.

Sería ingenuo considerar que solo una vez conseguida la independencia -o una relación confederal con el Estado o basada en el federalismo asimétrico- será el momento de imponer otra política económica y social. En la actualidad el gobierno Urkullu no apuesta por una política de ruptura con el Estado español sino que propone que la soberanía se consiga de forma “legal y pactada”. Por ello no parece que vaya a ser efectiva la oferta esbozada por algunas declaraciones de los máximos dirigentes de EH Bildu de entrar en el gobierno vasco, en sustitución del PSE-PSOE, siempre y cuando el PNV apueste firmemente por incorporar al nuevo Estatuto el contenido pactado de la Ponencia de Actualización del Autogobierno y defienda posteriormente su implementación. Pero no puede excluirse que de llegar a imponerse la política brutalmente recentralizadora y antidemocrática que inspira hoy a la derecha española el PNV se vea “obligado” a un giro soberanista que ya es compartido por una parte de su dirección.

Lo que es menos probable es que ese giro sea acompañado de otro a favor de una ampliación sustancial de los derechos laborales y sociales, así como de una política de restricción al crecimiento productivo antiecológico basado en recursos materiales escasos y en la contaminación del aire, la tierra y el agua. De ahí la importancia de tener, más allá de las dificultades innegables de la táctica política en procesos sujetos a cambios bruscos, una posición lo más clara posible sobre la cuestión de la participación con el PNV en los Gobiernos Vasco y de Nafarroa y en las Diputaciones Forales.

18/10/2018

Mikel de la Fuente es redactor de la web de viento sur


1/ Sobre las últimas medidas sobre el salario mínimo véase mi artículo “SMI: la nueva estafa del PP-PSOE”, https://vientosur.info/spip.php?article12125

2/ La valoración de este acuerdo se puede ver en Fernando Luengo y Manuel Garí, “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado. Luces y sombras”, https://vientosur.info/spip.php?article14264 y en Daniel Albarracín ”¿Corrección social de un gobierno neoliberal y obediente de la UE”, https://vientosur.info/spip.php?article14268

3/ Un completo análisis crítico del documento en Ramón Zallo, [“Guztion ituna”, de Elkarrekin-Podemos Una decepcionante propuesta a la Ponencia de Autogobierno Vasco], https://vientosur.info/spip.php?article14026

4/ Así Germà Bel i Queralt, en AA.VV. (Ramón Zallo y Txema García, eds.), Miradas en torno al Procés, Txertoa, 2018, pp. 97-98, considera que un programa de izquierda podría “alienar a muchos otros que podrían pasar a apoyar la independencia por repudio al retroceso de libertades civiles y políticas”. Otros trabajos incluidos en la misma obra exponen una posición diferente, de considerar que la profundización de los derechos sociales amplía el espacio soberanista. Así, por ej., Teresa Forcades, p. 81.

5/ Véase el análisis de Juan Hernández, “El gobierno vasco y los desafíos migratorios”, disponible en https://vientosur.info/spip.php?article14237

6/ Sobre esta materia véase el artículo de Michel Husson, “La creación de empleo…”, Viento Sur, nº 160, 2018.





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