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Migraciones
El gobierno vasco y los desafíos migratorios
10/10/2018 | Juan Hernández Zubizarreta

El Gobierno Vasco presentó el miércoles 19 de septiembre un conjunto de propuestas para responder a los retos migratorios en la CAV, Estado español y Europa. Defiende un sistema interinstitucional ordenado y solidario, con implicaciones en todos los niveles competenciales.

Una primera valoración del contenido del texto nos coloca ante un documento más bien retórico, lleno de recomendaciones y sin compromisos jurídicos vinculantes, con un recorrido en apariencia muy limitado.

De este modo, y dadas la dimensión continental e incluso global del fenómeno migratorio y su relevancia política actual, la falta de compromisos políticos explícitos no parece que haga de esta propuesta una herramienta que los partidos que conforman actualmente el ejecutivo vasco trasladen a las negociaciones con el presidente Sánchez, o a sus respectivos grupos parlamentarios europeo, e incluso que asuman su relevancia en los debates del nuevo estatus político.

De esta manera, y entrando en la sustancia de la propuesta, no vemos en el documento concretados algunas ideas y valores básicos a la hora de abordar esta cuestión desde el compromiso solidario:

1. El derecho internacional de los derechos humanos es de obligado cumplimiento y no puede estar subordinado a la supuesta escasez de partidas presupuestarias.

2. Los vascos y las vascas hemos emigrado y seguimos emigrando y, por tanto, hemos sido acogidas en otros países sin demasiadas condiciones.

3. Las personas que migran no son un problema, ni una mercancía averiada, ni «algo que hemos tenido la mala suerte de que nos toque», son sujetos de pleno derecho y, por tanto, están protegidos por el sistema internacional de los derechos humanos.

4. Y lo principal: la movilidad forma parte de los derechos humanos, es decir, la libre circulación y residencia para todas las personas, debe ser un principio inamovible. Si los vascos y vascas podemos viajar y residir donde queramos, ¿por qué, por ejemplo, la mayoría de las personas eritreas no pueden viajar donde quieran?

Estos 4 principios lamentablemente se difuminan en los 3 ejes de la propuesta, que abarcan el ámbito europeo, estatal y de la CAV.

Para el ámbito europeo, el Gobierno Vasco apuesta por la “Propuesta Share” (compartir, en inglés), que consiste en acordar un mecanismo concreto de distribución compartida de la responsabilidad en la acogida e integración. Esta sugerencia se basa en tres parámetros de acogida: los ingresos fiscales, con un peso del 50%; la población, con una incidencia del 30%; y el índice de desempleo, con un 20% de relevancia. Sobre el papel son unos principios interesantes que superan las propuestas que las instituciones comunitarias y Estados miembro están barajando en otras instancias, como se ejemplificó en el nuevo fracaso de la Comisión Europea el pasado 20 de septiembre en Austria.

No obstante, resulta imprescindible añadir un cuarto criterio: la opinión y consulta a las personas migrantes sobre cuáles son sus expectativas y necesidades, imprescindibles para una comprensión integral del fenómeno migratorio. Es importante que se aplique a personas refugiadas, migrantes en situación no regularizada y menores. Ahora bien, se necesita también reconocer los impactos de los procesos migratorios sobre las mujeres y sobre las personas LGTBI, así como modificar las normas sobre residencia, trabajo y órdenes de expulsión, que son una amenaza continua sobre la vida cotidiana de los migrantes.

Por tanto, no hay que pensar únicamente en la forma de repartir migrantes en el seno de la UE sin tener en cuenta sus proyectos vitales y sin proteger su seguridad jurídica. No podemos olvidar que son personas que el modelo económico y político ha colocado en una tremenda vulnerabilidad.

El segundo eje se refiere a una agenda de trabajo propuesta al Gobierno español que recoge algunos ejemplos de cómo liderar la lucha contra la pobreza y la desigualdad en los países de procedencia de los migrantes. Creo que aquí la propuesta se queda muy corta y obvia los elementos centrales para actuar con seriedad contra las causas de los desplazamientos forzados. Hay muy pocos planteamientos eficaces de largo alcance.

Se requieren nuevos instrumentos jurídicos que tenga en cuenta las causas que provocan la persecución y la huida de las personas desplazadas contra su voluntad, es decir, hay que modificar las normas internacionales sobre refugio, sobre migraciones, sobre la persecución por motivos de género, sobre el cambio climático, sobre el control de las empresas transnacionales y sobre la industria armamentística, lo que implica cambios estructurales de carácter sustancial.

Desde el punto de vista de la respuesta jurídica a corto plazo se debe exigir, al menos, la eliminación de los acuerdos bilaterales con países que vulneren los derechos de las personas migrantes; abrir corredores humanitarios y otras vías seguras de acceso a la protección; expedir visados en embajadas y consulados, y poner fin a las devoluciones ilegales en las fronteras de Ceuta, Melilla e Irún.

Por otra parte, en el caso español, el programa del Ministerio de Empleo al que se acogen las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional consta de varias fases que son completamente insuficientes y, además, sus dotaciones económicas muy escasas. A todo ello hay que añadir las dificultades para que los migrantes puedan empadronarse, lo que conlleva impedimentos para solicitar y conseguir el arraigo y el consiguiente limbo jurídico que provoca esta carencia.

A su vez, las normas sobre migraciones comunitarias y nacionales, como la ley española de extranjería, deben modificarse radicalmente y adecuarse a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes, que es un tratado de la ONU que no ha sido ratificado ni por el Estado español, ni por la mayoría de las países miembros de la UE.

El tercer y último eje de la propuesta del ejecutivo vasco pretende coordinar respuestas de acogida e integración a las personas migrantes en la Comunidad Autónoma Vasca a través de un pacto social vasco para la migración. Para realmente avanzar en este sentido, la Administración debería proporcionar recursos que permitan que todas las personas que transitan o residan en la CAV dispongan de un techo para dormir, medios para alimentarse, cobertura sanitaria, un espacio donde poder descansar y desarrollarse emocionalmente, derecho a empadronarse y, en su caso, apoyo económico y profesional para establecer su residencia en nuestro país. En definitiva, que los núcleos esenciales de la dignidad humana queden cubiertos por la Administración para todas las personas, sean de donde sean y tengan la situación administrativa que tengan, con especial atención a los menores, mujeres y personas LGTBI.

Las instituciones vascas pueden abordar sin dificultad estas propuestas de acogida pero, lamentablemente, prefieren resolver las necesidades básicas de manera muy selectiva y escalonada. Parece que tienen miedo al denominado efecto llamada y, sin embargo, la sociedad vasca lo que rechaza es el efecto miseria.

De este modo, el Pacto Social Vasco para la Migración, que permita aglutinar esfuerzos a favor de una pedagogía de la acogida y contra los discursos xenófobos y los rumores antiinmigración, será bienvenida siempre y cuando se dote de recursos económicos y cuente con la participación de las organizaciones de migrantes y de otros movimientos sociales. De lo contrario se convertirá en un documento vacío y lleno de buenas intenciones.

En definitiva, y en el debate entre retórica y realidad que el texto propuesto ni mucho menos resuelve, ¿cómo explica el Gobierno Vasco que la Red de Acogida de Irún denuncie, el pasado sábado 22 de septiembre, el endurecimiento de medidas para el acceso de migrantes al dispositivo de acogida del albergue de esta localidad?, ¿por qué exigen la orden de expulsión para entrar en el mismo?, ¿por qué impiden el acceso a las personas migrantes que lleven 30 días en la península?, ¿por qué la rigidez de horarios del centro de acogida obliga a las personas migrantes a permanecer fuera durante la mayor parte del día?,¿por qué se quedan personas en la calle existiendo plazas libres en el albergue?

Me temo que el Gobierno Vasco está jugando más a la diplomacia social que a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, cuando necesitamos un compromiso explícito de situar la migración como prioridad, dentro de una apuesta en defensa de la vida, la igualdad y la solidaridad de todos y todas las ciudadanas.

9/10/2018

Juan Hernández Zubizarreta, investigador del observatorio de multinacionales en américa latina y miembro de ongi etorri errefuxiatuak

https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/el-gobierno-vasco-y-los-desafios-migratorios





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