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Pensiones
Pensiones públicas versus Entidades de previsión social voluntaria (EPSV)
10/08/2018 | Juan Enrique Elua Suarez. Herminio Carral Olondriz

Desde el momento en que se decidió separar la financiación de la Seguridad Social (parte contributiva) de los Presupuestos Generales del Estado, el sistema de pensiones dejó de recaer en toda la sociedad para hacerlo en exclusiva, en los trabajadores asalariados (cotizaciones sociales) y se abrió la puerta para eliminar los componentes solidarios y redistributivos del sistema público. El sistema público de pensiones es un sistema de reparto, y además, constituye un mecanismo de redistribución (transfiere rentas desde las etapas de actividad hacia las de no actividad) y fortalece el principio de solidaridad. Las rentas que los beneficiarios reciben cuando no trabajan han sido generadas en épocas de actividad y, además, es intergeneracional. Las pensiones son una parte del salario de las y los trabajadores, al igual que las cotizaciones sociales (salario diferido).

Los planes de pensiones privados son muy diferentes a las pensiones públicas. Los fondos de pensiones, en que deben estar integrados los planes de pensiones, en realidad son similares a los fondos de inversión privados, constituidos por el ahorro de cada persona que los deposita en una entidad gestora (por lo general, en un banco) hasta el momento de su jubilación. Conviene señalar el tratamiento fiscal ventajoso que tiene este producto financiero. La Administración admite una reducción de los ingresos fiscales a corto plazo, para fomentar el ahorro a largo plazo de los titulares de planes de previsión social privados (de empleo e individuales). Esta ventaja fiscal es, además, regresiva, pues mejora cuanto mayor es la renta percibida por él o la titular. Estas rentas altas son las que pueden ahorrar y tener inmovilizada esa liquidez hasta su jubilación. La Asociación de Técnicos de Hacienda (GESTHA) calcula que a partir de 46.000 € de ingresos, tiene aliciente constituir una pensión privada.

Esta regresividad también aparece si se liga a los topes que tienen las bases de cotización en el Estado. El grupo con rentas más bajas soporta una carga de cotizaciones sobre el 14,2% de los ingresos. Mientras que, en el otro extremo, el colectivo con más renta, soporta un 6,5%. De aquí ya podemos extraer una primera conclusión: todas las personas contribuyentes estamos subvencionando a quienes pueden ahorrar una pensión privada.

Hay quienes desde un planteamiento ultraliberal propugnan adelgazar el sistema público y a la par, fortalecer las pensiones privadas con el fin de forzar un sistema mixto (público-privado). La idea de capitalizar una parte de nuestras cotizaciones sociales no es otra cosa que detraer fondos del sistema público (descapitalización) y llevarlos al privado, ya que una parte de la que contribuye cada persona trabajadora dejaría de ingresarse en las arcas de la Seguridad Social para ser invertida en fondos de pensiones privados. Estas medidas no se dirigen a la salvaguarda del sistema público sino a promover su agonía mediante la disminución de su financiación.

En un sistema mixto nos encontraríamos con que la pensión privada que cobraría el ciudadano por su contribución al fondo de pensiones (parte privada) dependería únicamente de su aportación, por lo tanto, a sueldos bajos, corresponderían pensiones bajas. En definitiva, el sumatorio de una pensión pública baja con otra privada baja, daría lugar a una cantidad significativamente inferior a la que resultaría si cotizara sólo al sistema público. Este sistema mixto contribuiría a incrementar la desigualdad entre rentas altas y medias-bajas. Aquí lo que está en juego es la capacidad redistributiva implícita en el sistema de reparto (público), lo cual es imposible en un sistema de capitalización en el que el retorno es plenamente individual.

La experiencia nos indica que cuando gobiernos y parlamentos reforman el sistema público de pensiones es para debilitarlo y endurecer las condiciones de acceso al mismo. Además de recortar las prestaciones, ponen a disposición de las entidades financieras (gestoras) toda su capacidad legislativa (desgravaciones fiscales, bonificaciones, ...) para promocionar las pensiones privadas. Dicen que para complementar la "pública", pero sabemos cuál es el final de esta historia: "suplantar la pública".

En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) son equivalentes a los planes y fondos de pensiones privados del resto del Estado. Este marco de previsión social privado fue aprobado en 1983. Entre las diversas modalidades de EPSV destacan las "individuales" y las de "empleo" o "empresa", vinculadas estas últimas al puesto de trabajo y al salario (pactadas en convenio colectivo). Estos fondos de pensión privados han acumulado un patrimonio cercano a los 24.000 millones de euros hasta 2017, que se acerca al 34% del PIB de Euskadi. Este porcentaje casi cuadruplica la media de los fondos del Estado (9,5%).

Es difícil precisar cuántas personas tienen una EPSV en la actualidad porque muchas tienen abiertas dos o más cuentas en función de sus preferencias y estrategias. Pero según la Federación de EPSV de Euskadi, el cálculo que hacen parte de la existencia de aproximadamente 1,14 millones de cuentas, por lo que deducen que alrededor de 700.000 personas vascas disponen de una EPSV de jubilación, y más de la mitad de estos tienen un plan de pensión social privado de empresa y, el resto, de ahorro individual.

En las EPSV de empleo o empresa existen tres grandes colectivos. Por un lado, están los asalariados, principalmente guipuzcoanos del sector privado (metal mayoritariamente) integrados en GEROA, que suman entre 150.000 y 170.000 personas socias y un patrimonio de 1.800 millones de euros.

El sector público está cubierto con las ESPVs Elkarkidetza e Itzarri (unas 125.000 personas socias) y las tres cajas, ahora fusionadas en Kutxabank, que generaron importantes fondos de pensiones al abrigo del carácter público de las antiguas cajas.

El importante peso del Grupo Cooperativo Mondragón en el tejido vasco hace que participe, de forma destacada, en el sumatorio del capital total de las EPSV deEuskadi. Aquí, los y las trabajadoras socias tienen doble cotización: por un lado al régimen de autónomos; por otro a la EPSV Lagun Aro. Quienes trabajan (para el grupo) por cuenta ajena cotizan sólo al Régimen General de la Seguridad Social. Al cierre del año 2016 existían 28.413 personas activas (cotizando) y 13.000 pensionistas. El fondo patrimonial de la EPSV asciende en la actualidad a los 6.300 millones de euros.

  • Elkarkidetza. Poco tiempo después de aprobarse la ley de EPSV en 1983, nace esta entidad que es la que gestiona las aportaciones de las y los trabajadores públicos y de sus empleadores (administraciones locales y forales). Las aportaciones económicas a este "fondo privado" las hace tanto el empleador (Administración Pública) como las y los empleados que "voluntariamente" se acogen al mismo. El número de personas asociadas se aproxima a 30.000 y el patrimonio ronda los 1.000 millones de euros.
  • Itzarri. Nace en 2005 y a ella se va incorporando progresivamente la Ertzantza, la Enseñanza Pública ( la Universitaria -UPV/EHU- lo hace en marzo de 2010 ), Osakidetza... En esta entidad, a diferencia de Elkarkidetza, la persona empleada no necesita acogerse de forma voluntaria. Es decir, aquí, el Gobierno Vasco hace las aportaciones económicas, sin necesidad de que la persona empleada aporte cantidad alguna al fondo privado. Su patrimonio ronda los 700 millones de euros e integra a alrededor de 90.000 trabajadores y trabajadoras.

¡Con qué facilidad se olvidan elementos como los que siguen!:

- Que los llamados "recursos públicos" se conforman con el pago de los impuestos (directos e indirectos) por parte de toda la ciudadanía contribuyente;

- Que el uso que se haga de esos recursos hará que se fortalezca o se debilite tanto la justicia como la cohesión social;

- Que tanto las cotizaciones sociales, como las cantidades que ingresa el empleador (las tres administraciones) para complementar la pensión pública, próxima o futura de las y los trabajadores públicos, son salario diferido. Aún siendo así, hay que decir que ni significa lo mismo, ni el alcance es el mismo. Mientras en uno, las cotizaciones sociales se detraen de las nóminas (sector público-privado) y va a la Seguridad Social, en el otro, la cantidad que pone la Administración va directa al bolsillo privado de cada empleado o empleada. Es decir, uno tiene carácter social y además de ser contributivo y solidario, alimenta el sistema público de pensiones, que es un sistema de reparto. El otro, tendrá un fin social, pero es privado, no aporta al bien común ni a la justicia social y alimenta otro sistema: el individual, que es de capitalización.

Todavía hay quien confunde los derechos adquiridos con teología sindical. Nos parece de interés mencionar que el DEIA, el 29 de Abril de 2012, publicó una entrevista al Dr. en Ciencias Económicas por la UPV-EHU y profesor de contabilidad analítica, José Ramón Urrutia, en la que ante la pregunta ¿Hay dinero para invertir aquí? Respondía: "Kutxabank y Caja Laboral Popular-Ipar Kutxa, tienen que apostar por invertir aquí. También tenemos la posibilidad de usar mejor el dinero depositado en las EPSV vascas. Las EPSV tienen unos 20.000 millones de euros de los que ni siquiera el 10% está invertido en Euskal Herria. Tenemos un patrimonio que se puede usar aquí y ¡que está invertido fuera!" Desde luego, hay frases que merecen grabarse en mármol. Lo curioso es que nadie salió, en prensa, para confirmar o desmentir las declaraciones del Sr. Urrutia. Si tenemos en cuenta que las transformaciones financieras han hecho que los mercados sean mucho más rentables que el sector productivo, ya tenemos perfilada la respuesta a la pregunta ¿dónde está el 90% restante? Si bien es escasa, algo de luz es lo que nos aportan Virginia Oregui (gerente de Geroa) y Amaia Aldasoro (vicepresidenta ejecutiva de Elkarkidetza) en una entrevista que publicó Deia el 19 de Julio del 2015, donde declararon que el porcentaje del patrimonio de ambas EPSV invertido en Euskadi ascendía al 15 % (Geroa) y al 16% (Elkarkidetza) respectivamente.

Hay quien dice que el crecimiento y aceptación de las EPSV en Euskadi (1983) es debido a la cultura financiera de la Sociedad Vasca, cuando lo cierto es que la acción combinada de los partidos políticos, instituciones, y algunos sindicatos bien implantados es lo que ha permitido que se instale la cultura de la Protección Social Privada con el consecuente debilitamiento de la Protección Social Pública, a día de hoy gravemente comprometida.

Estos sindicatos llevan trabajando, en esta línea, más de 30 años. Y esto se hace cuando se prioriza los intereses del propio "sindicato" ( cuidar a su sector de influencia ) frente a la necesidad de recuperar la equidad, justicia social, así como, de reducir las desigualdades... Por lo tanto, según donde se ponga la mirada se adapta el contenido a transmitir.

Mirada hacia adentro

Aquí se trabaja para lograr la máxima rentabilidad financiera al ahorro de cada empleado o empleada pública que tenga Itzarri o Elkarkidetza. Se refuerza la hegemonía cultural capitalista y se estimula la lógica del "máximo beneficio", así como se bendice la "lógica rentista".

Aquí no se exige arraigo al llamado "ahorro vasco". Así mismo no se habla de la deslocalización del citado ahorro. ¿En qué economía está invertido ?. ¿En la economía real o la especulativa?

Aquí las emociones se viven hacia dentro. El alborozo y el contento se manifiesta con contención cuando se sabe que, por ejemplo, este año se han reactivado las aportaciones institucionales a Itzarri (venían de estar suspendidas los últimos 6 años). Sinduda una excelente noticia para empezar el año. Y se hace así, más que por pudor o estética, por el riesgo de que quienes están excluidos de este tratamiento de ventaja pidan explicaciones, o algo más. Conviene recordar que hablamos de empleos: estables, a jornada completa, protegidos y con condiciones laborales y salariales dignas, conciliables y con contrato indefinido.

El resultado es evidente: se pasa de estar protegido a hiperprotegido como si fuese lo más natural del mundo; y esto es lo que hace que alguien que "tiene la suerte" de tener este tipo de empleo pase a la categoría de "privilegiado o privilegiada".


Mirada hacia fuera (la sociedad)

Aquí las expresiones van hacia fuera. Se exterioriza intensidad y no se duda en llamar a "confrontar con el capital", a exigir transparencia a los demás, y a reconvenir al resto por no tener "agenda social"...

Aquí se exige arraigo al empresario y se censura la deslocalización de empresas. En definitiva, aquí se recogen los "principios", el "ideario"…

En resumen, la primera mirada sirve para ocultar y proteger el "tratamiento de ventaja" (EPSV) y la otra mirada sirve para exhibir sus "principios". El contraste entre las dos miradas es evidente. A esta dicotomía se llega cuando se considera que lo importante es no perder "espacio de poder", porque hay mucha competencia en el mercado electoral. Así que cueste lo que cueste, el sindicato es lo primero. Este enfoque lleva a considerar que la "coherencia" (cuando el verbo coincide con la praxis) está sobrevalorada y además es prescindible, y hace que la cohesión social deje de ser social y pase a ser grupal o corporativa, sin ningún problema.

Con qué facilidad se olvida que la penuria colectiva de las y los perdedores de esta crisis (jóvenes, mujeres, inmigrantes, familias monoparentales, contratados temporales y/o a tiempo parcial, trabajadores con empleo pero pobres...) descansa en la persistente desigualdad en la distribución de los recursos.

Con este planteamiento, cuando el empleador público oferta en la Mesa de Negociación Colectiva abrir a cada empleado o empleada pública de las tres Administraciones (local, foral y autonómica) una cuenta de pensión privada con aportaciones institucionales (recursos públicos de todas y todos) para complementar la pensión pública próxima o futura, los sindicatos firmantes no tienen inconveniente en priorizar la primera mirada (ventajas para sus representados) y firmar. La segunda mirada queda aparcada.

El resultado de esta manera de proceder es: un mal uso de los recursos públicos; no sirve para reducir las desigualdades; se desdibuja la transición a un "modelo de sociedad decente"; aumenta la inequidad: la equidad ni está ni se la espera. Ese sindicalismo combativo, con agenda alternativa y transformador (tan necesario siempre) queda en mera pirotecnia. Consolida una ciudadanía de primera y de segunda. Se impulsa una Protección Social Vasca dual o de doble velocidad, mediante la cual, una parte de la población va más rápido, más lejos y en mejores condiciones (gracias a la EPSV privada que complementa a la pensión pública) y la mayoría, va más lenta, en endebles condiciones y el recorrido es más corto (solo tiene el sistema público de reparto). Esa transparencia que se reclama a los demás, se la tiene que aplicar uno mismo. Por lo tanto pedimos a estos sindicatos que "rindan cuentas" al conjunto de la Sociedad. Se trata de explicar las EPSV en lo referente a: Estatutos; composición de los comités de dirección y de inversiones; retribuciones de los cargos; memoria económica; dónde se invierte el patrimonio (Itzarri, Elkarkidetza... ).

Quizás lo entiendan, ¿o no? las y los trabajadores de PYMES (pequeñas y medianas empresas), autónomos, sectores de Oficina y Despachos, trabajadoras de residencias geriátricas, hostelería, comercio… Pero seguro que lo agradecen. Así nadie se sustraería al escrutinio del contenido, de las actuaciones, y de los actuantes. ¡Qué importante es la información! Y así poder decidir con conocimiento de causa si aplaudir o hacer una peineta.

No os pedimos un acto de contrición, ni siquiera de atrición, pero sí una sincera autocrítica, que permita revertir esta situación "ventajista" para algunos y excluyente para la mayoría de la ciudadanía. Actuar así posibilitaría recuperar ese impulso transformador y renovador, que también le pertenece al sindicalismo, y que pasa por abandonar el papel de "agentes comerciales" de, en definitiva, un producto financiero (EPSV) que hiperprotege al protegido y desprotege a los y las grandes perdedoras y excluidos. Necesitamos ese sindicalismo alternativo y ejemplar que agrupe (sindicar es agrupar) al conjunto de las y los trabajadores (ocupados o no) para lograr ese cambio de mentalidad en la masa crítica de la sociedad.

Por lo tanto, reclamamos a los partidos políticos, instituciones, y organizaciones sindicales que a los ciudadanos de la CAV que quedaron, y siguen, excluidos de aparecer como beneficiarios de una cuenta de Protección Social Privada con dinero público (de todos y todas) se les reconozca el mismo tratamiento dado a los empleados públicos en dicha cuestión.

La penosa conclusión de este escrito se puede expresar en los siguientes términos: lo público es de todos y todas pero no es para todos y todas.

¡Salud y Vida Buena!

Juan Enrique Elua Suarez. Jubilado de Osakidetza.
Herminio Carral Olondriz. Jubilado de la Diputación de Bizkaia.

21/3/2018







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Madrid. 4-6 octubre 2018. Pensar con Marx hoy -Organiza: Fundación de Investigaciones Marxistas
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