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Canarias
¿Un proceso constituyente canario?
17/04/2018 | Jorge Stratós

Desvincular lo real de lo posible, encogiendo y congelando la realidad, es un vicio muy extendido en la política canaria. Conviene alejarse todo lo que se pueda de ese reduccionismo a lo fáctico, por sus nefastas consecuencias. Dicho sea en general y en particular. En general, porque esta no es la vida que realmente queremos (como canta Robert Waters en “Is this the life we really want?”), y necesitamos saber los motivos. En particular, dado que estas no son las Islas que realmente queremos (como muchos pensamos), y precisamos comprender el por qué. La desigualdad social que define a Canarias solo la desea una poderosa minoría ávida de dinero, privilegios y distinción. Es cierto que a su alrededor se acomoda un amplio bloque de poder, canario y no-canario, pero si se descuenta el miedo y la ignorancia inducida, la inmensa mayoría de la población de las Islas no desea tantas arbitrarias desigualdades en todos los terrenos, porque las sufre. Amplios sectores de mujeres y de mayores lo han mostrado recientemente, sin que quepa la menor duda.

Desvincular la mirada a lo logrado por la sociedad canaria (el “recipiente medio lleno”: lo que tenemos) de la mirada a lo deseado por la mayoría de sus ciudadanos (el “recipiente medio vacío”: lo que queremos) es resignarse a que Canarias vaya a la deriva, perpetuando el dominio que le impone esa minoría oligárquica que todo lo controla a su antojo, con mayor o menor consentimiento-y-engaño. Por eso me pronuncio contra el “realismo claudicante”, ese que pretexta que “otra Canarias no es posible”. Porque es la gran opción ideológico-política desde la que ciertos españolismos y canarismos camaleónicos ceban y cimentan al bloque de poder, mientras fingen que se le oponen (de la misma manera que, entre paréntesis, también me declaro contra las seudoalternativas que rechazan ese colaboracionismo desde un “irrealismo extraviado”, que anda siempre perdido y engañado entre dogmas obtusos sobre la buena canariedad).

Hartos del tacticismo conformista

En concreto, el unionismo autonomista realmente existente es una opción de esas características, siendo como es una preferencia legítima desde el enfoque democrático, pluralista e incluyente que suscribo (al igual que también lo es, por cierto, el separacionismo independentista). En Canarias, la gran opción unionista que ocupa el Gobierno y todo el Parlamento tiende a devaluar valores democráticos como son la participación y la deliberación honesta y transparente para la toma de decisiones en los asuntos públicos. Incurre en el tacticismo, que no es más que un minimalismo partidista, ciego, falto de estrategia de transformación social, es decir, carente de perspectiva emancipadora de largo plazo, como se ha evidenciado en el penoso último “debate de la nacionalidad” (el estrategismo, por el contrario, es el yerro inverso, igualmente rechazable, un maximalismo intransigente, vacío, desprovisto de táctica, esto es, incapaz de comprometerse en la unidad de acción para el cambio real de corto plazo).

Por eso mucha gente, entre la que me cuento, está harta de que solo se le ofrezca —como ciudadanía de una democracia supuestamente avanzada— apoyar el conformismo cortoplacista y electoralero de las instituciones y partidos del actual régimen autonomista canario o adherirse a una quimérica separación canaria del Estado español (pace Catalunya, convertida por el Leviatán españolista en “una especie de protectorado” —según el penalista Joan J. Queralt—, aunque sea una nación objetiva y subjetivamente madura para luchar en la actualidad, entre errores e irresponsabilidades políticas múltiples, por incrementar su autogobierno y soberanía, si es que democráticamente su pueblo lo sigue demandando).

En Canarias, hoy por hoy (y hoy por ayer), los poderes fácticos —no se olvide, intraestatales e interestatales: gubernamentales, económicos, militares, religiosos y mediáticos— convergen sin ninguna dificultad en su negativa voluntad de modificar las injustas desigualdades del statu quo. De forma taimada, y de forma bestial, si se tercia. Muchas lecciones son las recibidas de la dictadura franquista pasada y de la democracia posfranquista actual. Retocar solo lo que haya que retocar para que todo siga como está. Y, erre que erre, esa minoría de poder oligárquico plantea y replantea siempre el mismo chantaje emocional y discursivo: que la ciudadanía canaria se someta al dilema trucado de elegir el “orden” unionista presente si no quiere un “caos” separacionista futuro, dilema maniqueo y prefabricado cuyos extremos se retroalimentan en un continuo bucle paralizante (que al menos se remonta a dos siglos atrás).

Un vínculo político que se llama soberanía

La gente feminista (entre la que, no obstante, se echa de menos una mayor presencia de varones) o la gente pensionista (en cuyo apoyo todavía escasean los jóvenes) es la última en denunciarlo, en Canarias y fuera de Canarias, movilizándose —lo reitero— en proporciones muy estimables. Lo que mujeres y mayores con sus respectivas demandas están planteando es precisamente la necesidad improrrogable de vincular lo que tenemos y lo que queremos, lo real y lo posible, lo logrado y lo deseado, el corto y el largo plazo. En fin, amarrar la política táctica a la política estratégica al materializar la política estratégica en la política táctica, como única manerademocrática de acabar con las respectivas brechas, desde ahora y para después. Ese vínculo político se llama soberanía. Soberanía feminista y soberanía pensionista, en los casos citados. Se llama también soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía turística… en los demás frentes cruciales. En resumidas cuentas, soberanía contra todas las brechas de desigualdad. Y generalizando, soberanía política, tanto individual (personal y ciudadana) como societal (comunitaria y nacional). Apliquémoslo a Canarias.

Recuerdo aquí que la soberanía no es más que poder autocentrado (descendente o ascendente) cuya principal facultad es la de constituir e instituir a un sujeto (a una persona o a una comunidad) como autoridad política. Cuando surgió la variante democrática de la soberanía en la Modernidad, se caracterizó por la voluntad de empoderar a los individuos (constituyéndolos en ciudadanos nacionales) y al tiempo empoderar a la sociedad (instituyéndola como nación ciudadana). Como poder democrático ascendente, de abajo arriba, les otorga derechos (y obligaciones) junto a pertenencia (e identidad) de ciudadanía y de nación. Por eso la soberanía ciudadana empodera de forma democrática a todas las personas de un ámbito nacional, al tiempo que la soberanía nacional empodera de manera democrática a toda comunidad de condición ciudadana. La soberanía democrática implica entonces —en tanto que vínculo político entre lo real y lo posible— un proceso histórico-social y ético-jurídico abierto y orientado a la constitución e institución de la ciudadanía nacional y de la nación ciudadana. En síntesis, un proceso constituyente.

Proceso constituyente de una Canarias soberana

Esto es, un proceso constituyente e instituyente de las “las Islas que tenemos” en dirección a “las Islas que queremos”. Porque una Canarias soberana no es una utopía paradisíaca. Es tan solo la construcción decolonial de una nación que pueda autodeterminarse democráticamente para empoderar de forma pacífica, libre e igualitaria a sus ciudadanas y ciudadanos. Que pueda autogobernarse para reequilibrar y desarrollar nuestra economía, para aumentar el bienestar popular y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de protección, participación y prestación a todas las personas de Canarias, sin indignas brechas de clase, de género, de etnia, de cultura y de ideología. Un proceso de lucha democrática contra la exclusión, en primer lugar, pero también contra la discriminación, la explotación y la opresión que aguanta la población de las Islas. Es decir, un proceso constituyente e instituyente canario contra la dominación y la dependencia. Si el que esto escribe fuese tan solo un desapegado lector, estaría tal vez preguntándose con impaciencia por el cómo, el cuándo, el quién, etcétera, de este proceso en la práctica. Es entonces cuando me contesto que si la urgencia ética se ha de combinar con la prudencia política, también hay que llamar a este cónclave a la razón comprometida.

Requisitos para un futuro de bienestar

Demandar la apertura de un proceso constituyente canario no es recurrir a una llave mágica que abra todas las puertas que a la ciudadanía se le pongan por delante. Máxime cuando algunas están cerradas a cal y canto. Un proceso constituyente canario no puede garantizarde forma ineluctable un futuro de bienestar para las Islas. En cambio, sí puede garantizar —y no es poco— que nuestro mañana deje de ser el futuro de malestar al que hoy nos está abocando la irresponsable y corrupta oligarquía dependentista canaria. Porque si a esas élites se les consiente seguir manteniendo e incrementando el desigual statu quo interno y externo del Archipiélago (que no es otro que el de una sociedad colonizada y minorizada que se deja engañar con una ingenuidad política digna de mejor causa), entonces los problemas se agravarán hasta extremos desconocidos. Es en este sentido en el que decía anteriormente que la urgencia ética (de impugnar la dependencia) debe ligarse a la prudencia política(de hacerlo de modo democrático) pero acudiendo a la razón comprometida (como materia de ese vínculo).

La conquista de una sociedad de bienestar en Canarias se deriva por entero de que se den tres requisitos y un prerrequisito implícito. Primero, la existencia de un sujeto agente adecuado a esa realidad posible; segundo, con la voluntad de lograrla; y tercero, a partir de los principios que de suyo exige. Concretando, el sujeto no puede ser otro que el que resulta de la conversión de las mayorías sociales de las Islas en pueblo canario soberano. La voluntad no puede ser otra que la de dotarse de la capacidad de luchar por un mayor bienestar para toda la sociedad isleña. Los principios no pueden ser otros que los de la democracia como modo de ejercer esa voluntad popular. Pero para que se den estas tres condiciones se necesita satisfacer el ineludible requisito de que ese sujeto-con-voluntad-y-principios exista en sentido político —que es algo que ahora no ocurre en Canarias—, es decir, se necesita que la mayoría social canaria se autoconstruya como pueblo en la demanda y ejercicio de la soberanía nacional canaria. Sin esa lucha política la población no puede ser pueblo, no puede ser sujeto político activo, tan solo será (seguirá siendo) pasivo objeto político.

La constitución como objetivo político

Un proceso de demanda y ejercicio de la soberanía nacional canaria como el recién citado —en el que simultáneamente nuestro pueblo se ha de construir a sí mismo de forma democrática— debe orientarse hacia la constitución de las personas que habitan nuestra comunidad a partir del reconocimiento tanto de sus derechos y obligaciones ciudadanas como de su identidad y pertenencia nacional. Esa constitución, en sentido material, no es ni más ni menos que el ordenamiento político de las relaciones sociales de poder de los individuos/personas que viven en nuestra sociedad/comunidad.

El momento constituyente debe ser entendido —según ha señalado Maurizio Fioravanti— como el “fundamento más auténtico de la constitución a emanar, en el que se determinan sus caracteres primordiales, a través de la proposición de una serie de normas fundamentales de principio”. Como apunta este pensador, “son estas normas, en su conjunto y con sus equilibrios internos, las que determinan los contornos de la constitución en sentido material, que bajo esta perspectiva coincide, por tanto, con el núcleo fundamental de la propia constitución escrita”, la constitución democrática. Desde este punto de vista, una constitución así no solo se basa en procedimientos, sino también en “principios irrenunciables que representan su núcleo esencial”.

Con principios y procedimientos democráticos que guíen la acción voluntaria de la ciudadanía nacional canaria, erigida en pueblo soberano, la constitución se nos presenta como el modelo de vida y la aspiración de futuro más deseable para la convivencia; en definitiva, como el ideal civilizador y la carta de navegación que debemos querer, tal como piensan los grandes teóricos del Derecho, empezando por Luigi Ferrajoli. Por eso hay que hablar tanto del proceso constituyente como de la norma suprema que ha de regular y garantizar un buen orden de vida ciudadana y nacional. Y hay que hacerlo antes de hablar del diseño institucional, funcional y competencial que debe incorporar el texto de la constitución.

La constitución como política vivida

Por proceso constituyente canario hay que entender entonces el curso democrático de formación de un poder soberano, un poder nacional autocentrado que surja de la ciudadanía empoderada de las Islas. Este proceso habrá de ser contingentemente abierto y deberá luego continuar como curso democrático de realización de ese poder soberano en un segundo proceso, el proceso constituido canario, que igualmente habrá de ser abierto. Así, la constitución democrática ha de ser la bisagra entre los dos procesos, cierre del primero en tanto que su determinada consecuencia y apertura del segundo en tanto que su causa determinante. Sin pasar todavía a analizar con detenimiento el primer curso (la fase constituyente) de ese macro proceso general de la política vivida —de abierta naturaleza histórica, jurídica y moral— que se ha de convertir en constitución democrática, conviene precisar el principal aspecto material a tener en cuenta, su anclaje social.

La constitución no es solo un corpus formal. No solo comprende “los principios jurídicos que designan los órganos supremos del Estado y establecen las pautas para su propia creación, sus relaciones recíprocas, su esfera de acción y, asimismo, la posición fundamental del individuo frente al poder estatal”, como diría Georg Jellinek para definirla desde el positivismo jurídico clásico, presuponiendo la existencia previa de un Estado. Porque no es así. Como argumenta Fioravanti, “un conjunto de individuos puede darse un Estado sólo si ya es un pueblo, es decir, si ya está, en sí mismo, ordenado. Y la medida del orden es la constitución en sentido material”.

En efecto, lo que une y vincula a los individuos —y los ata mucho más que cualquier contrato— es precisamente la articulación conforme a la constitución material. De ahí que la constitución democrática pueda ser considerada, a mi juicio, como política vivida, como proceso político y no solo como estructura jurídica, un proceso y una estructura que conforman las relaciones sociales de poder según el ideal democrático de la igual libertad ciudadana. Es decir, debe haber la conciencia subjetiva de un orden objetivo dado por la experiencia social, que se halle presente en la constitución en sentido material, para que haya leyes constitucionales en sentido formal. ¡Atención, jueces del Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional, que parecen ignorarlo! ¡Atención, asimismo, policías y fiscales de las altas instancias judiciales españolas, que no parecen tenerlo en cuenta cuando con pretextos arbitrarios reprimen y encarcelan a su antojo a ciudadanos no-violentos!

La constitución como aspiración política

¿Acaso podemos los canarios prescindir de constituirnos como poder soberano? ¿Cómo, si no, vamos a afrontar los graves retos del presente? Estoy refiriéndome a la necesidad de fundar un patriotismo constitucional republicano que (al margen de la vacía instrumentalización que se hizo de la idea de Dolf Sternberger, divulgada —y en parte modificada— por Jürgen Habermas) nos permita romper con el actual rumbo al abismo y avanzar en una nueva dirección. Avanzar como ciudadanía nacional no-dependentista que lucha —en tanto que pueblo— para construirse, constituirse e instituirse, con el objetivo político vivido de una constitución democrática reguladora y garantista. Y entendiéndola como nuestro ideal civilizador a la vez que como la carta de navegación hacia un futuro de bienestar. El empoderamiento soberano canario es la condición necesaria, aunque —¡ay!— no suficiente, para hacer frente a los retos de los tiempos actuales. De ello también es imprescindible hablar.

El que esto escribe, que sobrevive entre esos retos y medita sobre cómo abordarlos, no llegará a vivir el acceso a una sociedad canaria de bienestar. Nada, pues, de esperanza banal. Todo, sin embargo, de entusiasmo comprometido. Porque hablar de constitución democrática como ideal civilizador y como carta de navegación significa preocuparse y ocuparse de lo que realmente es posible: una mejor sanidad y educación, sobre todo para los niños y mayores de Canarias, al borde de un abandono cada vez más indigno; una formación, trabajo y vivienda que no existen para los sectores adultos más discriminados de la población isleña; una mejora del urbanismo y el medio ambiente, degradados desde lo publico y lo privado; una reversión del desequilibrio y extraversión económica, el histórico lastre dependentista que nos han impuesto las élites de poder; un freno de la colonización cultural.

14/04/2018

Este artículo es el resultado de agrupar dos artículos del mismo autor:

http://www.tamaimos.com/2018/03/24/un-proceso-constituyente-canario-1/

http://www.tamaimos.com/2018/04/14/ideal-civilizador-y-carta-de-navegacion-un-proceso-constituyente-canario-ii/

Jorge Stratós es un heterónimo de Pablo Ródenas Utray







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