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Tras el asesinato del niño Gabriel Cruz
La cadena perpetua y el sujeto reaccionario
22/03/2018 | Jacinto Morano

“Un pueblo no se deja engañar acerca de su fundamento sobre la esencia y sobre el carácter determinado de su espíritu; pero sobre la manera de saber esto y de juzgar sus actos y acontecimientos, etcétera, se engaña a sí mismo.”

G.W.F. Hegel, Filosofía del Derecho

El ruido mediático y las diatribas reproducidas en las redes sociales están generando, como reacción al atroz asesinato del niño Gabriel Cruz, una sensación de consenso universal alrededor de un sistema penitenciario duro. La mera repetición de argumentarios muy simples y enfáticamente emocionales le da a la cuestión un halo de obviedad que dificulta una discusión racional acerca de la política penitenciaria. Y, lo que puede llegar a ser más peligroso, la asunción resignada de que este asunto está, necesariamente y sin solución, abocado a suponer un caballo de Troya de las posiciones reaccionarias en la sociedad española.

No es en absoluto casual que esto se produzca una semana después de la gran movilización del 8 de marzo, cuando lugares comunes que parecían fijados en piedra (ni machismo ni feminismo…) se tambalean y emerge a la vista de todos un movimiento con potencialidad de poner en cuestión consensos sistémicos como hacía algún tiempo que no se veía, muy difícil de ser absorbido/recuperado. El asesinato de Gabriel se ha usado como escusa para cambiar el foco, hablar de otra cosa y marcar una agenda social mucho más acorde al interés conservador. Así el debate se centraría en que este asesinato demostraría la necesidad de paralizar el proceso de derogación de la llamada prisión permanente revisable, ya en trámite en el Congreso de los Diputados (y en cuyo primer debate el PP se quedó solo, aunque Ciudadanos haya mutado, una vez más su opinión).

Este intento de politizar el dolor, legítimo, humano, comprensible de la familia de niño asesinado (y el que empáticamente sufre la sociedad en su conjunto porque aún tiene sangre en las venas) no es más que una utilización interesada del sufrimiento humano. Si una tragedia carece de causas políticas, no tiene relación con el marco normativo o el estado, establecerla como centro y referente simbólico de una propuesta política no es más que un intento, nada sutil, de llevar a cabo una manipulación de masas.

Porque no se puede predicar con argumentos (sí con argumentarios, claro está, los argumentarios lo aguantan todo) que el asesinato de Gabriel Cruz tenga algo que ver con la mayor o menor severidad del sistema penitenciario. Y me explico.

En el año 2015 se instauró en España, con el voto a favor únicamente del PP, la imposición de la cadena perpetua para determinados delitos. Y decimos cadena perpetua porque “prisión permanente revisable” es tan solo un eufemismo. Pese a que se predica que pasado un determinado número de años (al menos 25 años) esta pena se revisará para comprobar si el penado está resocializado, esto no es, ni siquiera formalmente, cierto. Entre los requisitos de la revisión de la pena figura que la misma sólo lo será cuando una hipotética reincidencia no afecte a bienes jurídicos importantes. Teniendo en cuenta que la totalidad de los delitos penados con la prisión permanente revisable tienen vínculo con el derecho a la vida, la revisión de la pena es esencialmente imposible. Por tanto nada hay “revisable” salvo que hablemos en neolengua.

Pues bien, la cadena perpetua no ha servido para evitar ningún crimen violento de los que se han cometido desde su implantación. Tampoco el de Gabriel Cruz. Y esto no ha sorprendido a nadie que haya dedicado un solo minuto a estudiar el fenómeno. El impacto del endurecimiento de las penas en este tipo de delitos es prácticamente nulo, dado que esta tipología de criminales no realizan cálculos racionales en su actuación comparando la compensación del crimen con las consecuencias penológicas. Ese cálculo es más propio de delincuentes económicos. Esto se hace absolutamente evidente en los estados que tienen pena de muerte, donde el índice de crímenes sangrientos no disminuye. Y esto se puede ver simplemente analizando la historia penal española: ni la abolición de la cadena perpetua (en la dictadura de Primo de Rivera) ni la de la pena de muerte tras la Constitución de 1978 tuvieron impacto alguno en un incremento de delitos violentos.

Por tanto ni el mantenimiento de la cadena perpetua, ni su endurecimiento (endurecimiento formal, puesto que materialmente es imposible) supondrá ninguna garantía ni protección para la sociedad española. Más aún cuando el sistema penitenciario español era, antes de 2015, probablemente el más severo de nuestro entorno jurídico. Desde 2003 (de nuevo con una mayoría absoluta del PP) el tiempo máximo de estancia en prisión asciende a 40 años (lo que ya, de facto, constituía una cadena perpetua, teniendo en cuenta que la edad media de entrada en prisión es de 35 años). El 84 % de los penados cumple su condena sin acceder a ningún beneficio penitenciario (ni al llamado tercer grado), y tan sólo un 3 % a la libertad condicional.

Todo esto da lugar a que en España exista una población carcelaria de 65.000 presos, 116 por cada 100.000 habitantes, el porcentaje más alto de la Unión Europea, mientras tiene una de las tasas de criminalidad (tanto general como en lo tocante a delitos violentos) de su entorno. Y todo esto en una espiral de endurecimiento de las penas por encima de las previstas en el periodo de la dictadura que arrancó en 1995 con el Código Penal de la democracia.

La larga duración de las penas pone en cuestión la efectividad del principio recogido en el artículo 25 de la Constitución sobre el fin de reinserción social (que no es una mera reeducación) de las penas privativas de libertad. Gran parte de la ciencia jurídica coincide en que la extracción de un ser humano de las relaciones sociales durante periodos tan prolongados imposibilita (o cuanto menos, dificulta mucho) que pueda desenvolverse en las mismas con normalidad. Más en un modelo donde cada vez se dificulta más un progresivo retorno a la sociedad, con el accesos cada vez más restrictivos a permisos penitenciarios o regímenes abiertos (que no son premios de buen comportamiento a las personas penadas, si no partes esenciales del tratamiento penitenciario).

No se abstienen las brunetes mediáticas de restar importancia a la estancia en prisión pintando las instituciones penitenciarias como poco menos que hoteles de lujo. Sería una buena experiencia educativa que los ciudadanos y ciudadanas visitaran, en alguna ocasión, las prisiones españolas. Esto eliminaría muchos mitos e impermeabilizaría contra demagogias fáciles. La estancia en prisión, aún en periodos no demasiado prolongados, provoca profundos padecimientos, no sólo psíquicos, si no físicos. Alteraciones en la visión (el horizonte se aproxima) o en la audición (sensibilidad ante sonidos estridentes). Se suceden muertes en prisión de enfermos crónicos, se producen incrementos de las drogodependencias de los penados, se producen traslados en condiciones de hacinamiento, insalubridad y peligro para la vida de las personas internas,… Evidentemente toda la teoría jurídica coincide en que la prisión tiene un fin punitivo además de cualesquiera otros. Sin embargo, los padecimientos extraordinarios que existen en nuestro sistema penitenciario van más allá del fin punitivo. Y, en todo caso, niegan la imagen aparentemente idílica de unas prisiones en las que se estaría mejor dentro que fuera.

Por todo esto y tomando en cuenta las baja tasas de reincidencia (que son mucho más bajas en delitos contra las personas y aún mas en los delitos contra la libertad sexual) no puede fundamentarse en ningún argumento racional el mantenimiento o endurecimiento de la cadena perpetua.

¿Entonces qué está ocurriendo? Pues una operación de creación de subjetividad colectiva donde en un polo se sitúan los criminales (como si el crimen fuera una condición social unívoca y no un fenómeno individual) y frente a ellos la sociedad. Y la identidad de la sociedad se construiría en la defensa de la mano dura contra los criminales y quien no esté en esa posición es equivalente a un criminal. Muchos factores permiten esa operación. No es el menor la presencia mediática de los crímenes violentos, que simultáneamente los amplifica y trivializa. Lo que aparece en televisión paradójicamente es lo único real pero mantiene un permanente un halo de ficción, permite afrontarlo con distancia, parcialmente, sin profundizar en las consecuencias de los hechos ni las propuestas. Una vez se apaga la tele desaparece, la vida sigue, pero mientras dura permite un sobredimensionamiento emocional.

Y en ese momento operan los mecanismos de interacción de la sociedad capitalista. A la necesidad de satisfacción del deseo de retribución nacido de la natural empatía con las víctimas se le aparece una solución: utilizar al ser humano, en este caso al criminal (al monstruo, lo que lo hace más fácil), como medio de satisfacción del mismo. Encarcélesele y tírese la llave al mar. Así se restablecerá el equilibrio social. De esta manera se le niega la personalidad y, curiosamente, la responsabilidad, la condición necesaria para justificar la aplicación dela pena. Una condena sólo tiene justificación si deriva de una acción consciente de un ser humano, que está en condiciones de asumir las consecuencias de la misma. Si el criminal pierde la condición humana, si pierde su condición de sujeto de derecho, se hace evidente que tampoco es susceptible de ser penado.

Pero esta circunstancia es consustancial a la sociedad contemporánea. Si los trabajadores y trabajadoras han pasado a ser recursos humanos no debe sorprendernos que los delincuentes no tengan otra condición que la de chivos expiatorios en el altar securitario. Simples cosas. Decía Karl Marx que "la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas." Y, mientras la humanidad se cosifica, la represión, la mano dura, adquiere la condición de fetiche. Oculta la realidad, tranquiliza falsamente la conciencia y deja todo exactamente como estaba. Porque mientras debatimos sobre la cadena perpetua no tomamos ninguna medida que, de verdad, tenga alguna relación con la prevención de delitos violentos. No se analizan los recursos y estrategias policiales (que sólo preocupan al gobierno cuando se trata de incrementar su capacidad represiva), no se toman en serio las medidas de lucha contra la violencia machista, no se realiza ni un solo movimiento para cortar las vías de financiación del terrorismo internacional. Una cabeza de turco parece mejor solución que una verdadera solución.

Sin embargo, como empezaba esta reflexión, quizás el mayor peligro es que la sociedad se acabe creyendo que no hay más alternativa que reacción o crimen. Las batallas culturales e ideológicas siempre y necesariamente son una muestra de un conflicto entre modelos societarios. Lo peor que podemos hacer, peor incluso que perder la batalla (lo cual sería grave por el giro reaccionario que prologaría), sería renunciar a darla. Asumir que esto no es un “marco ganador” (SIC) y confiar en la insuficiencia parlamentaria de PP y Cs para evitar el mantenimiento de la cadena perpetua, pasando de puntillas sobre el tema. Es la vía más segura para una victoria parlamentaria y una derrota moral. No podemos asumir tranquilamente que la conciencia social es necesariamente reaccionaria, porque de ese aserto han provenido todas las derrotas del movimiento popular que en el mundo han sido.

Una sociedad en la que se reconozca el carácter humano y la dignidad incluso de sus peores criminales, sin perder un ápice de contundencia ni complacencia, será una sociedad humana, donde la vida sea digna de ser vivida.

22/03/2018

Jacinto Morano es jurista y diputado de Podemos en la la Asamblea de la Comunidad de Madrid







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