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Francia
Se abre una ventana para combatir a Macron
21/03/2018 | Leon Crémieux

El gobierno Macron avanza a marchas forzadas desde su elección, aplicando paso a paso un proyecto de reformas liberales fundamentales, aligerando por una parte las cargas fiscales de la patronal (supresión del impuesto sobre la fortuna, tarifa plana del 30% sobre las rentas del capital), y, de otra, atacando a la gente asalariada en varios terrenos fundamentales: en la legislación del trabajo con leyes y decretos instaurados mediante un sistema de ordenanzas gubernamentales (que permiten evitar todo debate parlamentario y todo procedimiento de enmiendas), tomadas en el otoño, en numerosas disposiciones que obligaban a la patronal en el Código del Trabajo (supresión de la prioridad a las disposiciones del Código y de los acuerdos de rama sobre los acuerdos de empresa, supresión de la responsabilidad del grupo en caso de cierre de un establecimiento o de una empresa, disminución de los montantes de las indemnizaciones en caso de despidos abusivos, posibilidad de ruptura de convenios colectivos evitando los procedimientos y las cargas financieras de los planes sociales). A esto se añade un ataque frontal contra el derecho sindical, con una disminución que llega al 50% del número de electos del personal a través de la fusión de las instancias actuales (comité de empresa, delegados de personal, comité de seguridad e higiene) en una única instancia: el Comité Social y Económico (CSE) que dispone de menos medios legales para sus labores.

La ofensiva prosigue a comienzos de 2018 con un ataque de fondo contra el salario socializado, es decir las cotizaciones sociales basadas en los salarios y que financian la protección social (enfermedad, jubilación, paro) y la formación. El objetivo es hacer salir progresivamente de la masa salarial el conjunto de estos gastos para los derechos sociales de la gente asalariada y hacer de ellos partidas presupuestarias financiadas por la fiscalidad.

En la práctica, es la puesta en cuestión fundamental del salario socializado puesto en pie desde el final de la última guerra, garantizando colectivamente la continuación del salario en caso de enfermedad, de paro o de formación. Esta puesta en cuestión comenzó en los años 1990, mediante pequeños retoques, con la creación de la Contribución Social Generalizada (CSG), impuesto basado en el conjunto de las rentas que reemplazan, paso por paso, las cotizaciones de enfermedad. En 2018, esta CSG aumenta un 1,7 % pasando al 9,2%. En contrapartida, se realiza la supresión de las cotizaciones de paro y de enfermedad cobradas sobre los salarios, cuya tasa en 2017 era del 3,15%. Mecánicamente, esto permite contener las exigencias de aumento salarial por un aumento del salario neto del 1,4% pero también operar una bajada del 1,7% de las pensiones de jubilación sometidas a la CSG. Igualmente, en el otoño de 2017 se instauró una bajada de la financiación por el Estado de la ayuda personalizada a la vivienda (APL), logrando ahorrarse 800 millones de euros. Así, los y las estudiantes, que cobran una APL de 60 a 200 euros al mes, ven este año que esta ayuda baja en 5 euros.

con una reforma de las reglas de acceso a las universidades y una reorganización de la enseñanza antes del bachiller, el gobierno acentúa las reglas de selección, aumentando la reproducción social, a la vez que multiplica los cierres de clase en primaria, con el pretexto de dar más medios a las escuelas de las zonas prioritarias.

Tras haber atacado así a la juventud, a las personas jubiladas y a las asalariadas del sector privado regido por el Código del Trabajo, el gobierno quiere atacar ahora al estatuto de la función pública y los medios de los servicios públicos. Los medios de los servicios de salud están siendo atacados y se prevé la supresión de 120.000 plazas en la función pública de aquí al final del quinquenio, contando el gobierno con externalizar numerosas actividades realizadas hoy por éstos. Aquí también se trata de alinear a Francia con los países europeos que ya han hecho disminuir el la cantidad de funcionariado y la amplitud de los servicios públicos.

Paralelamente, se lleva a cabo también una ofensiva contra el estatuto del personal ferroviario y la actividad de la SNCF (la sociedad nacional de ferrocarriles), suprimiendo un gran número de pequeñas líneas en las regiones y abriendo rápidamente la competencia en las grandes líneas. El personal ferroviario goza de un estatuto público y de un régimen de jubilaciones específico, a los que varios gobiernos han atacado sin éxito, en particular el de Alain Juppé en 1995. Habría, por tanto, un aspecto emblemático en una derrota social del personal asalariado de este sector, un signo enviado a todo el movimiento obrero demostrando que si hasta el personal ferroviario ha sido derrotado, es inútil esperar tener fuerza como para resistirse a las reformas del gobierno.

En total, desde hace varias semanas, se han multiplicado de forma esporádica huelgas estudiantiles en enseñanza media y la universidad, pero también una movilización creciente de las personas jubiladas y asalariadas de los establecimientos hospitalarios de personas adultas dependientes (EHPAD), paralelamente a un movimiento de coordinación de los agentes hospitalarios organizados en una coordinadora nacional que cuenta con el apoyo de los sindicatos federación Sud y de numerosos sindicatos de la CGT. El personal asalariado de Air France, reunido en una muy amplia intersindical, estará en huelga los días 23 y 30 de mazo para exigir aumentos salariales del 6% tras 6 años de bloqueo de los salarios.

Siete federaciones de la función pública (todas salvo la CFDT y UNSA), tras haber convocado la huelga del 10 de octubre contra la congelación de su punto de índice salarial y contra los ataques al empleo y el estatuto, estarán de nuevo en huelga el 22 de marzo. Los sindicatos de la SNCF (CGT, SUD y FO) llaman también a manifestarse el 22 de marzo antes de lanzar un movimiento de huelga prolongada a partir del 3 de abril.

Numerosas empresas del sector privado afectadas por planes de supresión de empleos o de cierre están también en una fase de movilización como en Carrefour y Ford Blanquefort, empresa en la que trabaja Philippe Poutou [ex candidato y uno de los portavoces del NPA ndt].

En total, sobre la base de reivindicaciones particulares, pero afectando todas al empleo y a los salarios, y en muchos casos a los servicios públicos, se está construyendo un movimiento social de gran amplitud.

Nada garantiza su éxito, teniendo en cuenta que el gobierno tiene muchas bazas. Si ataca frontalmente y sin negociar realmente, puede contar con el apoyo de la CFDT y la actitud dubitativa de la dirección de Fuerza Obrera. Igualmente, sin tocar en absoluto sus objetivos, va a poner en escena una serie de reuniones con los sindicatos para un simulacro de negociaciones. La dirección de la CGT, de nuevo, se debate entre, por una parte, la presión de los sectores combativos que quieren construir una real correlación de fuerzas y un movimiento eficaz y, de otra parte, el temor a encontrarse aislada en un enfrentamiento con el gobierno.

Globalmente SUD Solidaires es la única organización sindical que plantea claramente una perspectiva de convergencia de las luchas y de la construcción de un todos y todas conjuntamente contra la política del gobierno. La opción tomada por las federaciones SNCF CGT, UNSA y CFDT de hacer una serie de jornadas de huelga no continuas a partir del 3 de abril es rechazada por Sud Rail que quiere construir un movimiento de huelga indefinida. El gobierno cuenta con apoyarse en esas paradas de la huelga para atascar a las direcciones en un falso diálogo social y evitar la conjunción de las luchas.

A esta división sindical y a esta división de sectores, se añade evidentemente el peso de la derrota de 2016 contra la ley del Trabajo y de la derrota sin combate contra las ordenanzas del otoño de 2017. Esto pesa sobre las espaldas de numerosos equipos sindicales combativos.

Estos elementos negativos pueden evidentemente ser contrarrestados por la dinámica de la movilización y la entrada en movimiento de sectores importantes de la salud, de la función pública y por supuesto del personal ferroviario. A eso se va a dedicar una militancia combativa compuesta por decenas de miles de personas.

Además, la principal contradicción de la situación desde el lado de gobierno Macron-Philippe es que espera en las semanas que vienen una ausencia de solidaridad en el tema de la función pública y del personal ferroviario. Un machaque mediático denuncia diariamente sus "privilegios". Sería falso decir que esta campaña no tiene efectos pero, al mismo tiempo, viene de un gobierno que ha aparecido estos últimos meses como el gobierno de la gente verdaderamente privilegiada, que multiplica los regalos fiscales para la gente rica así como para los y las accionistas. Además, la credibilidad del gobierno Macron depende menos de su popularidad que de la ausencia de oposición política seria.

En Marcha es una fuerza política débil, pero Los Republicanos así como el Partido Socialista están paralizados, el Frente Nacional está afónico y Jean Luc Mélenchon se encierra en una postura identitaria paralizando las energías de las personas a las que había logrado reagrupar. Además, sus orientaciones políticas sobre el tema de la migración y Siria no pueden sino desorientar a las capas militantes que le son más cercanas.

En conjunto, se abre una ventana social, que puede por sí misma cambiar el clima político. El 22 de marzo va a reunir a mucha gente en las manifestaciones. Pero va a haber que trabajar al máximo, tanto para ayudar a la convergencia de los sectores movilizados como, sobre todo, para la construcción de un todos y todas conjuntamente, local y nacionalmente, en las semanas que vienen.

Olivier Besancenot [otro excandidato y portavoz del NPA ndt] ha encontrado un amplio eco popular en varias intervenciones televisivas estos últimos días en favor de una solidaridad con los y las ferroviarias y de un movimiento unitario todos y todas juntas contra los ataque sociales. Más allá de la implicación de su militancia en la preparación del 22 de marzo y sus continuaciones, el NPA ha tomado la iniciativa de un llamamiento político hecho público este lunes reagrupando desde Alternativa Libertaria a Benoit Hamon pasando por la Francia Insumisa en apoyo al 22 de marzo y al movimiento de los y las asalariadas de los ferrocarriles.

Todo esto no constituye aún una primavera de las luchas, pero da fe de un clima político que puede cambiar si se construye un movimiento unitario contra Macron.

20/03/2018

http://alencontre.org/europe/france/france-une-fenetre-souvre-pour-combattre-macron.html

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur







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