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Tribuna viento sur
Pensiones: más insuficientes y con menos recursos
29/01/2018 | Mikel de la Fuente

El mantenimiento de los déficits de la seguridad social, el agotamiento del Fondo de Reserva de las pensiones, las revalorizaciones ridículas y muy alejadas de la inflación y las declaraciones de responsables del PP sobre nuevas medidas para la sostenibilidad del sistema de pensiones han creado una lógica preocupación tanto entre los pensionistas como entre el conjunto de la población trabajadora. Este artículo trata de aportar algunos elementos sobre la situación actual y futura de las pensiones.

El informe del Ageing Working Group(2015, p. 323) ) de la Comisión Europea preveía que la tasa de reemplazo de las pensiones públicas (cociente entre la pensión media y el salario medio), suponiendo constante la legislación en vigor cuando se elaboró, caería más de 30 puntos entre el 2013 y el 2060, desde el 79 % al 48,6 %. A más corto plazo y, por lo tanto, con mayor certeza, la caída prevista para 2030 es de 18,4 puntos. Ello equivaldría que para un salario constante en términos reales de, por ejemplo, 1000 euros, ¡la pensión media de jubilación se reduciría de los 790 euros en 2013 a 606 en el 2030! Los defensores de la reducción de las pensiones públicas arguyen que las actuales tasas de reemplazo son en el Estado español de las más elevadas tanto de la Unión Europea como de la OCDE. Obvian que esas tasas se relacionan con salarios netamente más bajos que los de la mayoría de los Estados de la UE, incluyendo entre ellos a los de desarrollo económico similar. Así, el 41 % de las pensiones contributivas en vigor en diciembre de 2017 eran inferiores al SMI de ese año (707,70 euros/mes). La cuantía de las pensiones no contributivas en el 2018 es de 409,2 euros/mes.

El gasto público en pensiones sobre el PIB en el Estado es varios puntos más bajo que en Francia, Alemania o Italia. Además, tanto las actuales pensiones medias y tasas de reemplazo como las previstas son medias que incluyen muchas diferencias en base a los salarios, la mayor o menor estabilidad de las carreras laborales y las reglas legales. Las últimas reformas legales, al acentuar la llamada contributividad (la relación estricta entre lo que cotizado y la pensión que se va a percibir), penalizan a las carreras laborales más interrumpidas y precarias, que es probable que vayan a sufrir reducciones más elevadas. La brecha de género de las pensiones, es decir, la menor cuantía media de las pensiones de las mujeres que las de los hombres, es del 34 %, mucho más elevada que la brecha salarial del 22,9 %, lo que se explica porque a los menores salarios se añaden carreras profesionales más inestables por la mayor dedicación de las mujeres a las actividades de cuidado y por las reglas legales 1/

Según la Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019, presentado por el gobierno español a la Comisión Europea, como resultado del impacto de las reformas realizadas desde 2013, el gasto en pensiones crecerá menos del 3 % en ese período; se recoge asimismo que ha disminuido sustancialmente el crecimiento de la cuantía de la pensión media de jubilación, desde el 3,5 % en 2012 al 2,0 % en el 2015. En ese mismo informe se precisa que como resultado de esas reformas 2/ la previsión del gasto en pensiones en el 2050 se reduciría desde el 14 % estimado antes de la reforma de 2013 a un 12,3 %. A pesar del aumento a casi el doble del número de pensionistas y de su porcentaje sobre el total de la población el gasto en pensiones solo aumentaría el 0,5 % sobre el PIB desde el actual 11,8 %. La diferencia con otros Estados de similar capacidad económica en el gasto sobre el PIB aumentaría en las próximas décadas.

Aunque a menor ritmo que en el pasado, el coste de las pensiones (como resultado del aumento del número de pensionistas y del mayor importe de las pensiones nuevas en relación con las pensiones que causan baja por fallecimiento) aumenta cada año, aproximadamente un 3 % frente al 7-8% de los años anteriores a la crisis. Es previsible que el coste se desacelere, dado que las medidas de recorte ya aprobadas, cuyo efecto restrictivo aumenta anualmente, reducen de forma acelerada la cuantía de las nuevas pensiones. Más aún si se mantiene la devaluación salarial y la extensión del trabajo temporal y a tiempo parcial. El mantenimiento de los déficits puede servir como justificante de nuevas medidas legales restrictivas, que pueden mantenerse incluso cuando esos déficits desaparezcan o se reduzcan como resultado de la plena aplicación de las medidas ya aprobadas, especialmente las del aumento en curso de la edad de jubilación, de la mayor dificultad de acceso a las jubilaciones anticipadas y de las que se comentan a continuación.

Ante la caída de las pensiones públicas, el discurso tanto de la UE como del gobierno español es el de compensar esa caída mediante las pensiones privadas. A ello colaboran las instituciones financieras y empresariales y asociaciones como Inverco y Unespa que presionan al gobierno del PP para que desarrolle aún más las ventajas fiscales y otras que favorezcan ese desarrollo de las pensiones privadas 3/. Sin embargo, a pesar del relativo desarrollo de las pensiones privadas en el Estado español en relación a otros Estados europeos, no es previsible que la citada caída de la tasa de reemplazo bruta de las pensiones públicas vaya a ser contrarrestada por las pensiones privadas, ya que la rentabilidad de las mismas es baja, más aún por las altas comisiones que cobran las entidades financieras que las gestionan. Su desarrollo solo se explica por su ventajoso trato fiscal tanto para la gente, especialmente la de rentas más elevadas, como para las empresas. Por otra parte, por las reducidas aportaciones de la gente de bajos ingresos, que además disponen de esas pensiones en menor proporción que los de rentas más altas.

Revalorizaciones, equidad intergeneracional y ¿ampliación del período de cálculo?

La importancia de la revalorización de las pensiones ha aumentado con el incremento de la esperanza de vida y, por lo tanto, de duración del percibo de las pensiones, cuyo importe supone el 27 % del coste total de las pensiones. La reforma realizada por la Ley 23/2013 suprime la inflación anual como elemento de revalorización y establece que las pensiones se revalorizarán entre un mínimo del 0,25 % y un máximo del IPC más el 0,50 %, en función de la relación entre ingresos y gastos de las pensiones. La mayor parte de los gastos y de los ingresos que se computan para fijar el índice de revalorización se basa en estimaciones apriorísticas en una serie de años –con el riesgo de manipulaciones interesadas- y se aplica a todas las pensiones, con independencia de su cuantía.

Para los próximos años se puede dar por seguro que las pensiones sólo se van incrementar el 0,25% anual, como ya viene sucediendo desde el año 2014, debido a la reducción de ingresos por la caída del número de cotizantes y de los salarios. La Fundación Fedea, poco sospechosa de exagerar en esta materia, ha pronosticado que el aumento del 0,25 % se mantendría en los próximos 40 años. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimaba en febrero 2017 que las pensiones perderán el 7 % solo entre 2013 y 2022. Otra estimación eleva al 11 % la pérdida de las pensiones en los quince años siguientes al 2014, en el supuesto de una inflación media del 2 %, tasa considerada deseable por la Unión Europea, que aumentaría al 14,5 % si la inflación fuera del 2,5 % anual, hipótesis previsible a la vista del aumento de las tasas de inflación en estos últimos años. La pérdida sería mayor aún si se volviese a la tasa histórica del 3 % que se produjo entre los años 2000 y 2012.

En los años 2016 y 2017, las aproximadamente 10 millones setecientas mil personas pensionistas (de pensiones contributivas y no contributivas) han perdido el 2,1 % de poder adquisitivo en el 2016 y el 1,725 en el 2017. Al mismo tiempo los salarios han perdido cuatro puntos desde 2009 en la distribución del PIB mientras que los beneficios empresariales se han incrementado en 8,3 % en el segundo trimestre de 2017 en relación con el primer trimestre de 2009 Intermo (datos señalados en un informe de Oxfam-Intermon, 2018). Por otra parte, como se apunta en un informe del Colectivo Ioé (2018), la desigualdad entre tramos salariales ha crecido de manera importante, por el continuo aumento de quienes perciben remuneraciones anuales, en cómputo anual, por debajo del SMI, que han pasado de 3,1 millones en 1994 a 6 millones en 2016, aumento debido a la extensión del trabajo precario y sin contrato. Dado que entre 2008 y 2015 los salarios han sufrido las consecuencias de la crisis más que las pensiones, es prácticamente seguro que en los próximos años serán las pensiones las que pagarán más duramente las consecuencias de las políticas de austeridad.

El 1 de enero del 2019 se inicia la aplicación del Factor de Sostenibilidad (FS) que vincula el importe de las pensiones iniciales de jubilación con la evolución de la esperanza de vida, medida cada cinco años, de forma que el importe total que perciban los pensionistas a lo largo de su vida sea constante. Teniendo en cuenta el probable aumento de la esperanza de vida, la aplicación del FS supondrá una reducción acumulable de las pensiones cada año. Como esta medida se aplica de forma indiferenciada, va a perjudicar más aún a los colectivos de trabajadores cuya esperanza media de vida, y por lo tanto de duración del cobro de pensiones, es inferior y que, además de tener condiciones de trabajo más duras, mayoritariamente perciben salarios más bajos. Según el informe del Comité de Expertos que sirvió de base a la ley del FS, éste daría lugar a una reducción del 5 % cada 10 años, mientras que la Memoria de Impacto Normativo de la Ley 23/2013 elaborada por el gobierno incluye una simulación conforme a la cual se produciría una reducción del 2,39 % a quien se jubile en el 2023.

Según la citada Memoria la aplicación conjunta de los dos elementos de la reforma de 2013, es decir, el nuevo criterio de revalorización y el FS, daría lugar a un ahorro de 890,6 millones de euros el año 2014 y a partir del 2019, con la entrada en aplicación del FS, se estabilizaría en una cifra de unos cinco mil millones/año, de forma que la reducción de gasto derivada de la ley de 2013 (es decir, sin computar otros elementos de reducción en evolución, especialmente los provenientes de la reforma de Rodríguez Zapatero de 2011) alcanzaría la cifra de 33 mil millones hasta 2022.

Ingresos insuficientes

Como producto del aumento del empleo el importe de las cotizaciones ha aumentado los últimos años (el 5 % aproximado en el 2017). Esa mayor recaudación se ve muy limitada por el desempleo, que todavía a finales del 2017 se mantenía según la última EPA en el 16,55 %, y por la devaluación salarial. Según el INE, el conjunto de la remuneración de las personas asalariadas alcanzó un máximo en 2008 con 559.777 millones de euros y todavía en 2016 ha sido de 532.822 millones (no se han publicado aún los datos de 2017), 26.925 millones menos. Esa caída de la cifra bruta de los salarios ha sido paralela a una reducción de la parte de los salarios sobre el PIB. La crisis ha cambiado la estructura de la distribución de las rentas por la internacionalización de la economía y la presión a la baja de los salarios. Al inicio de la crisis, en 2008, las rentas del trabajo (50,1 %) aventajaban en 8,4 puntos a las procedentes de los excedentes y mobiliarias (41,7 %).En el año 2013 mientras que las rentas salariales representaban el 46,7 % del PIB, las relativas a los excedentes empresariales y de capital se han situado en el 43,7 % del PIB, que equivale a 458.590 millones. Se trata del porcentaje más elevado desde 1996 (43,9 %) sin que se haya modificado. Por tanto, las primeras han bajado en más de cuatro puntos, mientras que las segundas se han incrementado en dos, incluso en los años en que imperaba el escenario de recesión de la actividad económica. El 2015 tuvo lugar un aumento de la parte salarial que pasó al 47,4 % del PIB, es decir, un 0,7 % más que en el 2013, mientras que la parte de los excedentes empresariales disminuyó hasta un 42,1 %, lo que implicó que la distancia porcentual entre salarios y beneficios en ese año 2015 era de 5,3 puntos, más que el 3 % de 2008 pero menos que el 8,6 % de 1996.

Otro importante elemento en la reducción de los ingresos de la Seguridad Social es la concesión de reducciones y bonificaciones sociales a los empresarios con el pretexto de la mejora del empleo y que alcanza una cifra de unos 3.500 millones anuales. Hay que agregar también lo relativo a la economía sumergida y la vulneración de los límites sobre las horas extraordinarias (De la Fuente, Mikel, 2016).

Por todo ello el aumento de los ingresos no ha reducido hasta la fecha el importe de los déficits de la Seguridad Social que en el 2017 ha alcanzado el máximo histórico de 18.350 millones de euros (previsión), equivalentes al 1,5 % del PIB. Dado el casi agotamiento del Fondo de Reserva ello ha obligado al Estado a financiar esos déficits mediante la concesión de créditos a la Seguridad Social, por importes de 10.192 mil millones de euros el 2017, previéndose este año que esa cifra aumente a 15 mil millones, aumento que se explica por la voluntad del gobierno de acudir en menor proporción al Fondo de Reserva. Como ya hemos dicho en otra ocasión, el mantenimiento de algo más de 8 mil millones en el Fondo de Reserva a inicios de 2018 se debe a una cuestión de imagen: la de no aparecer como quien ha liquidado del todo ese Fondo. En los Presupuestos Generales del Estado para 2017 el crédito se acordó mediante la emisión de deuda pública, que la devolución se produciría en 10 años, a partir del 2018 y a un tipo de interés cero. Sin embargo, parece que, al menos en relación con el de 2017, el Estado no exigirá el reintegro de esos créditos, que quedarán como meros apuntes contables. De esta forma los créditos se convierten en la práctica en una financiación de las pensiones a cargo de los presupuestos del Estado. No obstante, parece difícil que, ante las exigencias de la Unión Europea de contener el déficit público y la prioridad constitucionalizada de la prioridad del pago de la deuda, el Estado quiera mantener esa vía de financiación en los próximos años.

Algunos elementos de alternativa para la mejora de las pensiones

  • El mantenimiento y mejora de las pensiones públicas exige una dignificación de la condición salarial mediante la derogación de las últimas reformas laborales que, al reforzar el poder empresarial para contratar y despedir, facilitar el desarrollo de los contratos temporales y a tiempo parcial y debilitado la capacidad negociadora de los sindicatos, han contribuido a reducir los salarios, especialmente de los más bajos. Asimismo es necesario aumentar el salario mínimo, en mayor cuantía que lo negociado por UGT y Comisiones Obreras.

  • La negociación colectiva debe permitir recuperar lo que han perdido los salarios durante la crisis e impedir la brecha salarial de género enmascarada en clasificaciones profesionales que discriminan a las mujeres.

  • Lo anterior debe ir acompañado por la fijación de las pensiones mínimas contributivas cuando sean las únicas que percibe la persona pensionista, en la cuantía del salario mínimo y las no contributivas en el 75 % de ese salario.

  • Se deben derogar las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, en especial las del aumento de la edad de jubilación, de forma que las pensiones se revaloricen al menos conforme a la evolución del IPC de forma retroactiva y suprimir la aplicación del factor de sostenibilidad que hace pagar a las personas pensionistas el aumento de la esperanza de vida.

  • El envejecimiento demográfico no conduce fatalmente al empeoramiento de las pensiones públicas. No solo es necesario sino también posible dedicar más ingresos a financiar las mismas. Como no será suficiente el aumento de los ingresos por la mejora salarial y del empleo, la supresión de las reducciones de bonificaciones y exoneraciones de cuotas y la eliminación del fraude en las cotizaciones a la seguridad social, deberán implantarse otras medidas para hacer frente al aumento del número de pensionistas y la mejora de las pensiones, tema que esperamos tratar en un próximo artículo.

29/01/20189

Notas:

1/ Sobre la brecha de género de las pensiones, véase Errandonea, Elisabet, “El nuevo complementode maternidad y los factores que repercuten sobre la cuantía de las pensiones contributivas de las mujeres”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, nº 7, 2016, pp- 75-97.

2/ Para una presentación resumida de los recortes ver De la Fuente, Mikel, 2013.

3/ Sobre el impulso a las pensiones privadas, véase Danilo Albín, “El lobby español que quiere dejarte sin pensiones”, El salto, nº 9, enero 2018, pp. 8-10.

Referencias

Ageing Working Group, The 2015 Ageing Report Economic Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060), European Economy, nº 13, 2015.

Colectivo Ioé, Renta y patrimonio en España: insoportable desigualdad. Índice sintético del BSE (1994-2016), 30-12-2017, disponible en http://vientosur.info/spip.php?article13341

De la Fuente, Mikel “¿Son inevitables los recortes en las pensiones públicas”, Viento Sur, nº 130, 2013, disponible en http://vientosur.info/IMG/pdf/VS130_M_de_la_Fuente_Son_Inevitales_recortes_pensiones.pdf

De la Fuente, Mikel “El Fondo de Reserva y las pensiones”, http://vientosur.info/spip.php?article12767

Errandonea, Elisabet, “El nuevo complementode maternidad y los factores que repercuten sobre la cuantía de las pensiones contributivas de las mujeres”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, nº 7, 2016, pp- 75-97.

Oxfam-Intermón, ¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría, enero de 2018, disponible en . http://vientosur.info/spip.php?article13429







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