[Versión reducida del artículo que se publica en el nº 173 de la revista impresa]
Si los condenas a muerte si los matas,
ellos serán los seis clavos de tu caja,
los seis clavos de tu vida, los últimos, si los matas.
Rafael Alberti, La condena, Roma, diciembre 1970
En diciembre de 1970, el mundo democrático tuvo su corazón en Burgos y su cuerpo y voces en las calles de Euskadi, Barcelona, Madrid, París, Roma, Ginebra, Londres… El juicio sumarísimo contra 16 de sus militantes dio a ETA una proyección y solidaridad internacional que ayudó a socavar la larga dictadura franquista, anunciando su crisis y pronto final. Entonces, desde su exilio romano, Rafael Alberti mentó esos seis clavos solidarios con los condenados a muerte y acusatorios con el dictador causante de miles de análogas condenas. Los clavos de Alberti querían cerrar el ataúd de la dictadura, nuestras seis claves quieren contribuir a abrir la caja de la historia de esa singladura tejida por el compromiso y la militancia, por el sacrificio y la acción de una generación, sin la cual hubiese sido impensable el fin de la dictadura y los avances hacia la democracia.
1. El Sumario 31/69
El conocido como Proceso o Consejo de Guerra de Burgos, era el 31 abierto a lo largo del recién pasado 1969. Desde el año anterior se había multiplicado ese tipo de procedimientos llevados a término por los militares que, además de restringir en plazos y condiciones las posibilidades de defensa, se caracterizaban por la aplicación de los procedimientos, tipificaciones y penas del código militar.
En1968 se reformuló el Decreto Ley contra el Bandidaje y el Terrorismo haciendo que de nuevo fuesen tribunales militares los encargados de aherrojar con largas condenas de prisión o penas de muerte a todo resistente a la dictadura.
Pero el proceso 31/69 suponía un salto cuantitativo y cualitativo en comparación con los llevados a cabo contra Andoni Arrizabalaga, Iñaki Sarasketa y otros encartados en sumarios en preparación. No solo por el número de encausados y encausadas: 16 personas, sino por atribuirles el carácter de dirigentes en la organización ETA, haciendo del juicio un instrumento para aniquilar a dicha organización y a todo lo que ella representaba, Euskadi y su askatasuna, libertad.
Las detenciones de gran parte de la dirección de ETA en el invierno de 1968 y en marzo y abril de 1969, y el exilio de buena parte de sus cuadros y dirigentes podían hacer pensar que una condena ejemplar ( el fiscal pedía seis penas de muerte y 750 años de prisión), sería un punto final o cuando menos un escarmiento ejemplarizante para el nacionalismo vasco de nuevo cuño que actuaba de forma creciente desde mediados de los 60. El movimiento político generado por y en torno a ETA era tan plural, rico y atractivo que superaba los propios frentes (obrero, político, cultural, militar) en los que se había estructurado la organización.
Desde los años 1967-1968, ETA estaba en un proceso de discusión y clarificación ideológica, que desbordaba ampliamente el debate sobre las actividades y praxis armada de la organización.
Prueba de ello fue la VI Asamblea (agosto de 1970, Itxassou-Tarbes), donde habían quedado excluidos los planteamientos militaristas y donde se pretendía poner en marcha los cimientos de una organización en la que la clase obrera fuese el eje y motor de la estrategia revolucionaria y liberadora del pueblo vasco.
En esa coyuntura se dio el juicio contra los 16 militantes que, habiendo participado en los debates de la V Asamblea (1967), habían sido parte de la dirección en el bienio siguiente y, según el sumario, eran los responsables, como ejecutores e inductores, de la ejecución del comisario jefe de la Brigada Político Social de Gipuzkoa, Melitón Manzanas.
2. La dictadura juzgada
Desde su mismo inicio (3 de diciembre) y durante la semana escasa que duró, el Proceso de Burgos se convirtió en un juicio contra la dictadura.
Las largas intervenciones de las y los acusados del primer día mostraron bien que su intención era la de utilizar el juicio para exponer sus ideas políticas y cuestionar radicalmente no solo el sistema judicial al que se enfrentaban, sino a la propia dictadura.
La homogeneidad política de los procesados era tan evidente como la pluralidad de posiciones políticas por parte de sus letrados defensores. Tan solo José Antonio Etxebarrieta (hermano de Txabi Etxebarrieta) era militante de ETA, si bien posteriormente, Paco Letamendía, Juan Mari Bandrés o Miguel Castells fueron bien militantes de la organización, como Letamendía, o significativos líderes o representantes de las expresiones políticas derivadas de ETA político-militar y ETA militar posfranquistas: Euskadiko Ezkerra y Herri Batasuna, respectivamente. La adscripción del resto de los abogados reflejaba a todas las opciones antifranquistas del momento e incluso del pasado republicano. Mientras Pedro Ibarra venía de los ámbitos cristianos de izquierdas, Artemio Zarco estaba próximo a las corrientes anarquistas. José Luis Castro entroncaba con el republicanismo histórico e Ibon de Navascués y Ramón Camiña eran hombres del PNV, no organizados, al igual que el luego socialista Gregorio Peces Barba. Quien sí era militante, en activo, era el comunista catalán Josep Solé Barberá.
No obstante, todos y todas plantearon el juicio como denuncia del mismo proceso y de la negación de derechos y libertades en todo el Estado y, en particular, en Euskal Herria.
Cuando la estrategia de juicio-denuncia fue limitada y coartada por la interrupción continua y censura por parte del tribunal, se fue a la ruptura. La declaración de Mario Onaindia, afirmando que quería "aprovechar esta ocasión para dar a conocer la lucha del pueblo vasco y la opresión que sufre" concluyó con un "Gora Euskadi askatuta!” y con todos los procesados en pie cantando el Eusko Gudariak. El tribunal, despavorido y con los sables desenvainados, fue testigo de ese estentóreo cierre de las declaraciones de los enjuiciados.
3. La sentencia en la calle
Desde el mismo día del inicio del juicio se dio una extraordinaria movilización de masas en el País Vasco, con una amplia solidaridad en Catalunya, Madrid, en universidades como las de Valencia, Granada, Sevilla, y en las numerosas y grandes manifestaciones que recorrieron Europa (París, Roma, Londres, Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague…) reclamando la libertad de los procesados, la amnistía y el fin de la dictadura.
En la capital del Estado y en Barcelona, las movilizaciones empezaron en la jornada pro Amnistía del 3 de noviembre con manifestaciones de 8.000 y 3.000 personas respectivamente. La respuesta más importante, no obstante, se dio en las universidades con la huelga secundada por 15.000 estudiantes y que se prolongaría hasta el fin del juicio. El 3 de diciembre, pararon o realizaron asambleas grandes empresas como Seat, Harry Walker, Maquinista, Pegaso, extendiéndose las movilizaciones a las fábricas del Bajo Llobregat y, sobre todo, a una significativa serie de manifestaciones y saltos en las Ramblas, Sans, Puerta del Ángel y en poblaciones como Cornellá.
En esa misma fecha, en el País Vasco, Gipuzkoa se vio paralizada por una huelga general y la ocupación de las calles mediante manifestaciones masivas y levantamiento de barricadas, que llevó al gobernador civil de esta provincia a afirmar que “desde la guerra de liberación (sic) no se había creado una situación tan difícil y preocupante”.
En Bizkaia, donde el estudiantado estaba movilizado desde el día 30, el jueves 3, las grandes empresas de la margen izquierda –Babcock Wilcox, General Eléctrica, los astilleros de Euskalduna y la Naval– renovaban la dinámica de los paros y huelga del año 1947, con ejes estrictamente políticos, y engrosaban las masivas manifestaciones vespertinas en pleno centro de la capital vizcaína, repitiendo pueblo a pueblo la ocupación de las calles y plazas y la protesta de forma tan general como unánime.
El extraordinario y a partir de entonces repetido despliegue represivo, con una combinación de Policía Nacional y Guardia Civil en todas y cada una de las zonas y poblaciones superó todas las situaciones que se habían padecido durante el franquismo: las huelgas de 1947 y 1951 o la de Laminación de Bandas (1967), las protestas contra los juicios a Sarasketa, Arrizabalaga (1968-1969), o los Aberri Eguna o Primeros de Mayo de los años 60.
4. El clavo de Eibar: Roberto Pérez Jáuregui
Eibar, ciudad partera de la II República en 1931, con una implantación notable de comunistas y, en menor medida, de socialistas, así como uno de los lugares de mayor arraigo y actividad de ETA (tres de los encausados en Burgos, Enrique Gesalaga, Mario Onaindia y Jon Etxabe, estaban vinculados a esta localidad), junto la memoria de la masacre vivida durante la Guerra Civil, hizo que se dieran movilizaciones masivas y la acostumbrada represión por parte de la sempiterna Guardia Civil, reforzada con una compañía proveniente de Madrid.
El paro masivo de los días 3, 4 y 5 de diciembre y las manifestaciones de los días 3 (1.200 manifestantes) y del día 4 (2.000 manifestantes) fueron respondidas por la intervención combinada de Guardia Civil y Policía Armada, con especial protagonismo de los primeros. Fueron ellos quienes en la noche del día 4, hirieron de bala a Juan Manuel Gil Iriarte y a Roberto Pérez Jáuregui. Roberto, de 21 años, moriría cuatro días más tarde, en la madrugada del día 8. Sin terminar el juicio, se convertía así en uno de los clavos que anunciaba Rafael Alberti para el ataúd de Franco en su poema a los seis condenados a muerte.
5. El eco de la solidaridad internacional
Pero no solo fueron las calles y tajos de Euskadi los que se llenaron de luchadores. En la víspera del juicio, Le Monde tituló “manifestaciones de rara amplitud en Barcelona, Madrid y Asturias”. Y es que, desde las universidades y calles del Estado, una ola de solidaridad y de movilizaciones llevó al cierre de las mismas e hizo emerger una nueva generación de luchadores que desde mediados de los 60 dinamizaba la insurgencia antifranquista.
Por otro lado, mientras desde el mundo de la abogacía y de la intelectualidad se cuestionaba el Proceso 31/69, irrumpieron otras formas de protesta como los encierros y manifiestos en ese franquismo crepuscular. En Catalunya, 300 personas vinculadas a ámbitos académicos y a la cultura –Manuel Sacristán, Francisco Fernández Buey, Jordi Carbonell, Xavier Folch, Guillermina Motta, Oriol Bohigas, Joan Manuel Serrat…– se encerraron desde el día 12 en el monasterio de Montserrat aprobando un manifiesto en contra del proceso y a favor de la libertad de todos los presos políticos, que obtuvo un amplio eco en la prensa europea.
Mientras, algunos exfranquistas como Pedro Laín Entralgo o Joaquín Ruiz Giménez clamaban por el No más sangre, para cuestionar, además del propio proceso, toda la legislación franquista. Por su parte, el PCE, por primera vez en su historia, llamó junto con ETA a una jornada por la amnistía en vísperas del juicio, que finalmente se concretó en las movilizaciones del 3 de diciembre.
El apoyo a los encausados desde el ámbito internacional fue extraordinario. En Francia, no solo los partidos históricos de masas como el PCF, sino las nuevas fuerzas a su izquierda como el PSU y, sobre todo, la dinámica desarrollada en torno al renovado Secours Rouge, hicieron de París, Toulouse, Burdeos, Lyon, Bayona…, el escaparate de la solidaridad de miles de personas que veían en los 16 militantes de ETA a la vanguardia consecuente de la lucha contra esa dictadura.
En París, miles de personas desfilaron apoyando el llamamiento de Secours Rouge, al que se sumaron sindicatos como la CFDT y la CGT. Junto a la emergente y dinámica izquierda radical, encabezada por Alain Krivine y Michel Rocard, confluyeron los viejos dirigentes comunistas como Jacques Duclos, Georges Marchais, Santiago Carrillo o neosocialistas como Robert Bandinter, Pierre Joxe…, y los eternos luchadores por la defensa de los derechos humanos, en todo régimen y condición, como Daniel Meyer o David Rousset o el expreso español Marcos Ana. Con ellos, 20.000 personas el día 3 y 50.000 en la manifestación del 10 clamaban para que ni con Izko ni sus compañeros se diera un nuevo Grimau.
Este eco de la solidaridad internacional fue facilitado por un pequeño pero singular elenco de periodistas y observadores extranjeros que pudieron acceder al proceso. Entre ellas, destaca la abogada tunecina Gisèle Halimi fue sin duda quien mejor reflejó á chaud el proceso de Burgos, en su libro pionero (1971).
Su experiencia como abogada en los procesos con peticiones de penas de muerte de Moknine (Túnez, 1953), El Halia (Argelia, 1959) contra militantes tunecinos y argelinos y su papel de defensa y denuncia en el proceso contra la activista argelina Djamila Boupacha hizo de ella una observadora tan cualificada como especial.
Si bien Gisèle dudaba acerca de si la participación en las tramas judiciales de los gobiernos franceses o de la dictadura franquista no contribuía a legitimar esos juicios farsa. En este sentido, es elocuente el testimonio de Julen Kaltzada (2017) cuando relató como Gisèle Halimi se le acercaba en los recesos del juicio planteándole su extrañeza por la continuidad del mismo y su alegría cómplice cuando terminó por romperse.
Gisèle, que fue expulsada de España el 17 de diciembre de 1970, forma parte del relato integral de lo que fue informar y actuar en solidaridad consecuentemente con las mujeres y hombres entonces encausados.
6. El principio del fin de la dictadura
El desenlace del juicio de Burgos es conocido. Tras 18 días de espera, la sentencia fue notificada a los defensores el Día de los Inocentes (28 diciembre), aumentando tanto la petición fiscal tanto en años de cárcel como en el número de penas de muerte, que pasaron de seis (Xabier Izko, Xabier Larena, José Mari Dorronsoro, Mario Onaindia, Eduardo Uriarte, Jokin Gorostidi) a nueve, duplicando el castigo máximo en el caso de Gorostidi, Izko y Uriarte. No obstante, el impacto de las acaecidas durante la realización del juicio, el rebrote de las movilizaciones los días 29 y 30, tanto en Euskadi como en Europa, así como la reactivación de las presiones diplomáticas internacionales obligaron al dictador, “tras consulta con el Consejo de Ministros y el Consejo del Reino”, a recular y a no dar su ordinario enterado para las consiguientes ejecuciones.
Toda la sociedad democrática interpretó la postrera clemencia franquista y el propio desarrollo del juicio como una derrota de la dictadura que patentizaba su propio crepúsculo. Con distintas terminologías y formulaciones, todos los espacios antifranquistas hicieron un balance similar.
Desde el propio penal de Burgos, los 16 en una carta abierta en euskara, manifestaron su satisfacción por cómo habían desarrollado el juicio:
“Orain dela egun batzuk guretzat nahia besterik ez zena, egi bihurtu ahal izan dugu zuekin hertsiki elkarturik, eta batez ere, akusatuen eta defentsen nahi berdina egon dalako; guk gehiago esango genuke, defentsa eta akusatu hutsak izatetik, garrantzi haundiagoko zeregina eskuratu genuela, Euskal Herriaren izenean juzgatu ta kondenatu genuen sistema zapaltzailea ta burokratiko-militar guztia”.
[“Lo que hasta hace poco para nosotros era un deseo, lo hemos convertido en realidad unidos estrechamente a vosotros; sobre todo porque abogados y defendidos hemos tenido el mismo objetivo. Diríamos más: de ser meros defensores y acusados, logramos algo mucho más importante: juzgar y condenar en nombre de Euskal Herria al sistema opresor y a toda la institución burocrático militar”].
También el procesado Jon Etxabe (2011) desde una perspectiva temporal de 40 años señala:
“Franco eta frankismoa epaitzea bai lortu genuen. Nolanahi, herria izan zen epaiketa irauli zuena, salatzaile bihurtu zen epaitegi bilakatuz kalea. Euskal Herri osoa altxatu zen, mundo ia osoa ere bai, gizarte osoa. Herria izan zen diktadura kondenatu zuen egilea”
[“Conseguimos juzgar a Franco y al franquismo. El pueblo dio la vuelta al juicio, se convirtió en acusador, convirtió la calle en la sala de juzgado. Toda Euskal Herria se movilizó, casi todo el mundo, toda la sociedad. El pueblo fue quien condenó a la dictadura”].
Por su parte, el ejecutivo del PCE proclamó en Mundo Obrero: “El proceso de Burgos ha sido incontestablemente la batalla y la victoria política más importante hasta hoy contra el régimen franquista”.
El continuum reivindicativo y movilizador que se generó a raíz del Proceso de Burgos fue un vector importantísimo en la oposición a la continuidad de la dictadura y en el cuestionamiento de los escasos y recortados planteamientos reformistas de la transición posfranquista. Las luchas contra el Proceso de Burgos no solo pusieron en la agenda política la lucha por la libertad de los procesados, por la amnistía y a favor de los más básicos derechos humanos, sino de forma especial la cuestión de las nacionalidades sojuzgadas en el Estado español.
A partir de diciembre de 1970, no solo las nuevas izquierdas se declaraban favorables al derecho de autodeterminación de los pueblos; también los partidos antifranquistas históricos (PSOE, PCE, PNV…) debieron replantearse y actualizar sus alternativas a las nacionalidades del Estado.
En el ámbito internacional, incluso en países de fuerte tradición jacobino-centralista, ETA contribuyó a reforzar y dinamizar el debate sobre la problemática de las nacionalidades y pueblos sin derechos y su articulación en el marco de la lucha de clases. Les Temps Modernes publicó el conocido artículo de Jean Paul Sartre (que luego fue el prólogo del libro de Gisèle Halimi y reproducido como Zutik monográfico por parte de ETA V), y Partisans dedicó dos números monográficos, “Le Domaine National”, donde Maxime Rodinson, Ernest Mandel, Michael Löwy, C. Scalabrino, entre otros, combinaron la relectura de Marx, Engels y Rosa Luxemburg sobre la cuestión nacional con los análisis de las vivas problemáticas de Euskadi, Irlanda, Cabilia, Bangla Desh. En el segundo de dichos volúmenes, el comité ejecutivo de ETA, salido de la VI Asamblea, publicó, bajo el seudónimo de Entiki, las posiciones expresadas en el Zutik, 53: “El proletariado ante la opresión nacional de Euskadi”.
A otro nivel, las luchas en torno al Proceso de Burgos supusieron el marco y catalizador del nacimiento de una nueva generación joven y generosa en su compromiso que cristalizó en las organizaciones y dinámicas de luchas contra el final de la dictadura. El aldabonazo de Burgos hizo dar el salto a la militancia, y a la inserción en los procesos de lucha, a centenares de personas que en todas y cada una de las emergentes organizaciones de izquierda radical se desarrollaron teniendo como modelo referencial las movilizaciones que habían salvado de la muerte a los miembros de ETA.
El Relato dominante sobre el fin de la dictadura y la transición ha hecho desaparecer todas esas dinámicas de movilización, de resistencia y de ambiciosos programas de cambio social y político, así como a sus protagonistas, lo que nos obliga a recuperarlas, pues ellas fueron no los seis, ni los 16, sino los miles de clavos que cerraron el ataúd del franquismo.
Josu Chueca Intxusta es profesor titular de Historia Contemporánea de la UPV-EHU y fue militante de ETA VI Asamblea
Referencias
Etxabe, Jon (2011) Zamorako apaiz kartzela. Tafalla: Txalaparta. Halimi, Gisèle (1971) Le procés de Burgos. París: Gallimard (reproducido
en castellano por Monte Avila, Caracas, 1972). (2020) Une farouche liberté. París: Grasset.
Kaltzada, Julen (2017) Umezurtzen Aberria. Tafalla: Txalaparta.
Caussa, Martí (2014) “Los orígenes de la LCR (1970-1973)”, en R. Martínez
y M. Caussa (eds.), Historia de la Liga Comunista Revolucionaria (1970-
1991). Madrid: La Oveja Roja y viento sur.
