A finales de 2015, las elecciones legislativas dieron como resultado un escenario inédito en la política portuguesa. La coalición de derechas que durante cuatro años aplicó el programa de austeridad de la troika, encabezada por Pedro Passos Coelho (PSD) y Paulo Portas (CDS-PP), fue la fuerza más votada, alcanzando el 37% de los votos y 102 diputados en el parlamento nacional. En su conjunto, el Partido Socialista (PS), con el 32%, el Bloco de Esquerda, con el 10,2% y el Partido Comunista Portugués (PCP/PEV), con el 8,2%, sumaron 122 diputados. De la mano del entonces presidente, Cavaco Silva, la derecha formó gobierno, para poco después sufrir una moción de censura, abriendo camino al gobierno del partido socialista liderado por António Costa. Se formó la geringonça (la expresión, equivalente a “chapuza”, fue creada por el exvicepresidente derechista Paulo Portas, sosteniendo que se desmoronaría muy rápidamente, pero se equivocó, ndr) .
2015 - 2019: marcha-atrás en la política de austeridad
Durante cuatro años (2015-2019), el Partido Socialista gobernó con el apoyo del Bloco de Esquerda y del PCP en el parlamento, sin que eso supusiera la participación en el gobierno. Durante la campaña electoral, la coordinadora nacional del Bloco de Esquerda, Catarina Martins, lanzó un desafío a António Costa, que se presentaba con el programa más a la derecha en la historia del PS. Si los socialistas abandonasen facilitar el despido, la reducción de la contribución de la patronal a la seguridad social y el recorte de 1600 millones de euros en las pensiones, podrían abrirse las vías del diálogo entre los dos partidos. Forzado por el millón de votos a su izquierda, y con la derecha en minoría, António Costa firmó dos acuerdos distintos, con el Bloco y el PCP, contemplando una amplia lista de medidas, desde el bloqueo a nuevas privatizaciones, el retorno de ingresos retirados por la troika, el aumento del salario mínimo y el refuerzo de las ayudas sociales. El PCP rechazó siempre negociaciones a tres, concediendo al gobierno del PS una posición de fuerza en la negociación, pues necesitaba del Bloco y del PCP conjuntamente para conseguir la mayoría.
Durante cuatro años, tras una aplicación conflictiva e incompleta de las medidas acordadas, se sucedieron negociaciones anuales de los presupuestos del Estado, consiguiéndose ganancias adicionales de la izquierda, como fue el caso del PREVPAP, la protección social de los “autónomos”, la reducción del costo de las tasas universitarias, una nueva ley de bases de la sanidad en sentido progresivo o el proceso de despenalización de la eutanasia, este último aún en curso.
Aunque la reversión de las medidas de austeridad servían de distintivo común para el entendimiento, rápidamente quedaron claros los bloqueos existentes, señaladamente en lo que respecta a los dictados de los tratados europeos, al rentismo parasitario del sistema financiero y a las leyes laborales impuestas por la troika. En ninguna de estas materias el gobierno del PS demostró estar abierto a cambios estructurales a negociar con la izquierda.
2019: el fin de los acuerdos escritos
En 2019, el voto popular en las elecciones legislativas definió una nueva minoría a la derecha del PS, con el PSD (28%), el CDS-PP (4,2%), la Iniciativa Liberal (1,3%) y CHEGA (1,3%) sumando 86 diputados. El Partido Socialista reforzó su posición con el 36,3% y 108 diputados, el Bloco de Esquerda mantuvo los 19 diputados, alcanzando el 9,5% y el PCP redujo su representación a 12 diputados y el 6,3% de los votos. En este nuevo escenario, con sólo el Bloco o el PCP llegaban para que el PS consiguiese mayoría parlamentaria. Una vez completada una parte significativa del programa de declaración de la renta, el Bloco de Esquerda presentó al PS su disponibilidad para un nuevo acuerdo de legislatura, pero con una condición previa: la eliminación de las regresiones introducidas por la troika en la legislación laboral (depreciación de las horas extraordinarias, reducción del número de días de vacaciones, reducción de la base de cálculo de la indemnización por despido de 30 a 12 días por cada año de trabajo).
El gobierno del PS rechazó formalmente esa condición previa y la posibilidad de un nuevo acuerdo, apoyándose en la posición del PCP, que rechazó la metodología de los acuerdos escritos, afirmando la preferencia por la normal negociación anual de los presupuestos. Tres elementos ayudan a comprender esta negativa del PS a un nuevo entendimiento. En primer lugar, el alineamiento de António Costa con la táctica Macron, apostando por un centrismo que expulse a la izquierda de posiciones de poder en la economía y en las relaciones laborales, apostando por un discurso de chantaje sobre la amenaza de la vuelta de la derecha al poder, colocando al PS como el partido bisagra del sistema. En segundo lugar, la cesión a la presión organizada de la patronal para el mantenimiento de las normas penalizadoras de la troika en las leyes laborales. La búsqueda de la mayoría absoluta, paso necesario para a un reposicionamiento futuro del PS en relación con la izquierda, es la tercera razón y la dirección estratégica de António Costa desde 2015.
2020: la pandemia y las dificultades estructurales
La pandemia de la Covid-19 dejó al descubierto las fragilidades y las desigualdades estructurales de la economía y del Estado del bienestar en Portugal. Cientos de miles de trabajadores precarios perdieron sus empleos en la primera ola pandémica, sobre todo los que estaban sometidos a relaciones de trabajo informales o dependientes de la afluencia de público, como las trabajadoras domésticas, o los trabajadores de la cultura y del turismo. La falta de viviendas dignas puso en tela de juicio la protección de la salud pública de parte de la población y de los trabajadores emigrantes. Los servicios públicos alcanzaron niveles de demanda sin precedentes. En 2020, los índices de pobreza aumentaron un 25% mientras que el número de millonarios creció un 16%. A pesar de que el gobierno puso en marcha una serie de medidas significativas (de atención a las víctimas de despido, de ayudas extraordinarias, de suspensión de los cortes en el suministro de agua y energía), Portugal quedó muy por debajo de la media europea en la respuesta a la crisis, ejecutando el equivalente a apenas 5,6% del PIB en medidas extraordinarias.
La débil respuesta presupuestaria y la evidencia de las desigualdades recolocó en el centro del debate político las medidas defendidas por el Bloco de Esquerda. El esfuerzo a que el Servicio Nacional de Salud fue sometido puso en evidencia la falta de profesionales, desviados cara el sector privado a la búsqueda de mejores salarios. Las leyes laborales de la troika facilitaran procesos de despidos colectivos en grandes empresas, alimentando un régimen de precariedad. El agujero financiero creado por el Novo Banco continuó drenando dinero público. El Apoyo Extraordinario a los Ingresos (AER) dejó fuera a miles de trabajadores. En todos estos puntos, el gobierno del PS rechazó las propuestas del Bloco de Esquerda, que votó en contra de los Presupuestos. La aprobación de estos se debió a los votos favorables de los diputados del PS y a las abstenciones del PCP, PEV, PAN y de las diputadas no inscritas Cristiana Rodrigues y Joacine Katar Moreira.
2021: el impasse de la izquierda
Llegados a 2021, el Partido Socialista continuó con su táctica de contener los avances de la izquierda. La victoria de Marcelo Rebelo de Sousa, candidato presidencial conservador, resultó de una orientación al centro, con el apoyo de Rui Rio (líder del PSD) y António Costa, que movilizaron el grueso del electorado. La dirección del PS quería una victoria de Marcelo leída como un refuerzo a su orientación al centro. Y tuvo esa victoria. Al escoger navegar a la vista, sin acuerdos escritos, António Costa pudo reforzar su opción de aprobar los presupuestos con los votos de la izquierda, mientras que habitualmente el PS votaba en el parlamento al lado de la derecha en todas las cuestiones esenciales.
Después de las elecciones municipales, en septiembre de 2021, en que el PS ensayó, sin éxito, un discurso triunfalista basado en la distribución de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, la propuesta de Presupuestos para 2022, presentada en octubre, vino a confirmar la orientación al centro y una política de contención presupuestaria. Rechazando el margen coyuntural disponible debido a la suspensión de las normas del Tratado presupuestario, el gobierno optó por menos de lo que era necesario en lo que toca a las inversiones, en la respuesta a la crisis energética, en el combate contra las desigualdades y en la subida de los salarios. Pero sobre todo en la sanidad, las pensiones y en la legislación laboral; que son los impasses de la izquierda.
El Bloco de Esquerda presentó nueve medidas a negociar, todas rechazadas en su totalidad o parcialmente en aspectos cruciales. En la sanidad (dedicación plena, creación de la carrera de Técnico Auxiliar de Salud); en las pensiones (revocación del factor de sustentabilidad y nuevo cálculo de las pensiones para eliminar los cortes en las mismas de beneficiarios con largos itinerarios contributivos y profesiones de deterioro rápido, reconsideración de la edad de jubilación); en las leyes laborales (reposición de las normas pre-troika sobre las horas extraordinarias, días de vacaciones, indemnizaciones por despido y negociación colectiva). En prácticamente todas las medidas, el Partido Socialista defendió posiciones similares a las que mantenía cuando estaba en la oposición. El PCP centró sus reivindicaciones en la subida del salario mínimo, en el aumento de las pensiones y en el aumento de las guarderías gratuitas. Por primera vez, incluyó las leyes laborales en las negociaciones de los presupuestos del Estado.
Desde la presentación de la propuesta de Presupuestos, el Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, amenazó públicamente a los partidos con la disolución del Parlamento en caso de fracaso de la propuesta presupuestaria, maniobrando en el interior de su partido, el PSD, para reforzar las posiciones del nuevo candidato para liderarlo, Paulo Rangel. Sin justificación constitucional (la no aprobación de la propuesta de presupuestos no obliga a la disolución del parlamento), la amenaza de Marcelo benefició la táctica de inflexibilidad negociadora de António Costa, que de este modo puede servirse de la crisis política para volver a apelar a la mayoría absoluta, incluso sin excluir de su discurso el regreso a acuerdos con la izquierda, buscando presionar al Bloco y al PCP con los dos tableros políticos que se presentaban.
La propuesta de Presupuestos del Estado presentada por el gobierno de António Costa fue derrotada el 27 de octubre de 2021, obteniendo solamente los votos favorables de los diputados del PS y contando con la abstención del PAN y de las dos diputadas no inscritas. Marcelo Rebelo de Sousa anunciará esta semana las fechas de la disolución del Parlamento y de las elecciones legislativas, que deberían tener lugar a finales de enero de 2022.
2022: la izquierda lucha por su programa y por el apoyo popular
La convocatoria de elecciones anticipadas ocurre en medio de un clima difuso de recelo popular y de presión mediática sobre la izquierda. Estando claras las propuestas negociables y la inflexibilidad negociadora del gobierno, el Bloco de Esquerda no desiste de dialogar con los sectores populares de izquierda que se inclinaban por un apoyo a los Presupuestos. La derecha parte para estas elecciones con tres congresos programados y dos procesos de debate interno (en el PSD y en el CDS), y en la campaña medirá su discurso acerca de la posibilidad de futuras alianzas con la extrema-derecha de CHEGA. Es muy poco probable (y ninguna encuesta lo apunta) que esta derecha pueda alcanzar la mayoría. En cuanto a la mayoría absoluta del PS, sólo existe en los cálculos de António Costa.
Las elecciones no deberían ser un ajuste de cuentas. Dar fuerza al Bloco de Esquerda es la llave para un nuevo impulso a las negociaciones de la izquierda, por lo que es fundamental.
02/11/2021
Adriano Campos es dirigente nacional del Bloco de Esquerda.
Traducción: Manuel Fortes para viento sur
