Rusia convierte las partes de Ucrania que ha ocupado en una vasta zona militarizada, desde la que podrá lanzar ulteriores ataques, ha advertido el Grupo Oriental de Derechos Humanos (GODH). La expansión de infraestructuras de combate, instrucción militar y transporte, y la movilización forzosa de los hombres que habitan en la región han sido documentadas en un reciente informe de dicho grupo, que vela por los derechos civiles y laborales en las áreas ocupadas.
Mientras proliferan las instituciones militares, la industria en los territorios ocupados se estanca. Se obliga a jóvenes y mayores a adquirir pasaporte ruso y se infunden dogmas imperiales al alumnado en las escuelas. Se impone el terror contra toda forma de protesta. En este artículo trato de describir la situación en los territorios ocupados cuando la invasión masiva del ejército ruso en Ucrania entra en su tercer año, apoyándome en varias fuentes de información.
Militarización
Entre las pruebas de la creciente militarización que muestra el informe del GODH, publicado el mes pasado, figuran:
- El acantonamiento de cuatro nuevas unidades militares en las partes ocupadas de las regiones de Luhansk, Donetsk y Saporishya.
- La expansión de instituciones de educación superior militar, incluida la creación, el año pasado, de una sucursal de la Escuela Naval Najímov en Mariúpol, la ciudad del sur de Ucrania donde murieron miles de civiles a raíz de la acción militar rusa en 2022.
- La apertura de enormes instalaciones urbanas de instrucción militar: un terreno de 27 hectáreas en Donetsk con capacidad para entrenar simultáneamente de 3.000 a 4.000 futuros combatientes, y una segunda instalación en Luhansk. Hay planeadas tres más. Vera Yastrebova, del GODH, explicó a The New Voice of Ukraine: “Al Kremlin no le interesa el desarrollo industrial de las zonas ocupadas, sino más bien su desarrollo militar estratégico: instruir a soldados y lanzarlos de inmediato al combate contra Ucrania.”
- Apertura de cuatro nuevos comisariados militares, que organizan la movilización forzosa de los hombres que viven en la región.
- Incorporación de los territorios ocupados en el Distrito Militar Sur de Rusia y constitución de una unidad del Servicio Federal de Seguridad (FSB) en Donetsk, así como dos unidades de la Guardia Nacional rusa. Estos servicios tienen la misión de controlar a la población local; el GODH dice que también pueden servir de unidades de interceptación para impedir deserciones y desbandadas de tropas rusas en el frente.
- Creación de una nueva compañía ferroviaria, Novorossiya Shelesniye Dorogui. Sus prioridades consisten en construir dos líneas: de Rostov del Don, en el sur de Rusia, a Crimea, pasando por la Ucrania ocupada; y de Taganrog a Mariúpol, Volnovaja y Donetsk. Así se mejorará la logística militar rusa y se reducirá la dependencia de Crimea del puente sobre el estrecho de Kerch, que ha sido dañado por un bombardeo ucraniano.
Pavlo Lysyansky, del GODH, explica: “Se trata de un plan sistemático de los invasores para convertir las zonas ocupadas de Ucrania en una zona militarizada. Las unidades militares acantonadas allí serán una amenaza constante para el resto del territorio ucraniano. No habrá vida normal en las zonas ocupadas.”
Rusificación forzosa
La población ucraniana de los territorios ocupados está sometida a crecientes presiones para que acepte la ciudadanía rusa. Desde el 1 de enero de 2024 se deniega la atención sanitaria a las personas que no tienen pasaporte ruso. Las autoridades también tienen previsto exigir el pasaporte ruso para acceder a internet y para adquirir estufas de gas por parte de quienes carecen de calefacción.
Los jefes de las empresas locales han renovado sus esfuerzos por obligar al personal a aceptar pasaportes rusos, informa el GODH. “Por ejemplo, en una mina, el departamento de personal librará sendas declaraciones en nombre de la plantilla y las enviará al ministerio del Interior. Las administraciones escolares, las universidades y los hogares infantiles las prepararán en nombre de los progenitores.”
La campaña para forzar a la gente a renunciar a la nacionalidad ucraniana comenzó en Donetsk y Luhansk en 2019, y en Saporishya y Jersón después de la invasión en 2022. Las amenazas se multiplicaron pronto contra las personas que se negaban. En mayo del año pasado, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, dijo que se habían entregado 1,5 millones de pasaportes y que desde entonces no ha dejado de aumentar esta cifra.
La rusificación produce carne de cañón: la inclusión de los territorios ocupados en la llamada anual a filas que tuvo lugar en Rusia en octubre del año pasado supuso que los hombres en edades comprendidas entre los 18 y los 27 años estuvieron “sujetos a conscripción […] en una fuerza armada que está en guerra con su propio país”, señala un informe de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se trata de una más de las numerosas violaciones por parte de Rusia de las Convenciones de Ginebra.
Los menores tampoco se salvan: desde el mes de septiembre, los de 14 a 18 años de edad tendrán que asistir a un curso de “seguridad y defensa de la patria”, que incluye instrucción militar. Y los delincuentes se erigen en héroes: Al “ejército juvenil” (Yunarmia), un movimiento que imparte instrucción militar e ideología imperialista a adolescentes y cuenta con 29.000 miembros, se sumó en diciembre una unidad con el nombre de Kirill Stremúsov, quien fue un oficial de Jersón que colaboró de manera entusiasta con la ocupación antes de morir en noviembre de 2022.
Y por supuesto, la deportación forzosa de niños y niñas ucranianas a Rusia continúa. Serguéi Mirónov, líder de uno de los partidos de “oposición” domesticados en el parlamento ruso, ha adoptado ilegalmente a uno de ellos. Los pasaportes también sirven para controlar la disensión. Las autoridades ocupantes han elaborado procedimientos para privar a la gente de la ciudadanía y convertirla en apátrida a propuesta del FSB. Esto se utilizará contra “el creciente malestar bajo la ocupación, causado por los problemas sociales y económicos”, advierte el GODH.
La postura oficial de Ucrania consiste en apoyar a las personas que viven en los territorios ocupados o provienen de allí y que desean conservar la nacionalidad ucraniana. Sin embargo, los numerosos procedimientos burocráticos amenazan con frustrar a aquellas personas cuyo caso es menos claro. Un informe de Commons, periódico socialista, muestra cómo las personas que abandonaron el Donbás ocupado en su infancia y ahora son adultas se han visto sumidas de un círculo vicioso apátrida, en gran parte por culpa del Servicio Estatal de Migración de Ucrania.
Ruina industrial
La escasez de agua y la peligrosa contaminación de embalses y ríos es un problema cada vez más acuciante en los territorios ocupados. La principal fuente contaminante, advierte el GODH, es la explotación ilegal de minas, que según un recuento reciente suman un total de 900 (incluidas las minas abandonadas) y en su mayoría son pequeñas explotaciones a cielo abierto. El grupo acusa a los propietarios de las minas ilegales de ser responsables de 64 muertes en 2023, principalmente de trabajadores empleados en operaciones que carecen de medidas de seguridad. Estas minas ilegales han proliferado entre las ruinas de la cuenca carbonífera del Donets, que hasta no hace mucho era una de las más grandes de Europa. Cuando comenzó la guerra en 2014, allí había más de un centenar de minas en las repúblicas de Donetsk y Luhansk. Por lo menos 49 de ellas han sido clausuradas por inundación, según un estudio reciente.
En 2022, las repúblicas enviaron al frente a gran número de mineros: el 58 % de los que trabajaban en Luhansk, de acuerdo con las autoridades laborales locales. Este invierno, las autoridades de Donetsk han pedido a Rusia que envíe trabajadores para mantener abiertas las minas, mientras que los hogares de los pueblos de la zona cuya calefacción se alimentaba del carbón de las minas han pasado frío al cerrar muchas de ellas. Debido a la falta de medidas de seguridad, en círculos ambientalistas cunde la preocupación especialmente por la contaminación causada por las minas que llevan mucho tiempo cerradas, concretamente la mina Oleksandr-Zajid, donde desde 1989 se guardan residuos peligrosos, y la mina Yunyi Komunar, en la que las autoridades soviéticas provocaron una explosión nuclear para facilitar la liberación de metano en 1979, y que lleva cerrada desde 2002.
La industria siderúrgica, cuyo acero era antaño el principal producto de exportación de Ucrania, también se ha ido al garete. Entre las grandes siderurgias del territorio controlado por Rusia, la planta Azovstal en Mariúpol, entonces la más grande de Europa, ha quedado destruida por los bombardeos rusos. La planta Alchevsk, que solía producir regularmente 4 millones de toneladas de acero al año, ahora no llega a más de la mitad aproximadamente de esa cantidad. La producción de acero en el territorio controlado por el gobierno ucraniano, cuyas exportaciones se han visto mermadas por los bombardeos rusos en el mar Negro, también está luchando por sobrevivir. Tras la crisis financiera de 2008-2009, la producción anual de acero en Ucrania cayó de unos 40 millones de toneladas a alrededor de 30 millones. El estallido de la guerra en 2014 la redujo a unos 20 millones, y el año pasado fue de cerca de 6 millones.
Terror y represión
Cuando las tropas rusas entraron en el sur de Ucrania en 2022, aterrorizaron a la población a base de bombardeos masivos. El grado de devastación, que Rusia ha hecho todo lo posible por ocultar, se aprecia ahora más claramente: en Mariúpol, las muertes de civiles se cifran entre 8.000 y 25.000 o más. Un informe publicado este mes por Human Rights Watch detalla los daños causados en varios centenares de bloques de pisos, hospitales, escuelas, centrales eléctricas e infraestructuras de abastecimiento de agua. Relata cómo las fuerzas de ocupación obstaculizaron los intentos de evacuación de la población y la llegada de ayuda.
Una investigación de Financial Times demuestra que la película rusa sobre la reconstrucción de la ciudad, que han reproducido los medios, es un lavado de cara que falsea la situación real. Buen número de las 100.000 personas que siguen en Mariúpol –menos de una cuarta parte de la población de antes de la invasión– viven en pisos semidestruidos que carecen de calefacción, agua y otros suministros básicos.
Los bombardeos allanaron el camino para el establecimiento de brutales estructuras represivas. Representantes electos de los municipios y ciertos periodistas fueron señalados para ser detenidos a la llegada de las tropas rusas: algunos, como Ihor Kolyjáyev, alcalde de Jersón, sigue en prisión. La mayoría de las personas puestas en libertad han sido torturadas o maltratadas, informa la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los ataques a los derechos civiles son constantes. Se han creado tribunales rusos con jueces rusos, contraviniendo el derecho internacional. Entre los casos sobre los que Naciones Unidas ha manifestado su preocupación figura la condena de una mujer por publicar en redes sociales un vídeo con canciones populares ucranianas y el de la condena retroactiva de un hombre por una manifestación que tuvo lugar en territorio ucraniano en 2016. En los territorios que fueron ocupados en 2014, la represión de activistas es especialmente grave en Crimea. Docenas han sido encarceladas con acusaciones falsas, de una manera que recuerda la maquinaria represiva de la propia Rusia.
En un estilo colonial clásico, las autoridades rusas intentan –frente a la resistencia local– expulsar la lengua ucraniana de las escuelas. Todas las religiones salvo la ortodoxa rusa, están proscritas: como han explicado defensores de los derechos humanos en una conferencia de prensa del mes pasado, la represión no solo afecta a los Testigos de Jehová, sino también a diversas comunidades protestantes y musulmanas, así como a la iglesia ortodoxa ucraniana.
La resistencia frente a la invasión persiste. El informe más reciente del Centro Regional de Derechos Humanos de Luhansk, Alternativa, incluye docenas de ejemplos de protestas individuales o colectivas. Tan solo en Crimea, hasta diciembre del año pasado hubo 590 procedimientos judiciales abiertos por desacreditar a las fuerzas de ocupación. En Saporishya, la FSB informó de que había detenido a tres miembros adolescentes de un grupo denominado Sabotaje Negro por atacar a las fuerzas ocupantes.
21/02/2024
Simon Pirani
Traducción: viento sur
