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[Publicamos dos artículos sobre el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua, el primero de Oscar René Vargas y el segundo de Hermann Bellingahusen]

Represión y negociación

Oscar René Vargas

Con la represión generalizada de las últimas semanas lo que busca el régimen Ortega-Murillo es generar un clima de terror para evitar el avance de que cualquier candidato crezca en sus posibilidades de derrotarlo y, al mismo tiempo, tener apaciguado a la población por medio del terror.

La represión generalizada con más arrestos arbitrarios tiene como objetivo forzar una negociación por el temor al potencial incremento de las sanciones con la aprobación de la Ley Renacer.

El propósito de la Ley Renacer es imponer sanciones específicas, si el dictador Ortega no adopta reglas adecuadas, para unas elecciones "libres, justas, transparentes y observadas", así como también si se rehúsa a restablecer las libertades ciudadanas y respetar los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

Los aspectos clave de esta ley, es que exige informes clasificados sobre la corrupción de la familia Ortega-Murillo y sus allegados. Además, aumenta y endurece las sanciones contra funcionarios del régimen, incluyendo altos mandos del Ejército, de la Policía y del Consejo Supremo Electoral.

En una factible negociación Ortega-Murillo tratará de ganar tiempo, ceder lo mínimo para conservar el poder y obtener la eliminación de las sanciones internacionales que afecta, de manera individual, a su familia y al círculo íntimo de poder a cambio de algunas concesiones, logrando la impunidad y cuotas de poder.

La represión ha alcanzado tales extremos, con falsas acusaciones, que parece que el gobierno necesita proceder a desdramatizar la coyuntura política, reduciéndola a su mínima expresión. Seamos escépticos, como aconseja el sentido común, la negociación no va a suponer ninguna amenaza para la dictadura Ortega-Murillo.

Tampoco cabe atribuir virtudes reparadoras para los líderes políticos de oposición encarcelados ni para las víctimas de la represión, la negociación no parece que pueda servir de mucho a la hora de encauzar la improbable solución del contencioso sociopolítico.

Hasta la fecha las sanciones han resultado fútiles, insustanciales e inofensivas, pues no ejercen efectos prácticos sobre el sistema político de la dictadura, tampoco amenazan con destruir el poder hegemónico del dictador; sin embargo, ha aislado más a la dictadura.

Estamos ante otra espuria aplicación de la tesis de los presuntos efectos perversos de la política del “apaciguamiento”, que permitió a Ortega sobrevivir la crisis de abril de 2018, ejercer su política de hechos consumados, construir el sistema dictatorial y permanecer en el poder.

Si los que son favorables a mayores sanciones están errados de creer que con más sanciones se cae el régimen, los favorables a la negociación pecan de ingenuidad, al creer que el levantamiento de las sanciones podrá abrir un sendero de desescalada del actual atolladero sociopolítico y conducirnos a la democracia.

Otros piensan que con las negociaciones se puede iniciar un círculo virtuoso de cesiones mutuas; sin embargo, no hay indicio alguno, pues para eso haría falta un pacto previo de compromiso recíproco, al estilo de “sanciones por presos más democracia”.

Haría falta que Ortega-Murillo se comprometa por su parte a algo más, al menos a respetar el imperio de la ley, “conditio sine qua non” (condición sin cual no) hay democracia ni salida posible de la crisis actual.

La estrategia de los posibles mediadores (México y Argentina) es lograr el “apaciguamiento” de la represión por parte de la dictadura a cambio del levantamiento de las sanciones y que la dictadura se comprometa a conceder las libertades políticas, respeto de los derechos humanos, es decir, levantamiento de las sanciones a cambio de “rule of law” (imperio de la ley). Sin ese minimalismo democrático (sanciones por la totalidad de los presos políticos más democracia) nunca puede haber una verdadera negociación con la dictadura.

En una posible negociación puede que Ortega otorgue unas cuantas concesiones, se le conceda tiempo y al final no cumpla lo acordado. Ese es su modus operandi: golpea, reprime, lleva las cosas al límite y después se declara dispuesto para negociar. Es la táctica para ganar tiempo, tensa, suelta la cuerda y negocia, lo que le permite permanecer en el poder. Hay que tener presente sus incumplimientos a partir del año 2018 a la fecha, para saber cuál es su estrategia: firmar me harás cumplir jamás.

 

Ortega, el repugnante

Hermann Bellingahusen

I.

Nada descorazona e indigna más que una revolución traicionada, como terminó siendo la de liberación nacional de Nicaragua iniciada hace medio siglo, en la década de los setentas, con su culminación triunfal en 1979. Todos sentimos júbilo y optimismo. El mundo conoció los detalles, el heroísmo, las contradicciones humanas, y celebró una memorable y plural junta de gobierno. Aprendimos de sus mitos en la montaña verde y fuimos seducidos por su poesía nueva y vieja. Devoramos su paisaje del Pacífico al Atlántico, amamos a su pueblo liberado y respaldamos con ahínco la ejemplar campaña de alfabetización -la de las “cotonas grises”-, así como la nueva y ebullente libertad de prensa, sus tensiones y su transparencia, que siguieron a la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

En nuestro entusiasmo no supimos leer los presagios. El principal, el encumbramiento en 1985 de Daniel Ortega, el más limitado y mediocre de los por lo demás brillantes nueve comandantes del FSLN y su constelación de jóvenes oficiales y colaboradores civiles e intelectuales de talla. Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez eran parte del gobierno. Qué podía salir mal. Bueno, llevaban en contra a Washington y el Vaticano del papa polaco, y eso tendría malos efectos.

En aras del pragmatismo, vimos como folclórico el romance sandinista con el gobierno priísta de México, sin percibir que los sandinistas agarraban un camino chueco. Estamos hablando que tomaron comomodelo al gobierno vivales de José López Portillo. De fondo, como bajo continuo, retumbaba siempre la infame guerra “contra”, financiada y alentada por Ronald Regan y los somocistas embozados. La emergencia dispensaba muchas cosas.

Tuvieron que venir las fatídicas elecciones de 1990, cuando el FSLN perdió contra la coalición conservadora de Violeta Barrios de Chamorro. El Frente quedó atorado, inexplicablemente, en la figura de Daniel Ortega. Fuimos entonces concientes de la “piñata sandinista” de la que muchos revolucionarios se habían servido a cucharadas grandes, empezando por el comandante Ortega y su consorte Rosario Murillo, entonces sólo mediana poeta, sandinista civil de poco interés, aunque hasta los peores tienen su Lady Macbeth. Fue un cubetazo de agua fría. Recuerdo que lloré cuando fui esa noche a una marcha fúnebre en el Paseo de la Reforma. No era tanto como la caída de Salvador Allende, pero sí una desgracia.

Nos enojamos. La vida siguió para Nicaragua, como para todos, y su pueblo, dividido, se acomodó a la oposición “derecha”-“izquierda”, tratando de salvar lo mejor de la Revolución. La nueva democracia, al gusto de las potencias occidentales y la hipócrita comunidad internacional, condujo al país a una trama de contradicciones y nuevos problemas, como el tráfico de cocaína colombiana que encontró en Nicaragua su trampolín aéreo, y pronto se extendió en la población local el uso de la droga.

La nueva juventud ya no era heroica, ni deseaba serlo. Los verdaderos revolucionarios trataban de salvar, de lo perdido, lo que apareciera. El FSLN conservó el ejército, que no es poca cosa, bajo el mando de Humberto, el hermano de Ortega.

Desde el principio se había impuesto la llamada “línea tercerista” del FSLN, encabezada por los Ortega, con menor compromiso revolucionario. Era la más aguada de las tres corrientes del frente revolucionario. En el interregno del juego partidario, que duró hasta 2007, ese grupo no perdió del todo.

Cuando llegó la nueva oportunidad sandinista en las urnas, volvió a imponerse, inexplicablemente, la figura de Daniel Ortega, y el sandinismo volvió a encumbrar a quien había encabezado su debacle 17 años atrás.

Los escándalos no hicieron mella en la pareja Ortega-Murillo, que con el tiempo se erigiría como la Pareja Presidencial. Ni las violaciones repetidas del comandante a su hijastra adolescente, quien por denunciarlas debió exilarse, ni sus devaneos religiosos rayanos en el fanatismo, ni la inparable corrupción familiar impidieron que Ortega regresara a la presidencia, con estructuras sandinistas convertidas en gamberros y grupos de choque. El descontento creció en la población de raíz sandinista, hasta el triste clímax represivo del gobierno en 2018 contra las legítimas protestas populares.

II.

Si se dispensa la rapidez de estas pincelada del orteguismo reinante en Nicaragua, en el corazón del “Estrecho Dudoso” de los conquistadores, llegamos al presente, cuando los abusos del orteguismo ni tienen pudor ni freno. Como los verdaderos sátrapas, el gobierno de Ortega hostiga y encarcela a periodistas libres, intelectuales de gran valía, y ahora arremete contra posibles rivales electorales, a figuras públicas y empresarios, todos acusados de traición a la patria y de coaligarse con el imperialismo.

En referencia a los sandinistas democráticos que Ortega sataniza, escribe José Luis Rocha en NACLA, Reporte de las Américas (21/06/2021):  “Los dirigentes ahora confinados representan al sector democratizante del sandinismo, la renovación que no fue posible en el interior del FSLN y tuvo que buscar cauce en un partido que abandonó el adjetivo `Sandinista’ cuando en 2021 dejó de llamarse Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y se rebautizó como Unión Democrática Renovadora (UNAMOS). Contra estas personas Ortega apela a los viejos valores: la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Pero no es más que una excusa. El golpe al antiguo MRS obedece a múltiples razones, si atendemos a la particular idiosincrasia política de la pareja gobernante: UNAMOS es el partido que le resta bases, varios de sus dirigentes tienen experiencia organizativa, son los que en el plano internacional impugnan la imagen del FSLN como partido de izquierda y son los que contagian la idea, entre las bases del FSLN, de que es posible el relevo en el liderazgo: el MRS ha tenido cinco presidentes en sus veintiséis años de existencia; el FSLN, uno solo desde que llegó al poder en 1979”.

El pobre argumento de que la Nicaragua de Ortega es antiimperialista, y se supone que un escollo para Washington, alimenta aún simpatías en la izquierda latinoamericana y europea, la solidaridad o tolerancia de gobiernos nacionalistas como el mexicano, el venezolano y otros. Se culpa a los organismos no gubernamentales (¿dónde hemos oído eso?). Se criminaliza la diferencia, no en términos éticos o ideológicos (nunca han el fuerte de Ortega) sino de doctrina dictatorial y cínica.

Es notable la conversión de Daniel Ortega en Anastasio Somoza. No es el “hijo de puta” preferido de los yanquis, como lo fue Somoza, pero eso no lo libra de ser igual.

En un cable de AFP desde Managua podemos leer a Sergio Ramírez: “La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, escribió en su cuenta de Twitter quien fuera ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y es disidente del gobernante Frente Sandinista.

Según resume el mismo cable de AFP, “Ortega, en el poder desde 2007, enfrenta desde abril de 2018 una crisis política detonada por protestas masivas que piden su salida. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos, dos mil heridos, mil 600 detenidos y más de 103 mil exiliados, según el Meseni, grupo especial de la CIDH para seguimiento de la situación en Nicaragua”.

El gobierno de Ortega ha llegado a extremos estalinistas al detener en pocos días a cinco precandidatos presidenciales, a ex oficiales sandinistas como Hugo Torres y Dora María Téllez, al intelectual Humberto Belli (hermano de la célebre Gioconda), al empresario Gerardo Baltodano (hermano de una figura histórica del sandinismo). La lista podría ir creciendo para asegurarle a Ortega una nueva reelección (es presidente desde 2007, luego de serlo de 1985 a 1990: suma un total de 19 años gobernando).

Se trata de un régimen indefendible. No podemos engañarnos con pragmatismos y solidaridades trasnochadas. Ortega el tirano es una desgracia histórica del sandinismo, y junto con los Somoza, de la Nicaragua moderna. Si hubiera un nuevo Augusto César Sandino, Ortega lo perseguiría hasta liquidarlo.

Por enésima ocasión, pero con tintes más grotescos, vienen a cuento los versos de José Emilio Pacheco: “Ya somos todo aquello / contra lo que luchamos a los veinte años”.

Debería ser una lección para la izquierda y el progresismo latinoamaricano. Más allá de dar abundantes razones contra el Estado autoritario como única opción para los pueblos “amenazados por el imperialismo”, la experiencia orteguiana en Nicaragua es un manual completo de traición, corrupción, paranoia y delirios de grandeza de cualquier tirano.

El daño que Daniel Ortega causa al sandinismo histórico y a su pueblo es inadmisible e imperdonable.

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