Primero fue el acuerdo sobre pensiones Gobierno-CEOE-CCOO/UGT, de junio de 2021, y su correspondiente Ley. Lo siguiente, la reforma laboral recién aprobada estos días. El presidente Pedro Sánchez afirmó respecto del primero que era “solo el principio de una importante reforma que marcará un antes y un después en el sistema público de pensiones”. Por su parte, los sindicatos, henchidos de gozo, señalaron de que el texto “garantiza plenamente el mantenimiento del poder adquisitivo”. Por hablar, que no quede.
La subida del IPC en 2021 ha sido de un 6,5%, pero las pensiones subirán tan solo un 2,5%. Es decir, 9 millones de pensionistas sufrirán una fuerte pérdida de poder adquisitivo. Para justificar la medida, el Gobierno dice que en el acuerdo firmado en junio del 2021 se hablaba ya del IPC “promedio” y no del IPC hasta ahora conocido. O sea, trilerismo lingüístico y malas artes político-sindicales. Mientras, CCOO y UGT miran para otro lado.
Cuando en mayo de 2010 el gobierno de Zapatero congeló las pensiones, la pérdida de poder adquisitivo derivada de ello fue el 2,7%. CCOO y UGT calificaron aquello como un atraco y convocaron una huelga general contra esta congelación y la reforma laboral de Zapatero de ese mismo año. Sin embargo, a pesar de que el recorte de las pensiones es mayor hoy que entonces, estas centrales dicen que lo acordado es pura maravilla.
Esta reforma ha sido un requisito impuesto por la Comisión Europea (CE) para poder acceder a los Fondos europeos. Pero “esto es solo el principio”, tal como señaló Pedro Sánchez. El ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá ha hablado de alargar de 25 a 35 años el período de cómputo. Mientras tanto, los fondos de pensiones se relamen obscenamente ante tan suculenta ampliación de sus “nichos de negocio”.
Cambio de tercio. La CE exigió que la negociación y acuerdo sobre la reforma laboral contara con la presencia-veto de la CEOE. Ello supuso, de entrada, abandonar la promesa de derogar la reforma laboral de Rajoy. Luego, tras el acuerdo logrado entre Gobierno-CEOE-CCOO/UGT, éste fue convertido en texto sagrado y, tras una tramitación inflexible y una aprobación final de sainete, el Decreto Ley ha sido finalmente aprobado. El gobierno está feliz: lo importante no es si el gato es pardo o gris, sino que cace ratones. Lo demás no importa.
Pilares esenciales de las reformas anteriores de Rajoy y Zapatero seguirán en pie: centralización de la negociación colectiva en favor de los sindicatos firmantes y la patronal; despido fácil y barato; flexibilización de las condiciones de trabajo; falta de control público en los ERTE, no pago de los salarios de tramitación, subcontratación de actividades estructurales… Es por ello que frente a esta reforma se han realizado importantes movilizaciones impulsadas por la mayoría sindical vasca (ELA, LAB, ESK, STEILAS, Etxalde e HIRU) y galega (CIG, CUT..), así como también en Catalunya (Intersindical, CGT, Solidaridad, Cobas..) y Madrid (Solidaridad, CGT, EMT, Cobas..). En las propias bases de CCOO y UGT está costando vender el crecepelo firmado. No es de extrañar. Instinto de clase llaman a eso.
Los Fondos europeos fueron vendidos como maná que caería del cielo, pero lo que está cayendo son mamporros. Además, el dinero para los mismos no lo sacará Bruselas de una hucha-cerdito donde guarda sus ahorros, sino pidiendo unos créditos bancarios que habrá que devolver con intereses. Ahora bien, como la UE carece prácticamente de hacienda propia y más de un 80% de su presupuesto depende de las aportaciones de sus miembros, las cuentas solo podrán cuadrarse elevando estas cuotas. ¿Con cargo a los bolsillos de quién?
Hay más. Está previsto que en 2023 vuelva a entrar en vigor el Pacto Europeo de Crecimiento y Estabilidad hoy suspendido por la crisis pandémica. Volverán a pastar así de nuevo las vacas flacas de la austeridad. La deuda externa, que en 2019 dera de un 95,5% del PIB y hoy es de un 121% deberá disminuir año a año hasta llegar al 60%, máximo fijado por Bruselas. Lo ha subrayado Luis de Guindos, ministro de Economía de Rajoy y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), experto en estrujar los presupuestos sociales hasta hacerles sangrar.
Cuidado pues con los cantos de sirena. Lo que viene no son años de felicidad y perdices, porque éstas estarán reservadas para las multinacionales. Eso sí, de sus mesas caerán migajas debidamente magnificadas para hacernos creer que esto es jauja. Sucedió lo mismo cuando el estado español entró en la UE. Los fondos entonces recibidos se destinaron a cubrir los rotos derivados del desmantelamiento de la industria siderúrgica, naval, bienes de equipo, electrodomésticos, el impulso de la agroindustria y los monocultivos y, por último, al derroche infraestructural (autopistas y autovías, TAV, aeropuertos…) soporte de la política turístico-cementera impulsada en los años siguientes. A los presupuestos sociales no llegó apenas nada.
En los órganos de la UE las fuerzas de derecha, ultraderecha y liberales cuentan con una holgada mayoría. La CE y el BCE han sido, hasta hoy, implacables máquinas de guerra neoliberales. No hay razones para pensar que se hayan convertido ahora a credo social alguno. Prueba de ello es que la CE acaba de señalar que calificará como verde la inversión en centrales nucleares y de gas natural durante la transición ecológica.
Este y no otro es el espíritu que impregna la nueva economía europea y sus Fondos. Los cortos plazos, la complejidad del procedimiento, el alto importe mínimo exigido a los proyectos a presentar y el secretismo con el que todo se ha llevado ha cerrado el paso a la iniciativa social, municipal y de la pequeña empresa, quienes solo podrán acceder a roer los huesos del festín cocinado para las multinacionales. Por eso, crear ilusiones en relación a estos fondos carece de sentido. Por el contrario, prepararse para hacer frente a lo que viene es la única política sensata que existe.
Iruñea, 1/2/2022
