Emmanuel Macron ha retrasado la presentación de la reforma de pensiones, prevista para el 15 de diciembre, al 10 de enero. Miedo a la ira de que tan mal regalo se deposite tan masivamente al pie del árbol, y es justo el momento de comprobar que la LR [Los Republicanos, partido político de derechas, ndt] de Eric Ciotti no censurará el 49.3 [de la Constitución, ndt] que por sí solo permitirá aprobar esta reforma saltándose el debate en el Parlamento.
Pero incluso antes del 15 de diciembre, Élisabeth Borne [Primera Ministra, ndt], sus ministros Dussopt y Guérini, y el propio Emmanuel Macron comenzaron a derramarse en fragmentos de sonido y entrevistas. Confirman lo que ya se sabía: la reforma de Macron consistirá esencialmente en elevar la edad legal de jubilación de 62 a 64 años -o más, probablemente 65- retrasándola cuatro meses al año a partir de 2023. Los regímenes especiales (industrias de la electricidad y el gas, RATP, SNCF, Banque de France, Ópera de París, parlamentarios) se extinguirán gradualmente. La gente contratada a partir de entrar en vigor la reforma se afiliará al régimen general del sector privado. La reforma se aplicará a los trabajadores y trabajadoras de la función pública, cuyo régimen específico se mantendrá.
En lo inmediato, las pequeñas frases del Presidente y sus ministros apuntan a justificar una reforma rechazada masivamente por la población . La supervivencia de un sistema de pensiones de reparto al que los franceses están muy legítimamente apegados es el argumento número 1. En TF1, el sábado 3 de diciembre, Emmanuel Macron afirmaba lo siguiente: “Sí, debemos hacer esta reforma (…) Si no la hacemos, se pone en riesgo el sistema de pensiones de reparto. Las necesidades de financiación son enormes, seguirán creciendo en los próximos años. La única palanca que tenemos es trabajar un poco más”.
Gracias a este dinero ahorrado y al trabajo adicional de quienes verán retrasada su jubilación, podremos lograr nuestros objetivos de protegernos contra la inflación, de reindustrialización, de transición ecológica, de desarrollo de los servicios públicos, de reducción de los impuestos y todo ello... sin aumentar la deuda. Este es el argumento número 2. Esto es lo que afirmó Emmanuel el 4 de diciembre en Le Parisien[1]:
Gastamos dinero para proteger el poder adquisitivo de los franceses contra la inflación. Gastamos dinero para transformar e invertir en la Francia de 2030, a través de la reindustrialización y el cumplimiento de nuestros compromisos climáticos. Gastamos dinero para desarrollar nuestros principales servicios públicos, Interior, justicia, escuela, salud... Y todo eso, me he comprometido a no financiarlo con impuestos, que por el contrario quiero bajar. No lo voy a financiar con más deuda, ya somos uno de los países que la tiene más alta. Así que debe ser financiado por más creación de riqueza y la riqueza la crea el trabajo. Aquí reside la prioridad dada al trabajo, ya sea a través de la reforma de las pensiones, del seguro de desempleo, de los institutos profesionales, del servicio público de empleo…Tenemos un considerable potencial de riqueza a partir del trabajo.
Lo haremos con “justicia y equidad”. Este es el argumento número 3. En la misma entrevista, Emmanuel Macron explicó:
Nadie está feliz trabajando un poco más, pero para no rebajar las pensiones y trasladar nuevas cargas a nuestros hijos, tendremos que hacer un esfuerzo, gradualmente y teniendo en cuenta la carrera profesional de cada cual: las carreras largas, la penosidad en determinadas profesiones. Tampoco se puede rebajar el nivel de las pensiones. Al contrario, quiero aumentar la pensión mínima y mejorar las pensiones más bajas. La reforma de las pensiones es también, por tanto, una reforma de la justicia y la equidad.
Estos argumentos son falaces.
No es inútil refutarlos en un momento en que se inicia esta nueva batalla por las pensiones[2].
¿Una reforma para salvar el sistema de reparto?
El sistema de pensiones francés no está en peligro. En 2021 está financieramente equilibrado. En 2022 tendrá superávit. El Consejo de Orientación de las Pensiones (COR), organismo asesor y de previsión independiente, adscrito al Primer Ministro, prevé para 2032 un déficit de entre 0,5 y 0,8 puntos del PIB, o sea de alrededor de 10 mil millones de euros por año. Durante el período de 2021 a 2027, la proporción del gasto en pensiones en el PIB debería mantenerse estable y ligeramente por debajo del 14 %. Podría aumentar hasta el 14,2 o incluso el 14,7 % entre 2028 y 2032. A partir de entonces y hasta 2070, esta proporción se mantendría estable o descendería a pesar del envejecimiento de la población. La conclusión del COR es clara: “Los resultados de este informe no validan el fundamento del discurso que plantea la idea de una dinámica descontrolada del gasto en pensiones”[3].
El déficit previsto para los años 2022 a 2032 se debe a la política económica del gobierno. No son los gastos los que aumentan con demasiada rapidez, sino que son los ingresos los que disminuyen: debido al ahorro en puestos de trabajo y masa salarial del servicio público y a la política salarial que busca limitar al máximo el aumento de los salarios con escudos arancelarios y primas no sujetas a cotización para las pensiones.
Las previsiones económicas son frágiles. El gobierno ha aumentado esta fragilidad al imponer un marco poco realista, con una tasa de desempleo que, gracias a su política, bajaría al 5 % para 2027. Esta previsión resulta tan poco fiable que el COR aumenta esta tasa al 7 %. Existe una gran incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la economía en los próximos años. Es probable que haya una recesión en 2023. Su duración y alcance dependerán en gran medida de las políticas económicas y monetarias. Retrasar la edad de jubilación en tal situación conduciría, sin duda, a un incremento del desempleo, a una presión a la baja sobre el poder adquisitivo y, en última instancia, a una espiral recesiva[4].
¿La única palanca posible para equilibrar el sistema?
El sistema de pensiones se puede equilibrar con otras soluciones distintas a la prolongación de la edad de jubilación. El economista Michaël Zemmour evoca cinco de ellas: reconsiderar las exenciones de cotizaciones más inútiles; someter el ahorro salarial a cotización para pensiones; ralentizar el pago de la deuda social; dar marcha atrás a la reducción de la cotización sobre el valor añadido de las empresas (esta medida por sí sola generaría 8 mil millones por año a partir de 2024) e incluso aumentar sus aportaciones en 0,8 puntos para 2027. Esto supondría 12.000 millones de euros. Y el economista Gilles Raveaud por su parte subraya la importancia de los fondos de reserva de las pensiones y de las pensiones complementarias (150.000 millones).
¿Ahorrar en pensiones para bajar los impuestos y financiar el gasto público para la reindustrialización, los compromisos climáticos, restaurar la escuela, la sanidad, la justicia...?
El gasto en pensiones se clasifica oficialmente como gasto público. El gobierno quiere imponer una política de austeridad presupuestaria para el período 2022-2027. Según él, ese es el camino para volver al equilibrio presupuestario. Y todo ello bajando los impuestos sobre la renta de las empresas y de las categorías sociales más favorecidas. Comienza con el presupuesto de 2023 que será el segundo presupuesto más austeritario de los últimos 20 años. Parra el período 2022-2027 ha previsto un crecimiento medio anual del volumen de gasto público del 0,6% , inferior al crecimiento previsto del PIB. El ahorro que se haga con la elevación progresiva de la edad de jubilación durante este período no hará salir de la penuria y la insuficiencia al gasto público que sería necesario para cumplir con los compromisos climáticos, restaurar la calidad de los servicios públicos para todos y todas, lograr una verdadera reindustrialización.
Incluso el economista Patrick Artus señala que a nivel de la zona euro
para asegurar la transición energética (el equivalente de al menos el 4% del PIB, del que actualmente solo se financia la mitad), para recuperar el retraso en investigación y desarrollo (más de un punto del PIB para alcanzar el nivel de los Estados Unidos), para invertir en salud y educación, se puede estimar que faltan unos cuatro puntos del PIB del gasto público para honrar estos gastos necesarios más allá de lo ya comprometido.
Probablemente, esto también se aplica a Francia. No es la reforma de las pensiones la que lo hará posible. Tampoco la disminución de los impuestos. Al contrario. Si no queremos renunciar a las inversiones necesarias, particularmente en la transición energética, explica, no hay otra opción real que financiar “gastos públicos elevados, sea con una tasa inflacionista, sea con impuestos reales”.
¿Retrasar la edad de jubilación permitirá aumentar el trabajo de las personas mayores y, por tanto, producir más riquezas?
Hay que reconocer el mérito de la franqueza y la claridad en los argumentos de Emmanuel Macron. La jubilación a los 65 años va acompañada con la reforma del desempleo y la reforma de los institutos profesionales. El objetivo es el mismo: obtener más trabajo pagando menos. Y para ello aumentar la presión de la precariedad y la competencia en el mercado de trabajo. Como beneficio adicional, incluso tenemos el reconocimiento, cuando no la confesión, de que es el trabajo lo que crea la riqueza. Al mismo tiempo, seguimos en la segunda vuelta pero desde abajo: sí, el trabajo crea la riqueza, pero a condición de que sea rentable.
El retrasar la edad legal de jubilación es parte de la misma política de oferta y competitividad a través de la caída de los salarios reales. Esta es una política del antiguo régimen. No responde ni a los retos inmediatos de la coyuntura económica, ni a los retos de transformación del sistema de producción y de consumo.
¿Elevar la edad de jubilación mejorará el empleo de las personas mayores de 55 años, que es particularmente bajo en Francia[5]? Las medidas específicas de apoyo previstas por el gobierno[6] son débiles o lesivas, como la reducción de la duración máxima de la prestación de los trabajadores desempleados mayores de 55 años. La cuestión del empleo de las personas mayores debe abordarse de raíz, mejorando las condiciones de empleo, trabajo y formación a lo largo de la vida laboral. Y si se obtuviera a costa del empleo de los otros, la mejora global sería muy limitada, tanto económica como socialmente.
¿Una reforma justa y equitativa que tenga en cuenta las largas carreras profesionales y la penosidad de los trabajos?
Ni siquiera Yvan Ricordeau, el Sr. Pensiones de la CDFT, se lo cree. El actual sistema de larga carrera profesional, explica Henri Sterdyniak, permite a las personas que han trabajado al menos un año antes de cumplir los 20 y que hayan cotizado durante 42 años, jubilarse a los 60 años. La reforma retrasaría dos o tres años su edad de jubilación. El dispositivo actual para tomar en consideración de la penosidad, la cuenta personal de prevención, sólo ha afectado a 12.000 beneficiarios desde su creación. El gobierno sólo propone modificarlo marginalmente.
¿Aumentar la pensión mínima y mejorar las pensiones bajas?
La principal medida prevista por el gobierno consistiría en aplicar finalmente una ley aprobada en 2003 según la cual la pensión mínima sería del 85% del salario mínimo... La medida podría aplicarse a todos los y las pensionistas. Pero sería con un retraso equivalente al aplazamiento de la edad de jubilación para los recién llegados. Y esto solo concierne a los y las asalariadas con una carrera completa de cotización.
Las desigualdades en materia de pensiones entre mujeres y hombres siguen siendo considerables. Según el COR, las pensiones de derecho directo [las que se basan en las cotizaciones propias, ndt] son, de media, un 37% más bajas. La principal medida de “justicia y equidad” del Gobierno en este ámbito sería no retrasar a más de 67 años el derecho de pensión a tasa plena, que afecta principalmente a las mujeres.
¿Está fuera de discusión bajar el nivel de las pensiones?
El presidente juega con las palabras. Como señala Henri Sterdyniak, “el objetivo de un sistema de pensiones debe ser garantizar que las personas que trabajan se beneficien de un nivel de vida en la jubilación equivalente al de las personas en actividad profesional, a partir de una edad de jubilación socialmente determinada, que les permita disfrutar de un período en buena salud”.
El sistema de pensiones francés es uno de los más generosos del mundo, con una edad de jubilación a los 62 años como regla general, una paridad en el nivel de vida entre personas activas y jubilada, una reducción de la tasa de pobreza entre las personas pensionistas y una redistribución entre los altos y bajos salarios.
Pero las diversas reformas llevadas a cabo por los distintos gobiernos están conduciendo a un deterioro paulatino para los pensionistas actuales y para los futuros. La reducción del poder adquisitivo de las pensiones netas durante la jubilación es significativa. Se acentuó durante el primer mandato de cinco años de Emmanuel Macron debido a la sub-indexación de las pensiones y al aumento de la CSG [Contribución Social Generalizada, impuesto que somete a imposición las pensiones de jubilación e invalidez, las prestaciones de desempleo y los beneficios de las empresa, ndt]-. Y para el futuro, en el marco actual, según los diversos escenarios del COR, la pensión media ciertamente aumentaría más que los precios, pero el nivel de vida relativo de los pensionistas retrocedería gradualmente al nivel de la década de 1980. Por ahora es solo un promedio. Para todo un sector de la población, el sistema de pensiones ya no cumpliría su promesa. Esto es lo que se debe debatir. Pero Emmnanuel Macron, que quiere imponer una nueva y grave regresión, hará todo para enterrarlo.
Notas:
[1] Dos días antes, fue Elisabeth Borne quien fue entrevistada extensamente por el mismo periódi
[2] Estas explicaciones deben mucho a las notas y análisis de Henri Sterdyniak, Michaël Zemmour y Eric Berr . Véase también el librito que acaba de publicar François Ruffin de Les Liens qui Libérant: Le temps d’apprendre à vivre. La bataille des retraites.
[3] COR, Informe Anual, septiembre de 2022, página 9.
[4] Véase el análisis de Romaric Godin y Dan Israel.
[5] Dominique Seux, en France Inter el 6 de diciembre , afirmó haber aclarado la fake news según la cual “a menudo escuchamos que la mayoría de los nuevos jubilados, los que llegan a la jubilación, de hecho están desempleados”. Triste método el de difundir tú mismo una fake news para combatirla mejor. Porque nadie o casi nadie afirma que la mayoría de los nuevos jubilados estén desempleados. El propio editorialista da la cifra de que un 63% de nuevos jubilados estaban en situación de empleo cuando se jubilaron. Esto significa que el 37% no lo estaban. Y eso es lo considerable y lo que está mal. Es más, la proporción obviamente varía según la categoría social, en detrimento de los obreros y de los empleados y en detrimento de las mujeres. “Los hechos, nada más que los hechos”, concluyó ese día. ¡Vaya!
[6] Cf. Henri Sterdyniak: “Refuser la dégradation des retraites, maintenir et développer un système satisfaisant”, página 16.
12/12/2022
Traducción: viento sur
