El pasado día 11 la periodista Empar Moliner simuló la quema de una Constitución española en TV3 ¿Se trata de un hecho aislado o será el primero de una larga serie de actos simbólicos, como fue en su día la quema de banderas? Las aburridas discusiones sobre la investidura hacen pensar lo primero, pero la actitud del gobierno del PP frente a la ley 24/2015 de vivienda y pobreza energética puede provocar un cambio de clima en la calle y que ocurra lo segundo.
La periodista denunciaba que el Tribunal Constitucional hubiera anulado aspectos decisivos del decreto de pobreza energética de Catalunya, aprobado en 2013, que prohibía a las compañías cortar el suministro de gas y electricidad durante los meses de invierno a las personas en situación de vulnerabilidad económica. El decreto anulado tenía un alcance muy limitado: el desconocimiento y las dificultades burocráticas hicieron que sólo pudieran acogerse al mismo 895 personas y, por otra parte, sólo permitía evitar el corte del suministro en invierno y aplazar la deuda, pero no solucionar el problema.
Sin embargo la decisión del Tribunal Constitucional tiene un alto valor simbólico, al menos por dos razones.
La primera porque la hoja de ruta de Junts pel Sí situaba el decreto suspendido como una línea roja cuando decía: “La candidatura Junts pel Sí tiene la voluntad de ejercer la soberanía real por todos los caminos posibles, en primer término, en una serie de ámbitos sociales en los que disposiciones y decretos aprobados por el Parlament y el Govern de Catalunya han sido recurridos, suspendidos o anulados por el gobierno y las instituciones del Estado” Y el primer decreto que citaba era el de pobreza energética que acaba de anular el Tribunal Constitucional.
La segunda razón es que la decisión del Tribunal Constitucional anuncia la anulación de una ley mucho más importante: la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, fruto de una ILP impulsada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), que fue aprobada por unanimidad en el parlamento catalán en julio pasado y cuyo plazo para ser recurrida termina el próximo 5 de mayo. Esta ley fue calificada por Carlos Macías, portavoz de la PAH de Barcelona como la ley más garantista de Europa en derecho a la vivienda. Por otra parte el Parlament de Catalunya, en la resolución del 9 de noviembre de 2015, aprobó un anexo de “medidas que deberá aplicar el futuro gobierno, destinadas a blindar derechos fundamentales afectados por las instituciones del Estado español”, la primera de las cuales era sobre la pobreza energética, la segunda sobre la vivienda y las dos exigen el desarrollo de la ley 24/2015.
¿Qué hará el gobierno de Carles Puigdemont? De momento no parece dispuesto a anunciar que “desoirá” la sentencia del Constitucional tal como le pide la CUP y se limitará a prometer una rápida aprobación del reglamento de la ley 24/2015, que viene retrasando desde hace meses. Si se hubiera aprobado a tiempo la decisión del Tribunal Constitucional no hubiera tenido ningún efecto práctico, porque esta ley es mucho más completa y garantista. Pero ahora se corre el riesgo de que antes del 5 de mayo el gobierno del PP recurra una ley que se ha aplicado con cuentagotas y que quede suspendida en espera de sentencia. Si esto sucede habrá llegado el momento de la verdad para el gobierno de Junts pel Sí, de demostrar si la soberanía es solo retorica o si tiene voluntad de ejercerla en la práctica.
Las exigencias al gobierno catalán no vendrán solo del Parlament. La PAH ha comprendido perfectamente que la decisión del Tribunal Constitucional de anular el decreto de pobreza energética es el prólogo del recurso del gobierno del PP contra la ley 24/2015. En un comunicado del 12 de abril llama a “evitar que suspendan la primera de las leyes que ha conseguido apoyar la PAH para acabar con la emergencia habitacional, conjuntamente con otras organizaciones y gracias al apoyo de miles de personas... No permitiremos un golpe de estado de un gobierno en funciones del PP, de la banca y de las suministradoras”. Y termina convocando a la ciudadanía a concentrarse ante las sedes del PP en todo el Estado el próximo lunes a las 18:30 h. De momento la convocatoria ya se ha extendido a 13 ciudades*.
Cosas de la política en tiempos de crisis: una movilización en todo el Estado para defender una ley catalana progresista, fruto de una ILP que fue apoyada activamente por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), aprobada bajo un gobierno de derecha presidido por Artur Mas y con la unanimidad de un parlamento en el que PP y Ciudadanos también votaron afirmativamente. Claro que algo parecido ya había sucedido en octubre de 2014 cuando se aprobó la ley contra la discriminación de las personas LGTB con el único voto en contra del PP.
Ahora el gobierno de Junts pel Sí se encuentra ante una encrucijada decisiva. Puede demostrar que la soberanía política de Catalunya y la satisfacción de las demandas sociales pueden ir juntas, en Catalunya y en todo el Estado. O todo lo contrario: que no tiene ni la decisión ni el coraje necesarios para ejercer la soberanía que ha proclamado, ni para defender las necesidades urgentes de sus ciudadanos (y en este caso, por extensión, de los del Estado español).
En cualquier caso, si el gobierno del PP recurre la ley 24/2015 y el TC la suspende habrá respuesta en la calle y entonces es posible que empiecen a arder más Constituciones españolas, no solo en TV3, ni solo en Catalunya. Entonces habrá campaña mediática y sanciones contra activistas, pero no contra los promotores del incendio social: el gobierno del PP y el Tribunal Constitucional.
* Horas antes de la acción, la convocatoria se ha extendido a 49 ciudades. Ver http://afectadosporlahipoteca.com/2016/04/14/este-lunes-18-de-abril-cacerolada-en-las-sedes-del-pp/
15/04/2014
